Por qué la justicia ha puesto en la diana al fundador de Telegram pero no a Musk

"Un atentado contra los derechos humanos básicos" o "una toma de rehenes". Con estas palabras calificó el exempleado de la CIA y la NSA Edward Snowden la detención el pasado sábado del fundador de Telegram, Pável Dúrov, en Francia. El multimillonario francoruso de 39 años, apodado como el Zuckerberg ruso, fue arrestado cuando se bajaba de su avión privado en el aeropuerto de Le Bourget, cerca de París, procedente de Bakú (Azerbaiyán). Las autoridades galas acusan al creador de la aplicación de mensajería rival de WhatsApp de doce cargos, que incluyen complicidad en la difusión de imágenes pedófilas, en estafa y en tráfico de estupefacientes.

La investigación judicial, encabezada por la Unidad de Gendarmería de Ciberseguridad y la Unidad de Policía Nacional Antifraude, se abrió el pasado 8 de julio después de unas pesquisas preliminares realizadas por la sección de lucha contra la cibercriminalidad de la Fiscalía de París. La orden de arresto fue emitida por la oficina de menores (OFMIN) de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Su arresto puede alargarse hasta 96 y algunos medios apuntan durar hasta el próximo miércoles.

Las indagaciones policiales buscan ahondar en unas acusaciones que han perseguido a Telegram desde su nacimiento: que permite el desarrollo de todo tipo de actividades delictivas y que evita colaborar con la justicia. Por todos es conocido a estas alturas de la partida que, por ejemplo, el Estado Islámico tiene canal en la aplicación de mensajería y, a través de él, reivindican sus atentados. O que en otros espacios dentro de este servicio se comparten pornografía infantil o contenido pirateado como series o partidos de fútbol. 

"No existe la obligación de que las tecnológicas monitoricen toda la plataforma, pero si tienen conocimiento efectivo de que existe un delito y no hacen nada son responsables de obstrucción a la justicia", explica Borja Adsuara, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital. "Pensamos que los CEO de las multinacionales están por encima del resto y si a la más pequeña de las pymes se les exige cumplir con las responsabilidades legales, a una gran empresa también", señala este experto. 

Y aquí radica la principal y gran diferencia entre Telegram y otras redes sociales como las del imperio Meta, Google o X —anteriormente Twitter—, propiedad esta última del polémico Elon Musk.  "Estas aplicaciones sí que ofrecen información a los jueces", sostiene este abogado. Es decir, colaboran con la justicia. En WhatsApp, por ejemplo, las autoridades españolas pudieron actuar a finales de 2023 contra los grupos que compartían entre menores imágenes pornográficas o mensajes de extrema derecha. En el caso de la ola de bulos racistas tras el crimen del niño Mateo, la Fiscalía puso encima de la mesa investigar algunos de los mensajes difundidos en redes sociales y perseguir el anonimato, pero nunca cerrar X. 

"A menos que crucen líneas rojas, no creo que debamos controlar la forma en que la gente se expresa"

Con casi mil millones de usuarios, esta herramienta de mensajería lanzada en 2013 por el propio Pável Dúrov y su hermano Nikolaï siempre se ha posicionado como fiel defensor de la libertad de expresión y la confidencialidad de Internet y en contra de la explotación comercial de los datos personales, práctica habitual en otras aplicaciones. Lo explicó el ahora detenido el pasado mes de marzo a Financial Times: "A menos que crucen líneas rojas, no creo que debamos controlar la forma en que la gente se expresa". 

Dúrov, como muchos en Silicon Valley, hacen suyo la liberación de la responsabilidad por los contenidos publicados aunque incumplan la ley, que establece la sección 230 de la ley estadounidense de decencia en las comunicaciones de 1996 y aún en vigor. En la UE, la directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas de 2002 que era más restrictiva que la estadounidense dio pasó a los actuales reglamento de protección de datos y la ley de servicios digitales que establecen, entre otras medidas, multas si las plataformas no retiran en un tiempo determinado contenidos juzgados ilegales o incitadores del odio a requerimiento de la justicia. 

"A cualquier CEO no se le acusa de los delitos que se producen en sus plataformas", explica Adsuara. Este experto recuerda que la legislación establece así que todas estas aplicaciones son "neutrales" exceptuando siempre el "principio de exención de responsabilidad". 

