La cuestión va a volver a plantearse. Inevitablemente. En un momento en que el poder adquisitivo de los hogares se hunde frente a la inflación, mientras los grupos y el mundo financiero obtienen beneficios colosales, las finanzas públicas se deterioran y las políticas de austeridad vuelven a estar de moda, el tema de la fiscalidad no puede dejar de plantearse. Sin embargo, es en este mismo momento cuando los gobiernos entierran discretamente el proyecto de un impuesto mundial sobre las multinacionales.
“Ha habido muchos anuncios, pero nada se ha materializado. No hay impulso. Seguimos oyendo hablar del aumento de la deuda, los tipos de interés y las políticas de austeridad. Pero nunca sobre fiscalidad", afirma Éric Toussaint, historiador belga y portavoz del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. El silencio en torno al impuesto mínimo global es tal que algunos creen que esta iniciativa, considerada la más prometedora en la lucha contra la evasión fiscal desde hace varias décadas, es ahora un proyecto que ha nacido muerto.
Del aplauso al silencio
Preguntada por el estado exacto de las negociaciones, la OCDE no respondió. Y eso que hubo muchas promesas y aplausos cuando la OCDE anunció un acuerdo sobre fiscalidad mundial en octubre de 2021. Ciento cuarenta países dijeron ser signatarios del texto, que preveía la introducción de un tipo impositivo global mínimo para las multinacionales. Todos ellos juraron que se había acabado la carrera a la baja, los paraísos fiscales y la evasión fiscal a gran escala, que privan a los gobiernos de cientos de miles de millones de ingresos públicos cada año. Sólo los paraísos fiscales son sospechosos de malversar 500.000 millones de euros al año, principalmente a costa de los países europeos.
La primera parte, conocida como "primer pilar", se dirige principalmente a los gigantes digitales, que aplican con consumada habilidad todas las técnicas de la evasión fiscal. El plan es obligarles a pagar impuestos allí donde realizan sus ventas. Una segunda parte, conocida como "segundo pilar", impondría un tipo impositivo mínimo del 15% a todos los grupos con ventas de al menos 750 millones de euros. Con la posibilidad de que un tercer país reclame los frutos de este impuesto si el país en cuestión no lo aplica.
En aquel momento, muchos expertos en la materia señalaron el bajo tipo impositivo exigido a las multinacionales: el 15% no era un tipo muy elevado para grupos que obtienen decenas de miles de millones de beneficios. La OCDE y los gobiernos explicaron que esa era la condición necesaria para ganarse a todos los países, sobre todo a los que, como Irlanda, se habían acostumbrado a utilizar una fiscalidad agresiva para atraer a los grandes grupos. En su opinión, el proyecto era un primer paso. Otros vendrían después.
Prevista para entrar en vigor en 2023, la segunda parte no lo hizo hasta el 1 de enero de 2024. Pero de los 140 signatarios iniciales, sólo 55 lo han aplicado hasta la fecha.
Un texto diluido
Sin embargo, el texto se ha diluido debido a la ardua labor de los grupos de presión, activos durante este periodo para reducir su alcance. "Ha perdido gran parte de su sustancia", admite Quentin Parrinello, portavoz del Observatorio Europeo de la Fiscalidad dirigido por el economista Gabriel Zucman.
El primer abuso fue reconocer la existencia de una actividad económica en el país, como sedes sociales, centros de investigación y empleados, en el cálculo del impuesto mínimo del 15%. En otras palabras, todos los gastos en que se incurra se deducirán de este tipo mínimo, que en general se considera muy bajo. "Corremos el riesgo de acabar con empresas que registren tipos impositivos efectivos del 3% o el 4%, como antes", teme Quentin Parrinello.
Aunque Francia ha incluido el impuesto mínimo del 15% en su Ley de Finanzas de 2024, los grandes grupos franceses del CAC 40 pueden estar tranquilos: nada cambiará para ellos. Llevan años aprendiendo a optimizar su fiscalidad: han convertido sus actividades en Francia en centros de costes.
La carrera por los créditos fiscales
El segundo gran fallo es que a este impuesto mínimo del 15% se han añadido mecanismos de créditos fiscales. Estos créditos fiscales pueden ser de cualquier tipo y no están sujetos a ninguna condición (lucha contra el cambio climático, innovación, creación de empleo). Pueden concederse de forma opaca y arbitraria. El portavoz del Observatorio Fiscal Europeo predice que "tras una carrera a la baja, corremos el riesgo de asistir a una carrera por los créditos fiscales".
Hasta principios del año que viene, cuando se haya aplicado por primera vez el tipo mínimo mundial, no se podrán sacar las primeras conclusiones sobre este texto. Sin embargo, ya plantea algunas preguntas el hecho de que Suiza y Singapur, que desde hace décadas aplican una estrategia continua para atraer capitales y protegerlos de la fiscalidad, figuren entre los primeros países que aceptan aplicar este segundo pilar del impuesto. ¿Tendrá algún efecto esta tasa?
