Ayuso tramita de urgencia y en verano una ley ómnibus que desprotege el arbolado y liberaliza el suelo
En plenas vacaciones y por procedimiento de urgencia. Así ha decidido la Comunidad de Madrid iniciar el proceso para sacar adelante una megarreforma de una decena de leyes que abarcan la ley del suelo, la de aguas, el arbolado o la seguridad animal, o entre otras cuestiones. La nueva ley ómnibus que prepara Isabel Díaz Ayuso ha contado con apenas una semana para que los afectados puedan estudiar y alegar un texto que modifica 131 artículos, y que previsiblemente llegará a la Asamblea en los próximos meses sin apenas participación social, pese a que damnifica a vecinos, ayuntamientos y toda clase de organizaciones civiles.
La oposición está estudiando estos días a toda prisa el documento presentado por la Consejería de Medioambiente y señala que el proceso es "lamentable". La Comunidad anunció el texto el miércoles 10 de julio y este viernes 19 termina el proceso de audiencia pública que permite a los afectados mandar sus propuestas de cambios. A partir de esa fecha, solo quedará la vía política, y la oposición podrá en otoño plantear las enmiendas que considere cuando la ley llegue a la Asamblea, pero probablemente no prosperarán porque Ayuso cuenta con mayoría absoluta. El Gobierno regional espera que antes de final de año esté aprobada esta ley ómnibus.
"Es una perversión legislativa sacar una ley así sin justificar la urgencia", señala Javier Guardiola, diputado socialista del PSOE y portavoz de Medioambiente. "Ni siquiera estaba en el plan normativo de la Comunidad y no nos avisaron de que estaban preparándola", añade. De hecho, Guardiola adelanta que van a pedir a la región alargar el proceso de participación pública esta semana para que todos los afectados tengan tiempo de estudiarlo.
Alejandro Sánchez, diputado de Más Madrid, incide en que el PP deja de esta manera fuera de juego la participación pública. "Es vergonzoso dar un plazo de una semana en vacaciones a asociaciones de vecinos para que se estudien una ley ómnibus. Es una clara maniobra para lapidar la contestación social", señala. La estrategia es calcada a la del proceso de información pública de la primera ley ómnibus de la presidenta, que se publicó el 23 de diciembre de 2021 y la audiencia pública coincidió con Nochebuena y Nochevieja. Desde el Gobierno de la Comunidad contestan que la ley "sigue el proceso normal, donde se podrán hacer aportaciones y se tomarán en consideración".
Un ejemplo de las consecuencias de proceder con urgencia es el de Ecologistas en Acción, una organización con fuerte presencia en la Comunidad de Madrid que acostumbra a recurrir toda clase de normativas autonómicas y municipales que afectan al medioambiente. Sin embargo, en este caso creen que no van a llegar a tiempo para formular alegaciones al texto. "Estamos valorando qué hacer porque como mucho tenemos capacidad para alegar un tercio del documento", se queja María Ángeles Nieto, miembro de Ecologistas en Madrid. "Es imposible analizar más de 100 modificaciones y recurrirlas en una semana. No podemos dedicarle las 24 horas del día, y encima en pleno julio. Están transformando el sistema urbanístico de la Comunidad sin ningún tipo de participación ciudadana", añade.
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La oposición señala que la nueva ley ómnibus vuelve a colar y mezclar normativas de todo tipo que deberían revisarse por separado. La principal batería legislativa será en torno a la ley del suelo y de urbanismo, donde se introducen flexibilizaciones y se reducen los trámites para facilitar la construcción de edificios e infraestructuras. Se permitirá, por ejemplo, construir en suelo no urbanizable de especial protección e incluso levantar allí infraestructuras eléctricas o de telecomunicaciones. Javier Guardiola, del PSOE, destaca también la creación de los llamados proyectos de alcance regional, construcciones que la Comunidad puede considerar claves y que se librarán de "cargas administrativas innecesarias".
Otro frente de ley será la reducción de la protección del arbolado, que hasta ahora respondía a una ley blindada desde hace dos décadas, y que se modifica precisamente cuando la polémica por las talas de Madrid está candente. Entre otros cambios, se introducen excepciones para poder talar árboles urbanos protegidos que estén secos, enfermos, que sean un peligro para los vecinos o que causen daños a estructuras, lo que da vía libre a cortar árboles que levanten la acera, por ejemplo. También se introduce la figura de la compensación económica por tala, para que en caso de cortar un árbol se pague una cantidad al ayuntamiento si no hay espacio para plantar uno nuevo.
La oposición también cuestiona que dentro de la meganorma se incluya la trasposición de la Ley de Bienestar Animal, que debería tramitarse por separado para que políticos y vecinos puedan participar en el proceso. A través de ella, la Comunidad incluirá al hurón como animal de compañía y sacará al caballo deportivo de ella, animal que hasta ahora estaba protegido en Madrid. También se reconoce la figura del perro de caza, que no contará con las medidas de protección animal que sí tienen los perros domésticos.
