La libertad de información en peligro: qué hay detrás de la acusación de espionaje contra Assange

El Daily Beast, un diario digital, ha resumido todo en una frase: “Por primera vez en la historia moderna de los Estados Unidos, el Gobierno ha acusado a un editor por haber revelado información clasificada”.

Nunca, desde 1917, había sido utilizada la ley sobre espionaje (Espionage Act) para criminalizar la revelación pública de información gubernamental, una ley promulgada en los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial para perseguir a los comunistas, socialistas y pacifistas americanos, considerados entonces como traidores a la nación.

Sus fuentes, denunciantes valientes, habían pagado el precio de forma exponencial en las administraciones de Obama y de Trump. Pero si esas fuentes estaban preocupadas, la publicación de esas informaciones nunca había sido comparada con un acto de espionaje.

La Espionage Act ha sido siempre considerada por los defensores de la libertad de prensa americanos como una espada de Damocles que pende sobre los medios de comunicación. Pero hasta ahora ninguna administración se había aventurado a activarla para castigar la revelación de información para evitar la vulneración de la sacrosanta primera enmienda de la Constitución americana, que garantiza la libertad de prensa y la libertad de expresión.

Sin embargo, la suerte reservada a Julian Assange, el polémico fundador de WikiLeaks, sienta un precedente histórico. Por si hubiera alguna duda, esta vez está muy claro: la Administración Trump le ha declarado la guerra y, a través de él, es toda la prensa americana y no sólo ella –recordemos que Assange no es americano sino australiano– la que está potencialmente amenazada de persecución judicial si se atreve a publicar información sensible y secreta que afecte a la seguridad nacional.

El jueves 23 de mayo, el Departamento de Justicia americano ha anunciado que pesan 17 nuevos cargos judiciales sobre el fundador de WikiLeaks, detenido el mes pasado en Londres tras seis años de confinamiento en la embajada del Ecuador. Según los términos del acta de acusación revelados inmediatamente después de su detención, tras un año de instrucción secreta, Assange estaba hasta entonces acusado sólo de un ilícito, castigado con hasta cinco años de cárcel, el de haber animado a la exmilitar Chelsea Manning, entonces destinada en Irak, a “craquear la contraseña de un ordenador del gobierno americano clasificado de secreto”.

La operación había dado lugar a la publicación masiva en la plataforma WikiLeaks en 2010, de cables diplomáticos y de documentos devastadores que probaban las tropelías del Ejército americano en Irak y en Afganistán. Los cargos hechos públicos por el departamento de Justicia este jueves son muy graves (leer aquí el acta de acusación). De acuerdo con la ley sobre el espionaje, Assange, a quien el Departamento de Justicia rechaza considerar como periodista, está acusado de haber solicitado, recibido y publicado elementos relevantes de la defensa nacional.

Se le acusa de:

 

Julian Assange se enfrenta a diez años de cárcel por cada uno de esos cargos, es decir, a 170 años.

“Es una locura”, comenta WikiLeaks, la plataforma de Assange. “Es el final del periodismo en lo que se refiere a la seguridad nacional, y el fin de la primera enmienda”. “Por primera vez en la historia de nuestro país, el gobierno ha activado cargos criminales en base a la “Espionage Act” contra un editor por la publicación de una información verídica”, estima la ACLU, la mayor asociación americana en defensa de los derechos humanos.

“Se trata de una agresión directa contra la primera enmienda. Estas acusaciones son una escalada extraordinaria de los ataques de la administración Trump contra el periodismo”, continua diciendo la asociación en respuesta a los ataques  diarios del presidente americano contra los medios, calificados por él como “enemigos del pueblo”.

“Se establece un precedente peligroso que puede ser utilizado para señalar a todos los medios que exijan cuentas a los gobiernos y publiquen sus secretos. Los cargos a que se somete Assange son igualmente peligrosos para los periodistas que revelen secretos de otras naciones. Si los Estados Unidos pueden perseguir a un editor extranjero por violación de nuestras leyes sobre el secreto, nada impedirá a China o a Rusia hacer lo mismo”.

Desde Nixon, es una ley utilizada para perseguir a los denunciantes

“Estos cargos sin precedentes contra Julian Assange y WikiLeaks constituyen la amenaza más significativa y más terrible contra la primera enmienda desde principios del siglo XXI”, dice, alarmada, la Freedom of Press Foundation.

Desde Moscú, donde está refugiado, el denunciante Edward Snowden, ex miembro de la NSA, la agencia de inteligencia americana, que reveló la magnitud de la vigilancia implantada por los Estados Unidos, ha denunciado una “guerra contra el periodismo” y dice que este caso “decidirá el futuro de los medios”, más allá de la suerte que le depare al fundador de WikiLeaks.

“Esta administración describe a la prensa como el partido de la oposición, enemigo del pueblo. Ahora utilizan la ley como una espada y esperan dejar caer todo el poder del Estado contra la institución precisamente destinada a protegernos de tales excesos”, escribe en un comunicado Chelsea Manning, juzgada y condenada por un tribunal militar, indultada y liberada por Obama y otra vez encarcelada por negarse a testificar de nuevo ante un jurado.

