Maduro huye hacia delante mientras gana tiempo para una posible transición

Después de 20 días de las elecciones en Venezuela, el Gobierno de Maduro sigue sin mostrar las actas que avalen los resultados que dio el CNE. Esta dinámica es absolutamente anormal dentro los países democráticos de América Latina, mucho más en los que tienen tecnología digital para votar. En estos momentos el Gobierno tiene judicializado el proceso al haber introducido un recurso contencioso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta maniobra bloquea los acontecimientos, dando una excusa judicial a Maduro para no mostrar unas actas que deberían haber sido presentadas el 29 de julio, al convertirse en estos momentos en una prueba de un proceso abierto. El presidente gana tiempo mientras protagoniza una negociación difícil e incierta para realizar una transición.

Las palabras de Maduro fueron muy claras: “He traído un recurso contencioso electoral contenido en la Constitución, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento del golpe de Estado utilizando el proceso electoral, y aclare todo lo que haya que aclarar”. Es él quien acusa a la oposición de perpetrar un golpe de Estado, abriendo un camino de persecución y generando un ataque como su mejor defensa, a pesar de que Edmundo González Urrutia mostró al mundo las actas que tiene en su poder hace días.

Es fundamental aclarar las intenciones del recurso contencioso electoral, porque esta herramienta está concebida para controlar judicialmente los procesos electorales en los que hay actuaciones indebidas u omisiones del CNE; también se aplica cuando hay que restablecer o corregir situaciones que afecten derechos o causen daños derivados de acciones u omisiones del CNE.

Pero es absurdo que quien ha ganado las elecciones, según el CNE, y ha sido proclamado presidente por este Consejo, interponga un recurso para certificar los resultados que le dieron la victoria, sobre todo porque Maduro nunca pidió que se anulara ninguna actuación del CNE, o que se le reparase daño alguno cometido contra él. Todo esto intensifica las dudas sobre sus intenciones, que parecen claramente una maniobra para ganar tiempo, dentro de la enorme irregularidad de estas acciones.

El contexto del TSJ también es turbio, ya que su presidenta, Caryslia Rodríguez, es una figura que ha representado al chavismo en diversos cargos, lo que, como poco, pone en duda la división de poderes ya que se vulnera el principio de imparcialidad, obligatorio para el Tribunal. Rodríguez fue desde activista hasta concejala del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), llegando a alcaldesa del Municipio Libertador de Caracas, también por el PSUV.

Pero todavía hay más, porque hay que tener en cuenta que la Sala Electoral del TSJ de Venezuela no tiene competencia para dirimir ese tipo de acusaciones. Según el observatorio venezolano Acceso a la Justicia, especializado en cuestiones judiciales del país, “Atender la petición del presidente de la República e inmiscuirse en la situación generada por la omisión en la que ha incurrido el CNE en relación con los resultados de las presidenciales es irregular. Hay que precisar que, hasta tanto el órgano comicial no concluya con el proceso de totalización, adjudicación y proclamación del ganador de las elecciones presidenciales, el máximo juzgado carece de jurisdicción”.

Quizá se pudiese pensar que el CNE terminó su tarea con la emisión del segundo boletín electoral el 2 de agosto con el 96,87 % de los resultados, cuando aseguró no poder informar del 100% por un supuesto ataque cibernético al sistema. Pero según la legislación vigente el CNE no ha terminado su trabajo, ya que la ley le da hasta 30 días desde el día siguiente a la elección, y evidentemente no han transcurrido. Tampoco ha publicado todavía los resultados desglosados por mesas de votación, siendo esto un mandato constitucional de la República, ni ha hecho las auditorías pertinentes, estando éstas establecidas en la normativa en los artículos 146 y 150 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Las palabras de Acceso a la Justicia no dejan lugar a dudas: “Al admitir el TSJ un recurso contencioso electoral para «certificar de manera irrestricta los resultados del proceso electoral realizado el 28 de julio de 2024», la Sala Electoral usurpa funciones del CNE, ya que este no ha concluido su labor según la ley. Sin embargo, esto no debería sorprender, pues no es la primera vez que lo hace. Basta recordar, por ejemplo, que varias veces sustituyó a la Asamblea Nacional al designar a los rectores del CNE, usurpando funciones del Parlamento”.

En resumen, se está consolidando una maniobra judicial para no mostrar las actas gubernamentales jamás, y para poner en duda las actas que la oposición tiene a disposición pública desde hace días, que sin embargo han sido analizadas y autentificadas por diversas fuentes internacionales.

Ante este panorama se presentan dos escenarios. El primero nos lleva a pensar que Maduro está ganando tiempo mientras negocia una transición con el aval, la presión y el trabajo de Brasil, en mayor medida, y de México y Colombia en menor. El segundo es que está decidido a encerrar al país en un círculo que le aislaría todavía más del mundo, quedándose como satélite de potencias internacionales como Rusia, China e Irán, ya que ningún otro país de peso le avala.

Para ese primer escenario la negociación podría enfocarse a no presentar cargos por violaciones de derechos humanos o corrupción para personas del régimen, y una anulación de las denuncias ya existentes. Sin esa “pista de aterrizaje” que permitiese cierta comodidad, ni Maduro, ni otras figuras destacables de su gobierno, van a aceptar ninguna finalización positiva de la negociación. Por otro lado, se abren también dos espacios importantes: la salida del país a un exilio dorado, con todo el dinero que tengan; y la opción de permitir que el chavismo siga participando en política, con otras personas que lo representasen.

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Respecto al apoyo de Rusia, China e Irán, hay que decir que es absolutamente incondicional en los espacios económico y comercial, político, energético, militar, y de inteligencia. Tienen a Venezuela como ariete petrolero cercano a Estados Unidos, que siempre se va a sentir incómodo con una presencia de sus tres máximos enemigos tan cerca.

Este jueves, Nicolás Maduro, ha defendido la "soberanía" del país sudamericano y la capacidad de sus instituciones para resolver cualquier disputa en respuesta a la propuesta de los líderes de Brasil, Lula da Silva, y Colombia, Gustavo Petro, sobre la posible celebración de una segunda cita electoral para zanjar las acusaciones de fraude. "Los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su Constitución", ha dicho Maduro, al ser interrogado ante los medios por la posibilidad de la repetición de los comicios. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, también ha rechazado la propuesta: "Se va a una segunda elección y, si no gustan los resultados, ¿qué vamos, a una tercera? ¿Y a una cuarta? ¿Y una quinta hasta que le gusten los resultados a Maduro?", ha señalado.

Vienen unos días muy complejos que hacen de este mes de agosto probablemente el más importante de los últimos tiempos para Venezuela. Todo puede ocurrir, todavía no hay nada decidido.