Una vuelta de Lula da Silva a la presidencia de Brasil a finales de este año teñiría el mapa de América Latina casi de un solo color político. Pero al margen de una hipótesis de futuro, la reciente victoria de Gustavo Petro en Colombia consolida el crecimiento de la izquierda en la región meses después del triunfo de Rodrigo Chaves en Costa Rica, de Gabriel Boric en las elecciones en Chile, y, en julio del año pasado, de Pedro Castillo en Perú. Estos cuatro países se unen al bloque de izquierda conformado por México, Argentina, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Aunque cada país parte de momentos distintos, muchas veces comparten realidades y la forma de responder a ellas.
En orden cronológico inverso en su llegada al poder, hacemos un repaso de la situación en Colombia, Chile, Bolivia, Argentina y México de la mano de analistas que han compartido su visión con infoLibre, así como un análisis de sus principales propuestas en diversas materias.
COLOMBIA
Gustavo Petro, que tomó posesión el 7 de agosto de 2022, pone en el centro de su programa electoral la tarea de retomar el Acuerdo de Paz, estancado en los años de gobierno de Iván Duque.
Acuerdo de Paz
El predecesor de Petro defendía el acuerdo en foros internacionales, aunque sus infructuosas objeciones demoraron el proceso. Su antecesor, Juan Manuel Santos, ya había rebajado el tono del expresidente Álvaro Uribe, que sólo contemplaba “derrotar a las FARC” mientras justificaba o negaba la violencia provocada por el propio Estado contra civiles inocentes o por los grupos paramilitares.
Política de género y derechos humanos
La elección de Francia Marx como vicepresidenta de Colombia está cargada de simbolismo en un país que arrastra siglos de machismo y de división social relacionada con el color de la piel. Para Mario Aller, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, el machismo aún está arraigado en Colombia. Sin embargo, considera que la movilidad de tantos colombianos a otros países donde se respetan más los derechos de las mujeres empieza a tener un impacto positivo.
“Vienen con otra visión de cuáles son las relaciones sociales que se deben y cómo se deben llevar a cabo”, dice el analista, que pide cautela en la elección de Marx como vicepresidenta. El nuevo gobierno reconoce la deuda de Colombia con los derechos humanos, sobre todo para las mujeres, los grupos indígenas y minorías étnicas, y para la comunidad LGTBI.
“Acaba de nombrar como embajadora ante la ONU a una indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, un símbolo de cuál va a ser el lugar que van a ocupar estas comunidades a las que se trataba como ciudadanos de segunda”, afirma en entrevista para infoLibre Jairo Andrés Castaño, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia en referencia a Leonor Zabaleta.
Aunque consciente de que los pocos días que lleva presidente Petro en el gobierno impiden hacer una valoración de sus políticas, Castaño valora de forma positiva que estos grupos estén presentes en sus propuestas.
Reforma fiscal: lucha contra la pobreza y deuda externa
El gobierno de Petro, al frente del partido Colombia Humana, plantea una reforma fiscal para recaudar 50 billones de pesos anuales no sólo para hacer frente a la elevada deuda externa de Colombia, sino también para sostener los programas sociales y de lucha contra la pobreza.
“No sé si la reforma puede alcanzar la cifra que ellos proponen. La reforma reconoce las inmensas desigualdades del país y si bien plantea una subida de los impuestos reconoce la capacidad de pago de los contribuyentes y así está expresada en la propuesta entonces”, dice el profesor Castaño.
“Los que más tienen son los que menos pagan y los que más ganan son los que menos pagan”, afirma Aller.
En Colombia, una persona nacida en una familia pobre necesitaría trece generaciones debajo suyas, o 200 años, para salir de esa situación, según un informe sobre países de la OSCE que Aller cita.
“Esto quiere decir que quien era rico en la época de la independencia es rico pudiente ahora y quien estaba fastidiado en la época de la independencia lo sigue siendo ahora. Hay muy poca movilidad social en Colombia”, concluye.
En materia de acceso a la educación, Petro se ha comprometido a mantener el programa de matrícula cero para el acceso libre a la universidad que el gobierno anterior puso en marcha durante la pandemia.
