Política migratoria: el museo francés de los horrores

Hasta lo dice el conservador The Washington Post: a pesar de la imagen humanista y progresista con la que le gusta adornarse, Emmanuel Macron está llevando a cabo una política migratoria de una dureza “sin precedentes” en contra de los inmigrantes digna del Frente Nacional. En Francia, el coro de alabanzas le llega al presidente desde la derecha a la extrema derecha. “La derecha jamás ha llegado tan lejos”, expresó Christian Estrosi (Los Republicanos) el pasado 3 de enero en France Inter. Estas declaraciones surgen después de el 18 de diciembre que Marine Le Pen celebrase una “victoria política” de su partido.

Hace sólo unas semanas, las asociaciones de defensa de los derechos de los extranjeros se limitaron a criticar la acción del ministro del Interior, Gérard Collomb, esperando secretamente que el presidente de la República terminara por enderezar la situación. Aunque Macron había elogiado públicamente la hospitalidad de Angela Merkel durante la campaña electoral, las medidas no dejan de endurecerse y ahora las asociaciones dirigen directamente el jefe de Estado sus quejas tras concluir que, en lugar de una división de papeles, esto se está consolidando como una sola política ante sus ojos.

Emmanuel Macron continúa cultivando un doble lenguaje. Durante su discurso del 31 de diciembre declaró que dar “la bienvenida a mujeres y hombre que huyen de sus países porque están amenazados” es un “deber moral”, aunque a continuación puntualizó que “no podemos acoger a todo el mundo” y que los “controles” son una necesidad. Más allá de ninguna duda, sin embargo, estuvo su discurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo el 31 de octubre cuando prometió una “pequeña revolución” que consistiría en “ser intratable con aquellos que no entran en el derecho de asilo” y “acelerar nuestro procedimientos drásticamente para que en seis meses, incluido el recurso, podamos ver claramente que la decisión se notifica” con el fin de “poder devolver a su países a los que no tienen estos permisos al final del procedimiento”.

En unos pocos meses, de hecho, Francia ha encontrado similitudes que recuerdan a los tiempos en los que gobernaba la derecha más rígida cuando Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux y Claude Guéant se sucedieron al frente del Ministerio de Interior. La circular del 12 de diciembre (leer aquí en francés) hizo saltar el polvorín al autorizar el control de identidades en los centros de alojamiento urgente, cuestionando así el principio de la acogida incondicional. La tolerancia cero está en el punto de mira, con la prioridad dada a la detención y a la expulsión, no sólo a extranjeros ilegales sino también a los solicitantes de asilo rechazados en virtud del convenio de Dublín. El proyecto de ley, que prevé una duplicación de la duración de la reclusión en los centros de detención, no toma el camino de una flexibilización.

Esta línea dura se ha sentido desde hace varios meses en los mismos lugares: en Calais y en París los emigrantes que viven en las calles son maltratados por la policía que tiran sus propiedades a la basura, destrozan sus tiendas y les quitan sus mantas mientras las temporadas descienden de los cero grados. Las instrucciones son claras: impedir que reconstruyan los campamentos improvisados, a riesgo de dejarlos en la absoluta indigencia. En los Alpes, en la región de Menton –que limita al este con Italia–, adultos y menores son acompañados, de noche, hasta la frontera sin haber tenido la posibilidad de pedir asilo. En toda Francia, los centros de retención están llenos de familias, a pesar del compromiso asumido durante la anterior legislatura de evitarles este calvario.

Frente a este muro en ascenso, las asociaciones de defensa de los derechos de los extranjeros están reaccionando agriamente. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, Médicos del Mundo respondía secamente a un tuit del presidente de la República que se felicitaba por hacer de las libertades fundamentales su “lucha diaria”: “Más allá de las posturas, usted organiza la clasificación de personas sin hogar, acosa a los emigrantes de Calais y en otros lugares, persigue a los ciudadanos solidarios. Está a punto de violar el derecho de asilo. Difícil de celebrar este día”. El ministro de Interior se vio obligado a renunciar a introducir la noción de “tercer país seguro” (leer aquí en francés) en el código de entrada y de estancia de los extranjeros en Francia, pero esto no fue suficiente para calmar la percepción ciudadana.

 

“Al principio creíamos que había un reparto de papeles entre Emmanuel Macron y Gérard Collomb. Ahora nos hemos dado cuenta de que este no es el caso: comparten con cinimos el mismo concepto de una política híper brutal hacia los inmigrantes”, señaló Nathalie Pére-Marzano, delegada general de Emaús Internacional, con motivo de la publicación de un artículo que describía la fuerte movilización de asociaciones y “ciudadanos solidarios” con vistas a la organización de los estados generales de las migraciones (leer aquí en francés).

En respuesta a la circular del 12 de diciembre, Patrick Weil, especialista de asuntos de asilo e inmigración, ha elevado las críticas a su nivel más alto diciendo en la radio Europa 1 que “ningún gobierno desde la Segunda Guerra Mundial se había atrevido a ir llegar tan lejos”. “Tenemos un principio que proviene posiblemente de nuestras tradiciones cristianas: a un niño no le preguntamos por sus papeles cuándo le damos la bienvenida a una escuela, a un enfermo no le pedimos sus papeles cuándo necesita ser tratado en la entrada de un hospital, y a alguien que no tenga donde alojarse no se le pregunta por sus papeles a la entrada de un centro de alojamiento urgente. El señor Macron y señor Collomb violaron este principio”, insistió el investigador.

No obstante, calificar esta política de “sin precedente” es discutible. ¿Es “peor” o está en la continuidad de las implementadas anteriormente por sus predecesores?

“No podemos decir que la actual política migratoria del gobierno francés es peor que las de gobiernos anteriores. Esto no significa, desde luego, que sea más hospitalaria”, explicó Olivier Clochard, miembro de la red europea y africana Migreurop e investigador geógrafo en Migrinter (Centro Nacional para la Investigación Científica, CNRS). “Emplear el término ‘peor’ añade, necesariamente, una comparación de políticos a lo largo de un período de tiempo. El análisis no debe limitarse a una visión a corto plazo, a menudo vinculada a un posicionamiento político. Se debe ampliar la mirada a los últimos treinta años, el período durante los cuales hemos asistido a una sucesión de medidas represivas y que ponen de relieve la continuidad de las políticas de migración establecidas. En cuanto a la acogida de migrantes, las medidas actualmente en vigor son tan perjudiciales como las establecidas por Brice Hortefeux o Éric Besson como ministros de Inmigración y de Identidad Nacional, o por Nicolas Sarkozy cuando era ministro de Interior en 2002.

Sin duda, no es inútil retroceder en el tiempo y recordar algunas medidas más regresivas tomadas en los últimos años para comprender hasta qué punto la “línea” Macron-Collomb es parte de un proceso de larga duración que busca el cierre de las fronteras y que se inició a mediados de los años 70, tras la crisis del petróleo. Excepto para escribir una tesis, es imposible volver sobre todo este tramo legislativo.

Sin embargo, sí que se pueden analizar algunos hitos. La década de Sarkozy, desde su entrada en la sede de Interior en Beauvau en 2002 hasta el final de su mandato como presidente en 2012, fue particularmente negra para los inmigrantes. Como ministro de Interior, el exjefe de Estado no dejó de prohibir la migración familiar, reduciendo en gran medida las posibilidades de acceso a suelo galo de las familias de extranjeros o de franceses, incluso cuestionando el principio constitucional del “derecho a llevar una vida familiar normal”. Aunque no se asumió como tal, el alcance de esta política era racista ya que, en realidad, es la inmigración del Magreb y la africana, considerada demasiado numerosa, a la que se refería.

"Los gobiernos sucesivos, de derecha e izquierda, emplearon métodos similares"

Instaurada desde 2003, la política de la cifra relativa a la expulsión de sin papeles (leer aquí en francés) se llevó a cabo como una guerra. Ha llevado a una sobreactividad que de los servicios policiales que comenzaron a “cazar” a indocumentados, ya fuese en los centros de alojamiento urgente, en las ventanillas de las prefecturas e, incluso, en las escuelas (leer aquí en francés). Los acompañantes fronterizos se multiplicaron, desgarrando a familias y empujando a niños a esconderse para impedir el regreso forzado de sus padres (leer aquí en francés).

En dos ocasiones, en sus leyes de 2003 y 2006, Nicolas Sarkozy no vaciló en tocar el Código Civil para hacer más difícil el acceso a la nacionalidad francesa (leer aquí en francés), en nombre de la lucha contra los matrimonios de conveniencia.

