El fraude del biocombustible se dispara un 500% en un año y el Gobierno sanciona a cuatro petroleras

El fraude del IVA en la venta de combustibles no es el único problema al que se enfrenta la Administración en las tramas de estafa de carburantes. Los operadores petrolíferos están obligados a inyectar un 11% de biocarburantes en cada litro de gasolina y gasoil vendido, o a pagar una compensación al Ministerio de Transición Ecológica, pero las redes de empresas fantasma que venden combustibles también se están saltando este paso, y cada vez más. El año pasado, los vendedores al por mayor de carburantes dejaron sin pagar 581 millones de euros en compensaciones por saltarse la ley de biocombustibles, frente a los 95,4 millones de impagos de 2022 y los 72,5 de 2021.

Como respuesta a este crecimiento del fraude, el ministerio dirigido por Teresa Ribera vetó la semana pasada a cuatro comerciantes de carburantes de la lista de operadores de petróleo al por mayor de la CNMC, que juntos abarcaban el 67% del total estafado el año pasado. Biomar (218 millones de euros), Martankship (135 millones), Everton Magnific (27 millones) y Glasgow Abastecimientos (10 millones) estafaron 390 millones de euros a la Administración en 2023. Al desaparecer de la lista de operadores de la CNMC, dejan de trabajar en los depósitos fiscales de carburantes que hay en España, y pierden cualquier oportunidad de volver a repetir las estafas de biocarburantes o de impagos de IVA.

Para cumplir con los objetivos de reducir las emisiones en carretera, España impuso en 2022 el objetivo de alcanzar un 10,5% de biocarburantes en los vehículos en 2023, una cifra que crece cada año hasta el 12% en 2026. En 2023 se alcanzó una penetración de los biocarburantes del 9,55% sobre el total vendido en el país, por lo que se quedó un punto por debajo del compromiso (10,5%) de ese año. Los operadores al por mayor son los responsables de mezclar el combustible con productos bio para cumplir con esos objetivos, y quienes no lo hacen tienen que pagar una compensación por incumplir la norma. Esa multa es de 1.623 euros por cada certificado bio no aportado, pero en vista del crecimiento astronómico de los incumplimientos, esta primavera el Gobierno introdujo un recargo del 10% para quienes no aportan entre el 25% y el 35% de los certificados. Y asciende a un recargo del 25% a partir de un 40% de incumplimiento.

Sin embargo, las cuatro empresas ahora vetadas no tenían ninguna intención de inyectar biocarburantes en su producto, ni tampoco de pagar la compensación a Transición Ecológica. En concreto, cumplieron con el "0% del objetivo de biocarburantes de 2023" y no pagaron ni un euro en compensaciones. Tras meses de investigación y advertencias por parte de Transición Ecológica, los operadores fueron expulsados del registro de manera definitiva la semana pasada, los días 7 y 10 de octubre, según el BOE. En diciembre del año pasado, este ministerio también incorporó una orden que permite inhabilitar a los operadores que incumplan más del 60% de cuota de biocarburantes para facilitar estas suspensiones.

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Una persona cercana a estas investigaciones explica que estas empresas siempre operan de la misma manera. Utilizan su licencia como operador mayorista para comprar y vender carburantes en cantidades industriales a otros operadores o a gasolineras, pero siempre incumpliendo la cuota obligatoria de biocarburantes del 11% (en 2024). Cuando Transición Ecológica reclama al año siguiente los certificados no pagados, las empresas se declaran en bancarrota, sus dueños desaparecen y dejan detrás una deuda millonaria, y aunque pierden su derecho a operar, vuelven a trabajar bajo otra compañía que sí tiene permisos y que permanecía dormida en el listado de la CNMC. En este momento hay 112 operadores al por mayor habilitados para funcionar en España.

Al igual que evaden sus pagos por biocarburantes, estas tramas tampoco ingresan a Hacienda el IVA, que sí trasladan a sus clientes, ni sus cuotas de reservas estratégicas, ni su aportación anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. En sector de los hidrocarburos, en guerra contra estos operadores fantasma, calcula que cada año defraudan unos 2.000 millones de euros entre todas estas cuantías.

La expulsión de estos cuatro operadores coincidió la semana pasada con la detención del empresario Víctor de Aldama, cercano al exministro José Luis Ábalos, por liderar una supuesta trama de impago de IVA en la que se habrían escaqueado del pago de 182,5 millones de euros a Hacienda, cantidad que después blanquearon para comprar inmuebles, vinos, y joyas, entre otros. En este caso, la trama también partía de un operador petrolífero mayorista (Villafuel), pero también participaban otras ocho empresas pantalla y una serie de testaferros. Villafuel, a diferencia de las cuatro mencionadas más arriba, continúa en el listado de operadores de la CNMC, que borra compañías únicamente por orden del Ministerio de Transición Ecológica, porque todavía no ha incumplido sus obligaciones sobre biocombustibles, según fuentes conocedoras del caso. Pero sí ha sido ya eliminada de otra lista, el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales, controlada por Hacienda, de manera que no puede sacar petróleo de los depósitos fiscales donde está custodiado.