"Duque es más peligroso que un virus": el Gobierno colombiano reprime con mano de hierro las protestas

En Bogotá, Cali o Medellín, las sirenas de la Policía se mezclan ahora con los de las ambulancias que transportan a los enfermos graves de covid-19. Desde la movilización del 28 de abril de decenas de miles de colombianos contra un proyecto de reforma fiscal del Gobierno, la tensión social va en aumento, en un contexto en que crece la represión.

A lo largo y ancho del país, se corea el lema de los manifestantes: “Si estamos en la calle en plena pandemia, es porque nuestro Gobierno es más peligroso que un virus”.

En la noche del martes al miércoles, la violencia se recrudecía de nuevo en la capital. Al menos quince comisarías fueron atacadas y algunas incendiadas. La llamadaal diálogo del presidente Iván Duque, unas horas antes, no parece haber apaciguado a los manifestantes, enardecidos por los abusos de una Policía cada vez más combativa.

El lunes por la noche, la ciudad de Cali vivió una noche de violencia sin precedentes. “La ofensiva de la fuerza pública fue brutal, bárbara. Militares atacaron a civiles que protestaban pacíficamente” en el popular barrio de Siloé, denunció Juan Méndez, del colectivo de abogados y de defensa de los derechos humanos Suyana. Al desplegar comandos policiales especiales especializados en la lucha contra el terrorismo, “el Gobierno dio una respuesta militar a la protesta ciudadana”, lamenta.

Las organizaciones locales de derechos humanos contaron siete muertos en esta noche de violencia, entre ellos un niño de 11 años fallecido en Siloé por disparos. El pasado martes, el balance provisional y no oficial era de más de 31 muertos en todo el país [este jueves, las ONG denunciaban al menos 37 homicidios], incluido un agente de policía apuñalado en Bogotá, 87 manifestantes desaparecidos y más de 800 civiles heridos en seis días de violencia. Las autoridades nacionales guardan silencio sobre los abusos policiales, justificando el uso de la fuerza por el vandalismo al margen de las manifestaciones. [En la octava jornada de protestas, las organizaciones de derechos humanos cifraron este miércoles en 40 el número de fallecidos].

El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró el martes que las autoridades han identificado a guerrilleros del ELN y a disidentes de la exguerrilla de las FARC infiltrados entre los manifestantes. En su opinión, “Colombia se enfrenta a la amenaza de estas organizaciones criminales que están detrás de estos actos violentos”. El ministro anunció que había enviado “ayuda militar” a las fuerzas policiales desbordadas de varias regiones, “de forma temporal y excepcional”, sin dar más detalles.

Sin embargo, los alcaldes de las principales ciudades, como Bogotá, Cali y Medellín, han rechazado la propuesta del Gobierno de enviar al Ejército como refuerzo para sofocar las manifestaciones. “No tengan miedo de los militares, tengan miedo de los vándalos”, dijo Diego Molano.

Pero las operaciones llevadas a cabo en los barrios de Cali, grabadas en vídeo y difundidas en las redes sociales, han indignado a una gran parte de los colombianos. La ONG Temblores, especializada en denunciar la violencia policial, contabilizan 1.181 denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden y más de 700 detenciones. Las autoridades informaron de que más de 500 policías resultaron heridos en distintas partes del país.

Las principales cadenas de televisión colombianas hacen el juego a las autoridades, destacando los actos de vandalismo, los daños materiales y el desabastecimiento que amenazan a las principales ciudades, que están parcialmente bloqueadas por camioneros y ciudadanos descontentos. “Hay opacidad y una increíble desinformación por parte de los medios de comunicación e instituciones nacionales. Tenemos que recabar información de los dirigentes locales, barrio por barrio”, lamenta el abogado Juan Méndez.

Cientos de vídeos grabados con teléfonos móviles circulan por las redes sociales con el hashtag #SOSColombia, ilustrando las denuncias de los ciudadanos. Muestran a agentes de Policía en motocicleta disparando a un joven que camina por la calle. Allí, una madre grita de dolor ante el cuerpo ensangrentado de un hijo. En otros lugares, las amplias avenidas se transforman en campos de batalla, los furgones blindados ametrallan indiscriminadamente los barrios aterrorizados o la Policía, armada con fusiles, recorre las calles y golpea en el suelo. “La mayor parte de los actos violentos se dan por la noche, cuando es más difícil contarlos y cuando los observadores se han ido”, apunta Juan Méndez.

“Denunciamos que se está produciendo una masacre. Nos están tratando como criminales”, escribía en Twitter el senador Wilson Arias, del partido opositor Polo Democrático. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su consternación y recordó a la Policía sus obligaciones.

“Las armas de fuego sólo deben utilizarse como último recurso, ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves”, declaraba una portavoz de la organización de la ONU al día siguiente de la masacre de Cali.