Aller se muestra crítico con la reforma agraria que tiene entre manos el nuevo gobierno al centrarla en títulos de propiedad, algo que considera un posible “desastre”.
“No podrán asegurar que su tierra es de ellos, y solucionar con seguridad que algo es de ellos es por lo que han ocurrido muchísimos desplazamientos y vulneraciones graves de derechos humanos”, dice.
Transición ecológica
En materia medioambiental, Petro se ha propuesto poner en marcha una transición ecológica para luchar contra el cambio climático. Entre sus políticas medioambientales destaca su objetivo de detener la minería ilegal, el fracking y la deforestación de la Amazonía.
“La persecución de la minería ilegal tiene como objetivo una mafia muy poderosa, y aunado a que buena parte de la minería ilegal se practica desde comunidades que extraen oro de los ríos. se necesita una política muy potente”, dice Castaño, que se refiere también a las dificultades que planteará la transición ecológica hacia 2030.
“En algunos debates se hablaba de la transición energética de una forma muy apresurada, y tiene que empezar por dejar de otorgar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos”, dice el profesor, consciente de que muchos contratos ya en marcha pueden retrasar la prometida transición energética.
Contra la corrupción
En campaña hacia la presidencia, Petro anunció una política de “corrupción cero” si ganaba las elecciones. El portal Bloomberg cifra en 93 billones de pesos colombianos al año que se pierden a causa de la corrupción, una cifra que supone casi el doble de la cantidad que busca recaudar el nuevo gobierno con su reforma fiscal.
Castaño afirma que, a lo largo de su carrera política, el actual presidente ha destapado muchos casos de corrupción con seriedad, una tarea que plantea dificultades por lealtades de personal de la Fiscalía, de la Contraloria (equivalente al Tribunal de Cuentas) y de la procuraduría a gobiernos anteriores. El gobierno de Petro planteó en campaña reformas en el sistema para facilitar la independencia judicial y la persecución de delitos de corrupción.
“Habrá que esperar cómo se desarrollan las reformas concretas de toda la rama judicial de tal manera que se asegure su independencia y autonomía y también en materia de corrupción”, dice Castaño.
Como candidato, Petro propuso la eliminación de la Procuraduría General de la Nación al considerar que contaba con excesivo presupuesto y que sus funciones duplican las de otros órganos de justicia.
En pocos días de gobierno, el presidente ha renovado la cúpula militar y policial e instruido a la nueva línea de mando con el objetivo de conseguir “cero corrupción y cero violaciones a los derechos humanos”.
CHILE
Las revueltas de 2019 en Chile sorprendieron al mundo. El “milagro económico chileno” del que hablaban muchos medios y tertulias de sobremesa escondían el descontento de grandes sectores de la sociedad. La creciente desigualdad y malestar hicieron reventar las costuras de un modelo neoliberal ideado por Milton Friedman y puesto en marcha desde el golpe de Estado de 1973 que puso en el poder a Gustavo Pinochet.
Aún con la resistencia de los poderes más conservadores, la ciudadanía chilena rompió con su pasado por medio de un proceso constituyente y con la llegada al poder de Gabriel Boric en marzo de 2022 con un ambicioso plan de gobierno. El 4 de septiembre de este año tendrá lugar el denominado “plebiscito de salida”, un referéndum nacional para determinar si la ciudadanía está de acuerdo con la propuesta de Constitución Política de la República redactada por la Convención Constitucional.
Pobreza y desigualdad
“Hay quienes plantean que nuestro gobierno produce inestabilidad, pero estamos convencidos de que aportamos a solucionar la inestabilidad que venía gestándose desde muy atrás en el tiempo y que terminó por desbordarse en 2019”, afirma Javier Velasco, embajador de Chile en España desde el 1 de mayo. Militante de Convergencia Social y uno de sus fundadores, Velasco formó parte del movimiento estudiantil chileno de 2000 y, desde entonces, ha formado parte de distintos movimientos sociales. Estudió Derecho en la Universidad de Chile y es Magíster en Derecho (LLM) de la Universidad de California-Berkeley.
