Existe un punto común entre lo que dice Ian Brossat, cabeza de lista del Partido Comunista Francés (PCF) para las europeas del 26 de mayo, y la alemana Annegret Kramp-Karrenbauer, la nueva presidenta de la CDU, el partido de Angela Merkel. Y no es solamente su firme oposición al proyecto de Emmanuel Macron sobre Europa. Ambos desean también cambios en la función pública europea.
Durante un debate entre los cabezas de lista franceses para el escrutinio europeo, el 4 de abril en France 2 y en France Inter, el comunista decía que había que dividir por tres el salario del presidente de la Comisión. “Hay que bajar el salario del señor Juncker”, propuso el adjunto a la alcaldesa de París. “¿Saben cuánto gana el presidente de la Comisión Europea? Unos 32.000 euros al mes. Dos veces más de lo que gana de media un trabajador europeo en un año. Es vergonzoso”.
Por su parte, la jefa de la derecha alemana, en respuesta a la carta sobre Europa de Emmanuel Macron, ha expresado su voluntad de poner fin a “anacronismos” como la exención de los funcionarios europeos en el impuesto sobre la renta.
Preguntarse sobre las remuneraciones de los políticos y funcionarios europeos es legítimo, sobre todo en un contexto de aumento de la desigualdad en el continente, cuando la brecha entre los ciudadanos y sus instituciones europeas sigue siendo enorme y las cifras son, a primera vista, vertiginosas. Para 2019, la UE ha previsto gastar 9.943 millones –el 6% del presupuesto europeo fijado en 165.800 millones– para pagar, entre otros, los salarios de unos 60.000 funcionarios (algo más que el número de empleados públicos del Ayuntamiento de París).
Estas mismas cifras dan la razón a Ian Brossat: los veintiocho comisarios europeos, sólo por hablar de ellos, ganan unos sueldos extremadamente altos. El salario mensual bruto del presidente de la Comisión corresponde al 138% del salario de un director general, el puesto administrativo más importante de la burocracia europea. Es decir, 27.903 euros brutos al mes, aunque el 45% de este salario bruto de los comisarios sea retenido para regresar a la caja del presupuesto europeo.
A eso se añaden, siempre en el caso de Jean-Claude Juncker, 4.185 euros de “indemnización por residencia” (15% del salario bruto) y también 1.418 euros por “gastos de representación”. Llegamos pues a un total mensual de 44.506 euros. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, está en las mismas condiciones.
Los demás miembros de la Comisión no se quedan atrás. Federica Mogherini, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, recibe entre salario bruto e indemnizaciones 31.731 euros al mes. Los vicepresidentes de la Comisión llegan, entre salario bruto e indemnizaciones, a 29.977 euros. Un poco menos para los demás comisarios, como en el caso del francés Pierre Moscovici, encargado de Asuntos económicos y Fiscalidad, que llega a 27.070 al mes.
En cuanto a los diputados europeos, cobran un salario mensual de 8.757 euros brutos (6.824 netos), a los que se añade una “indemnización por gastos generales” de 4.513 euros. Esta indemnización es para cubrir los gastos de su mandato: gastos de transporte, facturas de teléfono o el alquiler de un despacho en su circunscripción. Pero el uso de esta partida está poco controlado.
El salario de los funcionarios
Los funcionarios europeos (instalados principalmente en Bruselas o en Luxemburgo) también disfrutan de emolumentos interesantes. Según la última escala salarial, los altos funcionarios de la Comisión (unos 12.000) cobran salarios brutos que van desde 4.787 a 20.219 euros al mes. Algo menos de 5.000 de ellos tienen salarios brutos superiores a 10.000 euros. Un informe del Senado francés de 2013 estimaba que el sueldo mensual medio de estos funcionarios era de 6.500 euros netos.
Al igual que los comisarios, los funcionarios cobran, cuando ejercen fuera de su país de origen, una “indemnización por expatriación” que representa el 16% de su salario, una prima que conservan a lo largo de su carrera en las instituciones. Sin olvidar una prima para cubrir gastos de instalación equivalente a dos meses de salario, cuando llegan a las instituciones. El estatuto del funcionario europeo cuenta también con su propio sistema de seguridad social y ayudas por familia.
Estas cifras son impresionantes, pero son comparables a las de otras organizaciones internacionales. El precursor de la UE, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), implantó a partir de 1950 una política salarial generosa para sus primeros funcionarios.
Como recuerdan Jean-Luc Feugier y Marie-Hélène Pradines en su libro La Función Pública Europea en perspectiva, estos salarios estaban en efecto alineados “con el nivel retributivo de los cuadros superiores del sector industrial siderúrgico y minero, sector de actividad particularmente bien remunerado en aquella época”. ¿Objetivo? Animar a los ingenieros, economistas, intérpretes, juristas, etc. a unirse a la aventura de la construcción europea. Un periplo que implica ir a vivir a Bélgica o a Luxemburgo.
La CECA se convirtió, décadas más tarde, en la UE y esta tradición de salarios jugosos ha perdurado. El argumento es siempre el mismo: los salarios de las instituciones, del Tribunal de Justicia, del Banco Central Europeo (que tiene su propia escala salarial) o de la treintena de agencias vinculadas a la Comisión, quieren ser atractivos para reclutar a los mejores cerebros europeos.
Sin embargo, no es correcto decir, como reclama la conservadora alemana Annegret Kramp-Karrenbauer, que los funcionarios europeos no pagan impuestos. Es verdad que están exonerados de impuestos en su país de origen pero, además de los impuestos locales, están sujetos a un impuesto europeo sobre la renta. Un impuesto progresivo de catorce tramos –con tasas del 8% al 45%– retenidas en sus nóminas. A esto se añade un impuesto complementario, “retención de solidaridad”, del 6%. En 2019, este impuesto va a aportar 1.600 millones al presupuesto europeo.
