A partir de noviembre, el comisario europeo de Ampliación –que deberá encargarse de comprobar si los países aspirantes a la adhesión a la UE cumplen con las normas democráticas– puede ser el mismo que desarticuló el Estado de Derecho en Hungría.
László Trócsányi fue ministro de Justicia de 2014 a 2019, con el antiliberal Viktor Orbán. Crítico con la Unión en Hungría, puede convertirse en una de las figuras más controvertidas del equipo dirigido por la alemana Ursula von der Leyen. A no ser que los eurodiputados ante los que tendrá que defender su candidatura, a principios de octubre con toda probabilidad, se lo impidan.
La eurodiputada medioambiental Gwendoline Delbos-Corfield ha declarado que “existe un claro deseo de provocación por parte de Orbán”. Trócsányi supervisó la llamada ley del paquete anti-Soros, que pretendía limitar la actividad de las ONG que supuestamente ayudan a los refugiados en Hungría. También fue él quien llevó el asunto al Tribunal de Justicia de la UE, con la esperanza de bloquear el proyecto de cuotas para la distribución de refugiados en Europa, defendido por el comité de Jean-Claude Juncker.
“Este nombramiento es una aberración total. Orbán se siente muy poderoso, quiere humillar a sus oponentes en Europa”, advierte el eurodiputado Raphaël Glucksmann, miembro del Grupo Socialdemócrata. El diputado también considera que “en el seno de la nueva Comisión falta dar la batalla por el Estado de derecho”.
“Si el Parlamento rechaza a este candidato, está claro que Orbán se presentará como una víctima. Pero no nos engaña”, insiste Delbos-Corfield. “Y aunque dejemos de lado la cuestión de las convicciones políticas, sigue existiendo el problema de los conflictos de intereses, muy importantes en su caso”, concluye.
Ursula von der Leyen espera contar con una alianza tripartita en el Parlamento Europeo para formar mayorías de la mano de los conservadores del PPE, los socialdemócratas del S&D y los liberales de Renacimiento. El Grupo de los Verdes, la cuarta fuerza en número de representantes electos, quiere desempeñar el papel de principal opositor en las audiencias de los comisarios, que se iniciarán el 30 de septiembre. En particular, sobre las cuestiones de conflicto de intereses.
Uno de sus representantes electos, el alemán Daniel Freund, que trabajó durante un tiempo para Transparencia Internacional en Bruselas, ha elaborado un documento, con la ayuda de la ONG, que enumera los posibles conflictos de intereses de los 26 aspirantes a comisario.
El estudio, al que Mediapart (socio editorial de infoLibre) ha tenido acceso, se centra en particular en la actividad del bufete de abogados Trócsányi & Nagy, cofundado por el comisario propuesto húngaro, que se ha beneficiado de los numerosos encargos públicos para desarrollarse en los últimos años. En 2015, cuando Trócsányi ya era ministro de Justicia, su empresa también representaba los intereses de Uber en Hungría.
El candidato húngaro no es el único caso problemático, a decir de algunos diputados. Se espera que haya otra audiencias agitadas. Al menos otros tres candidatos –belga, francés y rumano– ya se han visto afectados; pertenecen a los tres grupos políticos mayoritarios (PPE, S&D y Renacimiento).
“Mi sensación personal es que las audiencias serán controvertidas. Los eurodiputados querrán brillar y liderar la batalla. Pero no creo que se pueda decir que esto vaya a debilitar la Comisión, no lo creo”, asegura el diputado Arnaud Danjean. “Habrá mucha espuma, pero esto no es necesariamente un buen presagio del resultado final”, dice.
Grados diferentes de gravedad
“Todavía hay grados de gravedad diferente según las situaciones”, dice Gwendoline Delbos-Corfield. La candidata liberal Sylvie Goulard, anunciada para Mercado Interior, es uno de los eslabones más débiles. Renunció como ministra en 2017 debido a la apertura de una investigación preliminar por “abuso de confianza y ocultación de delitos” por sospecha de trabajos ficticios de asistentes en el Parlamento Europeo.