La redistribución de la riqueza y la superación de profundas desigualdades están en el centro del programa que contribuyó a crear con Boric en estos años de trabajo en el partido Convergencia Social.
“Queremos avanzar en la transformación productiva, en un sistema educacional público con un proyecto de desarrollo del país, y en la provisión de derechos sociales que aseguren una vida más justa. Para todo esto, además de derechos sociales como un sistema de salud, de pensiones y educacional público, avanzaremos en un nuevo pacto tributario donde de una vez por todas los que tienen más contribuyan más”, dice Velasco en entrevista para infoLibre.
Género
Para Velasco, el movimiento feminista chileno fue uno de los precursores de las grandes movilizaciones que sacudieron el país en 2019. El embajador sostiene que el feminismo ha servido como motor social y ha ofrecido una perspectiva transversal a rodo el debate político y el proyecto de gobierno de Boric.
“Los cuidados son parte central de nuestra apuesta, así como el reconocimiento del trabajo no remunerado y la redistribución de las tareas reproductivas, y nuestro proceso constituyente es el primero en el mundo con un modelo radical de paridad”, afirma Velasco al recordar que dicho proceso no sólo promovió la presencia igualitaria de hombres y mujeres en la redacción del nuevo texto, sino que además puso en el centro del debate esas posiciones postergadas históricamente.
Velasco hace referencia también al lugar central que ocupa el movimiento LGBTIQ+ en el programa de gobierno de Boric y su equipo como respuesta a comunidades que aún ven sus vidas y su dignidad amenazadas.
Derechos humanos
“Hemos aprendido de las dolorosas consecuencias de la dictadura militar y de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante las movilizaciones sociales de 2019”, dice Velasco.
El embajador afirma que el gobierno trabaja desde marzo en medidas reparadoras para las víctimas según estándares internacionales. En su opinión, se trata también de generar las condiciones sociales y políticas para que no vuelvan a producirse vulneraciones masivas de los derechos de las y los chilenos.
Se refiere así al acceso equitativo al agua, el descanso, la libertad de expresión en la era de las fake news, el acceso a vacunas o la protección del ecosistema del que formamos parte.
“Nuestra especie ya no aguanta más las consecuencias del capitalismo salvaje en la naturaleza, la salud física y mental o las relaciones humanas y entre especies, hoy el debate sobre derechos humanos es el punto de partida para pensar la subsistencia, y más aún, la dignidad en la convivencia de nuestra especie sobre la tierra”, concluye Velasco sobre esta materia.
Medioambiente
En materia medioambiental, Chile impulsa la agenda turquesa, como este gobierno ha denominado la protección del medio ambiente terrestre y marítimo. “Consideramos esencial pasar de un paradigma extractivista que depende de la explotación de nuestros bienes comunes naturales, a uno que privilegie la producción sustentable de manufacturas, y la promoción de un ecosistema de innovación, donde las economías creativas puedan abrirse paso con apoyo público”, sostiene el embajador, que reconoce el papel que tendrá la educación en los próximos años para conseguir conjugar crecimiento con cuidado del medio ambiente.
“En las próximas décadas seremos una potencia en materia de Litio e Hidrógeno verde, como lo somos con el cobre, pero tomaremos acciones para que la explotación de esos recursos se efectúe de forma que alimenten y diversifiquen nuestra economía, redistribuyendo la riqueza sin estancar nuestro crecimiento ni subordinarnos a los vaivenes de los grandes actores del mercado global”, concluye Velasco.
Corrupción
El embajador destaca la visibilidad que ganaron en años recientes los casos de corrupción en Chile que aceleraron la crisis social e institucional y que transformaron la percepción de las mayorías respecto a políticos, militares y empresarios. Se hizo visible a ojos de todos la paradoja que supone que líderes nacionalistas llevaran sus ganancias a paraísos fiscales para no pagar impuestos.
