La sequía resucita la "demagogia del hormigón": ni embalses ni trasvases solucionan la crisis climática

Joaquín Costa, nacido en Huesca en 1846, fue un intelectual clave del siglo XIX y uno de los mayores representantes del regeneracionismo, una corriente que pretendía poner solución a la decadencia española percibida tras el desastre del 98. Su defensa de la construcción de grandes embalses para modernizar y acelerar Aragón en base al regadío fue un elemento central de su discurso. Así se expresaba:

"La condición fundamental del progreso agrícola y social en España, en su estado presente, estriba en los alumbramientos y depósitos de aguas corrientes y pluviales. Esos alumbramientos deben ser obra de la nación, y el Congreso agrícola debe dirigirse a las Cortes y al Gobierno reclamándolos con urgencia, como el supremo desideratum de la agricultura española".

Le hicimos caso. El desarrollismo económico español a partir de los 60 tuvo bastante que ver con la fiebre por los embalses y las presas, que convirtió al regadío en industria, al sur del país en la "huerta de Europa" y a España como el país con más infraestructuras hidráulicas de este tipo del mundo en relación a su superficie y el quinto en términos absolutos. No se trataba solo de garantizarse el recurso más valioso de todos en un país árido: se trataba de hacer negocio, ante el descubrimiento de que ciertos enclaves geográficos –Huelva, Granada, Almería, Murcia, Alicante– eran perfectos para el cultivo de especies impropias de estas latitudes. Solo hacía falta el agua que no caía del cielo.

Y hasta hoy. Sin embargo, muchos expertos llevan años advirtiendo de que la gallina de los huevos de oro está asfixiándose. Las obras hidráulicas fueron claves para garantizar la seguridad de suministro en un país seco y generaron miles de puestos de trabajo en el sector primario, pero ecologistas y técnicos coinciden en que, a pesar de que se aumentó la oferta de agua, la demanda por un regadío sobredimensionado es superior y convierte la gestión hídrica española en insostenible, en el más estricto sentido del término. A las puertas de una sequía meteorológica en todo el país, como es probable, la tensión se recrudece.

La oferta de agua desciende. No solo por una sequía puntual: la crisis climática hace que ya llueva menos de lo normal en España y provocará a corto, medio y largo plazo etapas de ausencia de precipitaciones aún más largas. La demanda, sin embargo, sigue igual o incluso aumenta. Ante esta situación, vuelven a surgir las voces que piden, simplemente, aumentar la oferta: haciendo más embalses, que acumulen más agua, y más trasvases que la muevan de cuencas supuestamente "excedentarias" a cuencas deficitarias. Sin embargo, los críticos aseguran que las presas pueden recoger el recurso, no crearlo ni inventárselo: y la falta de agua presente y futura no se soluciona con más obra pública.

Volvemos a Aragón. El profesor de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo, eminencia internacional de la gestión del agua, lo define con la expresión "demagogia del hormigón": arreglar la escasez con cemento. Los agricultores que se manifestarán en marzo en Madrid lo iban a hacer, en principio, contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, por un diseño de la Política Agraria Común (PAC) que consideran injusta o el retraso en solucionar los problemas de la cadena de producción: pero esta semana han decidido poner en la diana también a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, porque a juicio de los regantes faltan aún más "obras de regulación", una expresión a caballo entre el tecnicismo y el eufemismo para referirse a embalses y trasvases.

La petición de más infraestructura hidráulica ha resucitado también con respecto a Doñana en el pleno del Parlamento andaluz que aprobó el pasado miércoles la regularización de más de 800 hectáreas de cultivos fuera de la ley en el entorno de la marisma. El plan hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir, en proceso de aprobación y que regirá hasta 2030, planea más hormigón: pero no para generar más hectáreas de regadío, sino para que las ya existentes beban de la cuenca vecina del Tinto, Odiel y Piedras en vez de extraer más agua de unos acuíferos sobreexplotados. Sin embargo, la derecha defendió que esos recursos extra se utilicen no para aliviar a Doñana, sino para mantener más negocios. "El agua en superficie es sinónimo de sostenibilidad", aseguró el diputado de Ciudadanos, Julio Díaz.

Es el primer argumento que usan los críticos con la "demagogia del hormigón": más embalses llevan a más hectáreas de regadío en tiempos de "normalidad", por lo que cuando vuelve la sequía se vuelve al problema, porque la voraz demanda ha vuelto a superar a la oferta. "Esta mayor capacidad de regulación ha mejorado la garantía de suministro, pero esta medida no ha sido suficiente, como lo demuestran los acontecimientos adversos que posteriormente a estas obras se han ido repitiendo sequía tras sequía", argumentaba ya en 2004 Juan Antonio López Geta, del Instituto Geológico y Minero de España, en un informe encargado por el primer Gobierno de Zapatero denominado La sequía en España: directrices para minimizar su impacto.

