¿Para qué sirve la comisión de investigación internacional sobre Siria?

Por decisión del Consejo de Derechos Humanos, se constituyó en agosto de 2011, inicialmente por un periodo de seis meses, con la misión de documentar los crímenes cometidos en Siria e identificar, en aquellos casos en que fuese factible, a sus responsables. Sin embargo, la comisión de investigación internacional independiente está a punto de convertirse en una de las más longevas de la historia de la ONU.

Hace ya cinco años que en la planta 5ª del Palacio Wilson de Ginebra, sede del Alto Comisariado de Naciones Unidos para los Derechos Humanos, en las oficinas situadas bajo el tejado, una treintena de personas, investigadores, juristas y expertos militares, de todas las nacionalidades, trabajan para documentar y registrar los horrores de la guerra en Siria. Cinco años dedicados a llevar la contabilidad de las atrocidades que han cometido contra la población civil las partes beligerantes en el conflicto, así como a elaborar un listado de verdugos y torturadores que siguen asesinando. Todo ello sin haber logrado resultado alguno y haciendo malabares, ya que el régimen de Bashar al-Assad nunca ha autorizado la entrada de la comisión en Siria.

“No podemos perder la esperanza porque estamos aquí para dar voz a las víctimas”, responde Vitit Muntarbhorn cuando se le pregunta por la falta de respuesta de la comunidad internacional y por la impunidad de la que se siguen gozando los criminales. “Siria no ha ratificado el estatuto de Roma, que es el origen de la Corte Penal Internacional, y sólo Consejo de Seguridad puede solicitar su intervención. En cuanto a la creación de un tribunal ad hoc, como el de Ruanda o el de la antigua Yugoslavia, también hace falta la luz verde del Consejo de Seguridad”, dice.

El tailandés, ex relator especial de la ONU en Corea del Norte, lo repite a menudo: sólo es un “experto voluntario e independiente que no cobra de la ONU” y que, como sucede con los otros tres comisarios, no tiene capacidad alguna para presionar a los Estados. Salvo seguir recopilando pruebas, cada vez más pruebas, que después podrán utilizarse si se abre un proceso. “Hay que ser modesto. Es un trabajo a largo plazo y sabemos que quizás sea necesario esperar años, quizás décadas para que se juzgue a los responsables de estos crímenes. Sin embargo, el trabajo es fundamental”, justifica.

La situación puede parecer absurda. Desde 2011, se han elaborado con sumo cuidado seis listados con supuestos criminales de guerra, a partir de más de 5.000 testimonios. Contienen los nombres de responsables del régimen de Assad, miembros de los grupos armados no estatales y combatientes extranjeros. El año pasado, dichas listas se unificaron en una sola, que se encuentra depositada en una caja fuerte, “en alguna parte de Ginebra”.

Además, la comisión se ha convertido en una máquina de redactar informes y subinformes (unos 16 al día, cada cual más terrorífico que el anterior). Bombardeos de barriles de explosivos por parte del Ejército de Bashar al-Assad, ataques a hospitales, desapariciones forzosas, terror cotidiano en las zonas controladas por el Estado Islámico, ejecuciones y asesinatos en los centros de detención: todos estos hechos han sido ampliamente documentados, son constitutivos de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. A eso hay que añadirle el “crimen de genocidio” cometido contra la comunidad yazidí.

En mayo de 2014, Francia, con el apoyo de 58 países del Consejo de Seguridad de la ONU, presentó una resolución para pedir la intervención de la Corte Penal Internacional con relación a “todos los crímenes” cometidos en Siria. Rusia y China vetaron la decisión, Moscú calificó estos esfuerzos de “inoportunos y contraproducentes” en el momento en que Bashar al-Assad acababa de aceptar eliminar progresivamente su arsenal de armas químicas. Desde entonces, no se ha hecho ningún intento más, algunos temen que esto repercuta en las negociaciones en torno al proceso de paz que se mantienen en Ginebra.

En febrero de 2016, se presentó a la prensa el resultado de una amplia investigación sobre los miles de muertos mientras estaban detenidos. El presidente de la comisión de investigación, el brasileño Sérgio Pinheiro, habitualmente muy reservado, exclamó: “Basta, ya es suficiente”. A su lado, Carla del Ponte, exfiscal de la Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), mostraba su enfado y subrayaba que “para Yugoslavia y Ruanda, el Consejo de Seguridad apenas necesitó seis meses para responder y activar la Justicia penal internacional. Aquí no hay voluntad política. La impunidad es total”. Recordaba que Slobodan Milosevic, el expresidente serbio, ya estaba siendo investigado por el TPIY cuando se inició el proceso de paz de Dayton.