Sin embargo, estas preocupaciones legales aún no se han resuelto, a pesar de que la exeurodiputada reembolsó 45.000 euros al Parlamento Europeo este verano. Además, debe justificar haber recibido dinero cada mes de un think tank norteamericano, el Instituto Berggruen, del que fue “asesora especial” de 2013 a 2016.
“Para mí, su caso sigue siendo problemático, porque todavía no sabemos lo que sucederá después con la Justicia en Francia”, advierte un peso pesado –que no francés– del grupo Renacimiento del Parlamento Europeo y que pidió mantenerse en el anonimato.
Otra figura de la nueva Comisión que se encuentra en una mala posición es el liberal Didier Reynders, que fue ministro de Finanzas y luego ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica (ahora está en Defensa) y que debería heredar la cartera de Justicia en el futuro Ejecutivo europeo.
La Fiscalía de Bruselas le ha abierto recientemente una investigación preliminar. Un excolaborador de los servicios belgas de inteligencia denunció en abril a la Policía a Reynders y a su mano derecha por pertenencia a una red de corrupción y lavado de dinero durante el período 2007-2018, pasando por Libia y la RDC.
Mencionó varios casos de soborno destinados a garantizar la adjudicación de contratos públicos, por ejemplo, la construcción de la embajada de Bélgica en Kinshasa. Reynders negó todos los cargos. Y su abogado manifestó: “Es probable que sea otra vez un montaje del mismo hombre malicioso que sigue tratando de hacer daño”.
Otro ejemplo es el caso de Rovana Plumb, del Partido Laborista rumano, propuesta como responsable de Transporte. Se le acusa de haber privatizado dos islas del Danubio en 2013, que más tarde acabó comprando el líder de su partido. Luego aprovechó su inmunidad parlamentaria para paralizar la investigación que se cernía sobre su cabeza.
Según el documento del Grupo de los Verdes, elaborado con Transparencia Internacional, en 2014 registraba su vehículo privado en Bulgaria para evitar un impuesto sobre el carbono de 3.000 euros por la compra de un coche, que ella misma había aprobado en Rumanía como ministra de Medio Ambiente.
Como estas cuatro controvertidas personalidades pertenecen a los tres grupos de la coalición, algunas ya apuestan por un status quo final. “Cada grupo tiene un punto vulnerable. Así que bien podría alcanzarse alguna forma de pacto de no agresión”, dice Arnaud Danjean. La misma hipótesis formulada por Delbos-Corfield: “Todos se apoyan. Así que al final, quizás sólo quede descartado uno, el húngaro”
A todo esto se suman otras cuestiones que plantean problemas a muchos diputados: el de la “protección del modo de vida europeo” o el “también problemático”, según Delbos-Corfield, que relacionaba democracia y demografía.
Raphaël Glucksmann también insiste en los problemas de “arquitectura” en el seno del nuevo equipo: “Frans Timmermans [laborista neerlandés] obtiene una vicepresidencia en el Green New Deal, lo que está bien, pero todos los instrumentos financieros están concentrados en manos de otro vicepresidente, un conservador ordoliberal, Valdis Dombrovskis [derecha letona]”.
En función del resultado de las audiencias de los candidatos, que se prolongarán hasta el 8 de octubre, Ursula von der Leyen optará por conservar o sustituir a sus comisarios. También podría modificar determinados títulos de cartera o modificar los planes de trabajo confiados a los comisarios.
Al final de la jornada, los eurodiputados deberán validar, o rechazar, a todo el equipo en una votación plenaria en Estrasburgo el 23 de octubre. Leyen sabe que fue confirmada por la mínima por el Parlamento Europeo en una primera votación (383, a favor; 327, en contra). Por lo tanto, se ve obligada a escuchar algunas de las reivindicaciones de los eurodiputados, si no quiere recibir un no en la votación de finales de octubre.
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Traducción: Mariola Moreno
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A partir de noviembre, el comisario europeo de Ampliación –que deberá encargarse de comprobar si los países aspirantes a la adhesión a la UE cumplen con las normas democráticas– puede ser el mismo que desarticuló el Estado de Derecho en Hungría.