“Nos habla de cómo el neoliberalismo volvió a Chile un lugar donde cada cual se rascaba con sus propias uñas. Para revertirlo no basta penar las conductas abusivas, sino además crear el compromiso de trabajar por el bien común para vivir vidas mejores”, dice Velasco. El embajador considera necesario evitar el enriquecimiento de diversos actores a costa de las mayorías y anuncia medidas legislativas para incorporar mayores estándares de transparencia y condiciones más igualitarias para la vida política.
“La corrupción, sostenida por la tolerancia normativa a la evasión tributaria, a la financiación irregular o a la construcción de redes de complicidad entre diversos sectores debe desbaratarse con nuevas reglas del juego, pero también con un nuevo sentido común que ponga el interés general de nuestras y nuestros ciudadanos, por delante del interés egoísta de unos pocos”, dice.
PERÚ
Ni Pedro Castillo ni Keiko Fujimori estaban al frente de las encuestas sobre intención de voto en las elecciones presidenciales de Perú en 2021, pero ambos se enfrentaron en una segunda vuelta que poca gente esperaba. Un maestro rural sindicalista se enfrentaba a la hija de Alberto Fujimori, un presidente lastrado por violaciones de derechos humanos y por corrupción, aunque se argumente a su favor que abrió los mercados en su país, lo que permitió su entrada en el escenario internacional y su modernización.
Castillo se comprometió a consolidar el legado de programas sociales de gobiernos anteriores y otros nuevos para hacer efectivos los derechos sociales de la población en situación de pobreza y exclusión social.
El año transcurrido desde su inesperada victoria resulta insuficiente para medir el cumplimiento de sus promesas, sobre todo en materia de lucha contra la pobreza, educación y salud. Sin embargo, la reforma constitucional que presentó como medida estrella se encuentra lejos de consolidarse por el diseño del sistema político actual y la necesidad de una aprobación previa del Congreso para iniciar ese camino.
Un país polarizado
El coronavirus acababa de infligir un duro golpe a Perú, con el mayor número de muertos por 100.000 habitantes en todo el mundo, y contribuyó a polarizar la política en extremo como en tantos países. El calificativo de “analfabeto” que utiliza Mario Vargas Llosa contra Castillo desde distintas tribunas sirve de muestra, como también la ausencia de palabras positivas en una entrevista para infoLibre de Enrique Quispez Herrera, analista y comunicador social peruano.
Especializado en sostenibilidad y responsabilidad social, Quispez Herrera lamenta que, más de un año después de su victoria electoral, Castillo no haya cumplido su palabra de cobrar su sueldo de maestro o siquiera se lo haya bajado, ni tampoco a sus ministros, como prometió al ganar las elecciones.
Reforma agraria y crisis de fertilizantes
Aplaude que no se haya cumplido la reforma agraria que anunció y que tanto polarizó al país, quizá por el recuerdo de las reformas agrarias de los años 60 y 70. “No tiene ni un proyecto de ley ni un decreto supremo y estamos en medio de una crisis de fertilizantes mundial porque Rusia es el principal proveedor en el mundo. Los agricultores han sembrado mucho menos de lo habitual, lo que contribuye al descrédito total del presidente”, dice Quispez Herrera.
Importaciones de maíz, trigo y arroz
En campaña, el actual presidente había anunciado que prohibiría las importaciones de maíz, trigo y arroz, algo que habría encarecido los precios del producto local, con un impacto sobre los productores, pero también sobre el consumidor final. En un mundo globalizado, prohibir la entrada de un producto se antoja imposible, pero Castillo no ha impuesto aranceles hasta ahora. Quispez Herrera afirma que esas medidas habrían tenido terribles consecuencias para la población de un país donde se consume tanto pollo, alimentado en gran medida con estos granos.
Nacionalización de gas, petróleo y minas
La huida de capitales, a los que Quispez Herrera atribuye los anuncios de Castillo de nacionalizar diversos sectores de la economía, ha contribuido a que Perú tenga el segundo precio más alto de la gasolina de toda América Latina. En realidad, no se ha producido ninguna intervención en este sector, al no ser el Estado dueño de los medios de producción.
Lo mismo ocurre con la minería. El analista señala que el Gobierno se ha limitado a boicotear la actividad minera, lo que se ha traducido en la paralización de Las Bambas, una de las empresas más importantes de Sudamérica.