Sin embargo, el Gobierno retiraba el domingo el proyecto de reforma fiscal que inflamó las calles. El lunes presentaba su dimisión Alberto Carrasquilla, el cuestionado ministro de Hacienda, artífice de dicha reforma. Pero la herida sigue abierta, el malestar social es profundo. “Colombia lleva 30 años aplicando una política económica devastadora para el bienestar de la gran mayoría de sus ciudadanos”, afirma el economista Aurelio Suárez. “Se basa en el libre comercio, las importaciones masivas y la atracción de capital extranjero”.

“Lo que está en juego es un cambio de modelo socioeconómico”

El actual modelo económico ha ampliado una deuda que las sucesivas reformas tratan de reducir. Las políticas sociales y públicas son especialmente débiles: ausencia de subsidios de desempleo, leyes laborales devastadoras, un sistema sanitario liberalizado y fallido o una educación en gran medida privatizada donde estudiar es un privilegio de clase. “El malestar se ha ido acumulando con los años hasta que se han dado todos los ingredientes para el estallido social. Y a pesar de la retirada de la reforma, la gente tiene todo tipo de razones para seguir protestando. La gran mayoría son jóvenes sin perspectivas”, observa Aurelio Suárez. Según el senador independiente Roy Barreras: “Lo que está en juego es un cambio de modelo socioeconómico”.

A la sombra del Gobierno, el expresidente Álvaro Uribe agita las tensiones. El mentor del actual presidente y líder del partido en el poder fustiga un movimiento social que desde hace tiempo compara con el “terrorismo”. Al inicio de la protesta, el viernes 30 de abril, tuiteó: “Apoyamos el derecho de los soldados y de los policías a usar sus armas para defender su integridad y defender a las personas y los bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Twitter eliminó su publicación por “incitar a la violencia”.

Pero la orden se había dado: la violencia policial y el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas del orden se multiplicaron inmediatamente. Siempre en Twitter, Álvaro Uribe planteó entonces la amenaza de una “revolución molecular disipada”, retomando un concepto de Félix Guattari, que hizo suyo un ideólogo chileno de extrema derecha para denunciar una nueva forma de comunismo. Sus rivales se quedaron perplejos.

Las manifestaciones se iniciaron el 28 de abril, por iniciativa de varios sindicatos de trabajadores, estudiantes, movimientos ciudadanos e indígenas. Desde entonces, han continuado con decenas de concentraciones diarias en todas las metrópolis del país. Si bien se han producido saqueos de bancos, empresas e infraestructuras públicas, las manifestaciones son en su mayoría pacíficas.

En un principio, los manifestantes exigían la retirada de una reforma que introducía, entre otras cosas, un impopular IVA sobre numerosos productos y servicios, como la gasolina o los servicios funerarios. Las grandes fortunas, muy poco gravadas en Colombia, veían aumentar sus impuestos, pero las clases medias y trabajadoras, ya empobrecidas por la pandemia, eran las más perjudicadas.

El Gobierno había presentado la reforma como una medida para financiar los gastos sociales generados por la pandemia. Pero, según sus numerosos críticos, sólo una pequeña parte de los fondos que se iban a recaudar se destinaba realmente a fines sociales.

“Los males de la economía colombiana se han agravado con la pandemia”, afirma el economista Aurelio Suárez. La proporción de colombianos por debajo del umbral de pobreza aumentó del 33 al 42%. El desempleo aumentó cuatro puntos, del 12 al 16%. Las ayudas económicas abonadas a los más desfavorecidos y a las empresas que han quebrado como consecuencia de los sucesivos confinamientos son en gran medida insuficientes. Por otro lado, las principales capitales del país se ha visto favorecidas, provocando la indignación nacional.

El lunes, los camioneros colombianos se unieron al movimiento, bloqueando algunos accesos a las principales ciudades. Además de Cali, que se ha convertido en el epicentro de lo que muchos manifestantes ya llaman la “resistencia”, la movilización hace que la tensión crezca en Medellín, Bogotá, Pereira, Cartagena de Indias, Barranquilla, Ibagué y Neiva. Por las noches, las caceroladas resuenan en las ciudades. La masa de manifestantes exige un cambio radical de política y la retirada de una reforma del sistema sanitario que lo liberalice aún más.

Otro reproche de los manifestantes: la gestión de la pandemia del covid-19. Colombia atraviesa su peor momento sanitario desde la llegada del coronavirus. Las unidades de cuidados intensivos superan el 94% de ocupación en las grandes ciudades. Y el país lleva varios días registrando 500 muertes diarias. Las vacunas, mal negociadas por el Gobierno, llegan con cuentagotas. Aunque el 10% de la población está vacunada, menos del 4% ha recibido las dos dosis. Para los colombianos, el final del túnel aún está lejos.

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Traducción: Mariola Moreno

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