El segundo argumento se basa en que no se puede almacenar lo que no se tiene. "El razonamiento es sencillo: lo que nos falta no son más embalses. Nos falta agua. Si los que tuviéramos estuvieran llenos, concluiríamos que hace falta almacenar más. Pero no pasa eso. Tenemos los embalses vacíos y no llueve. Estamos consumiendo más de la que tenemos". Y de la que vamos a tener. Al habla Julia Martínez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

¿Y no es mejor tener 15 embalses al 20% que cinco a ese mismo nivel? No se puede, contraataca. "Construir un embalse no significa que se vaya a llenar". No funciona así. No tiene sentido edificar una presa en espera de lluvias solo esporádicas, argumenta: tienen que construirse en lugares, como las cabeceras de los ríos, donde las precipitaciones sean más o menos constantes para que la evapotranspiración o las filtraciones no acaben con lo acumulado. Y las cabeceras de los ríos ya están saturadas de obras.

Los trasvases sin ton ni son también son rechazados por Martínez, porque las sequías ya no se circunscriben a un solo territorio: afectan, con cada vez más frecuencia, a todas las cuencas, también en las que se supone que sobra el recurso. Ciudadanos habló el miércoles en el Parlamento andaluz de una cuenca "excedentaria", la del Tinto, Odiel y Piedras: y una "deficitaria", la del Guadalquivir. El trasvase entre ambas zonas ya está aprobado por Transición Ecológica; no para alimentar nuevos regadíos, como defiende la derecha, sino para los ya existentes. Pero la falta de lluvias afecta a toda la comunidad autónoma, con especial incidencia en los últimos meses pero con un déficit que se remonta a 2012.

La misma situación, defiende Martínez, se produce en el Levante y en el trasvase Tajo-Segura: la infraestructura cada vez va a tener menos sentido porque cuando deja de llover aguas abajo, también lo hace aguas arriba. Esta obra hidráulica, clave para mantener el imperio del regadío en el que se sustenta la economía almeriense y murciana, cubre el papel del defenestrado trasvase del Ebro, planteado por José María Aznar en su Plan Hidrológico Nacional y tumbado por el Ejecutivo socialista a su llegada al poder en 2004.

El conflicto significó el primer gran hito de la movilización con respecto al agua en el país; sucedió en Aragón, región para la que, 100 años antes, Joaquín Costa pedía más embalses y más regadíos; y alumbró la Fundación Nueva Cultura del Agua, presidida por Arrojo desde su creación y con Martínez ahora como portavoz. Los argumentos, por entonces y ahora, son muy similares. La "nueva cultura del agua", considerar el recurso como algo finito que no se puede sobreexplotar por razones medioambientales y también económicas, no ha terminado de calar, a juzgar por los debates cíclicos; y a pesar de que la Directiva Marco del Agua, que desde hace 22 años dicta las normas básicas sobre gestión del agua en la Unión Europea, pone límites estrictos a la explotación de las aguas superficiales y subterráneas que España lleva 22 años sin cumplir.

La derecha andaluza ignora a Bruselas y a la sequía aprobando una 'amnistía' en Doñana a regadíos ilegales

Ver más

En los nuevos planes hidrológicos, el Gobierno para la Transición Ecológica, con dos décadas de retraso, quiere empezar a cumplir con la directiva y con esa nueva "cultura del agua". Aunque, según la fundación del mismo nombre, con escaso resultado. El Ejecutivo ha eliminado de la planificación 85 embalses "zombis", que pasaban de un ciclo a otro sin ejecutarse nunca. En la cuenca del Guadalquivir, hay previstos un recrecimiento y el trasvase ya comentado: pero, a pesar de los intentos del PP, Cs y Vox, no se prevén más hectáreas de regadío. No pasa igual en otras cuencas, donde se prevén más cultivos intensivos y más obras para sustentarlos. A pesar del cambio climático y a pesar de que desde hace años, todos los organismos competentes reconocen que España va a contar con un 20% menos de agua en un país ya de por sí seco.

En Extremadura, la Junta asegura que la sequía va a ser puntual, por lo que no ve problema en autorizar más regadíos. Y en la cuenca del Ebro, el recrecimiento del embalse de Yesa está a punto de culminarse con el apoyo de Transición Ecológica, pese a una oposición de muchos vecinos que se remonta a 2005, año en el que se empieza a plantear. La Fundación Nueva Cultura del Agua ha presentado alegaciones contra esa y otras obras planteadas, a lo largo y ancho del Estado, "que no se han descartado y que tienen gran impacto ambiental y no hay una racionalidad socioeconómica que las justifiquen".

Ni las presas ni los trasvases salen gratis. No solo en términos estrictamente ambientales, también monetarios. Si los ríos de los que se extrae el recurso se quedan demasiado secos, el impacto ambiental es evidente; los sedimentos se acumulan en los embalses, perdiendo alimento y vida río abajo; y, hasta la fecha, más de 500 pueblos han desaparecido de la faz de la Península en favor de la acumulación de agua. Sin embargo la derecha sigue agitando la construcción de más obras hidráulicas sin hablar de sus costes. El plan ambiental de Vox, según explicó Santiago Abascal en su moción de censura de 2020, consiste en más hormigón en toda España: y muchos agricultores aplaudieron a la extrema derecha este miércoles en el Parlamento andaluz y cargan a diario contra el "ecologismo radical" de la directiva, de los planes hidrológicos y de Ribera. Sin embargo, la oposición a las grandes presas no se hace –solo– por afán medioambientalista. Es porque no hay agua que las llene.