“No estatizó ninguna empresa minera porque no podía, pero sí ha promovido boicots que han significado pérdidas de empleo, pérdidas de ingresos de impuestos, pérdidas de canon minero que van a las regiones más pobres como Cajamarca en un país con una población rural de más del 70%”, dice Quispez Herrera. El analista calcula en 80.000 millones de dólares obtenidos durante 15 años en cánones mineros, que deberían haberse traducido en la construcción de carreteras, escuelas y hospitales por parte de los gobiernos regionales que gestionan los recursos de forma directa.
Esto va de la mano de lo que el analista considera una mala gestión de los recursos por parte de este y de gobiernos anteriores, aunque reconoce que las mineras han cometido abusos que provocan parte de la animadversión que hay contra ellas.
Medioambiente
Los estragos medioambientales que ha provocado en el pasado lejano la abrupta y entreguista apertura de Perú al capital extranjero se han traducido recientemente en el desastre ecológico protagonizado por la empresa española Repsol, con el vertido de casi 12.000 barriles de crudo en las costas, que ha afectado a la flora y fauna marina, así como a familias de pescadores que dependen de la pesca para su sustento. El analista considera insuficiente la reparación a las familias por parte de la multinacional, aunque señala al Gobierno como corresponsable del desastre. Sin embargo, la agencia gubernamental peruana de defensa del consumidor sí llevó a los tribunales a Repsol, junto con otras empresas asociadas en la explotación petrolífera, demandando 4.500 millones de dólares por daños y perjuicios por el derrame de crudo en enero de este año.
Salud y educación
Castillo anunció en campaña una inversión del 10% del PIB en salud y educación, algo a lo que Quispez Herrera no le encuentra sentido.
“Perú no es pobre, sino un país que no sabe ejecutar dinero. Los ministerios tienen dinero, pero hay que preguntar al de Educación cuántos colegios se hacen y al de Salud cuántos hospitales. No tiene sentido aumentar presupuesto si el problema viene de la ejecución”, dice el analista.
Lucha contra la corrupción
En cuanto al Consejo Nacional Anticorrupción que Castillo anunció, Quispez Herrera afirma que no se necesita más aparato burocrático cuando ya existe la Contraloría General de la República para esta lucha. Por otro lado, señala como escándalo los 20.000 dólares encontrados en el Palacio de Gobierno y que pertenecían al secretario general de la Presidencia de Perú, junto con los ascensos militares denunciados que señalan directamente a la familia del presidente, al que le quedan tres años de mandato para despejar dudas sobre su gestión y las promesas de un gobierno social.
BOLIVIA
Luis Arce Catacora sucedió a Evo Morales al frente de Bolivia el 8 de noviembre de 2020. Ministro de Economía y Finanzas Públicas entre 2006 y 2017, es considerado el impulsor y artífice del crecimiento económico de Bolivia desde la llegada de la izquierda de la mano de su antecesor, con importantes logros en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad, así como del acceso a la educación.
Desde su plataforma Chequeando, el periodista Juan Cristóbal Soruco analiza el estado de cumplimiento de las principales propuestas de Arce Catacora.
Entre las cumplidas y adelantadas, destacan el mantenimiento de los bonos para sectores sociales necesitados, la implementación de un sistema tributario que grave a las grandes fortunas, el pago del Bono Contra el Hambre, la ampliación de la capacidad de producción de hidrocarburos, la consolidación de la industrialización del litio boliviano, una de las más grandes reservas del mundo, la promoción de inversión privada para el turismo y la puesta en marcha de la planta siderúrgica del Mutún.
Algunas de las propuestas del presidente boliviano se han retrasado, entre ellas la reconstrucción del sistema de justicia, la reducción en la importación del diésel con la puesta en marcha del proyecto de biodiésel, el incremento de las reservas de gas natural, la construcción de un HUB aéreo en Viru Viru y el desarrollo de Puerto Busch como puerto estratégico.