En cualquier caso, la OCDE ha revisado sus previsiones. Cuando se firmó el acuerdo en 2021, la organización internacional predijo que, gracias a este impuesto mínimo global, los países podrían recuperar unos 220.000 millones de dólares al año. En los últimos estudios, la cifra se ha reducido a 150.000 millones de dólares. Según los últimos estudios, a los paraísos fiscales les espera un futuro prometedor, sobre todo a Irlanda y Holanda, donde las multinacionales llevan años deslocalizando sus centros de beneficios.
Veto estadounidense
Si la aplicación de esta parte del acuerdo sobre fiscalidad mundial no es muy alentadora, el seguimiento del primer pilar, que debe sustituir al impuesto Gafam –Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft–, es francamente deprimente. El texto debe estar terminado en junio. En la reunión de ministros de Finanzas del G20, celebrada en Brasil a finales de febrero, quedó claro que el proyecto había llegado a un punto muerto. "El texto no tiene ninguna posibilidad de éxito porque tiene que ser ratificado por Estados Unidos. Y dado el contexto político actual, no lo será", pronostica una persona con información privilegiada. "Es un texto sujeto al veto estadounidense", afirma Quentin Parrinello.
Sin embargo, el acuerdo fue promovido inicialmente por la administración Biden. Negociado bajo los auspicios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, su objetivo era cortar de raíz el plan de la Comisión Europea de introducir un impuesto único europeo sobre los gigantes digitales que realizan actividades significativas en Europa pero escapan a toda tributación. En lugar de este impuesto Gafam, el acuerdo de la OCDE preveía una fiscalidad mínima para estas multinacionales.
El presidente estadounidense nunca consiguió una mayoría en el Congreso para ratificar el acuerdo, debido a la oposición del Partido Republicano, pero no sólo eso: la administración Biden, tras haber contenido la amenaza europea, se mostró mucho menos dispuesta a impulsar el proyecto después.
Y entonces el contexto cambió. En un momento de mayores tensiones geopolíticas y de vuelta a las prioridades nacionales, su objetivo es, ante todo, hacer pagar a las multinacionales estadounidenses en suelo estadounidense, y no que el producto de sus beneficios obtenidos en el extranjero beneficie a otros. Una visión totalmente compartida por Donald Trump.
En otras palabras, el proyecto no tiene ninguna posibilidad de ver la luz a corto o medio plazo. Canadá lo ha entendido, y ha introducido un impuesto sobre las actividades de los gigantes digitales a partir de mediados de 2023. En Europa, algunos países como Francia han introducido un impuesto de este tipo. Pero no es lo mismo que un impuesto único a escala europea o mundial, donde, una vez más, entra en juego la competencia fiscal.
El contraataque de los países del Sur en la ONU
Uno de los argumentos esgrimidos a menudo para justificar el empantanamiento del acuerdo de la OCDE es la iniciativa de los países emergentes, que habría roto todo el impulso. Creyendo que el acuerdo había sido negociado por y para beneficio exclusivo de los países desarrollados, una veintena de países africanos presentaron en octubre en la ONU una resolución en la que pedían un convenio internacional sobre fiscalidad que beneficiara a todos los países.
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La votación de esta resolución ilustró una vez más las actuales divisiones internacionales: todos los países miembros de la OCDE votaron en contra. Tras varios meses de tensiones y desacuerdos, la relación parece haberse calmado, según Quentin Parrinello, que asistió a la cumbre del G20 en Sao Paulo: "La OCDE y la ONU parecen tener la intención de trabajar juntas. Pero llevará tiempo, probablemente varios años, encontrar un convenio marco".
¿Es posible reactivar un sistema fiscal mundial justo a nivel de la ONU? ¿Lo permitirá el contexto geopolítico? Y, sobre todo, ¿tenemos tiempo para esperar tanto? Todas estas son preguntas que, a estas alturas, nadie sabe responder.
Éric Toussaint es pesimista. "Los países del Sur han hecho una serie de declaraciones con las que no podemos sino simpatizar. Sin embargo, cuando miramos a los Brics [Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica], no hay coherencia en sus declaraciones. Las nuevas potencias económicas mantienen la misma lógica. No proponen ninguna política alternativa".
La cuestión va a volver a plantearse. Inevitablemente. En un momento en que el poder adquisitivo de los hogares se hunde frente a la inflación, mientras los grupos y el mundo financiero obtienen beneficios colosales, las finanzas públicas se deterioran y las políticas de austeridad vuelven a estar de moda, el tema de la fiscalidad no puede dejar de plantearse. Sin embargo, es en este mismo momento cuando los gobiernos entierran discretamente el proyecto de un impuesto mundial sobre las multinacionales.