Catorce países de la UE 'vendieron' Golden Visas a más de 100.000 personas a pesar del riesgo para la lucha anticorrupción

El sistema de Golden Visas ha llegado a Europa para quedarse. A día de hoy, más de una docena de Estados miembro, entre ellos España, tienen activos programas de nacionalidad o residencia a cambio de jugosas inversiones. De este mercado, que nació en la década de los 80 en la zona del Caribe, se han beneficiado hasta la fecha en el Viejo Continente más de 100.000 inversores extranjeros, que han conseguido instalarse en suelo comunitario a golpe de chequera, según los datos aportados por Transparencia Internacional y el colectivo Global Witness en su informe European getaway. Inside the murky world of Golden Visas (Escapada europea. Dentro del oscuro negocio de las Golden Visas). Estas cifras, conseguidas a través de fuentes oficiales abiertas y peticiones de información, avalan el afianzamiento en la Unión Europea de un negocio del que se aprovechan multitud de empresas intermediarias y que puede convertirse, tal y como denuncian ambas organizaciones, en un completo agujero negro en la lucha anticorrupción si no se aplican las medidas de prevención adecuadas.

En la Unión Europea, el mercado de las Golden Visas se lo han repartido hasta la fecha catorce países. Cuatro de ellos, venden directamente la ciudadanía a aquellos inversores de terceros Estados que desembolsen en sus fronteras importantes cantidades de dinero. Dentro de este grupo se encuentra Austria, donde es necesaria una inversión de entre 800.000 y 10 millones de euros en un negocio activo o en una donación a un proyecto estatal. En Bulgaria, por otro lado, es el aspirante tiene que realizar un desembolso de entre 128.000 y 307.000 euros para obtener la residencia y, un año después otro de entre 256.000 y 3 millones de euros –varía en función del tipo de inversión– para lograr la nacionalidad. En Chipre, la ciudadanía cuesta entre 100.000 y 2 millones de euros, mientras que en Malta se requiere al inversor haber residido al menos un año en la isla y realizar una inversión mínimo de 1,15 millones de euros en el país, ya sea en adquisición de bonos, acciones o inmuebles.

Estos tres últimos países, también cuentan con programas de residencia por inversión. En este grupo, además de Chipre, Bulgaria y Malta, se encuentran en la actualidad otros nueve Estados: España, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Grecia y Letonia. Este esquema también fue utilizado por Hungría hasta el pasado verano, cuando fue suspendido. Al igual que pasa con la nacionalidad, la cantidad mínima a invertir para conseguir un visado de residencia varía en función del país. Así, mientras que por ejemplo en Grecia tan sólo es necesario realizar una inversión en bienes inmuebles por valor de 250.000 euros –a los que hay que añadir tasas que elevarían el coste final a los 300.000 euros– para tener un permiso de residencia durante cinco años, en Francia hay que desembolsar 10 millones de euros en un negocio en el país –o bien de forma personal o bien adquiriendo acciones de una empresa– que genere 50 puestos de trabajo para gozar de una Golden Visa durante diez años.

Más de 100.000 ‘Golden Visas’ expedidas

Hasta la fecha, estos catorce Estados han expedido, según se recoge en el estudio, 104.734 pasaportes o permisos de residencia por inversión. Esta cifra, sin embargo, puede ser todavía mayor, teniendo en cuenta que los investigadores de Transparencia Internacional y Global Witness sólo han tenido acceso parcial a la información de Chipre o Malta –aportan datos de nacionalidad por inversión pero no de residencia por inversión– y ningún acceso a las de Francia, Luxemburgo o Países Bajos. Tomando como referencia el resto de Estados, de los que sí se ha podido recabar información completa, la clasificación de Golden Visas otorgadas a nivel comunitario la lidera España. Desde que entró en vigor la Ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización, en nuestro país se han concedido 24.755 visados de residencia, muy por delante de Hungría –19.838–, Portugal –17.521–, Letonia –17.342– o Reino Unido –10.445–.

“Las principales nacionalidades que obtienen estos pasaportes o visas a través de los esquemas de Golden Visa son chinos y rusos. De acuerdo con un asesor en programas de nacionalidad, los nacionales chinos aglutinan el 70% del mercado de Golden Visas a nivel mundial”, señala el estudio, que critica “la falta de datos armonizados y consistentes en los Estados miembro”. Según se desprende de las cifras que han conseguido recabar, los ciudadanos de origen chino se hicieron con unas 19.500 nacionalidades o permisos de residencia por inversión. Los rusos, por su parte, se quedaron con 18.500. Esta distribución, sin embargo, depende mucho de cada país: “En Portugal y Hungría, los inversores chinos representan el 61% y el 83%, respectivamente, de las Golden Visas otorgadas desde el inicio de los programas. En Letonia, el 70% de ellas fueron a parar a inversores rusos y sus familias”.