Entre las promesas incumplidas destaca la revisión médica obligatoria, el fortalecimiento de áreas protegidas y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
ARGENTINA
Alberto Fernández, del Frente de Todos, ganó las elecciones de 2019 en Argentina tras derrotar al entonces presidente, Mauricio Macri.
El país soporta una elevada deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con acreedores privados mientras el 40% de la población vive en situación de pobreza.
En 2020, Fernández estaba cerca de poner en marcha un plan para hacer frente a la deuda con los acreedores privados, pero llegó la pandemia, se estancaron las negociaciones y la economía sufrió un nuevo revés.
Pobreza y desigualdad
“Argentina es uno de los países más desconcertantes del orbe. De ser el granero del mundo en 1930, a una potencia industrial en Latinoamérica en los 60, de tener Premios Nobel, una de las geografías más variadas y ricas de cualquier país del mundo, hoy estamos sumergidos en una de nuestras continuas crisis económicas que nos ponen en el vagón de cola de Latinoamérica”, dice el periodista argentino Fabián Sacarelli.
A este periodista le indigna que profesionales exitosos en cualquier lugar del mundo, reconocidos por su capacidad, estén sujetos a una clase política corrupta e incapaz de resolver los problemas del pueblo. En esa línea, el gobierno de Fernández ha impulsado la repatriación de científicos y mejoras de sus condiciones de trabajo en Argentina
“Argentina es un país tan rico que podría salir de la crisis en dos años. El problema es la clase dirigente que no sabe (y no quiere) solucionarlo. Así que las soluciones son “inviables” en la medida que afecten a los estamentos de poder, quiten privilegios y equilibren el Estado, porque eso significa perder las próximas elecciones”, dice Sacarelli, que hace referencia a la agudización de la pobreza en un país donde el 78% de la población vive con menos de 500 dólares al mes en medio de una inflación interanual del 64%, desde junio del año pasado al de 2022. Se espera que este año llegue al 90%.
El gobierno de Fernández ha impulsado un impuesto a las grandes riquezas.
Medioambiente
En materia medioambiental, el periodista destaca el crecimiento de la zona de deforestación en busca de una mayor explotación agraria.
“La falta de tecnología avanzada perjudica el medio ambiente en la extracción de petróleo y gas, la minería contamina los suelos de verdaderos paraísos naturales”, advierte el periodista.
Corrupción
“No se puede sostener un país con altos niveles de corrupción y es lo que nos pasa. La crisis constante nos lleva a que la corrupción sea no sólo la manera en que algunos se benefician, sino además la única forma de sobrevivir”, dice Sacarelli.
Derechos humanos
El periodista destaca la situación de derechos humanos en su país como resultado del aprendizaje de lo vivido durante la dictadura militar. Sacarelli onsidera que, en ese ámbito, Argentina se encuentra a la vanguardia en América Latina, como lo confirma la legalización en 2020 de la interrupción voluntaria del embarazo.
MÉXICO
La tercera fue la vencida. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México en 2018 tras su fracaso en 2012 frente a Enrique Peña Nieto, del PRI, y en 2006 frente a Felipe Calderón, del PAN, por un estrecho margen de votos y con la sombra de un posible fraude electoral que AMLO denunció.
López Obrador, que comenzó en la política en el viejo aparato del PRI, se sumó después al PRD y más tarde pondría en marcha el movimiento conocido como MORENA, encarnaba los anhelos de millones de mexicanos sedientos de un auténtico cambio en un país donde, hasta ese momento, todo cambiaba para que al final siguiera igual.
La llegada del PAN en 2000 acabó con 70 años de hegemonía del PRI, pero continuaron la corrupción en todos los poderes del Estado y el enriquecimiento de las élites, las desigualdades, los problemas económicos y la discriminación. Felipe Calderón, también del PAN y sucesor de Vicente Fox en la presidencia, sacó el ejército a las calles para declararle la guerra abierta a los cárteles de la droga, una medida con unos resultados que no justifican el gasto milmillonario ni el peaje que ha supuesto en materia de sangre y de violaciones de derechos humanos.
