El lastre de la troika en Grecia

La coincidencia en el calendario no es fruto del azar. Este jueves 18 de junio, a las tres de la tarde, comenzaba en Luxemburgo la sexta reunión del Eurogrupo, desde que el Gobierno de Tsipras tomó posesión a principios de enero. En ese mismo momento, en Atenas, a las cuatro de la tarde, hora local, el comité que audita la deuda griega estaba terminando de presentar su primer informe en el Parlamento, después de dos meses y medio de trabajos, y se disponía a ofrecer una rueda de prensa.

Este informe es demoledor para los Gobiernos y la gestión de la crisis griega realizada por las instituciones europeas y el FMI desde 2010. El objetivo de esta comisión era el de ofrecer al Gobierno las herramientas y los argumentos a favor de la reestructuración de la deuda pública, tal y como recogía Syriza en su programa, el momento estaba bien elegido. ¿Lo entenderían así sus socios?

Es poco probable. Desde la llegada al poder de Tsipras, sus socios europeos han hecho todo lo posible por enterrar la cuestión de la reestructuración de la deuda, que el primer ministro griego quería situar en el centro de las negociaciones. En un primer momento, obligado a negociar sobre el final del programa de asistencia financiera –es decir, garantizar el pago de los 7.200 millones de euros previstos en los préstamos UE-FMI–, el Ejecutivo griego ha aceptado separar las dos cuestiones y posponer el debate sobre la deuda para más adelante, una vez resuelta la primera cuestión.

Sin embargo, sigue sin alcanzarse el acuerdo anunciado. En la mesa de negociaciones, nadie habla de reestructuración, menos aún de condonación ni de descuento. Lejos queda la época en la que Yanis Varoufakis proponía la creación de “obligaciones indexadas sobre el crecimiento”, con el fin de aligerar el fardo de la deuda… Corría el mes de febrero. O, dicho de otro modo, al ritmo al que avanza la crisis griega, el siglo pasado.

Desde entonces, los dirigentes griegos no han dejado de rebajar sus exigencias. A excepción de algunas medidas sociales votadas en la Vouli la pasada primavera, Alexis Tsipras ha dado marcha atrás en los principales puntos de su programa, aunque nunca lo suficiente, a los ojos de los europeos. Pese a todo, en noviembre de 2012 se adquirió un compromiso. Los acreedores de Grecia (FMI, BCE, Comisión Europea) se comprometieron a abordar el asunto de la reestructuración de la deuda tan pronto como se consiguiese un excedente presupuestario primario. Después de cuatro años de recortes de todo tipo, el objetivo terminó alcanzándose a finales de 2013, con el anterior gobierno. ¿Por qué entonces los socios institucionales no cumplen sus promesas?

La respuesta no hay que buscarla en Atenas, ni tan siquiera en Bruselas. Donde hay que mirar es en Madrid. Este otoño, los españoles están llamados a las urnas. Y Podemos va viento en popa… Llegar a un acuerdo con los griegos sobre un plan demasiado acorde al programa de Syriza supondría enviar una señal sobre que la izquierda radical puede cambiar las cosas en Europa, que es factible otro programa que no sea el de la austeridad, que la deuda se puede condonar. Dicho de otra manera, una mala señal para el pensamiento rigorista que domina en estos momentos en Bruselas.

En realidad, las diferentes instituciones están distantes. El FMI, consciente del peso que tiene una deuda insostenible sobre la recuperación de la economía, es partidario, y desde hace tiempo, de reestructurar la deuda. Pero su posición es más fácil de sostener que la de la Comisión y la de los dirigentes europeos, contrarios a todo lo que se pudiera parecer a un reescalonamiento o a una condonación, incluso parcial. De hecho las finanzas públicas europeas son las más expuestas a la deuda griega en estos momentos. Dicho de otro modo, los presupuestos nacionales del continente pueden verse directamente afectados en el caso de una condonación.

¿Qué es lo más costoso a largo plazo? ¿Los países, y con ellos los mercados que se hunden bajo el peso de una deuda imposible de reembolsar, o varios miles de millones condonados de una vez por todas? Sin hablar del coste social y humano que conlleva para un país los vencimientos del reembolso que no acaba. El informe de la comisión que realiza la auditoria de la deuda presentado estos dos últimos días en Atenas es, en este sentido, abrumador.

Los expertos designados por el Parlamento griego han hecho mención expresa al impacto devastador que han tenido, desde 2010, las políticas de austeridad en el nivel de vida, pero también en la justicia social, la cohesión social, los derechos humanos y la democracia. “Grecia no solo no tiene capacidad para pagar esta deuda, sino que no debería pagarla sobre todo porque la deuda resultante de los acuerdos de la troika supone una violación directa de los derechos humanos fundamentales de los habitantes griegos”, se puede leer en el resumen del informe.

