Bruselas adjudicó al fondo buitre BlackRock un gran contrato de asesoramiento: la Defensora del Pueblo Europeo denuncia conflicto de intereses

Parece fuera de dudas que las instituciones europeas tienen un problema con el concepto de conflicto de intereses. Este miércoles 25 de noviembre, la Defensora del Pueblo Europeo Emily O’Reilly volvía a llamar al orden a la Comisión Europea (hallada en flagrante delito en varias ocasiones) por haber confiado en marzo a BlackRock una misión de auditoría y de consultoría para “integrar los factores medioambientales, sociales y de gobernanza” en las normas bancarias.

Tras una larga investigación, Emily O'Reilly, por iniciativa de 84 diputados, principalmente ecologistas, y varias ONG, ha tomado una decisión muy dura sobre la decisión tomada por la Comisión Europea. Considera que “hay preocupaciones legítimas sobre los riesgos de conflicto de intereses que podrían tener consecuencias negativas en la ejecución de este contrato, ya que la empresa [BlackRock] tiene un claro interés en el desarrollo de la futura legislación europea que tendrá repercusiones en ella misma y sus clientes. [...] La Comisión debería haber sido más rigurosa y, en una perspectiva más amplia, comprobar, en cumplimiento de las normas, que la empresa no estaba sujeta a un conflicto de intereses que pudiera afectar a su capacidad para cumplir el contrato”. Antes de concluir que es más que necesario que las instituciones europeas revisen sus procedimientos de adjudicación de contratos y de contratación pública para poner fin a esta insoportable mezcla de géneros.

Para BlackRock, este dictamen supone un grave revés; toda su estrategia de entrismo, es decir, de influir en las regulaciones y en las futuras decisiones en materia de transición ecológica, queda al descubierto, levantando sospechas sobre las futuras decisiones de la Comisión Europea.

El principal gestor mundial de activos (7,8 billones de dólares), ya no está acostumbrado a que se le niegue algo o que se le oponga cierta resistencia; durante años le ha estado susurrando a los oídos de los poderosos. En 2009, la Reserva Federal lo llamó para que ayudara a gestionar la crisis bancaria en Estados Unidos tras el colapso de Lehman Brothers. También fue a él a quien la Fed pidió consejo al principio de la crisis del covid, sobre sus recompras de bonos, en particular de valores corporativos, a pesar de la indignación de muchos actores financieros. Mientras tanto, Larry Fink, fundador y presidente del gigante financiero, ha seguido proporcionando asesoramiento y recomendaciones a los gobiernos en matería de políticas fiscales, sociales y presupuestarias que deben aplicarse.

“Larry es un gran manipulador, pero opera de manera binaria. En la vida, chico, está aquello aporta algo y lo que no”, escribe Denis Robert en su último libro Larry et moi [Larry yo yo]. Cada movimiento de BlackRock debe leerse conforme a este criterio. A principios de enero, el administrador de activos inició así una revolución copernicana, anunciando su voluntad de no seguir invirtiendo en actividades contaminantes.

El compromiso fue aplaudido por la comunidad financiera y los líderes políticos; BlackRock, que hasta entonces nunca había planteado la más mínima objeción a las estrategias contaminantes de las empresas en las que había invertido, demostró que ahora se tomaba en serio las cuestiones de la protección del medio ambiente y el calentamiento climático. “Está dando ejemplo”, se felicitaron mutuamente.

El cambio era de lo más oportuno. A finales de enero, la Comisión Europea examinaba las candidaturas de asesoría susceptibles de ayudarla a elaborar la normativa, especialmente financiera y medioambiental, que acompañará a la transición ecológica. Y BlackRock estaba en la lista. Finalmente, a finales de marzo, fue seleccionada.

