Jair Bolsonaro desmantela metódicamente el derecho ambiental en Brasil

A principios de abril, en el bosque nacional de Jamari, agentes del Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente), aparecen armados para poner fin a la explotación ilegal de madera financiada por productores de la región de Rondônia (noroeste del país). Para evitar que la actividad no vuelva a comenzar cuando se vayan, los funcionarios le pegan fuego a dos camiones y a un tractor, como autoriza la legislación desde 2008. Indignados, los productores se organizan para “no dejar que pase eso”. Uno de ellos contacta con el secretario de Medio Ambiente de Rondônia, quien a su vez contacta con el gobernador de Rondônia, miembro del PSL, el partido de Bolsonaro, que alerta al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.

“Ricardo Salles me ha informado de esta situación. Ya ha abierto un expediente  administrativo contra los responsables. No hay que quemar las máquinas, los tractores ni nada de nada. No es nuestra política”, dice Jair Bolsonaro en un vídeo difundido en redes sociales. En menos de un minuto, el mensaje del presidente es suficiente para detener todas las operaciones en la región del bosque de Jamari. Ahora bien, justo a partir de abril, con el final de la estación lluviosa, es cuando la actividad de los inspectores parece intensificarse. Incluso antes de la intervención del presidente, la acción del Estado parecía ya paralizada: en 4 meses, solamente 40 mde madera ilegal (equivalente a diez grandes troncos de árbol), contra 25.000 m  en el mismo periodo en 2018.

“Ya no vamos más al terreno. Desde principios de 2019 todas las operaciones previstas van con retraso y no sé si finalmente serán realizadas”, explica Daniel (nombre cambiado), un agente de campo del Ibama que ha aceptado hablar anónimamente. Porque en esta institución, que depende del ministerio de Medio Ambiente, todos los funcionarios viven con miedo a perder su empleo.

El responsable de la multa que le impusieron a Jair Bolsonaro en 2012 por pesca ilegal en una unidad de protección integral (una reserva natural prohibida al público) ha sido despedido. Pero, más allá de este caso emblemático, se ha iniciado desde principios de este año una oleada de exoneraciones sin precedentes. Han sido dadas consignas expresamente para prohibir cualquier contacto con los periodistas, incluso al agregado de prensa del Ibama, que debe redirigir todas las peticiones al ministro. Otra empleada que había aceptado hablar en un primer momento ha preferido anular la entrevista, “por prudencia”.

La presión es generalizada. Por ejemplo, las reglas del Ibama indican que si prescribe un dossier, el agente responsable puede ser sancionado. Antes, salvo irregularidades o corrupción, el expediente administrativo concluía que el funcionario estaba sobrecargado de asuntos y que había tenido que priorizar los más importantes. “Ahora, todos los que dejan que un dossier prescriba son sancionados y pueden incluso ser despedidos”, dice Daniel. “De repente, muchos prefieren no encargarse de nuevos crímenes o delitos medioambientales”.

Además de intimidar la base y los funcionarios diligentes, el gobierno arremete contra los superiores jerárquicos. En abril, el presidente del ICMBio (encargado de la protección de las 335 reservas ecológicas del país, que depende también del ministerio) dimitió tras las acusaciones caprichosas del ministro en su contra. Éste había anunciado en una reunión del lobby del agrobusiness que habría sanciones porque no estaba allí presente ningún miembro del ICMbio. Pero resulta simplemente que los funcionarios no habían sido invitados.

“Es una verdadera caza de brujas y el ambiente interno es terrible. Son gente que pone todo su empeño en defender el medio ambiente y el Gobierno les impide hacer su trabajo”, nos dice Márcio Astrini, analista de Greenpeace. La presidenta del Ibama también ha dimitido en enero por las falsas acusaciones de corrupción compartidas en redes sociales por el presidente y por Ricardo Salles.

El ministro ha echado a 21 de los 27 directores regionales (uno por cada Estado de la federación) sin sustituirles (sólo lo han sido dos puestos). “Sin un alto responsable no se toma ninguna decisión”, analiza Daniel. “Nuestros superiores dicen que no hay presupuesto para ir sobre el terreno. Es falso, las actividades de 2019 fueron autorizadas en 2018, por lo que el dinero ha sido ya librado. Incluso sin orden oficial, nuestros jefes tienen miedo a ser despedidos o apartados si autorizan operaciones que son sin embargo legales”. A finales de mayo han sido finalmente anunciadas una serie de operaciones, pero ha sido previamente divulgado el lugar donde se iban a desarrollar en la web del Ibama, por lo que se reduce su utilidad y su eficacia, basadas en la sorpresa.

