El Parlamento de Reino Unido ha aprobado este martes de madrugada el plan del Gobierno para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda tras reconocer al país africano como un destino seguro después de meses de debates y críticas por parte de la oposición. Tras la introducción de una serie de enmiendas, la Cámara de los Lores ha votado finalmente a favor del plan, que pasará a ser ley después de que el rey Carlos III otorgue el consentimiento real, según ha publicado la cadena de televisión británica BBC y recoge Europa Press.
"La aprobación de esta legislación histórica no es solo un paso adelante, sino un cambio fundamental en la ecuación global de la migración", ha destacado el primer ministro del país, Rishi Sunak, según un comunicado de su Oficina.
Sunak ha explicado que el proyecto de ley está encaminado a "disuadir a los migrantes vulnerables de hacer travesías peligrosas y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan", destacando que no podrán quedarse en el país aquellos que lleguen "de forma ilegal". "Nuestra atención se centra ahora en hacer despegar los vuelos, y tengo claro que nada se interpondrá en nuestro camino para conseguirlo y salvar vidas", ha añadido.
Por su parte, el ministro de Interior de Reino Unido, James Cleverly, ha asegurado que se trata de un "momento histórico" para detener las llegadas de migrantes irregulares a través del Canal de la Mancha. "La ley impedirá que se abuse de la justicia utilizando falsas alegaciones de Derechos Humanos para bloquear las deportaciones", ha añadido en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Asimismo, ha destacado que el Parlamento británico ha demostrado ser "soberano" al rechazar las medidas provisionales impuestas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que paralizó in extremis la entrada en vigor del proyecto de ley en junio. "Prometí hacer lo necesario para despejar el camino para el primer vuelo y eso es lo que hemos hecho. Ahora trabajamos día a día para que los vuelos despeguen", ha añadido.
Unas horas antes, el primer ministro británico, Rishi Sunak, había aseverado que los vuelos de deportaciones comenzarían en menos de tres meses "pase lo que pase".
Reino Unido y Ruanda firmaron en diciembre de 2023 un tratado con el que Sunak aspiraba a resolver las dudas que llevaron a que el Tribunal Supremo británico anulase el plan previo de deportaciones, una de las grandes promesas tories para combatir el repunte migratorio y disuadir las llegadas a través del Canal de la Mancha.
Criticas desde la ONU y el Consejo de Europa
Por su parte, la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el alcance de la medida y este mismo lunes un grupo de relatores de Naciones Unidas ha cuestionado el papel de las aerolíneas y de las administraciones de aviación civil, advirtiendo de que podrían ser consideradas "cómplices" de violar el Derecho Internacional si facilitan de alguna manera las deportaciones.
Sin embargo, Sunak se ha mostrado "confiado" sobre la legalidad del nuevo plan, incidiendo en que respeta las obligaciones internacionales de Reino Unido, pero ha deslizado de nuevo la posibilidad de desligarse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si adopta algún tipo de decisión al respecto.
Este mismo martes, Naciones Unidas ha alertado del "impacto dañino" sobre los Derechos Humanos y la protección a los refugiados de la aprobación. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, han pedido a las autoridades británicas que "reconsideren" este plan y que adopten "medidas prácticas" para abordar los "flujos irregulares de refugiados y migrantes", a partir de "la cooperación internacional y el respeto al Derecho Internacional Humanitario".
"La nueva legislación supone un paso más en el distanciamiento de Reino Unido de su larga tradición de dar refugio a aquellos que lo necesitan, violando la Convención sobre los Refugiados", ha dicho Grandi, quien ha recalcado que "proteger a los refugiados requiere que todos los países, no sólo los vecinos en zonas de crisis, cumplan con sus obligaciones". Así, ha afirmado que el plan británico "busca derivar la responsabilidad en la protección a los refugiados, socavando la cooperación internacional y sentando un preocupante precedente a nivel global".
Boris Johnson acaba con el derecho de asilo en Reino Unido
En este sentido, Turk ha sostenido que "esta nueva legislación socava gravemente el Estado de Derecho en Reino Unido y sienta un peligroso precedente a nivel global" debido a que "deriva su responsabilidad ante los refugiados, reduce la capacidad de los tribunales británicos para analizar las decisiones de expulsión, limita el acceso a soluciones legales en Reino Unido y restringe el alcance de las protecciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional para un grupo específico de personas".
En la misma línea se ha expresado el Consejo de Europa que ha mostrado su preocupación y ha emplazado a las autoridades británicas a no llevar a cabo expulsión alguna, ante la posibilidad de que implique violaciones de Derechos Humanos y en materia de Estado de derecho. El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, ha reconocido en un comunicado que la gestión de los flujos migratorios es "complejo" para cualquier Estado, pero ha subrayado que cualquier medida debe respetar los estándares internacionales.
Teme que, tal y como está redactada la ley, puedan ser expulsados de Reino Unido migrantes que requieran protección y sin una evaluación previa de su solicitad de asilo, al tiempo que ha cuestionado que se restrinja el margen de las personas afectadas de solicitar reparaciones o de la justicia para realizar exámenes "independientes". En este sentido, ha recordado que la Convención Europea de Derechos Humanos, firmada por Reino Unido, garantiza el principio de no devolución y el examen de posibles abusos.
El Parlamento de Reino Unido ha aprobado este martes de madrugada el plan del Gobierno para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda tras reconocer al país africano como un destino seguro después de meses de debates y críticas por parte de la oposición. Tras la introducción de una serie de enmiendas, la Cámara de los Lores ha votado finalmente a favor del plan, que pasará a ser ley después de que el rey Carlos III otorgue el consentimiento real, según ha publicado la cadena de televisión británica BBC y recoge Europa Press.