Mano dura con Rusia, blanda con Israel: la Corte Penal, incapaz de ordenar la detención de Netanyahu
Julian Fernández conoce a la perfección los entresijos de la Corte Penal Internacional (CPI), ya que es uno de los nueve expertos que forman parte de la Comisión Consultiva para el examen de los candidatos al puesto de magistrado. Profesor de la Universidad Panthéon-Assas de París, predijo en Mediapart el 22 de mayo que la emisión –o no– de órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant y tres dirigentes de Hamás, Yahya Sinouar, Ismaël Haniyeh y Mohammed Deif, se produciría "en un plazo de tres a seis semanas".
Más de cuatro meses después, los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI aún no han tomado una decisión. Y ello a pesar de la insistencia de Karim Khan, el fiscal que presentó la solicitud el 20 de mayo, instándoles a hacer lo necesario, ya que "cualquier retraso injustificado en este procedimiento menoscaba los derechos de las víctimas".
Mientras tanto, dos de las cinco personas acusadas por Karim Khan de crímenes de guerra y contra la humanidad han muerto, asesinadas por el Ejército israelí: Mohammed Deif, líder militar de Hamás, murió el 13 de julio durante un bombardeo en el sur de Gaza, e Ismaël Haniyeh, líder político de la misma organización, fue asesinado el 31 de julio en Teherán (Irán), adonde había acudido para asistir a la ceremonia de investidura del presidente Massoud Pezechkian. La guerra continúa y se ha extendido a Líbano. Más de 41.000 personas han muerto en Gaza y miles en Líbano, la mayoría civiles.
"Exceder el límite de cuatro meses sienta un precedente extremadamente peligroso", advierte el abogado internacional Johann Soufi. "La orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin tardó un máximo de tres semanas. Es imposible que los jueces no dicten órdenes de detención, de lo contrario sería el fin de la CPI, el fin de la justicia internacional".
A principios de agosto, la Asociación de Juristas por el Respeto del Derecho Internacional (Jurdi), de la que son miembros Johann Soufi y Julián Fernández, asociada a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), presentó un escrito a la CPI reafirmando "la absoluta urgencia de que la Sala de Cuestiones Preliminares dicte las órdenes de detención de acuerdo con la petición del Fiscal, dada la gravedad de los crímenes que se siguen cometiendo en Gaza y en otros lugares y el riesgo de genocidio señalado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)".
Primera defensa oficial de Israel
¿Cómo explicar que los tres jueces de la CPI –la rumana Iulia Motoc, el francés Nicolas Guillou y la beninesa Reine Alapani-Gansou– sigan sin pronunciarse, cuando se acusa a la justicia internacional de doble rasero en un momento crucial de la historia, cuando se considera a la CPI como "una institución sesgada o parcial, interesada sólo en situaciones que no afectan directamente a los intereses occidentales", e palabras de Julián Fernández.
No es de extrañar que haya muchas presiones y maniobras para impedir que la CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), dicte órdenes de detención contra dirigentes israelíes.
El viernes 20 de septiembre, una semana antes de que el primer ministro israelí viajara a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas (donde pronunció un discurso en el que criticó a la CPI), el Estado de Israel presentó por primera vez una impugnación oficial ante los jueces.
En dos escritos, que hasta ahora han permanecido confidenciales, el Estado hebreo, que a diferencia de la Autoridad Palestina no reconoce a la CPI (el país firmó pero no ratificó el Tratado de Roma de 1998, que fundó el organismo), impugna la competencia jurisdiccional de la Corte y la legalidad de la solicitud del fiscal.
Para las autoridades israelíes, la CPI carece de jurisdicción "al no dar a Israel la oportunidad de ejercer por sí mismo su derecho a investigar las acusaciones". "Ninguna otra democracia con un sistema jurídico independiente y respetado como el de Israel ha sido tratada de esta manera tan perjudicial por el fiscal", denunció Oren Marmorstein, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. A continuación, señaló a la "multitud de Estados, organizaciones y expertos destacados de todo el mundo" que "comparten las posiciones expuestas por Israel".
Impugnación de la competencia del Tribunal
A lo largo del verano, Israel pudo contar con las maniobras de países aliados y de numerosas organizaciones, ONG y think tanks, desde el Reino Unido hasta Argentina, pasando por el senador estadounidense Lindsey Graham, la Asociación Israelí de Abogados, la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos, etc., para impedir que se dictaran órdenes de detención y retrasar considerablemente la decisión de los jueces.
Uno de los primeros en hacerlo fue el Reino Unido, el 10 de junio. Recogiendo el argumento del gobierno israelí, de Alemania y de otros amici curiae, "amigos del tribunal", autorizados a presentar observaciones jurídicas, impugnó la competencia del Tribunal para dictar órdenes de detención contra ciudadanos israelíes, alegando que la Autoridad Palestina había renunciado a esta facultad cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo II, en septiembre de 1995.
