Solo dos ayuntamientos españoles estrenan en enero una zona de restricción al tráfico por emisiones

Desde el domingo 1 de enero los 149 municipios más grandes de España deben contar con una zona de bajas emisiones, pero solo dos de ellos han estrenado restricciones al tráfico: Sevilla y La Línea de la Concepción. Estos dos ayuntamientos se suman a los ocho que ya contaban con esta limitación por lo que serán una decena los que cumplan con la normativa incluida en la Ley de Cambio Climático aprobada en mayo de 2021. 

La capital andaluza ha establecido dos zonas de circulación de bajas emisiones en la Cartuja Norte y la Cartuja Sur, por donde cada día circulan 24.000 personas, según el ayuntamiento, aunque no multará durante los primeros seis meses. Por su parte, La Línea restringirá el acceso a los alrededores del parque Princesa Sofía. 

Estas dos ciudades se suman así a Madrid, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Pamplona, San Cugat del Vallés, Rivas Vaciamadrid, Cornellá y Pontevedra, que ya contaban con limitaciones a la circulación de vehículos contaminantes. Pero no serán las únicas, ya que todos los municipios con más de 50.000 habitantes —o más de 20.000 con niveles altos de polución— deberán aprobar próximamente esta normativa, aunque ya fuera de plazo. 

Varias ciudades habían anunciado que a comienzos 2023 tendrían ya activa su zona de restricción al tráfico a coches contaminantes, según una encuesta que hizo en octubre el diario El País entre los 149 ayuntamientos, pero han fallado a su promesa. Córdoba fijó la entrada en vigor el pasado noviembre, y Fuenlabrada, Alcobendas, Coslada, Ciudad Real y San Cristóbal de la Laguna pensaban tener la normativa lista el 1 de enero, pero ninguno de estos ayuntamientos ha cumplido. 

De hecho, Coslada publicó recientemente el plan de movilidad urbana que regulará la zona de bajas emisiones y especifica que se necesitará al menos un año para que comience a funcionar porque antes hay que instalar cámaras y adaptar la señalización. En Ciudad Real estudian ahora el decreto aprobado por el Ministerio para adaptar a la ordenanza municipal, que podría estar lista para comienzos de marzo, según comentan desde el ayuntamiento. Melilla también afirmó que antes de febrero tendría lista la normativa, pero en realidad las autoridades elaboran todavía el mapa de restricción del tráfico, que es solo el primer paso para que el plan eche a andar. 

La Federación de Municipios y el Ministerio de Transición Ecológica llevan meses enfrentados por el fracaso de la normativa, ya que los ayuntamientos pedían posponer la entrada en vigor de la ley para contar con más tiempo para establecer las zonas de bajas emisiones, pero el ministerio dirigido por Teresa Ribera rechazó la petición porque hace más de año y medio que la medida fue aprobada. 

Muchos ayuntamientos criticaron también la falta de una descripción concreta de cómo deben ser estas zonas de restricción de tráfico y una base jurídica que les permita sacar adelante las restricciones de tráfico en ciudades donde han sido contestadas por los ciudadanos o la oposición. 

En Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló en marzo la zona de bajas emisiones por tratarse de una medida desproporcionada que castigaba a los conductores que no pueden permitirse renovar su coche y a quienes no se daba alternativas de transporte. Y en Burgos el ayuntamiento tenía previsto que las limitaciones de tráfico empezasen a funcionar el primero de enero, pero el juez ha paralizado las obras para su puesta en marcha debido a que aún no se ha aprobado la ordenanza municipal, ya que el consistorio estaba a la espera de un reglamento estatal que les ayudase a elaborarla. 

Para poner fin a este embrollo, el Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre, a las puertas de la entrada en vigor de la norma, un real decreto que regula las zonas de bajas emisiones. Entre otras cosas, fija en 200 euros la multa por acceder a una calle restringida con un vehículo contaminante, aunque se deja en manos de los ayuntamientos decidir qué coches lo son, por ejemplo, los híbridos que tienen motor de combustión. 

Con esta ley el Gobierno pretende reducir las emisiones generadas por los vehículos de combustión, responsables del 27% de las emisiones de efecto invernadero de España. Concretamente, el Plan Nacional de Energía y Clima estima que las zonas de bajas emisiones, unidas a otras medidas como la mejora del transporte público, permitirá reducir el tráfico urbano un 35% en 2030 y el interurbano un 1,5% cada año. 

A esta ley se suma también la prohibición de Bruselas de vender coches y furgonetas con motor de combustión a partir de 2035. La normativa comunitaria añade que turismos contaminantes que se vendan en 2030 deberán emitir un 55% menos de CO₂ que en 2021 y las furgonetas un 50% menos.