¿Primas de expatriación durante veinte años?
No pagar el impuesto sobre la renta en su país de residencia no es solo un privilegio de los funcionarios europeos. Es una antigua tradición que viene de la Sociedad de Naciones, antecesora de la ONU, para los funcionarios internacionales de estar exentos del impuesto sobre la renta.
Este impuesto es bajo para los estándares belgas. Si los altos funcionarios comunitarios pagaran el impuesto sobre la renta belga, todos tendrían una tasa del 50% de sus salarios (Bélgica es uno de los países de la UE con la tasa más alta sobre la renta). Pero, como precisa una fuente sindical, al contrario que los impuestos nacionales, no existe rebaja fiscal alguna –para préstamos inmobiliarios y otros– en el marco del impuesto europeo.
No sorprende que los asistentes parlamentarios y otros funcionarios que han respondido a las preguntas de Mediapart, bajo el anonimato requerido en esta investigación, se hayan mostrado molestos por hablar de sus retribuciones. Muchos creen que estas consideraciones sobre su salario alimentan una crítica demasiado fácil a las instituciones europeas. Nos recuerdan que sus salarios han estado congelados entre 2011 y 2014, durante los años de crisis económica, y que las instituciones europeas han tenido que reducir su masa salarial en un 5% en ese periodo. Otros destacan que sus salarios e indemnizaciones son fijados por los Estados y que la escala salarial y las ventajas son públicas.
Sobre todo, muchos de ellos creen que estos niveles salariales están justificados. La alta función pública europea está plagada de puestos de responsabilidad que atraen a personas cargadas de diplomas, políglotas y especialistas en materias a veces muy específicas (derecho de competencia, derecho medioambiental). Son las que trabajan en las directivas europeas, preparan las negociaciones comerciales, investigan sobre las fusiones de grandes empresas o comprueban que las ayudas europeas están bien distribuidas.
Otro argumento para justificar estas escalas salariales que pueden parecer por encima de la base: un salario competitivo permitiría evitar puertas giratorias masivas hacia un bufete de abogados o a una agencia de lobby. Pero este argumento tiene poco recorrido puesto que las puertas giratorias a lo privado es moneda corriente en el caso de muchos comisarios, diputados y funcionarios después de dejar sus puestos.
“Son más o menos los mismos salarios que puede haber en el Ministerio de Finanzas o en el de Transición Ecológica en Francia”, relativiza un funcionario que trabaja en asuntos de política de reclutamiento en las instituciones europeas. Otro, procedente de la alta administración alemana, opina igual.
Pero sigue habiendo cosas raras difícilmente comprensibles: si pueden estar justificadas unas primas por expatriación cuando un funcionario y su familia se mudan al extranjero, ¿es legítimo conservar esa bonificación del 16% de su salario durante diez o veinte años? Muchos funcionarios hacen carrera en las instituciones. Aunque no sean belgas o luxemburgueses, ¿siguen siendo expatriados si compran una vivienda en Bruselas y fundan allí una familia? “Yo me sigo considerando un expatriado”, trata de justificar un funcionario.
“Espero que vuestro artículo hable también de los diplomáticos de los Estados miembros destinados en Bruselas o del personal de la OTAN”, responde un portavoz de la Comisión, Alexander Winterstein. Bruselas, al mismo tiempo capital de Bélgica, sede de la UE y de la OTAN, es en efecto un caso único en Europa. La capital belga tiene 1,2 millones de habitantes, pero seis de cada diez habitantes no son ciudadanos del país. El IBSA, instituto de prospectiva de la región de Bruselas, estima que viven en la capital belga alrededor de 48.000 funcionarios europeos y diplomáticos.
No hay disponible ningún estudio sobre las pérdidas fiscales de los empleos internacionales en Bruselas, pero la región y la Comisión Europea estiman que el impacto de las instituciones europeas es beneficioso para la capital belga. Según un estudio de la comisaría bruselense para las relaciones con las organizaciones internacionales, la presencia de las instituciones internacionales representa cerca de 120.000 empleos en Bruselas y un maná financiero de 5.000 millones de euros al año por el pago del IVA (principalmente en hostelería y restauración).
Pero el contraste es sorprendente entre una administración europea bien pagada y los habitantes de la región de Bruselas donde los poderes públicos tienen dificultades para absorber el paro o la pobreza (ver aquí la investigación de Mediapart). Muchos diplomáticos, funcionarios europeos y otros lobbistas mantienen poco contacto con el resto de la población y viven en barrios muy específicos.
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“Hay que plantearse la cuestión de la contribución de las instituciones internacionales en las ciudades donde están establecidas”, dice el belga Marc Botenga, cabeza de lista del PTB (Partido del Trabajo Belga, de izquierda radical) en las elecciones europeas y consejero político del GUE/NGL, el grupo de izquierdas crítico del Parlamento Europeo. Para él, las contribuciones financieras de muchas organizaciones internacionales podrían ser renegociadas por las autoridades belgas. “Bruselas es una capital europea, ¿pero quiere eso decir que los bruselenses viven mejor, que los belgas viven mejor?, se pregunta. ____________Traducción de Miguel López.
Aquí puedes leer el texto original en francés.
Existe un punto común entre lo que dice Ian Brossat, cabeza de lista del Partido Comunista Francés (PCF) para las europeas del 26 de mayo, y la alemana Annegret Kramp-Karrenbauer, la nueva presidenta de la CDU, el partido de Angela Merkel. Y no es solamente su firme oposición al proyecto de Emmanuel Macron sobre Europa. Ambos desean también cambios en la función pública europea.