En octubre de 2014, cuando asumió el cargo, Jean-Claude Juncker prometió una Comisión más “política”, para pasar la deprimente página de la era Barroso. En su equipo de comisarios podían contarse al menos cinco ex primer ministros: exmandatarios experimentados y conocidos en sus respectivos Estados, llamados a romper con la imagen de tecnocracia del Ejecutivo europeo. Al frente de lo que él mismo consideraba un “equipo de choque”, el luxemburgués quería generar debate en el seno de la institución, atenta a las demandas de la sociedad. Incluso prometió comparecer a menudo ante la prensa para defender sus proyectos y para hablar de asuntos de actualidad. En resumen, la acción estaba garantizada.
Dos años más tarde, ¿qué hay de tales ambiciones? El modo en que la Comisión Juncker ha gestionado el caso Barroso, y ahora el Kroesgate, deja estupefactos a propios y a extraños. Los dos asuntos indignan a los ciudadanos de toda Europa, en un momento en que el proyecto europeo recibe ataques por todos los flancos. Aunque no estamos hablando exactamente de la misma cuestión (el portugués respetó las reglas del código de conducta de la Comisión antes de fichar por Goldman Sachs, mientras la neerlandesa Neelie Kroes ha reconocido haberlas ignorado durante su mandato), un asunto y otro tienen que ver con la toma de decisiones en Bélgica y los intereses privados del big business.
Pero Juncker, presidente de una Comisión cada vez más debilitada por lo que él mismo denomina las “policrisis” (refugiados, euro, Brexit, etc.), hasta la fecha no ha considerado necesario mostrar alto y fuerte su desacuerdo con estas prácticas escandalosas. ¿Es consciente de la gravedad de ambos casos y del impacto que tiene en los ciudadanos? Parece que no. En una entrevista concedida a Le Soir, a finales de julio –un mes después de conocerse el caso Barroso– se conformó con apuntar que él “no habría hecho” lo que su predecesor, que aceptó el cargo. La respuesta se queda un poco corta. Hasta François Hollande no dudó en calificar de “moralmente inaceptable” que Barroso fichase por unos de los gigantes de Wall Street.
En la sala de prensa de la Comisión, este jueves 22 de septiembre de Bruselas, Juncker no habló con los periodistas del caso Kroes. Fue su portavoz el encargado de hacerlo, como de costumbre. Business as usual. La credibilidad del proyecto europeo se desmorona por momentos, pero nada cambia. Margaritis Schinas manifestó que su jefe acababa de escribir a Neelie Kroes para pedirle… “aclaraciones”. “Una vez conocido el alcance de los hechos, la Comisión decidirá las medidas que toma”, dijo su portavoz, haciendo entender que es posible que se sancione a la neerlandesa (se habla de la suspensión de su pensión de comisaria, igual que sucedió cuando saltó la polémica con Barroso). Y eso es a grandes rasgos todo lo que dijo, pese a las preguntas y repreguntas de los periodistas.
En lo que respecta al caso Kroes, los hechos son incontestables, aunque no haya, propiamente dicho, nada ilegal: la interesada simultaneó durante varios años el puesto de comisaria europea de Competencia (2004-2009), en la primera Comisión Barroso, con el cargo de administradora de una sociedad opaca del sector energético, Mint Holdings Limited, con sede en Bahamas, un paraíso fiscal. La neerlandesa, figura política de primer orden en su país, pero prácticamente desconocida fuera de los Países Bajos, ha justificado haber “omitido” dicho cargo de la declaración de intereses presentada en la época. En concreto, el abogado de Neelie Kroes, de 75 años, apeló a la buena fe de su clienta y aseguró que asumirá “responsabilidades”: “Debido a un error administrativo, figuraba inscrita en el registro de la sociedad, cuando ella nunca participó en las reuniones ni en las actividades de Mint Holdings Limited [en el periodo 2004-2009]”.
Para la Comisión Juncker, el escándalo Kroes es un golpe muy duro. Mina los esfuerzos llevados a cabo desde hace meses –y que habían terminado por pagar–para presentar a la Comisión en la vanguardia de la lucha contra los paraísos fiscales, mano a mano con la OCDE. La multa impuesta a Apple a finales de agosto supuso un hito (una tal Neelie Kroes dio su opinión al respecto en The Guardian). “En lo que respecta a los asuntos fiscales no hay que abandonar esta senda”, decía en septiembre Pierre Moscovii, el comisario francés, convencido ahora de que los Bahamas Leaks refuerzan todavía más dicha dinámica.