Los comisarios quieren pensar que su último informe sobre las atrocidades cometidas por el Estado Islámico en contra de la comunidad yazidí, hecho público el 16 de junio pasado, hará cambiar las cosas. A partir del testimonio de 45 personas “supervivientes, líderes religiosos, traficantes de personas, activistas, juristas, médicos y periodistas”, los investigadores de la ONU han podido reconstituir la cronología de la terrible jornada del 3 de agosto de 2014. Los combatientes del EI, procedentes de Siria y de Irak, rodearon los montes Sinjar en el norte de Irak (a 15 kilómetros de la frontera con Siria), donde viven los yazidís, la minoría religiosa de habla kurda. Se desató la violencia contra los que Daesch bautizó como “infieles”: pillaje, ejecuciones sumarias de hombres y de viejos, violaciones, raptos de mujeres y de niñas. Muchos de los que habían podido huir hacia Siria, a través de las montañas murieron de hambre y de sed, pese al lanzamiento aéreo de víveres organizado por los norteamericanos.

Acabar con la cultura de la impunidad en Siria

Estos hechos han sido ampliamente relatados en los medios de comunicación internacionales e incluso abordados en los precedentes informes de la comisión. Sin embargo, esta vez, “a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad les hacemos un magnífico regalo para que consideren actuar juntos”, explica Vitit Muntarbhorn, sin sarcasmo. “Hasta ahora, hemos documentado los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, cometidos por las partes en conflicto. Ahí aportamos las pruebas de que se está cometiendo un genocidio, dirigido contra un grupo concreto, con la intención de exterminarlo”, dice.

El informe constata que más de 3.200 mujeres y niñas son utilizadas como esclavas sexuales por los combatientes, que las someten a trato vejatorio y a una sórdida trata. “Hemos podido hablar con una mujer que fue vendida 15 veces, antes de que su familia lograse comprarla por decenas de miles de dólares, endeudándose dramáticamente”, cuenta el experto tailandés. Cientos de jóvenes yazidís siguen en manos del EI, adoctrinados, entrenados a la fuerza y enrolados en los combates.

Vitit Muntarbhorn subraya que Siria ha ratificado la convención para la prevención y la represión del genocidio y que los miembros del Consejo de Seguridad están obligados a evitar este crimen. “El Estado Islámico, el responsable de estos crímenes, es un grupo considerado terrorista por la ONU y no veo impedimentos para recurrir al TPI”, añade.

Mientras, la comisión ya está preparando su siguiente informe, que debería ver la luz a finales de año. Este lunes 11 de julio, media docena de investigadores sobre el terreno organizarán un nuevo “despliegue” en varios países. ¿Cuáles? “Las misiones siempre son secretas y nunca mencionamos los lugares a los que vamos”, responde Vitit Muntarbhorn. Y ya que los expertos son personas non gratas en Siria, se organizan regularmente desde Ginebra sesiones vía Skype para contactar con sirios residentes en el país. Una vía de comunicación que no está sometida a la censura, ni a las escuchas locales, al menos aparentemente.

Los campos de refugiados de Jordania, Líbano y Turquía han sido un filón durante mucho tiempo –permitían entrevistar a víctimas y a testigos procedentes de la misma región, de la misma ciudad y verificar y completar los relatos–, pero desde que cientos de miles de sirios, que huyen de las bombas y los campos atestados, han iniciado su marcha a Europa, a menudo dispersos y mezclados, el trabajo se ha complicado.

Según informaciones a las que hemos tenido acceso, la comisión está negociando con varios países europeos poder entrevistarse con refugiados llegados a su territorio. Muestran reticencias. Después de los ataques terroristas de Francia y Bélgica, decenas de Estados han abierto procesos contra algunos de sus ciudadanos que se han dirigido a Siria a hacer la yihad. Algunos magistrados e investigadores temen que los testimonios que podrían recabar los expertos de la ONU interfieran con sus propias investigaciones.

Por el contrario, cada vez están más interesados en recibir ellos mismos informaciones que obtiene la comisión. “Disponemos de una base de datos sofisticada que incluye más de 5.000 testimonios muy detallados. Hasta el año pasado, era confidencial, pero ahora existe la posibilidad de hacerla accesible a algunos Estados, bajo determinadas condiciones”, explica Vivit Muntarbhorn, que rechaza mencionar de qué países se trata. “Las peticiones deben realizarlas las autoridades judiciales, en el marco de los procesos ya abiertos, y sólo podemos responder si las personas que han testificado dan su autorización”, precisa. Y añade que se han remitido datos “sobre situaciones o combatientes extranjeros que han cometido crímenes”. Hace unos meses que las demandas de “colaboración” se multiplican, lo que requiere de “mucho tiempo y atención” y todo ello “con los mismos medios y el mismo personal”, señala otra fuente.

En marzo de 2015, Paulo Sérgio Pinheiro anunció que debido a que el Consejo de Seguridad no recurría a la Justicia internacional, la comisión de investigación estaba dispuesta a dar utilidad a la información recabada para que se abriesen procesos internacionales, de modo que algunos de los autores de crímenes de guerra sean juzgados. Afirmaba entonces que había que acabar con la “cultura de la impunidad” que está muy extendida en Siria.

“Ahora, si un país necesita completar informaciones sobre un crimen o individuos concretos, le proporcionamos esas informaciones. Es una novedad […] y es completamente confidencial. No decimos qué países recurren a nosotros”, señalaba en una entrevista el pasado mes de enero, para puntualizar que no se trata de “ir a buscar informaciones en la base de datos” de la comisión.

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______________Traducción: Mariola Moreno

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