Filtros para protegerse de la corrupción

Pero este mercado, tan jugoso a lo largo y ancho del mundo, puede terminar convirtiendo al Viejo Continente en un paraíso para la corrupción y el crimen organizado si no se aplican los filtros necesarios. “Por su propia naturaleza, estos programas son una opción atractiva para los criminales y los corruptos”, advierte el estudio. En este sentido, apunta que con estos esquemas de Golden Visa los Ejecutivos no solo se arriesgan a la entrada de corruptos, sino también a la proliferación de prácticas corruptas dentro de sus fronteras. “A nivel nacional, los gobiernos que administran este tipo de programas deben asegurarse de que las personas que reciben en sus países, y por extensión en la Unión Europea, estén limpias –y su dinero también–. Los países deslumbrados por las ganancias corren el riesgo de no ejercer una supervisión rigurosa durante el proceso de toma de decisión”, asevera.

“Si una persona tiene mucho dinero que ha conseguido a través de medios dudosos, asegurarse un nuevo hogar lejos de donde robó no solo es atractivo, es sensato. Los programas de Golden Visa ofrecen un refugio seguro para esconderse de las autoridades y la libertad de viajar sin levantar sospechas”, señaló durante la presentación del informe Naomi Hirst, activista de Global Witness. En la misma línea se pronunció Laure Brillaud, responsable de Políticas contra el Lavado de Capitales de Transparencia Internacional: “Estos esquemas mal administrados permiten que personas corruptas trabajen y viajen sin obstáculos por toda la Unión Europea y socavan nuestra seguridad colectiva. Por ello, Bruselas debe definir estándares para estos programas y garantizar que se cumplan en todos los Estados miembro que ofrecen la ciudadanía y la residencia a cambio de la inversión”.

Para Carlos Castresana, exfiscal Anticorrupción, este tipo de planes “en sí mismo no son negativos” siempre y cuando se mire con lupa a quién se conceden los visados de residencia y que “no sea simplemente una compraventa de un derecho en función de una aportación económica”. “El programa de incentivos no es malo, porque la inversión es beneficiosa, pero el uso vicioso de ese programa sí que puede serlo”, dice Castresana. En este sentido, explica que lo que hay que hacer es “ver de dónde procede ese dinero, si está limpio, y comprobar que ese solicitante tiene un perfil plenamente carente de antecedentes penales”. Unas comprobaciones que, dice, en algunos casos han fallado en España: “Rusos, sobre todo, que han invertido en la costa de Alicante y en la Costa del Sol dinero previamente lavado en Chipre”. “En definitiva, no hay que decir que no se incentive, simplemente hay que aplicar bien los filtros”, sentencia el exfiscal Anticorrupción.

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Estos dos colectivos, que forman parte del Consorcio Global Anticorrupción (GACC, por sus siglas en inglés), no piden por gusto un refuerzo de los mecanismos de control. En su informe, han apreciado que los filtros que aplican algunos de estos países no son tan exhaustivos como deberían. “Las tasas de éxito de los solicitantes parecen indicar que algunos Estados miembro no son especialmente selectivos, lo que genera dudas sobre el rigor de los controles realizados a los inversores”, afirman en el estudio. En este sentido, ponen el ejemplo de Hungría, Letonia y Reino Unido, donde se ha otorgado la residencia por inversión a más del 90% de las personas que la solicitaron. Fallas en el control que han provocado que, en suelo húngaro, se haya terminado suspendiendo el programa tras detectarse que individuos con “antecedentes dudosos” se hicieron con un permiso de residencia a través de este plan.

Esta ausencia de filtros rigurosos no sólo se ha detectado en Hungría. En Malta, los programas de ciudadanía y residencia por inversión han generado una fuerte controversia tras el asesinato de la periodista Daphne Caruana, que investigada la corrupción política que giraba alrededor de este negocio en la isla. Una falta de control que también ha quedado probada en Chipre. En septiembre de 2017, el diario británico The Guardian desveló que las autoridades chipriotas habían concedido la nacionalidad a cambio de jugosos desembolsos en la ínsula a oligarcas rusos y millonarios ucranianos acusados de corrupción. En esa lista figuraba, por ejemplo, Dmitry Rybolovlev, un empresario de origen ruso sobre el que pesan acusaciones de haber intentado comprar a jueces y a altas figuras de Mónaco para ponerlas de su lado en un proceso judicial. O Rami Makhlouf, primo del presidente sirio, Bashar al-Assad.

Sólo un día después de la publicación de ese primer reportaje, el rotativo británico hizo que estallase también el escándalo en Portugal. Al igual que sucedió en Chipre, el programa de residencia por inversión luso también fue un auténtico colador. En suelo portugués se instalaron, vía chequera, varios empresarios brasileños implicados en escándalos de corrupción o familiares de un político angoleño acusado de sobornos. Este mismo miércoles, después de que se hiciera público el estudio de Transparencia Internacional y Global Witness, el primer ministro luso, António Costa, se comprometió a revisar el programa de visados por inversión. Así, durante un debate en el Parlamento, aseveró que su Ejecutivo “está siempre disponible” para analizar todos los riesgos de corrupción y para estudiar qué clase de inversiones pueden ser relevantes para atribuir dichos permisos de residencia.