El 26 de julio, tras la llegada al poder del gobierno laborista, el Reino Unido declaró finalmente que ya no deseaba presentar observaciones al Tribunal. Sin embargo, había abierto las compuertas. Cuatro días antes, el 22 de julio, más de sesenta Estados, organizaciones y particulares habían sido autorizados por los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI a presentar sus escritos sobre el tema, a favor y en contra de cualquier acción ulterior. Se trata de un proceso nunca visto en los veintidós años de existencia de la CPI, en una fase tan temprana del procedimiento y cuando normalmente los jueces deciden solos.
La asociación Jurdi y la FIDH aprovecharon la ocasión para presentar su implacable escrito, denunciando "un abuso de procedimiento" en el planteamiento británico, "obstruyendo la buena administración de la justicia".
Las dos organizaciones desmontan, punto por punto, los argumentos sobre la incompetencia de la Corte y advierten: "Si la CPI, al igual que otros tribunales internacionales, no tuviera competencia propia y sólo ejerciera su jurisdicción cuando fuera delegada expresa o implícitamente por los Estados, su capacidad para cumplir su mandato se vería comprometida. Tal interpretación del Estatuto de Roma privaría a la Corte de toda eficacia y legitimidad".
Jurdi y la FIDH continúan: "La teoría de la delegación asume la simetría entre la jurisdicción de la Corte y la de los tribunales nacionales. Este concepto no sólo contradice las disposiciones del Estatuto–que, por ejemplo, permiten a la Corte enjuiciar a nacionales de Estados no partes y a jefes de Estado o de Gobierno–, sino que también es contrario a la práctica de la Corte. En varias ocasiones, la Corte ha dictado órdenes de detención contra nacionales de Estados que no son partes en el Estatuto de Roma, incluso contra personas que gozaban de inmunidad, o por crímenes que no existían en el ordenamiento jurídico interno de los Estados en cuestión".
Una Corte acostumbrada a las presiones
No es la primera vez que la CPI se encuentra bajo presión. De hecho, tiene un historial acreditado. En 2020, en represalia por las investigaciones sobre crímenes de guerra cometidos por el Ejército estadounidense en Afganistán, la administración Trump impuso sanciones económicas y restricciones de viaje a altos funcionarios de la CPI.
En mayo, poco antes de presentar su solicitud y hacerla pública para protegerse mejor, Karim Khan, el fiscal, acostumbrado a las amenazas hacia su persona de todas partes (en marzo de 2023 Moscú abrió una investigación contra él por "atacar al representante de un Estado extranjero"), denunció "todos los intentos de obstruir, intimidar o influir" en los empleados de su oficina. En un comunicado, señaló que dicha obstrucción podía "constituir un delito contra la administración de justicia" y que estaban prohibidas "la intimidación y el tráfico de influencias, ya sea mediante coacción o persuasión".
Se dirigía implícitamente a Benjamin Netanyahu y sus aliados, encabezados por Estados Unidos, que no ocultaron su hostilidad en cuanto se anunció la decisión de solicitar órdenes de detención. El presidente estadounidense, Joe Biden, la calificó de "indignante", insistiendo en que no había equivalencia entre Israel y Hamás. Su secretario de Estado, Antony Blinken, lo denunció como "una vergüenza", añadiendo que la CPI no tenía "ninguna jurisdicción" sobre Israel.
No es la primera vez que la CPI se ve sometida a presiones en la cuestión israelo-palestina. Pocos días después del anuncio de Khan, una investigación del diario británico The Guardian, del medio independiente israelo-palestino +972 Magazine y de Local Call, publicada el martes 28 de mayo, reveló el alcance de las presiones ejercidas durante casi una década por Yossi Cohen, director de los servicios de inteligencia israelíes (Mossad), sobre la predecesora de Karim Khan, la ex fiscal de la CPI Fatou Bensouda, en el cargo entre 2012 y 2021. Israel refuta estas acusaciones.
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El objetivo era utilizar todos los medios disponibles (vigilancia, piratería informática, difamación, amenazas, etc.) para obligar a la fiscal a cesar todos los procesos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra Israel en los territorios palestinos. La fiscal llevaba investigando desde 2021. Al igual que Karim Khan, Fatou Bensouda no se dejó intimidar. A pesar del coste diario durante nueve años.
Según relatos compartidos con un pequeño grupo de miembros del personal de la CPI, Yossi Cohen, que al parecer actuaba como "mensajero oficioso" de Benjamin Netanyahu, dijo a Fatou Bensouda: "Deberías ayudarnos y dejar que nos ocupemos de ti. No debes involucrarte en actividades que puedan comprometer tu seguridad o la de tu familia".
En esta guerra secreta, ahora conocida en todo el mundo, los servicios de inteligencia israelíes habrían llegado a vigilar de cerca a la familia de Fatou Bensouda, obteniendo transcripciones de grabaciones secretas de su marido con el objetivo de perjudicarla. Una de las fuentes de la investigación aseguró que no se dudó internamente en espiar a la abogada gambiana: "Es negra y africana, ¿qué más da?".