La comisión auditora también ha analizado la composición y la evolución de la deuda helena a partir de los años 80. Contrariamente a lo que se ha hecho creer, descubrimos que lejos de estar vinculada al excesivo gasto público, “que era en realidad más bajo que el gasto público de otros países de la eurozona” para el mismo periodo, el aumento de la deuda era debido sobre todo “al pago de intereses extremadamente elevados a los acreedores, a los gastos militares excesivos e injustificados, a pérdidas de ingresos fiscales por las salidas ilegales de capitales, a la recapitalización estatal de bancos privados y al desequilibrio internacional generado por las quiebras en la construcción de la unión monetaria”.

Cese de los pagos

Dicho de otro modo, nada que ver, en sentido estricto, con un Estado griego supuestamente ultraderrochador, una función pública supuestamente sobredimensionada o con un fraude fiscal endémico que supuestamente no tenía parangón en Europa… El informe tiene el mérito de poner negro sobre blanco algunas ideas recibidas de Grecia que siguen muy arraigadas, cinco años después el comienzo de programas de “saneamiento presupuestario” que han devastado la economía del país. Pero sobre todo pone de manifiesto lo absurdo de estos acuerdos: “La utilización del dinero de los rescates la dicta exclusivamente los acreedores y es revelador que menos del 10% de estos fondos estén destinados a gastos corrientes del Estado”.

Además, el informe de auditoría precisa que “el primer acuerdo de préstamo, de 2010, estaba dirigido fundamentalmente a salvar a los bancos privados griegos y europeos y a permitir a estas entidades reducir su exposición a las obligaciones del Estado griego”. Dicho de otro modo, no se ha hecho nada para favorecer la recuperación, esta política se ha revelado perfectamente contraproducente.

El informe subraya además los problemas que plantean estos acuerdos de préstamos firmados en 2010 y en 2012 en términos de soberanía nacional. Estos dos acuerdos se firmaron conforme al derecho inglés y “contienen cláusulas abusivas, que obligan a Grecia a renunciar a aspectos importantes de su soberanía”. Se denuncia el papel de cada una de las instituciones. Se acusa especialmente al BCE de haber sobrepasado sus atribuciones al imponer, como integrante de la troika, programas de ajuste macroeconómico, tales como la desregulación del mercado del trabajo.

En conclusión, la deuda pública griega es, para la comisión auditoria, no sólo es “insostenible” económicamente, “ilegal”, desde un punto de vista jurídico”, “ilegítima” porque se ha contraído en condiciones opacas y en contradicción con los intereses del pueblo griego, sino también “odiosa”, porque las instituciones que han firmado estos acuerdos eran perfectamente conscientes de todo esto.

En este análisis es fácil reconocer la postura del CADTM, el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, varios de cuyos miembros integran la comisión, y los análisis que elaboraron en 2010 para Grecia. El propio presidente de la asociación, Éric Toussaint, ya elaboró un trabajo similar sobre la deuda ecuatoriana en 2009, que ha impulsado los trabajos de comisión griega.

En esta ocasión, el informe procede de una de las más altas autoridades del país, el Parlamento. El Gobierno griego, ¿podrá utilizarlo para retomar las conversaciones sobre la reestructuración de la deuda pública? El informe que habla de “mala fe” por parte de los acreedores estima que “Grecia ha sido y sigue siendo la víctima de un ataque premeditado y organizado por parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Esta misión violenta, ilegal e inmoral estaba dirigida exclusivamente a trasladar la deuda privada al sector público”.

No está claro que los acreedores lo vayan a tomar en consideración, pero la comisión auditora no se limita a hacer constataciones. También hace recomendaciones. En el último capítulo de su informe, invita al Gobierno griego a apelar a “la necesidad de salvaguardar los intereses fundamentales, amenazados por un peligro grave e inminente”, en la medida en que “el servicio de la deuda es insostenible”. En resumen, invita al Estado heleno a declarar unilateralmente el fin del pago, cuando Atenas debe reembolsar, este 30 de junio, 1.600 millones de euros al FMI.

Por su parte, la presidenta del parlamento Zoi Konstantopoulou (Syriza), por iniciativa de esta auditoría, ha efectuado un llamamiento para que se restituyan los trabajos sobre la deuda en la conferencia europea. “La cuestión de la deuda no es un asunto para los tecnócratas, es una cuestión para los ciudadanos y sus representantes. […] La Comisión ha realizado declaraciones completamente cínicas: 'Una conferencia sobre la deuda, existe y es el Eurogrupo, pero ¡el Eurogrupo no es una conferencia! Hace falta una verdadera conferencia europea sobre la deuda!”.

No, la pelota no está exclusivamente “en el tejado griego”, como pretendía al llegar este jueves a la reunión del Eurogrupo el comisario francés Pierre Moscovici. Es hora de que los europeos tengan en cuenta la dimensión del problema, en lugar de mostrarse aún más duros que con el Gobierno anterior (derecha-socialistas) y de imponer al Ejecutivo de Tsipras condiciones que nunca antes habían requerido. En 2010, la deuda griega suponía en torno al 120% del PIB.

Cinco años de austeridad más tarde, a pesar de haber pagado 230.000 millones de euros en préstamos UE-FMI y de dos operaciones de cancelación parcial por parte de acreedores privados, en 2012, a día de hoy casi representa el 180% del PIB. Es hora de que el círculo vicioso del sobreendeudamiento acabe.

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Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto original en francés: