El debate británico sobre la responsabilidad de los medios no cala en la sociedad española

En España no existe un código de regulación de los medios de comunicación, tampoco un organismo público que vele por la libertad de prensa y ponga freno a la mala praxis de sus profesionales. Ni siquiera hay discusión pública sobre la necesidad de salvaguardar la información frente a las interferencias políticas y empresariales, y los excesos derivados de la lucha por la audiencia, especialmente en televisión e Internet. Una realidad que sitúa a España en las antípodas de un periodismo digno en un Estado democrático.

“No hay debate en las calles porque la gente ya no considera a los periodistas imprescindibles”, explica a infoLibre Xosé Manuel Pereiro, decano del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia. Tras el fin del régimen franquista y la instauración de un sistema democrático, la prensa se convirtió en un instrumento necesario para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, desde que “los periodistas paseamos bajo las banderas de las empresas como si fueran nuestras, el periodismo pasó a forma parte de las profesiones peor consideradas”, recalca Pereiro.

A pesar de la falta de credibilidad de los medios y la desconfianza de los ciudadanos sobre la información que reciben no hay, a día de hoy, ni demandas ni propuestas para apaciguar el declive del sector y sus profesionales. Ocurre todo lo contrario que en Reino Unido, donde más de 200 personalidades públicas han apoyado un manifiesto para reclamar a los medios británicos que acepten un código de autorregulación. Una campaña masiva para “salvaguardar a la prensa de la interferencia política y al mismo tiempo dar una protección vital para las personas vulnerables”. Así lo explican en su escrito, donde reivindican que la aplicación de las recomendaciones del Informe Levenson, recogidas en la Cédula Real del 30 de octubre de 2013, mejorará la percepción pública de los periodistas y editores.

El caso 'News of the World'

En España “no existe este debate porque no vivimos un caso como el de News of the World”, justifica Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE). Se trata del caso de las escuchas ilegales que llevaron a la quiebra al tabloide británico. La cabecera de Rupert Murdoch se hacía eco de sonados escándalos violando todo código ético y deontológico de la prensa. Ante estos acontecimientos, y por aclamación popular, las diferentes fuerzas políticas alcanzaron un acuerdo para crear un código de autorregulación de los medios británicos. Un año después, el Informe Levenson aún no ha sido aceptado por los gigantes mediáticos de Reino Unido, que tratan, sin éxito, de impulsar un sistema de regulación alternativo.

El debate en Reino Unido evidencia el vacío mediático en España. Desde la FAPE apuntan que existe “una cierta intranquilidad” ante la falta de discusión pública sobre la regulación de los medios. Sin embargo, defienden la existencia de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología que “ofrece arbitraje a quien lo desee”. Se trata de un órgano colegiado nombrado por el patronato de la Fundación Comisión De Arbitraje, Quejas y Deontología. Con este organismo, la FAPE persigue “garantizar el cumplimiento del código deontológico” propio de la federación.

A través de esta comisión pretenden defender el autocontrol deontológico de la profesión periodística. Los medios adheridos de manera voluntaria al reglamento del organismo cuentan con “un plus ético”, subraya González. Sin embargo, la violación de sus principios no conlleva ningún tipo de sanción, pues se trata de un mero “compromiso”. Televisiones, grupos editoriales, cabeceras y radios “de todas las tendencias” han apostado por este sistema de autocontrol. Son cientos “los dictámenes y resoluciones de la Comisión de Arbitraje y Quejas”, reivindican desde la FAPE. La propia Casa del Rey acudió a este organismo para que se pronunciara sobre cierta información de la que se hizo eco el diario El Confidencial. El tratamiento informativo de la tragedia del tren de Santiago también está siendo estudiado por el comité. Los medios adheridos al convenio están obligados a publicar las resoluciones del organismo cuando les afecte en primera persona. Aquí empieza y termina su compromiso.

Organismo independiente

Pero aunque no hay debate en las calles, la regulación de la prensa sí divide a sus profesionales. Mientras desde la FAPE y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) apuestan por un modelo de autocontrol, los colegios profesionales de periodistas estiman imprescindible la creación de un organismo independiente que “se preocupe por la aplicación de las normas y la ética periodística”, apunta Pereiro. Y, además, dé cabida a posibles sanciones que condenen la trasgresión de los principios de la profesión.

A pesar de que en España no ha tenido lugar un escándalo como el del desaparecido diario británico, abundan los excesos y la mala praxis en sus medios de comunicación. Desde la teoría de la conspiración del 11-M promovida por el diario El Mundo, pasando por la falta de rigor de las principales televisiones a la hora de informar sobre el asesinato de la niña Asunta Basterra o la perspectiva morbosa desde la que se retransmitió el accidente del tren Alvia en Santiago; hasta llegar a la falsa fotografía con la que El País ilustraba en su portada el estado de salud de Hugo Chávez. Son ejemplos que explican la falta de credibilidad de la prensa y evidencian la necesidad de un debate a todos los niveles: profesional y social. Ninguna de estas prácticas ha sido condenada o sancionada. 

La posibilidad de establecer una normativa e impulsar un organismo sancionador es “imposible de plantear”, advierte Carmen del Riego, presidenta de la APM. En primer lugar, “el periodismo es una profesión que no está regulada” y, además, toda sanción “plantea el problema de la censura”, puntualiza. Para la asociación madrileña de periodistas, la autorregulación es la solución a la mala praxis periodística, sin embargo, esta debe estar acompañada de “la exigencia de la sociedad para defender que no todo vale”. Sin una sociedad exigente con los medios, este sistema de control deontológico será inútil.

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“La autorregulación es una buena iniciativa, pero no es suficiente”, afirman también desde los colegios profesionales de periodistas. “Todos conocemos las normas –recalca Pereiro–, pero también sabemos que el 73% de los periodistas se siente presionado por su empresa, el autocontrol no vale, en realidad, para nada”. A los ojos del decano del colegio profesional gallego, el problema del control de las prácticas periodísticas radica en “quién dicta las normas, ¿las empresas o los periodistas?”.

La autorregulación pasa a convertirse en autocensura, no en favor de los principios periodísticos, sino en pro de los intereses empresariales. “Los periodistas tenemos que tener unos mecanismos que nos amparen, un consejo de informativos como existe en toda Europa, a excepción de Luxemburgo y España”, reivindica Pereiro. En Cataluña “existe un consejo de estas características desde 1997”, subraya Xavier Puig, miembro del colegio profesional catalán. Este organismo “sin ánimo de lucro, privado e independiente, vela por la ética profesional, y sus decisiones conllevan amonestaciones públicas”, aclara.

El debate está servido: ¿Es la autorregulación suficiente? ¿Salvaguarda este sistema a la prensa de interferencias e intereses políticos y económicos? Ante estas cuestiones la respuesta de los colegios de profesionales es clara: los códigos éticos periodísticos y empresariales están en bandos distintos.