Las medidas del Gobierno para suavizar la factura de la luz y el gas han logrado cumplir con su objetivo, pero el grueso de los españoles todavía no disfruta de esta energía más barata por desconocimiento. Solo uno de cada cuatro hogares tiene contratada una tarifa regulada del gas (TUR) pese a costar la mitad que las ofertas del mercado libre, según reconoció este lunes la ministra Teresa Ribera. Peor encaje tiene el llamado bono de justicia energética que abarata el precio de la luz: aspiraba a llegar a 1,5 millones de hogares y solo se han concedido a 2.300 desde que echó a andar en octubre.
Según el balance que hizo este lunes la titular de Transición Ecológica, en este momento hay dos millones de hogares suscritos a una Tarifa de Último Recurso del gas natural. Son alrededor de 400.000 clientes más que en el mes de junio, pero representan una minoría del mercado, ya que hay cerca de ocho millones de hogares que consumen gas en España.
Las tarifas TUR ofrecen un precio fijo del gas que se establece trimestralmente por un cálculo publicado en el BOE, de manera que su precio está protegido de los vaivenes del mercado internacional. De esta forma, estas tarifas son cerca de un 50% más baratas que las ofertas de las grandes comercializadoras, según el comparador de la CNMC.
El ministerio calcula que durante el primer trimestre de 2023 quien esté suscrito a una TUR se ahorrará aproximadamente un 41% en la factura del gas (para consumos inferiores a 5.000 kilovatios hora al año) y un 37% (entre 5.000 y 15.000 kilovatios), si se incluye la rebaja del IVA del gas natural.
El Gobierno también dio cifras por primera vez de la llamada TUR 4 creada en octubre, una tarifa regulada del gas para comunidades de vecinos, que hasta ahora no podrían acogerse a este mecanismo porque consumían más de 50.000 kilovatios hora de gas al año. Pese a ser una de las medidas estrella en materia energética, solo 2.000 edificios con caldera comunitaria se han suscrito.
Aunque en las últimas semanas el precio del gas se ha suavizado debido a unas temperaturas más suaves de lo normal, no es tarde para trasladar la factura al mercado regulado, ya que la crisis energética sigue presente en el mercado de materias primas y el recibo podría volver a repuntar próximamente. "La situación todavía es susceptible de vivir episodios de volatilidad del precio del gas natural en los próximos meses", señaló la ministra este lunes.
Las organizaciones de consumidores coinciden en que la causa de que tres de cada cuatro consumidores permanezcan en el mercado libre es que no se ha dado suficiente publicidad a las medidas anticrisis y los ciudadanos desconocen que pueden acceder a ellas. Las TUR, por ejemplo, están disponible para cualquier vivienda y ahora también para las comunidades de vecinos. "No es que la gente sea masoquista y quiera pagar más, es que la mayoría no conoce la tarifa regulada ni el bono social", explica Rubén Sánchez, portavoz de la plataforma de consumidores Facua.
"Si la mayoría de los abonados desconocen si están acogidos a una tarifa regulada o al mercado libre en gas o en electricidad, será aún más difícil entender y acogerse a las nuevas tarifas puestas en marcha por el gobierno”, ejemplifica José Carlos Romero, coordinador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, quien señala que el mercado energético es demasiado complejo para la persona de a pie.
Desde la OCU, Enrique García afirma que habría que forzar a las energéticas a informar a sus clientes de que podrían ahorrar en su factura moviéndose al mercado regulado. "Son empresas que ofrecen tarifas de los dos tipos y no tienen interés en ofrecer las que son sustancialmente más baratas", dice el portavoz. "También el Gobierno podría cruzar datos de la declaración de la renta para ver qué familias cumplen con los requisitos y comunicarles la existencia de estas ayudas directamente", propone Sánchez, de Facua.
Respecto a la factura de la luz, el Gobierno también puso cifras por primera vez al bautizado como bono eléctrico de justicia energética. Se trata de una ayuda que cubre el 40% de la factura de la luz destinada a 1,5 millones de hogares, como anunció el presidente, Pedro Sánchez, pero apenas ha llegado a 2.300 familias, según el balance de este lunes.
"La ampliación de bono social era una medida necesaria, pero llevará tiempo que cale en los consumidores", reconoce José Carlos Romero. El experto sugiere crear un sistema automatizado que conceda estas ayudas sin previa solicitud, algo que ya se intentó en España en el pasado, pero reconoce que es una medida compleja de llevar a puerto.
Las dos categorías del bono social eléctrico que ya existían en el pasado, para consumidores vulnerables y vulnerables severos, fueron también reforzadas el pasado octubre. En estos casos, la acogida fue mayor y los beneficiarios crecieron en cerca de 250.000 entre julio y diciembre, hasta los 1,5 millones.
Los primeros disfrutan ahora de un descuento en la factura del 65% (del 60% antes de la reforma de octubre) y los segundos un 80% (antes del 70%), un refuerzo que asegura que paguen por la luz lo mismo que antes de que comenzase la crisis energética. Según Ribera, los clientes vulnerables pagaron en 2022 un 17% menos que en 2021 y los vulnerables severos un 28% menos. Concretamente, en este momento hay 627.000 beneficiarios del bono social para familias vulnerables y 700.000 del bono para vulnerables severos. Otros 9.200 se consideran en riesgo de exclusión social y no pagan nada por su factura de luz.
Este lunes también se publicó el precio para la bombona de butano para los dos próximos meses, que será 0,92 euros más barata que la del periodo anterior. Costará 17,66 euros.
Exportación masiva de electricidad a Francia y Portugal
La vicepresidenta tercera también aprovechó para hacer un balance anual de las exportaciones de luz a los países vecinos, que alcanzaron cotas no vistas en los últimos años.
El año del tope al gas termina con electricidad casi gratis gracias a las renovables
El sistema eléctrico francés acostumbra a exportar luz a la península de su parque nuclear, pero los graves problemas que sufrió el año pasado en sus centrales dieron un vuelco a la situación. Entre agosto y diciembre, España envió a Francia 6.729 gigavatios hora de electricidad, cuando de media en los últimos cinco años importó 2.165 gigavatios en ese periodo.
Diciembre fue precisamente el segundo mes del año que más electricidad se envió, un 23% más que en el mismo mes de 2021, hasta el punto de que el 3,2% de la electricidad que consumió Francia en diciembre provino de España. En noviembre representó el 3,4% y en octubre el 2,8%.
Portugal también sufrió un importante agujero en su producción debido a la sequía, ya que depende en gran medida de la generación hidroeléctrica. En este caso, España envió a su vecino 2.595 gigavatios hora entre agosto y diciembre, seis veces más de la media de los últimos cinco años.
Las medidas del Gobierno para suavizar la factura de la luz y el gas han logrado cumplir con su objetivo, pero el grueso de los españoles todavía no disfruta de esta energía más barata por desconocimiento. Solo uno de cada cuatro hogares tiene contratada una tarifa regulada del gas (TUR) pese a costar la mitad que las ofertas del mercado libre, según reconoció este lunes la ministra Teresa Ribera. Peor encaje tiene el llamado bono de justicia energética que abarata el precio de la luz: aspiraba a llegar a 1,5 millones de hogares y solo se han concedido a 2.300 desde que echó a andar en octubre.