El Gobierno ha terminado por reducir el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. Algunos sectores como el de la lucha contra el cambio climático acusan una bajada del 95%. El Ibama también ha sufrido recortes dramáticos: un 24% de media que aumenta hasta el 38% para la prevención de incendios. Una medida que podría hacer estragos en la Amazonía, donde la estación de incendios se extiende de junio a octubre y muchos fuegos son intencionados, permitiendo así revalorizar los terrenos a favor de los ganaderos o grandes hacendados.

Frente a los despidos y dimisiones masivos, el ministro se rodea de militares con los que comparte sus ideas antiecológicas y, mientras tanto, al menos cinco secretarías importantes del ministerio siguen sin dirección. El Gobierno parece estar esperando el mejor momento para ofrecer los puestos vacantes a aliados políticos a cambio de apoyo en asuntos difíciles, como la reforma de las pensiones. “Los que van a ser nombrados no serán ni amigos del medio ambiente ni conocedores del tema”, se lamenta Daniel.

Durante la campaña, Bolsonaro quería transferir todas las competencias de medio ambiente al Ministerio de Agricultura. “Finalmente ha adoptado un plan B: hacer de ese ministerio un concha vacía al desmontar todos los mecanismos de protección implantados desde hace 30 años”, detalla Márcio Astrini, de Greenpeace. El Consejo Nacional de Medio Ambiente, cuyo papel ha sido esencial en la elaboración de la legislación brasileña, ha sido prácticamente desmantelado al pasar el servicio de protección forestal al Ministerio de Agricultura, dirigido por un representante del lobby del agrobusiness. “Hasta hoy no ha sido tomada medida alguna a favor de la ecología”, afirma Daniel. “Este Gobierno está totalmente contra la protección del medio ambiente”.

La ofensiva para modificar la legislación medioambiental se multiplica a todos los niveles, especialmente para reducir o hacer desparecer zonas protegidas. Josué (nombre también modificado), otro funcionario del Ibama que ha aceptado hablar anónimamente, se lamenta de la política pesquera: “Las cuotas de pesca han sido siempre decididas tomando en cuenta la opinión de un organismo vinculado a la defensa del medio ambiente. Ahora, solo decide el Ministerio de Agricultura”. El padre del nuevo secretario nacional de Pesca, que dirige una gran empresa del sector, acumula 650.000 euros en multas por pesca ilegal. En cuanto al futuro de los árboles brasileños, el nuevo director del servicio de bosques es un exdiputado que fue uno de los principales opositores al código forestal, mientras que su ministro ha sido condenado por favorecer a empresas mineras cuando era secretario de Medio Ambiente en São Paulo.

Por su lado, Bolsonaro ha anunciado su voluntad de transformar la reserva en la que le multaron en un Cancún brasileño. “Pero es más difícil cambiar la legislación porque necesita el apoyo del Congreso, con el que tiene malas relaciones”, explica Márcio Astrini. Ahora el nuevo jefe del Estado apuesta por los decretos presidenciales, por ejemplo para poner en marcha un sistema que facilita la amnistía de las multas medioambientales.

Durante toda su campaña, Bolsonaro denunció una supuesta “industria de la multa” que corrompería el Ibama e impediría desarrollarse al país. A finales de abril confirmó su voluntad de “hacer limpieza”. “Estamos acostumbrados a ser criticados sobre el terreno, a nadie le gusta recibir una multa”, explica Daniel. “Pero si es el presidente el que nos critica, eso tiene consecuencias. Cada funcionario que luche contra los buscadores de oro clandestinos o las serrerías ilegales sabe ahora que irrita personalmente al presidente”.

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Las repetidas críticas de Bolsonaro tienen consecuencias directas en los territorios en tensión. Antes de su presidencia, los funcionarios del Ibama corrían ya el riesgo de ser atacados durante sus operaciones e incluso en sus locales, uno de ellos incendiado en 2017. Pero para Daniel, el clima es aún peor. Dice que “los autores de infracciones son cada vez más audaces. ¡En algunos lugares la población cree que desde la llegada de Bolsonaro las acciones del Ibama son ilegales! De repente, los enfrentamientos son cada vez más violentos”. Traducción de Miguel López.

Aquí puedes leer el texto original en francés.