Durante la campaña electoral, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, prometió recortar el gasto público "con la motosierra". A veces hacía lo que decía. Desde su elección el 19 de noviembre, el hombre al que le gustaba caracterizarse de "Capitán AnCap" (capitán anarco-capitalista) ha olvidado en gran medida, bajo la presión de la derecha tradicional, sus sueños de dolarización y cierre del Banco Central.
Pero hay un punto en el que el nuevo presidente está perfectamente de acuerdo con los seguidores del ex presidente Mauricio Macri: la drástica reducción del gasto público. El martes 12 de diciembre, dos días después de la toma de posesión de Javier Milei, su ministro de Finanzas, Luis Caputo, ex miembro del gobierno Macri, anunció un verdadero "plan motosierra".
En un discurso televisado que ha sido aplazado y retomado varias veces, Caputo, ex ejecutivo del Deutsche Bank y de JPMorgan, empezó justificando la necesidad de una rápida reducción del gasto público. Acusando a la administración kirchnerista saliente de haber alimentado la inflación (actualmente del 133% anual) a través del gasto público, afirmó encontrarse con la "peor herencia de la historia argentina". La narrativa del gobierno se basa en esta idea: si no hay un shock presupuestario masivo y rápido, el país está condenado a la hiperinflación.
Por eso, la nueva política se resumirá en esta frase, repetida a lo largo del discurso: "No hay más plata". El Banco Central (BCRA) dejará de financiar los déficits públicos y el Estado Federal intentará eliminar en un año su déficit primario, es decir, su déficit sin incluir el costo de la deuda pública. La medida será, pues, brusca: habrá que eliminar un déficit del 5,2% del PIB argentino.
El "plan motosierra”
Para lograrlo, las medidas anunciadas adoptan la forma de una motosierra. Primero están los clásicos aperitivos, destinados a vender las medidas más violentas: la reducción del 34% de los puestos en la administración pública y el fin de la "publicidad oficial" financiada por el Estado en los medios de comunicación.
Pero las medidas más importantes y dolorosas están aún por llegar. Primero, la suspensión de todos los contratos públicos firmados en el último mes. A continuación, la congelación de todas las obras públicas. Luego, el fin de las subvenciones a los precios del transporte y la energía, la desindexación de las pensiones y la supresión de varios programas sociales. Por último, el fin de las transferencias federales a las provincias. En total, un ahorro de gastos del 2,9% del PIB.
A esto se añade el aumento temporal de los impuestos sobre las importaciones y exportaciones (con excepción de la soja) y la suspensión de la rebaja del impuesto sobre la renta decidida por el Gobierno anterior. El total asciende al 2,2% del PIB.
Huelga decir que se trata ya de un choque considerable, no muy distinto del emprendido por Grecia en 2010, que pretendía reducir su déficit público en diez puntos del PIB en tres años. Se verán en peligro sectores enteros de la economía, dependientes del mercado interior y de la contratación pública.
La obra pública, en particular, dependerá a partir de ahora únicamente del gasto de las provincias –cuyos presupuestos acusarán el fin de las transferencias federales– o proyectos financiados por organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco de Desarrollo de América Latina... Ese sector representa entre el 15 y el 20% del PIB argentino.
Devaluación masiva del peso
Pero lo más destacado de los anuncios del 12 de diciembre es la brutal devaluación del peso argentino, que perderá más de la mitad de su valor oficial en dólares, pasando de algo menos de 400 pesos por dólar a 800 pesos. Este cambio irá acompañado de un nuevo régimen cambiario en virtud del cual el Banco Central, el BCRA, estará autorizado a ajustar a la baja el valor del peso en dólares en un 2% cada mes.
Ciertamente, esta cifra sigue estando por debajo del tipo de cambio no oficial, cercano a los 1.100 pesos por dólar, pero ese nivel no es el "nivel real" del peso; corresponde a un mercado estrecho en el que el acceso al dólar está muy restringido. Las anteriores autoridades habían tratado de evitar la devaluación del peso para no alimentar aún más la inflación.
Esta decisión la aprovecharán principalmente los exportadores agrícolas, que se beneficiarán de un fuerte aumento de su competitividad, en detrimento de la mayoría de los trabajadores y pensionistas.
El mantenimiento de un tipo oficial relativamente alto con un control estricto de las importaciones tenía sin duda algunas inconveniencias, sobre todo para los grupos agro-exportadores, pero evitó caer en una nueva espiral inflacionista. Hay que recordar que, a pesar de su elevadísima tasa de inflación, Argentina no se encuentra en un periodo de hiperinflación, que se define como un nivel de subidas de precios del 50% mensual.
El problema de Argentina es la dependencia de las importaciones, ya que su economía se basa principalmente en las exportaciones agrícolas. Una devaluación brutal del peso también aumenta bruscamente el coste de las importaciones y, por tanto, los precios al consumo. Eso será especialmente significativo ya que aumentarán los impuestos a la importación, volviendo a un tipo de cambio de importación no inferior a 1.320 pesos por dólar. Al mismo tiempo, se reducirán los controles a la importación.
Esta decisión la aprovecharán principalmente los exportadores agrícolas que, a pesar de una subida moderada de los impuestos a la exportación, se beneficiarán de un fuerte aumento de su competitividad, en detrimento de la mayoría de los trabajadores y pensionistas, que no tendrán ninguna protección contra la subida de precios que se avecina. Los que también se beneficiarán serán los titulares de ahorros en dólares, que verán aumentar su poder adquisitivo.
En resumen, estamos ante una política de clase característica del neoliberalismo. Por eso no sorprendió que, en un comunicado de prensa publicado poco después de los anuncios de Luis Caputo, el FMI celebrara las "valientes decisiones iniciales" del nuevo gobierno argentino "para fortalecer las finanzas públicas".