Desde el principio, los responsables europeos deberían haber tenido la mosca detrás de la oreja. Cuando se abrió el periodo de licitación para seleccionar al candidato que ayudaría a la Comisión Europea a establecer el nuevo reglamento financiero, se presentaron nueve candidatos. Según documentos internos, ocho candidatos solicitaron entre 400.000 y 550.000 euros en honorarios para llevar a cabo esta misión, según se recoge en la investigación llevada a cabo por Corporate Europe Observatory (CEO) y Change Finance. Pero había uno que rompía los precios, BlackRock, que solo cobraba 280.000 euros.

Lejos de preguntarse por qué el gestor de activos pedía un precio tan bajo, la única preocupación de los responsables europeos era preguntarse si estaba subestimando sus costes, si sería capaz de llevar a cabo su misión con éxito. “Lo que la Comisión no tuvo en cuenta fue que podría haber otro interés para BlackRock por encima de esta modesta remuneración por su trabajo de asesoría [...]: una oportunidad para determinar el entorno empresarial en el que opera”, destacan CEO y Change Finance. “Ya no se trata de que el zorro esté en el gallinero, sino que hablamos de que el zorro diseña el gallinero”.

Hay mucho en juego. Al tiempo que proclama su deseo por desarrollar una economía con bajas emisiones de carbono en Europa lo antes posible, la Comisión Europea se atiene a sus principios fundamentales; el sector privado debe ser la fuerza motriz de esta política de transición. “Creo firmemente que la transición ecológica no puede existir sin la plena participación del sector privado, ya que la inversión pública sencillamente no será suficiente”, dijo Valdis Dombrovskis, que ha ocupado varios mandatos en la Comisión Europea desde 2014, primero como vicepresidente ejecutivo, luego como comisario de Servicios Financieros y ahora como vicepresidente para una economía al servicio de las personas.

En el marco del presupuesto plurianual europeo y del Plan Europeo de Recuperación (bloqueado en esta fase debido al veto de Polonia y Hungría, que se niegan a condicionar esta ayuda al respeto del Estado de derecho), se prevén cientos de miles de millones de euros de ayudas y créditos para ayudar a los países miembros a reconvertir sus industrias y a llevar a cabo la transición ecológica. Pero esta financiación todavía tiene que ser canalizada hacia sectores que sean verdaderamente sostenibles.

La coartada de la Muralla china

¿Qué es verde y qué no lo es? Desde hace algún tiempo, la palabra taxonomía se ha convertido en una referencia en los organismos europeos. Se trata de clasificar las actividades según su impacto ambiental. El objetivo es crear un lenguaje común en Europa para luchar contra la ecologización artificial y ayudar a dirigir la financiación o las políticas hacia los sectores que presentan beneficios ambientales. En el caso de Europa, se supone que este marco debe servir de base para las finanzas sostenibles.

Hay actividades que ya se consideran de bajo carbono, compatibles con los objetivos de la neutralidad del carbono en 2050, como la energía eólica y solar o la captura de carbono, y actividades en transición, como el gas, que necesitan beneficiarse de fuertes inversiones para ser transformadas. Por último, los sectores que permiten el desarrollo de actividades sostenibles como la producción de turbinas eólicas. Y luego está todo lo demás, actividades grises como el gas, o incluso actividades totalmente marrones como el carbón.

La clasificación de las actividades en una u otra sección da lugar a serias disputas entre los países miembro. Sectores enteros de su industria pueden verse amenazados a más o menos largo plazo. Pero todas las actividades bancarias también se ven afectadas. Porque han estado involucradas durante décadas junto a muchas empresas contaminantes. El propio BCE está comprometido, se estima que el 63% de su cartera de bonos corporativos, adquiridos a través de sus recompras de acciones, está vinculado a actividades contaminantes.

Mañana, estas compañías corren el riesgo de convertirse en activos varados con poco o ningún valor. Y los préstamos o inversiones que los bancos les han hecho podrían volverse irrecuperables. Con el fin de prevenir los riesgos, el nuevo reglamento impondrá nuevos provisionamiento. Esto significaría una disminución de la rentabilidad de los bancos y tal vez para algunos de ellos la imposibilidad de cumplir con los nuevos coeficientes prudenciales.