La medida enfrentó a los cárteles, pero lejos de acabar con ellos, los volvió más sanguinarios. La población civil se encontró cada vez más entre fuego cruzado, se incorporó por su voluntad o bajo presión a las filas de las mafias. Se empezaron a apilar los cadáveres, cada año empezaron a reportarse mayores números de asesinatos de periodistas y de activistas, y el propio ejército comenzó a verse señalado como actor en casos de violaciones de derechos humanos en nombre de la lucha contra el crimen.
Los 12 años del PAN dieron tiempo al PRI para rearmarse, para lavar su imagen y prepararse para el lanzamiento del “nuevo PRI”, que ganó las elecciones en 2012 de la mano de Enrique Peña Nieto. Su mandato, lleno de sombras por casos de corrupción y por los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, deterioraron la imagen del nuevo PRI y sirvieron para que López Obrador encontrara por fin su momento político para que cuajaran sus promesas de tolerancia cero con la corrupción, del fin de los privilegios para las élites y de un México para los pobres y los más desfavorecidos.
Mientras distintos medios especulan sobre la posible compra por parte del expresidente de una lujosa vivienda que le permitiera conseguir un visado Gold y su posterior venta, López Obrador se enfrenta al ecuador de un mandato marcado por claroscuros.
Una de sus primeras medidas consistió en parar las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México por sobrecostes. Presupuestado en 168.000 millones de pesos, la construcción llevaba un gasto de 300.000 millones en el momento de su cancelación. Además del sobrecoste, López Obrador encendió el debate político con acusaciones de corrupción y con el impacto medioambiental que semejante obra tendría para la zona de Texcoco.
Desde el inicio de su mandato, López Obrador instauró las mañaneras, un encuentro diario que mantiene el presidente con los medios de comunicación y que la oposición no tardó en calificar como "chavista".
Lucha contra la corrupción
Para Alejandro Gutiérrez, corresponsal en España de la revista Proceso, estas mañaneras van a convertirse en objeto de estudio por las tres horas diarias que dedica el presidente para fortalecer su narrativa, sobre todo en contra del neoliberalismo y como muestra de su rechazo a la corrupción.
“Ciertas empresas tenían una serie de privilegios con el tema de la distribución de medicamentos”, reconoce Gutiérrez, aunque lamenta la forma en que cortó de raíz para empezar de cero, lo que ha provocado desabastecimiento de medicamentos para tratar a personas con enfermedades. En su opinión, este caso requería un cambio gradual donde se presentaran unas nuevas reglas de juego, se abrieran nuevas licitaciones en condiciones sin provocar un desabastecimiento.
Gutiérrez considera positivo que la lucha contra la corrupción se pusiera en la agenda desde el gobierno, aunque considera por otro lado que esta lucha no ha sido todo lo eficaz que podía haber sido.
“La lucha contra la corrupción está en su narrativa, pero esto no se concreta en la resolución de casos importantes de corrupción”, dice Gutiérrez en referencia al escándalo de Odebrecht en México y el caso Lozoya, sobre los que la fiscalía apenas avanza. Gutiérrez considera que a AMLO le acabará perjudicando la utilización de las mañaneras para marcarle la agenda a Alejandro Gertz, fiscal general cuestionado por la forma en que ha utilizado la Fiscalía para propósitos políticos y personales.
Lucha contra la pobreza
En México hay cerca de 56 millones de personas en situación de pobreza, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Andrés Manuel López Obrador ha esquivado un aumento de impuestos ante el temor de un estallido social tras estos años de pandemia y se ha limitado a centrar sus esfuerzos en la austeridad y en la lucha contra la evasión fiscal.
“Primero los pobres”, dijo López Obrador en su toma de posesión. Para Gutiérrez, concretar esta lucha contra la pobreza implica fortalecer los programas en materia de educación, salud y pensiones, despersonalizar las iniciativas y convertirlas no en una apuesta personal y presidencialista, sino del Estado.
Entre los programas sociales mejor valorados están el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y el de Becas de Posgrado y apoyos a la calidad, del Conacyt.