La batalla que libra la Comisión de Bruselas contra los “malos pagadores”, ejecutada con el entusiasmo de los conversos, había permitido hacer olvidar algunos casos que saltaron al comienzo del mandato Juncker. Los Panama Papers, de la primavera de 2016, salpicaron al comisario de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, cuya esposa aparecía en los documentos por haber dirigido una empresa en Panamá (tampoco Cañete consideró necesario hacerlo constar en su declaración de intereses y sigue en el cargo). En cuanto al LuxLeaks de un año antes y que sacaban a la luz los acuerdos secretos entre Luxemburgo y algunas multinacionales, Juncker estaba en el centro de la polémica (convertido en el lobo del rebaño, por parafrasear a la eurodiputada Eva Joly). Hacía unos meses que parecía que se había pasado página. Sin embargo, el caso Kroes ha reabierto viejas heridas, que recuerdan a Jean-Claude Juncker sus errores iniciales (que se había dedicado a camuflar durante dos años).
En este punto, la única medida que Juncker ha tomado concierne al caso Barroso: presionado por una petición ciudadana y por los sindicatos, en el seno de la Comisión, ha aceptado recabar la opinión del “comité de ética” ad hoc –integrado por tres expertos, encargados de analizar, durante los 18 meses posteriores al cese en sus funciones de un comisario, posibles conflictos de intereses vinculados a su nueva profesión. Tal y como la plataforma sin ánimo de lucro CEO ya ha recordado, este comité de ética (antes dirigido por un… lobbysta próximo a la industria del tabaco, el francés Michel Petite) ahora está constituido por personas nombradas por el colegio de comisarios (dos de tres integrantes lo fueron con Juncker). Y todos ellos han trabajado o han estado vinculados con la carrera de Barroso. Baste como ejemplo el caso del austriaco Heinz Zourek, exintegrante de la Comisión, que dirigió los servicios de la Dirección General de Tributos hasta 2015.
Prueba de que la acción de este comité está lejos de ser irreprochable, es que no ha tenido nada que decir a las puertas giratorias de los excomisarios estos últimos años. Según CEO, nueve de ellos, de los 26 que componían la segunda Comisión Barroso (2009-2014), trabajan en multinacionales. Neelie Kroes, tras dejar su cargo en la Comisión, pasó a ser asesora especial para Europa del Bank of America Merril Lynch. En mayo de 2006, fue Uber, el servicio de alquiler de coche con conductor, quien la contrató.
¿Se decidirá Juncker a hacer más, a poner en marcha una reforma ambiciosa del famoso “código de conducta” interno aprobando, en concreto, un abanico de sanciones más disuasivas? El verano pasado, su vicepresidenta, la búlgara Kristalina Georgieva, tomó una decisión de sentido común: puso fin, después de mucho dudar, a un contrato plurianual con la tabacalera Philip Morris y la Comisión (en nombre de la lucha contra falsificación). De manera más general, el número dos de la Comisión, el neerlandés Frans Timmermans, lucha desde su llegada por dar más publicidad a las actividades de los comisarios, con la publicación en la web de las agendas de los comisarios y miembros del gabinete.
Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto con el caso Kroes: todo no es más que palabrería; las agendas públicas no se actualizan muy a menudo y faltan medios para comprobar las declaraciones de los interesados. Preguntado el jueves sobre este aspecto, el portavoz de Juncker se limitó a responder: “Contamos con la precisión, la veracidad y la exhaustividad de las declaraciones de nuestros comisarios. No disponemos de policías, que puedan enviarse a las Bahamas o a otros puntos con el fin de buscar aquello que no se nos ha comunicado. Sin embargo, sí tenemos la posibilidad de comprobar algunas cosas”. No es un buen presagio.
Las élites políticas europeas han basado durante mucho tiempo su legitimidad no con relación a las elecciones (como en los Estados nación), sino a partir de diversas formas de asesoramiento (es lo que algunos han dado en llmar output legitimacy, la legitimación de los resultados) o en la capacidad de defender el interés general europeo, más allá de los egoísmos nacionales. Para que esta ficción funcione, el comportamiento debe ser irreprochable. Después de los escándalos que han salpicado a Cañete, Barroso o Kroes, hay que ser muy optimista o quizás un poco inocente, para creer a estas alturas que la renovación del proyecto europeo se reinventará con esos actores en el escenario.
Juncker pide a los líderes europeos “suavizar diferencias” para que la UE pueda funcionar
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
En octubre de 2014, cuando asumió el cargo, Jean-Claude Juncker prometió una Comisión más “política”, para pasar la deprimente página de la era Barroso. En su equipo de comisarios podían contarse al menos cinco ex primer ministros: exmandatarios experimentados y conocidos en sus respectivos Estados, llamados a romper con la imagen de tecnocracia del Ejecutivo europeo. Al frente de lo que él mismo consideraba un “equipo de choque”, el luxemburgués quería generar debate en el seno de la institución, atenta a las demandas de la sociedad. Incluso prometió comparecer a menudo ante la prensa para defender sus proyectos y para hablar de asuntos de actualidad. En resumen, la acción estaba garantizada.