Bélgica prorroga la vida útil de sus centrales nucleares y su dueño se resiste porque no ve claro que gane dinero
La crisis energética reabrió un debate cerrado: ¿deben funcionar los reactores nucleares más allá de los plazos previstos? Las propietarias, principalmente empresas eléctricas, no están en principio por la labor y en caso de prolongar exigen garantías públicas que hacen que los gobiernos se echen atrás. El belga es el primer caso de un Gobierno que toma la decisión de mantener abiertos los reactores y en el que la eléctrica propietaria no quiere y arrastra los pies.
Las eléctricas quieren ganar dinero y la mayoría de los reactores nucleares europeos están amortizados, pero prolongar su funcionamiento cumpliendo con las directivas europeas post-Fukushima (2014) más allá de los plazos preestablecidos conlleva unas inversiones que sólo se amortizarían con unos precios de la electricidad de tiempos de crisis.
La inversión en renovables es más rentable. Según el último informe World Nuclear Industry Status Report, de la consultora francesa Mycle Schneider, en 2021 la inversión mundial en energías renovables fue de 366.000 millones de dólares, 15 veces más que en nuevos reactores nucleares. El dinero va a las renovables, no a la nuclear.
El mismo informe estima que mientras el coste de la eólica cayó desde 2009 un 72% y el de la solar un 90%, el de la nuclear creció en el mismo período un 36%. Esos números explican el porqué de las reticencias de las eléctricas a seguir invirtiendo en energía nuclear.
La crisis actual, con los precios de la energía por las nubes, pone a las eléctricas de algunos países en una situación inmejorable para conseguir seguir con el negocio nuclear y a la vez asegurarse una rentabilidad que el mercado ya no le garantizaba.
La belga Engie-Electrabel, filial del grupo francés Engie, se dio cuenta a finales del año pasado. Después de meses de idas y venidas, de acuerdos y desacuerdos, el Gobierno de coalición, que forman siete partidos (socialistas, liberales y ecologistas francófonos y flamencos además de los conservadores flamencos), alcanzó un pacto. El parque nuclear belga (siete reactores) se cerraría como estaba previsto el 31 de diciembre de 2024 a excepción de los reactores Tihange 3 y Doel 4, que se mantendrían en funcionamiento hasta 2035. Se cambiaba así la ley de 2003 que preveía el cierre a los 40 años de funcionamiento.
El acuerdo de finales del pasado julio no se puso en duda. Engie-Electrabel, que había heredado los reactores de la pública Electrabel, había amortizado ya los costes. El debate político estaba sellado. Tocaba negociar con las autoridades de seguridad nuclear las reformas necesarias para seguir usando los reactores otra década. Entonces Engie aprovechó la situación para cambiar las reglas del juego.
Al anuncio del Gobierno Engie-Electrabel, contestó con un escueto comunicado en el que decía que “tomaba nota”. La empresa había dicho ya en el pasado que su prioridad era centrarse en las renovables (Bélgica tiene el cuarto parque de eólica offshore de Europa) y que quería abandonar la nuclear. La eléctrica argumentaba que sólo sería rentable prolongar si los precios de la electricidad seguían por las nubes, por encima de 100 euros el MWh cuando los precios habituales pre-crisis se movían entre los 40 y los 50 MWh.
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En agosto, tras varias semanas de reuniones a contrarreloj, se alcanzó un acuerdo político. Doel 4 y Tihange 3 se cerrarían durante más de un año entre 2025 y 2026 para hacer las renovaciones necesarias y volverían a abrir en octubre de 2026 para funcionar hasta finales de 2036. El pacto mostraba que la eléctrica había tenido las mejores cartas en la negociación: si había pérdidas las compartiría con el Estado belga.
Faltaban sólo detalles técnicos a negociar, pero cuatro meses después no se avanzó un centímetro. La revista Le Vif cuenta en su último número, en base a un documento del Gobierno sobre el estado de las negociaciones, que el bloqueo es absoluto. Habla de tres diferencias mayores: coste y calendario de la prolongación, precio máximo que pagaría la empresa por la gestión de los residuos y la estructura societaria que se haría cargo de los dos reactores que seguirían funcionando. Engie no quiere firmar cuándo estarían los reactores en marcha de nuevo después de la reforma. Tampoco quiere empezar ni siquiera los estudios de esa renovación.
Engie quiere que se ponga un límite a lo que pagaría por la gestión de los residuos, algo que va contra los acuerdos firmados durante la privatización, que hacía responsable absoluta a la empresa de esa partida. El Gobierno aceptaría establecer ese límite si la empresa firmara que en octubre de 2026 los dos reactores estarían de nuevo funcionando. Engie-Electrabel se niega. La empresa también quiere que el Estado pague parte de la renovación, algo que también va contra los acuerdos de la privatización. Ni siquiera se sabe cuánto costaría porque la empresa explica que una vez empezados los trabajos hay factores que pueden disparar el coste. Sin acuerdos Bélgica dejará de tener nuclear dentro de dos años pese a la voluntad del Gobierno.
