Stop a la impunidad de las empresas multinacionales

El 24 abril de 2013, en Bangladesh, el Rana Plaza, un edificio de ocho plantas que albergaba talleres de textil situado cerca de la capital, Dacca, se derrumbó. Fue el peor accidente industrial en la historia del país, que causó la muerte de 1.135 personas y dejó 2.500 heridos, principalmente mujeres trabajadoras en estos talleres de confección de ropa.

La tragedia puso de manifiesto las condiciones inhumanas en las que se trabaja en el sector textil. Entre las empresas que habían tenido relación comercial con el Rana Plaza estaban las españolas El Corte Inglés, Inditex y Mango, firmas que, más de un año después de la tragedia, no han pagado lo prometido.

La tragedia de Bangladesh es uno de los casos que denuncian las organizaciones que promueven la campaña ¡Paremos el crimen corporativo y la impunidad! Pero las violaciones de derechos humanos por parte de empresas multinacionales no son exclusivas del país asiático. La masacre de 2012 de Marikana, en Sudáfrica, en la que murieron 34 mineros, así como el desastre causado por la petrolera Chevron en la amazonía ecuatoriana son otros ejemplos de ese clima de impunidad.

Propuesta a iniciativa de Ecuador

Desde el pasado 10 de junio y hasta el día 27, en Ginebra, durante la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), los Estados miembros están analizando la posibilidad de adoptar una resolución para hacer cumplir las normas en materia de derechos humanos a estas empresas. La resolución, propuesta por Ecuador, es apoyada por 85 países y propone desarrollar un marco jurídico de respeto a los derechos humanos de obligado cumplimiento para las empresas multinacionales. Y entre este lunes y el 27 de junio, una vez que el Consejo tome una decisión, tendrá lugar la semana de movilización contra la impunidad. Una coalición de movimientos sociales ha organizado estas jornadas para presionar a los Estados miembros del CDHNU a que adopten este tratado. Entre ellos, el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), que investiga y denuncia las consecuencias de la presencia de grandes empresas españolas en América Latina.

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Por otra parte, las organizaciones presentes en Ginebra elaboraron una declaración conjunta denominada “Llamada a un instrumento internacional sobre derechos humanos, empresas transnacionales y otras empresas comerciales”. El documento insta a los estados a la elaboración de un tratado internacional que recoja las obligaciones en materia de derechos humanos que deben cumplir las multinacionales y obligue a los Estados a vigilar las operaciones bajo su jurisdicción, incluso cuando estas actúen fuera del territorio nacional.

Durante la semana de movilizaciones se presentarán cinco casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos cometidos por multinacionales. Además del desastre del Rana Plaza y la masacre de Marikana, se analizará la destrucción por parte de la petrolera Shell de la región de Ogoni, en Nigeria, y por parte deChevron en la amazonía ecuatoriana, así como las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la mina de carbón de Cerrejón, en Colombia.

Representantes de las víctimas de esos casos de violación de derechos fundamentales contarán en ese foro los obstáculos que encuentran a diario. “Frente a la intensificación y proliferación de atroces violaciones contra los derechos humanos y crímenes ecológicos por las empresas transnacionales, las comunidades afectadas y los movimientos sociales exigen el acceso a la justicia y un fin definitivo del sistema de impunidad que prevalece para las empresas transnacionales”, argumentan los organizadores de la iniciativa.