El Europarlamento se suma también a la guerra contra el Pacto Verde
Marcha atrás total. El Parlamento Europeo, reunido esta semana en Estrasburgo, ha comenzado a deshacer textos emblemáticos del Pacto Verde, los mismos que había aprobado con dificultad y presentado como avances cruciales para la ecología, al final de la última legislatura (2019-2024).
El proceso se desarrolló en dos etapas, con votaciones el martes y el jueves, que sintetizan a la perfección la ecuación política del comienzo de la legislatura en el Europarlamento: una derecha todopoderosa (el PPE), capaz de aliarse a su antojo con la extrema derecha o con los partidos centristas, un grupo ecologista dividido casi a partes iguales en cuanto a estrategia (alemanes por un lado, franceses por el otro), o incluso socialdemócratas (S&D) comprometidos en acrobacias peligrosas, a veces difíciles de seguir.
El hemiciclo se pronunció sobre el proyecto puesto en marcha en febrero por la Comisión, titulado Omnibus, un amplio proyecto de simplificación de la normativa destinado a reforzar la competitividad de las empresas en el continente, en un momento de guerra comercial con Estados Unidos.
En este momento, según alertan numerosas ONG, se trata sobre todo de deshacer cuatro textos del Pacto Verde, y en particular el decisivo sobre el deber de vigilancia. Este texto obliga a las empresas a luchar contra las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales a lo largo de toda la cadena de producción.
En un primer momento, el hemiciclo aprobó el martes 1 de abril activar el procedimiento de urgencia y decidir lo antes posible sobre el aplazamiento de la entrada en vigor de los textos (427 votos a favor, 221 en contra). Esta votación técnica marcó la pauta en la lucha de alianzas: los votos del PPE se unieron a los de las tres formaciones de extrema derecha, entre ellas los Patriotas, liderados por Jordan Bardella (RN), y a los liberales de Renew.
Pero la sorpresa vino con la votación del jueves: una mayoría aún más amplia (531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones) validó la propuesta de aplazamiento (es decir, un año más, hasta julio de 2027, para la entrada en vigor del texto sobre el deber de vigilancia). Ahora solo queda que el Consejo, que representa la voz de los Estados miembros, respalde esta decisión.
Al mismo tiempo, el hemiciclo ha aceptado reabrir los debates sobre el fondo de estos controvertidos textos, con el riesgo, casi seguro, de que salgan seriamente debilitados de aquí a unos meses.
La arriesgada apuesta del PS-Place Publique
Aquí es donde la mayoría se amplió a los votos de todos los socialdemócratas, incluidos los del PS-Place publique liderado por Raphaël Glucksmann y Nora Mebarek, que, al menos sobre el papel, son firmes partidarios del deber de vigilancia. Pero también a la mitad del grupo de Los Verdes (no la delegación francesa), que también está, en teoría, a favor del Pacto Verde.
La votación hizo saltar a Manon Aubry, de La Francia Insumisa, copresidenta del grupo de La Izquierda (GUE/NGL), que habló de “vergüenza”, y dijo “lamentar que los socialistas y parte de Los Verdes europeos se unan en esta decisión inconsciente”. Sobre el papel, el asunto es realmente difícil de entender, pero los socialdemócratas lo asumen: “Hemos decidido, por responsabilidad, no oponernos al aplazamiento de los plazos de transposición”, se lee en el comunicado de la delegación PS-Place publique.
Este es el cálculo de los S&D: en lugar de dejar al PPE solo con los grupos de extrema derecha para desmantelar los textos del Pacto Verde a toda velocidad, es mejor llevar al PPE hacia el centro y el centro-izquierda del hemiciclo, poniendo por prenda, por ejemplo, la votación del aplazamiento de los plazos de transposición, con la esperanza de limitar los daños en los próximos meses, cuando se entre en la nueva redacción del fondo de los textos.
Algunos ecologistas han optado por limitar los daños. Nosotros hemos optado por resistir
Desde el pasado viernes se han mantenido conversaciones entre el PPE, los S&D, Renew y Los Verdes, es decir, los cuatro grupos “proeuropeos” del Parlamento. Las otras tres formaciones han intentado que el PPE se comprometa a no votar ninguna enmienda de la extrema derecha en este asunto, en caso de que se llegue a un acuerdo a cuatro sobre el fondo del texto. Un colaborador socialdemócrata, contactado por Mediapart, reconoció bajo el anonimato: “Estamos ante una situación políticamente muy desagradable”.
La jefa de la delegación ecologista francesa y vicepresidenta del Grupo de Los Verdes, Marie Toussaint, también ha participado en las debates desde el viernes pasado. Pero al final decidió votar en contra del texto este jueves. Así lo explica: “Una pequeña mayoría del grupo ecologista consideró que el acuerdo alcanzado era lo suficientemente sólido para intentarlo. Han optado por limitar los daños, considerando que el ECR [el grupo de extrema derecha en el que están los Fratelli de Giorgia Meloni, ndr] estaba lo suficientemente apartado del debate. Nosotros, los ecologistas franceses, no hacemos el mismo análisis: nos pareció que el texto final todavía hacía demasiados guiños al ECR. Por lo tanto, hemos optado por la resistencia. También es bueno ser claros y decir no ante grandes retrocesos sociales y medioambientales. Sobre todo porque se anuncian nuevas oleadas de simplificación en otros textos”.
Los socialdemócratas insisten en que “no llegar a un acuerdo con el PPE, Renew y los Verdes habría significado firmar la muerte del deber de vigilancia, dejando el control en manos de la derecha y la extrema derecha”. A juzgar por la forma en que la derecha se pavoneó este jueves al término de la votación en Estrasburgo, François-Xavier Bellamy (eurodiputado francés por Los Republicanos, ndt), por ejemplo, se regocijaba del “primer golpe de gracia contra el delirio normativo que asfixia a nuestros países”, no es nada seguro que el PPE se sienta obligado por algún acuerdo en los próximos meses con sus socios “proeuropeos”.
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En cualquier caso, el asunto demuestra que las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo, divididas entre la oposición frontal y los compromisos acrobáticos (“entre la resistencia y el control de daños”, en palabras de la ecologista Marie Toussaint), aún no han encontrado la forma de eludir esta implacable realidad aritmética: los partidos de derecha y de extrema derecha disponen, desde las elecciones de junio de 2024, de una mayoría en el Parlamento Europeo (375 de 719).
Traducción de Miguel López