Efectos del choque presupuestario
Con semejante política, parece inevitable una recesión violenta y profunda. Luis Caputo no oculta que "durante algunos meses, la situación será peor que antes". Es tan consciente de ello que incluso ha concedido algunos ajustes sociales menores para tratar de amortiguar el golpe a los más pobres, como una duplicación de las ayudas familiares y un aumento del 50% en los vales de comida. Son medidas que delatan la certeza de un violento aumento de la pobreza en el futuro, en un país donde los niveles de pobreza ya alcanzan al 40% de la población.
Es la clásica promesa de las políticas de austeridad, que siempre se presentan como un "mal necesario" temporal que conduce a un futuro feliz. Pero la cuestión del alcance y la duración de la recesión no es tan sencilla de resolver.
Para los diseñadores de esta política, la austeridad permite restablecer una forma de "verdad económica". Dado que el dinero se considera una perturbación del buen funcionamiento de los mercados, de la que la inflación es el síntoma, los recortes presupuestarios y monetarios permitirían restablecer el equilibrio real entre la oferta y la demanda.
Por supuesto, eso implica inevitablemente una reducción de la demanda, que se consigue inicialmente subiendo los precios para reflejar los "precios reales" y un recorte del gasto social. El riesgo de inflación provocado por la devaluación se verá entonces compensado por la caída de la demanda, permitiendo finalmente que la inflación baje... gracias a la inflación. En declaraciones publicadas por el diario conservador La Nación, el equipo de Milei no oculta que el objetivo de la recesión es reducir el aumento de los precios. Por lo tanto, es buscada y deseada.
En el plan de austeridad, esta vuelta a la "realidad" permitirá sentar las bases de un crecimiento "sano", donde la inversión privada pueda beneficiarse de costos realistas y confianza en el futuro. Pero las experiencias pasadas de recortes presupuestarios cuentan una historia diferente. Ocurre (a menudo) que la violencia de la recesión impide precisamente este ajuste.
Esa visión económica "mágica" se basa únicamente en modelos cuestionables y no en hechos pasados.
En este caso, la compresión de la demanda es tal que provoca una compresión de la oferta y de los ingresos fiscales, obligando a nuevos ajustes. Esto se ve a menudo alimentado por el hecho de que las políticas de austeridad de clase son contraproducentes: lejos de animar a las élites económicas a invertir en el país, los flujos de dinero van hacia unas élites que se aprestan a invertirlos en el extranjero.
Esa fue la espiral infernal en la que cayó Grecia en la década de 2010. Ese riesgo no puede descartarse para Argentina en 2023, dado el deplorable estado de su economía y la falta de confianza en el peso de los más ricos del país. No hay nada pues que permita afirmar que Argentina saldrá de la crisis al cabo de unos meses porque el gasto público se habrá reducido violentamente. Esta visión económica "mágica" se basa únicamente en modelos cuestionables y no en hechos pasados.
La realidad es que el país debe prepararse para una crisis violenta que, lógicamente, afectará primero a los más vulnerables y a los trabajadores. Los más ricos se beneficiarán de la devaluación del peso, pero tendrán poco interés en invertir sus dólares en una economía asolada por el hundimiento de la demanda y sin perspectivas.
La verdadera cuestión ahora será saber si la movilización social será capaz de frenar esta política, que no coge a nadie por sorpresa y que fue aprobada por el 56% de los votantes en las elecciones del 19 de noviembre.
La apuesta de Javier Milei es sin duda que el rechazo de la administración peronista saliente, su incapacidad para gestionar la crisis inflacionista y la pérdida de nivel de vida garanticen el apoyo de la opinión pública, o al menos una forma de neutralidad, ante el shock presupuestario que se avecina.
Thatcher como referente
Al final, eso es lo que ocurrió en 1979 cuando Margaret Thatcher llegó al poder. El choque neoliberal conservador hizo que el PIB británico se contrajera un 2,1% en 1980. El desempleo pasó del 5% en 1979 al 12% en 1984. Pero fue tal el rechazo a las políticas laboristas y al periodo inflacionista de los años 70, alimentado por una intensa batalla cultural, que la primera ministra británica pudo mantener su popularidad y proseguir su política de transformación social.
Pero también hay otra dimensión en este asunto: la estrategia del shock permite crear un punto de no retorno en la medida en que cualquier paso atrás sería aún más costoso. Por no hablar de que esa estrategia siempre va acompañada de una dimensión represiva que, en el caso británico, se encarnó en la huelga de los mineros de 1984-85.
Es innegable que la experiencia Thatcher parece ser el punto de referencia del equipo de Milei. En su discurso inicial, Luis Caputo no sólo anunció que quería romper con la administración anterior, sino también con "cien años de decadencia". Como en el Reino Unido y Estados Unidos en los años 80, el objetivo es cambiar la sociedad y avanzar hacia la mercantilización generalizada.
Los medios públicos argentinos rechazan los planes de Milei para privatizarlos
Aquí es donde, sin duda, el candidato Milei aún puede entender y apoyar al presidente Milei. Habrá que ver si la sociedad argentina lo va a aceptar y va a estar dispuesta a asumir el coste de un beneficio a menudo ilusorio.
Traducción de Miguel López
Durante la campaña electoral, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, prometió recortar el gasto público "con la motosierra". A veces hacía lo que decía. Desde su elección el 19 de noviembre, el hombre al que le gustaba caracterizarse de "Capitán AnCap" (capitán anarco-capitalista) ha olvidado en gran medida, bajo la presión de la derecha tradicional, sus sueños de dolarización y cierre del Banco Central.