En 2007, después de hacer campaña bajo el eslogan “Francia, o te gusta o te vas”, el candidato del UMP ganó las elecciones presidenciales y creó, en el proceso, un Ministerio de la Inmigración y la Identidad Nacional siguiendo los consejos del régimen de Vichy (leer aquí en francés). Esta decisión tuvo un efecto devastador en la opinión pública, legitimando una desconfianza generalizada hacia los extranjeros. En esta ocasión, ocho académicos, entre los cuales estaban Nancy Green, Gérard Noiriel, Patrick Simon y Patrick Weil, renunciaron a sus puestos en los órganos de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration –el museo de inmigración francés–, para mostrar su profundo desacuerdo. “Las palabras”, escribieron entonces, “son para la política de símbolos y armas. Pero no está en el papel de un Estado democrático definir la identidad. Asociar ‘inmigración’ e ‘identidad nacional’ en un Ministerio jamás ha tenido precedente en nuestra República: es, por un acta fundacional de esta presidencia, registrar a la inmigración como ‘el problema’ para Francia y los franceses en su mismo ser. Esta aproximación es parte de la trama de un discurso que estigmatiza la inmigración y en la tradición de un nacionalismo basado en la desconfianza y la hostilidad hacia los extranjeros en tiempos de crisis”.

Fue durante este período, bajo la batuta de Patrick Stefanini (leer aquí su perfil en francés), entonces secretario general del Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional, que los ministerios de Asuntos Sociales y Exteriores quedaron excluidos de tutelar la política migratoria, y ya no depende de Interior, encargado originariamente de asegurar el orden público y la gestión de fronteras. El poder discrecional del Estado se fortaleció, lo que ha llevado a una proliferación de decisiones arbitrarias.

Aunque Nicolas Sarkozy no llegó a introducir en la legislación las pruebas de ADN ni las cuotas, sí que logró imponer en el espacio público una distinción entre inmigrantes “buenos” y “malos”. Una distinción que aún persiste hoy, a pesar de que los roles han cambiado.

El tránsfuga del Partido Socialista, Éric Besson trató, como ministro de Migración e Identidad Nacional, de “hermetizar” a los exiliados de Calais (leer aquí en francés). Después de haber destruido la “jungla” en septiembre de 2009, devolvió a varios afganos, acción que le valió críticas, incluso de los diputados del UMP Étienne Pinte y Françoise Hostalier que la calificaron de una “ilegalidad” y de usar “métodos fascistas” y “prácticas coloniales” (leer aquí en francés). “La situación de los exiliados de Calais es un ejemplo notorio”, indica Olivier Clochard que también asegura que “los sucesivos gobiernos, de derecha e izquierda, emplearon métodos similares: destruyeron el campo de sangatte en 2002 y de una gran parte de la ‘jungla’ en 2009, cerraron las viviendas ocupadas ilegalmente y los campamentos esparcidos por la ciudad de Calais durante el invierno de 2015, evacuaron en otoño de 2016 el barrio de chabolas de la localidad fronteriza que las autoridades habían aceptado, y, hace unos meses, empujaron a los migrantes a reagruparse alrededor del espacio Jules-Ferry”.

Después de todo, a fuerza de medidas represivas, Nicolas Sarkozy construyó la base de una política hostil hacia los extranjeros lo bastante sólida para resistir a la falta de voluntad de su sucesor socialistas. A pesar de la ruptura anunciada por François Hollande (leer aquí en francés), su política migratoria continúo sobre las mismas bases desde el inicio de su mandato en 2012. El debate sobre el privación de la nacionalidad, que comenzó en 2010, encontró su traducción cinco años más tarde en un proyecto de ley encabezado por Manuel Valls, que tuvo que renunciar a continuar con el documento por la presión de los opositores a esta medida.

La política de anti gitanos tampoco se ha interrumpido, todo lo contrario. Lanzada simbólicamente en septiembre de 2010 por una circular, firmada por Brice Hortefeux (leer aquí en francés), dirigiéndose expresamente a esta población, revivió de la mano de Manuel Valls, que planteó el nivel más alto del ritmo de las expulsiones.

Finalmente, y con el éxodo de refugiados sirios que huyen de la guerra, Francia no ha sabido estar a la altura del reto internacional. Dejando a Alemania en primera línea, sólo entreabrió la puerta y aprovechó la oportunidad para justificar contrapartidas supuestamente necesarias: es así cómo nació la distinción, ahora hegemónica en el debate público, entre “refugiados” a los que deberían acoger bajo pena de perder “nuestro honor” y “inmigrantes económicos” que se han vuelto indeseables.

Los fundamentos en los que se basa ahora Emmanuel Macron están, por tanto, anclados profundamente en la sociedad francesa. La sorpresa hubiera sido que el jefe de Estado apostase por librarse de esta política migratoria.

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  Traducción: Alba Precedo

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