Porque esta transformación asciende a miles de miles de millones de activos. Afecta a todos los sectores industriales y financieros. Y BlackRock se siente preocupado en primer lugar.

Como gestor de activos, BlackRock ha desarrollado una estrategia de inversión denominada pasiva: reproduce los índices bursátiles, ya sean índices generales como el DAX o el CAC 40, o índices sectoriales (energía, finanzas), basándose en arbitrajes de nanosegundos gracias a su plataforma Aladdin. Esto lo lleva a ser accionista de todas las grandes capitalizaciones de mercado. Capitalizaciones marcadas con el sello de la economía fósil.

Así pues, BlackRock se encuentra como accionista, a veces incluso como accionista principal si el control está disperso, de prácticamente todos los grandes grupos de petróleo y gas, conglomerados mineros, productores de carbón, en las industrias fósiles y en todo tipo de actividades de extracción. “BlackRock se encuentra entre los tres mayores accionistas de las 25 mayores empresas del mundo que cotizan en Bolsa y que están vinculadas a la deforestación”, según un informe de Amigos de la Tierra, Amazon Watch y Profundo, citado por Change Finance y CEO.

Pero también es un importante accionista de todos los grandes bancos europeos, del Deutsche Bank al BNP Paribas, pasando por Barclays e Intesa, Santander o HCBS, por nombrar sólo algunos.

Frente a tales compromisos, a tales riesgos, ¿cómo no imaginar que el gestor de activos quiere utilizar su poder para ayudar a redactar una reglamentación que favorezca sus intereses y no el interés general? ¿Cómo podría la Comisión Europea no abordar la cuestión del conflicto estructural de intereses en el que se encontraría BlackRock si fuera esta empresa elegida como asesora? ¿Por qué no lo excluyó de la licitación desde el principio? La CE, preguntada por la Defensora, respondió que no veía “ninguna base jurídica” para excluir a BlackRock. Esta posición fue considerada “cuestionable” por la Defensora.

También señaló que se habían tomado pocas medidas para evitar conflictos de intereses, para impedir la transmisión de información confidencial entre los consultores de BlackRock que llevaban a cabo la misión y los que administraban los bienes.

Oficialmente, el gestor de activos, al igual que la Comisión Europea, avanza la coartada a menudo presentada de la muralla china entre las dos actividades: nada puede circular entre las dos, como es bien sabido. Del mismo modo, se supone que los que ayudan a los responsables europeos no tienen contacto con los lobbistas de BlackRock lobbistasque frecuentan los pasillos de las instituciones europeas. Inscrito a su nombre en el registro de grupos de presión, el gestor del fondo es también miembro de otras 23 asociaciones de lobby importantes de Bruselaslobby.

“Aunque esta separación ha logrado impedir que la información específica obtenida en virtud del contrato se utilice en las decisiones de inversión de la empresa, no garantiza que el personal que trabaja en el proyecto de la Comisión no se vea influido por los intereses estratégicos generales de la empresa. También es posible que este personal se desplace entre las dos actividades, en el marco normal de la movilidad del personal”, señala Emily O'Reilly. También señala que “la empresa podría igualmente beneficiarse de los conocimientos adquiridos sobre el sistema de reglamentación de la Unión Europea y de la mayor red de contactos que ese estudio ayudaría a facilitar”. Un escenario que la Comisión Europea ni siquiera parece considerar. Y sin embargo...

El dictamen es inflexible. Sin embargo, falta una conclusión obvia. Emily O'Reilly no reclama la anulación del contrato de consultoría de BlackRock con la Comisión Europea.

En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los eurodiputados ecologistas Damien Carême, Yannick Jadot y Philippe Lamberts, entre otros, piden la cancelación inmediata del contrato adjudicado a BlackRock. “Esto es fundamental para preservar tanto el trabajo en curso sobre la integración de los factores ESG en la supervisión bancaria como la integridad de nuestras instituciones”, insisten. También piden un claro fortalecimiento de las normas para prevenir los conflictos de intereses, como recomienda el Defensor del Pueblo.

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Traducción: Mariola Moreno

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