Encarcelado desde hace más de cuatro años en una prisión de alta seguridad cerca de Londres, Julian Assange está ahora "peligrosamente cerca de la extradición" a Estados Unidos, donde se enfrenta a una pena de hasta 175 años de cárcel por publicar documentos confidenciales, advirtió el pasado jueves Reporteros sin Fronteras (RSF).
Según esta organización, el martes 6 de junio un magistrado británico rechazó el recurso presentado por el antiguo editor de WikiLeaks contra la orden de extradición firmada el 17 de junio de 2022 por la entonces Ministra británica del Interior, Priti Patel.
A Julian Assange sólo le queda ahora un recurso en virtud de la legislación nacional británica para impugnar su extradición. Este recurso se presentará a principios de la próxima semana, según ha anunciado en Twitter su esposa, Stella Assange. “El caso se verá entonces en una vista pública ante dos nuevos jueces", dijo, "y seguimos siendo optimistas con que ganaremos y Julian no será extraditado".
“Es absurdo que un solo juez pueda tomar una decisión de tres páginas que podría enviar a Julian Assange a prisión para el resto de su vida y que podría tener repercusiones en todo el mundo", ha declarado Rebecca Vincent, directora de campañas del caso Julian Assange en RSF. “Es hora de poner fin a esta persecución de Julian Assange. Es hora de actuar para proteger el periodismo y la libertad de prensa. Nuestro llamamiento al presidente Biden es más urgente que nunca: retire los cargos, cierre el caso contra Assange y autorice su liberación lo antes posible."
Después de su detención el 11 de abril de 2019 en los locales de la embajada ecuatoriana en Londres, Julian Assange se encuentra ahora recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres. Mantenido en régimen de aislamiento, ha sido sometido a condiciones de detención que han sido denunciadas en repetidas ocasiones por sus defensores. En diciembre de 2020, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, las comparó con "la detención arbitraria, pero también con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".
El martes 4 de abril, se negó la entrada a la prisión al secretario general de RSF, Christophe Deloire, y a Rebecca Vincent, a pesar de que el día anterior se había confirmado el acuerdo de visita. Sólo Stella Assange pudo visitar a su marido.
La justicia de Estados Unidos pretende juzgar al fundador de WikiLeaks por dieciocho cargos, entre ellos una violación de la Ley de Espionaje cuando, en 2010, publicó documentos facilitados por Chelsea Manning en los que se detallaban abusos del ejército americano en Irak y Afganistán.
Solicitud de extradición rechazada en primera instancia
La solicitud de extradición de Estados Unidos fue rechazada en primera instancia en enero de 2021 por considerar que el estado de salud de Julian Assange era incompatible con las drásticas condiciones de encarcelamiento y aislamiento a las que sin duda sería sometido en Estados Unidos. La juez Vanessa Baraitser dictaminó entonces que "el estado mental de Julian Assange es tal que sería un abuso extraditarlo a Estados Unidos".
El Gobierno estadounidense recurrió esa decisión y, en febrero de 2021, envió a la justicia británica una "nota diplomática" en la que pretendía ofrecer una serie de "garantías".
Julian Assange no sería recluido en una prisión de alta seguridad ni en régimen de aislamiento. Las autoridades americanas también abrieron la puerta a un posible traslado de Julian Assange a Australia, su país de origen, para que pudiera cumplir allí su condena. Por último, Estados Unidos se comprometió a garantizar que Julian Assange recibiría "tratamiento clínico y psicológico adecuado" a su estado de salud.
En la vista de apelación, en diciembre de 2021, los abogados de Julian Assange cuestionaron la validez de esas "garantías", que la justicia estadounidense podría revisar en función del comportamiento del periodista durante su detención. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Londres aceptó las promesas estadounidenses y anuló la sentencia de primera instancia.
En enero de 2022, los defensores de Julian Assange pudieron presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, en marzo siguiente, el Tribunal Supremo se negó a examinar el recurso y, un mes después, la orden de extradición fue transmitida a Priti Patel, que la firmó en junio de 2022.
El recurso rechazado el pasado 6 de junio se refería a esa firma de la orden de extradición. Una vez estudiado el nuevo recurso, los abogados de Julian Assange habrán agotado todas las vías de recurso previstas en la legislación británica. Su última esperanza residirá entonces en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ante el que se presentó un recurso el pasado mes de diciembre.
Este avance en el procedimiento de extradición se produce dos días después de la publicación de nuevos datos sobre la operación de espionaje de la que fue víctima Julian Assange entre enero de 2017 y marzo de 2018 mientras estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.
Espías españoles y "amigos americanos”
En enero de 2020, el diario El País reveló que una empresa española de seguridad privada, Undercover Global (UC Global) y su director, David Morales, habían llevado a cabo una operación de espionaje especialmente intrusiva sobre Julian Assange, bautizada como "Operación Hotel", sin conocimiento de las autoridades ecuatorianas y por encargo de un cliente americano.
En el marco de una investigación abierta por las autoridades judiciales españolas, se incautaron numerosos documentos internos de la empresa, en particular de varios empleados de UC Global que aceptaron colaborar en calidad de "testigos protegidos".
Según informó en su momento Mediapart, que tuvo acceso a muchos de los documentos, UC Global había instalado varias cámaras y micrófonos en las pocas habitaciones ocupadas por Julian Assange, incluso en los aseos femeninos. Los teléfonos y documentos de todos los visitantes del periodista, incluidos sus abogados, fueron abiertos y fotografiados.
Entre las víctimas se encuentran la periodista Sarah Harrison, cercana colaboradora de Julian Assange; Jennifer Robinson, su abogada inglesa; Baltasar Garzón, su abogado español; Renata Ávila, activista guatemalteca y miembro de su equipo de defensa, y, como reveló Mediapart en noviembre de 2019, el abogado franco-español Juan Branco.
En los documentos internos de UC Global recuperados por las autoridades judiciales españolas, se aludía al patrocinador de esta operación en términos imprecisos como "amigos americanos". Pero había varios indicios de que la CIA estaba implicada.
El domingo 4 de junio, nuevas revelaciones de El País confirmaron esa hipótesis. El diario español informa de que un fallo informático en el almacenamiento de los documentos incautados en el domicilio de David Morales ha sacado a la luz nueva información. Los abogados de Julian Assange descubrieron que, en un disco duro externo perteneciente al jefe de UC Global, se almacenaban vídeos en una subcarpeta "vídeos" situada en una subcarpeta "embajada", que estaba a su vez en otra subcarpeta titulada "CIA".
En este caso, el lunes 15 de agosto de 2022, dos periodistas y dos abogados cercanos a Julian Assange presentaron una denuncia contra la CIA y su antiguo director, Mike Pompeo, por espiarles cuando visitaron al fundador de WikiLeaks en la embajada de Ecuador en Londres.
El silencio condena a Julian Assange
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Traducción de Miguel López