Chris Hayes, presentador estrella de la cadena liberal MSNBC, está preocupado por el “ataque frontal y extremadamente peligroso a la prensa libre”.

Hace un mes, cuando pesaba contra Assange un solo cargo, menor en comparación con el de espionaje, los defensores americanos de la libertad de información estaban ya preocupados. “Piense lo que piense Assange, se le quiera llamara periodista o no, el acta de acusación plantea preocupaciones más amplias para toda la prensa porque la redacción es muy general e incluye prácticas periodísticas cotidianas”, decía Caroline DeCell, jurista del Knight First Amendment Center de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Daniel Ellsberg, una de las fuentes del The New York Times y de The Washington Post en el asunto emblemático del Pentagon Papers con la Administración Nixon, preveía como algo seguro “una larga serie” de cargos. “Lo que está en juego es la libertad de prensa” decía. “Pienso que todo el mundo debería unirse ante su caso, se piense lo que se piense de su persona”.

Ellsberg sabe de lo que habla. En 1973, un denunciante exempleado del think tank Rand Corporation fue procesado por la Administración Nixon en base a la Espionage Act por haber revelado a la prensa americana los famosos Pentagon Papers, documentos confidenciales que probaban el fiasco de la intervención militar americana en Vietnam. Los cargos que se le imputaban fueron luego retirados, sobre todo porque la Administración Nixon había ordenado el allanamiento de la consulta de su psiquiatra.

Desde hace un siglo, recuerda el periodista Jeremy Scahill, cofundador de la web de investigación The Intercept, la Espionage Act ha sido utilizada como un “arma para atacar la libertad de expresión y los disidentes”. Contra la anarquista Emma Goldman y el líder socialista pacifista Eugene Debs durante la Primera Guerra Mundial, o también para castigar a los esposos Rosenberg, condenados (y ejecutados en 1963) por espionaje a favor de la URSS.

Más recientemente, ha sido utilizada para perseguir a los denunciantes y a las fuentes de los periodistas, nos recuerda Scahill.

“El Departamento de Justicia con Obama inculpó a ocho informantes con la Espionage Act, explica Scahill en la última entrada de su podcast Intercepted. “Más que con todos los presidentes anteriores. Entre esos casos, el de Chelsea Manning, el de Jeffrey Sterling, ex oficial de la CIA (acusado de haber filtrado a James Risen, entonces periodista de The New York Times, las operaciones secretas contra el programa nuclear iraní) y los denunciantes de la NSA Thomas Drake y Edward Snowden. En algunos casos, estas personas han sido condenadas a largas penas de cárcel y en otros el gobierno ha arruinado sus vidas”.

“Trump ha tomado el poder, ha comenzado a utilizar los métodos de su predecesor y ya le ha sobrepasado en sólo dos años”. El primer blanco de la Administración fue Reality Winner, una lingüista militar que trabajaba para la NSA, acusada de haber transmitido a The Intercept informaciones sobre la injerencia rusa durante la campaña presidencial de 2016. También lo fue Terry Allbury, un trabajador del FBI, por las revelaciones sobre la extensión de los métodos de vigilancia del FBI. Y también, a principios de este mes, la detención del denunciante Daniel Everett Hale, un trabajador del departamento de Justicia que transmitió documentos sobre la campaña de asesinatos personalizados con drones bajo la presidencia de Obama.

Al enfocar al responsable de una publicación, en base a términos que podrían aplicarse, al menos en parte, a otros periodistas, la acusación de espionaje a Assange marca una gradación suplementaria. El The New York Times está preocupado por la “escalada dramática de esta administración para penalizar las filtraciones de información clasificada”, escalada que constituye un “ataque directo a la protección de la primera enmienda para los periodistas”.

Hace un mes, en un áspero editorial, eThe Washington Post, que al igual que muchos otros medios ha utilizado informaciones publicadas por WikiLeaks, se desmarcó de Assange, acusándole de haber “obtenido documentos de forma no ética”, de haber “publicado informaciones sobre asuntos públicos sin comprobar su veracidad o sin haber dado a los individuos la oportunidad de comentar” y de haberse “involucrado en el complot de un régimen autoritario extranjero que trataba de perjudicar a un candidato a la presidencia americana en beneficio de su adversario”, en alusión a su turbio papel en las elecciones presidenciales de 2016.

Pero desde el jueves por la tarde, el diario de la capital americana está preocupado por las “posibles consecuencias” de estas nuevas acusaciones “injustas para Assange, pero también para todos los que publican informaciones clasificadas”. “Podrían modificar la balanza, delicada para los Estados Unidos, entre la libertad de prensa y los secretos del gobierno”. Los Estados Unidos deben notificar a las autoridades británicas, de aquí al 11 de junio, los motivos de extradición. Assange ha sido condenado el 1 de mayo a 50 semanas de cárcel por no respetar las condiciones de su libertad provisional. Suecia, por su parte, ha vuelto a abrir una investigación por violación que le afecta, que estaba en suspenso desde 2017. Son tantos plazos que podrían retrasar su enfrentamiento con la justicia americana. _____________

Fin de la era Draghi, el hombre que ha mantenido a duras penas el euro

Ver más

  Traducción de Miguel López.

Aquí puedes leer el texto original en francés: