Carlos Mazón arropó este lunes el discurso de Vox más extremo contra el cambio climático y culpó al Pacto Verde europeo —promovido por la conservadora y presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen— de las 219 víctimas de la riada del 29 de octubre. El president de la Generalitat afirmó en una comparecencia que "las políticas sectarias de la izquierda", donde incluyó la falta de limpieza de ríos o la protección del suelo agrícola, "convirtieron al barranco del Poyo en una trampa letal", y prometió corregir la situación con un plan del que solo se conoce una pequeña inversión de 30 millones para reencauzar los barrancos de la zona, una obra que empezó a idearse en 2007.
"El Pacto Verde [de Bruselas] aplicado de forma radical es un mal entendido respeto por la naturaleza que ha costado vidas en nuestra tierra", afirmó Mazón, aunque no aclaró cuál es la relación entre ese paquete normativo impulsado en 2019 y la tragedia del pasado octubre. Tampoco citó el proceso judicial que mantiene abierta la jueza de Catarroja, que precisamente este lunes citó a declarar el próximo 11 de abril a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico de ese departamento, Emilio Argüeso.
El otro gran culpable que encontró Mazón este lunes para la riada de octubre fue la falta de limpieza de las cañas de los cauces de los ríos y ramblas, que según el barón popular, es consecuencia de las presiones ecologistas. Los expertos han desmentido en numerosas ocasiones que la vegetación fluvial tuviese un impacto en la riada, pero en todo caso subrayan que es competencia de la Generalitat la eliminación de las cañas del lecho de los ríos. "La ley de Biodiversidad establece que son las comunidades autónomas las que catalogan y actúan sobre las especies invasoras, y la Generalitat catalogó en 2013 el Arundo donax (caña común) como una especie vegetal exótica", aclara David Campos, de la fundación Limne, especializada en la conservación de ríos en Valencia.
El president también responsabilizó de la tragedia a la Ley de la Huerta aprobada por el Gobierno del Botànic, liderado por el socialista Ximo Puig. "Muchos habíamos advertido de que las políticas sectarias de la izquierda tendrían consecuencias sobre la protección de las personas y que la Ley de la Huerta era una trampa para la seguridad", llegó a decir. Esa normativa se aprobó en 2018 para proteger del urbanismo a la huerta valenciana, pero el Govern del Partido Popular entiende ahora que esos cambios blindaron el campo e impidieron llevar a cabo las obras necesarias para reconducir y reforzar las ramblas del Poyo y del Saler, unas reformas que según Mazón habrían salvado a los municipios inundados.
Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica ya aclaró en noviembre que las obras se paralizaron en la década pasada, después de que el expresidente Mariano Rajoy recortase drásticamente el presupuesto de la Dirección General de Aguas, y en 2017 la declaración de impacto ambiental del proyecto caducó. Cuando se recuperó el proyecto en 2021, una de las actuaciones, la vía verde del barranco del Poyo, ya era incompatible con el nuevo suelo protegido y se tuvo que volver a redactar. La ofensiva de Mazón contra la Ley de la Huerta llevó al Govern a aprobar el pasado febrero una nueva versión de la ley, así como un Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de València. Los nuevos cambios abren la puerta al urbanismo en zonas de huerta protegida, concretamente en huertas de grado 3, las más degradadas.
Andrea Márquez, portavoz del colectivo Acció Ecologista-Agró, contesta que precisamente esta desregulación es la que pondrá en peligro a los valencianos porque incentiva la construcción y cementación de tierras que ahora sirven para absorber el exceso de agua en caso de inundación. "Las huertas fueron de hecho las que permitieron laminar el agua y reducir la fuerza y el impacto del agua en los municipios. Con la modificación de la ley se abre la puerta a urbanizar 3.800 hectáreas de las más de 11.000 de huerta protegida, eso es una barbaridad y una vía para la especulación justificada con bulos", señala.
La reforma normativa de febrero también sentenció de muerte al Consell de l'Horta, un foro autónomo creado por el Botànic donde se reunían la Generalitat, los ayuntamientos, los agricultores, los vecinos y los ecologistas para debatir sobre el futuro del campo y sobre los cambios legislativos que le afectan. Mazón calificó este lunes al organismo de "chiringuito" y señaló que por su culpa no se pudieron realizar a tiempo las obras para adecuar el barranco de la Saleta.
Vox acuerda con Mazón los presupuestos de la Generalitat y da aire a su gobierno
Andrea Márquez, cuya organización formaba parte del Consell —hasta que fue oficialmente disuelto el pasado jueves— niega rotundamente esta afirmación, y asegura que el Govern ha utilizado como excusa a la dana para deshacerse de este foro. "Llevo dos años acudiendo al Consell y desde entonces he asistido a un desmantelamiento total con recortes de presupuesto para que no pueda cumplir con sus funciones. Pero esta es la mentira y la excusa definitiva para cerrarlo", opina la portavoz ecologista.
La función de este organismo es organizar reuniones para que todos los implicados en la agricultura valenciana pudiesen discutir y votar sobre normas que afectan al sector primario, y con su supresión Mazón se deshace de las trabas que le imponía el Consell. "Ahora el Govern absorbe las funciones del órgano y se ahorra tener que consensuar las actuaciones sobre el suelo agrícola", añade Márquez.
Pese a que el barón popular ha arrebatado a los agricultores este foro y ha reducido la protección de sus tierras, Mazón sacó pecho este lunes de la defensa del sector primario, con la presentación de un paquete de medidas agrícolas, como la inversión de 43 millones de euros para recuperación de aguas usadas, 18 millones para modernizar regadíos o 35 millones para programas de pesticidas. Estas ayudas las anunció como parte del plan para prevenir futuras inundaciones, un presupuesto que contrasta con los 30 millones que anunció para encauzamiento de barrancos y 25 millones para rehabilitar el embalse de Buseo, dañado por la riada.
Carlos Mazón arropó este lunes el discurso de Vox más extremo contra el cambio climático y culpó al Pacto Verde europeo —promovido por la conservadora y presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen— de las 219 víctimas de la riada del 29 de octubre. El president de la Generalitat afirmó en una comparecencia que "las políticas sectarias de la izquierda", donde incluyó la falta de limpieza de ríos o la protección del suelo agrícola, "convirtieron al barranco del Poyo en una trampa letal", y prometió corregir la situación con un plan del que solo se conoce una pequeña inversión de 30 millones para reencauzar los barrancos de la zona, una obra que empezó a idearse en 2007.