“Desde el Gobierno de la Ciudad de México y ahora desde el Gobierno federal, ha conseguido ahorrar gasto público”, defiende el periodista, aunque reconoce que esto se ha llevado por delante programas sociales de valor. Otro “daño colateral” en su apuesta por los pobres ha sido provocado por su lucha ideológica con el capital y con la iniciativa privada. “Creo que es un error. Si llegas a acuerdos con esos sectores te puede beneficiar porque puede haber más dinero circulante que pueda ayudar a más gente trabajadora. El dinero es muy miedoso”, dice Gutiérrez al recordar las fortunas que han venido a invertir a España o que han invertido en otros países.
“Además de atender a la gente desfavorecida, puede también dejar abierta una ventana para que inversionistas y gente con recursos también pudiera formar parte del proyecto y eso implicaría más circulante”, dice el periodista mexicano.
Género y derechos humanos
Como muchos movimientos feministas en México, Gutiérrez opina que López Obrador deja mucho que desear en materia de género.
“Tiene una formación tan tradicional de la vieja guardia que no está entendiendo los verdaderos rasgos del movimiento feminista. Creo que ahí el presidente se ha mostrado insensible”, dice en referencia a cierto menosprecio a familiares de víctimas de feminicidios y a su falta de propuestas para desarrollar políticas públicas para abordar los feminicidios y la violencia machista.
En materia de derechos humanos, la reciente detención de Jesús Murillo Karam, fiscal general de México durante los años de gobierno de Peña Nieto, y la orden de arresto de 20 mandos militares por la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, suponen un espaldarazo para el gobierno. Impulsada por López Obrador con el objetivo de aclarar lo sucedido esa noche del 26 de septiembre de 2014, las detenciones arrojan cierta esperanza de completar lo que se sabe hasta ahora: que Murillo Karam manipuló la escena del crimen y que ha habido una obstrucción sistemática al conocimiento de la verdad.
Sin embargo los ataques contra periodistas, defensores del medioambiente, activistas y ciudadanos comunes, “víctimas colaterales” de los enfrentamientos entre distintos grupos armados en México, ensombrecen la labor del gobierno de López Obrador en materia de derechos humanos.
Los cárteles se han fragmentado y la violencia en México, que el presidente prometió atajar con la creación de la Guardia Nacional, sigue en aumento. Gutiérrez considera una contradicción apostar por los derechos humanos y, por otro lado, extender la presencia del ejército en las calles que criticó de gobiernos anteriores y que ahora están implicados en labores civiles, así como en labores de control de fronteras.
Medioambiente
Colombia o el fracaso del neoliberalismo latinoamericano
En México, distintos grupos defensores del medioambiente denuncian daños al patrimonio natural por la construcción del Tren Maya, una de las medidas estrella de López Obrador para atraer inversiones y modernizar una zona que ha estado marginada del desarrollo de otras partes del país.
Gutiérrez lamenta que el presidente no escuche estas voces y meta en el mismo saco a detractores con opiniones formadas y a influencers oportunistas que no saben del tema, además de considerar una contradicción cancelar el megaproyecto de aeropuerto del gobierno anterior por motivos medioambientales y luego embarcarse un proyecto con el mismo o peores consecuencias para la flora y fauna de la región.
Por otro lado, muchos sectores consideran la reforma energética un retroceso al volver a energías contaminantes en lugar de apostar por una revolución energética en un país que cuenta con luz solar y otras fuentes no contaminantes. No obstante, Gutiérrez recuerda que la escasez por la guerra en Ucrania ante la falta de sistemas de energía limpia bien desarrollados le dan cierta razón a López Obrador.
Una vuelta de Lula da Silva a la presidencia de Brasil a finales de este año teñiría el mapa de América Latina casi de un solo color político. Pero al margen de una hipótesis de futuro, la reciente victoria de Gustavo Petro en Colombia consolida el crecimiento de la izquierda en la región meses después del triunfo de Rodrigo Chaves en Costa Rica, de Gabriel Boric en las elecciones en Chile, y, en julio del año pasado, de Pedro Castillo en Perú. Estos cuatro países se unen al bloque de izquierda conformado por México, Argentina, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Aunque cada país parte de momentos distintos, muchas veces comparten realidades y la forma de responder a ellas.