Meta y X acatan la legislación europea, Telegram no

Pero, su falta de colaboración con la justicia es la principal diferencia, pero hay otra: su ubicación. "X y Meta están en Europa y acatan la legislación europea", reconoce Adsuara. La práctica habitual es que todas estas tecnologías tengan una sede en territorio europeo. Por ejemplo, la del imperio de Mark Zuckerberg está en Dublín. En cambio, la empresa matriz de Telegram, tras su salida de Rusia en 2018, está ubicada en las Islas Vírgenes y su sede está en Dubái. 

La detención de Dúrov recuerda a lo sucedido en España el pasado mes de marzo cuando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tuvo en jaque durante 72 horas a Telegram en el marco de un procedimiento por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual contra los titulares de diversos canales creados en la red social. 

Todo surgió a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por un presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Es decir, el caso no era contra Telegram, sino que la plataforma es tan sólo el canal en el que, presuntamente, unos usuarios concretos han cometido un delito contra los derechos de autor. Tras amenazar el viernes de que cerraría la aplicación, el lunes el juez Pedraz aseguró tras las críticas de expertos y organizaciones de consumidores que era una decisión "excesiva". Aunque, en realidad, con la actual normativa de la UE en la mano un futuro bloqueo de esta herramienta de mensajería no es descabellado. 

En concreto, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de 2018 y la reciente Ley de Servicios Digitales (DSA) exigen a todas las tecnológicas que quieran operar en su territorio que se establezcan en Europa y que cumplan sus leyes, así como que obedezcan a sus autoridades. Legislación que no estaría cumpliendo Telegram. Si bien desde la compañía defienden que sí lo hacen. "La moderación se ajusta a los estándares de la industria y mejora constantemente. Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma", sostienen en un comunicado horas después de la detención de Dúrov.

Aunque, según explica Adsura, la vía no es "que un juez cierre la aplicación" tal y como intentó Pedraz en España, si no recurrir a la "la vía administrativa". Es decir, que Telegram se sentase a negociar con Bruselas. "Ya pasó con Meta antes de la entrada en vigor del reglamento de protección de datos. Ninguna quiere renunciar al mercado europeo", apunta este experto que señala además que la empresa de Dúrov estaría planeando salir a Bolsa en EEUU y "no le interesa estar fuera de la UE". 

Los casos de Alemania y Brasil

Ejemplos como el que planteaba Pedraz hay pocos. En Alemania, el Gobierno ordenó el cierre de 64 canales que consideraban que vulneraban las leyes nacionales contra los discursos de odio. En Brasil, la justicia también ordenó el bloqueo —revertido a posteriori— a petición de un un tribunal que investigaba la publicación de contenidos de carácter neonazi y antisemita en un contexto de ataques en colegios requirió información a la compañía, que tampoco quiso revelar ningún dato

Otros cinco países sí que no permiten a sus ciudadanos el uso de la aplicación de mensajería. Pero en este caso es para impedir la oposición a sus respectivos gobiernos: se trata de China, Cuba, Irán, Pakistán y Tailandia.

Su relación con el Kremlin

Habría una tercera pata en todo el caso contra Dúrov: su relación de amor-odio con el Kremlin. Bloqueada durante dos años en Rusia por incumplir los requisitos de los servicios federales de ofrecer información sobre sus usuarios, el fundador pidió a los medios en 2018 que dejarán de decir que la tecnológica tenía "sede en Rusia". Sin embargo, parece que las cosas han cambiado y muchos expertos señalan el origen del avión que llevaba al fundador de Telegram antes de aterrizar en París: Bakú.

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"Podría haberse reconciliado con Putin y que detrás de esta detención estén los servicios de inteligencia occidentales detrás", apunta Adsuara que también destaca en esta teoría las circunstancias de la detención —una escala de un avión privado en París—, que sea un juez de lo penal el que lleve el caso y cómo ha salido el propio Gobierno ruso a defender a Dúrov tras su detención. En esta línea, no hay que olvidarse que Ucrania lleva meses debatiendo en su Parlamento cómo vetar Telegram para evitar la injerencia y la propaganda de Rusia. 

Desde el Kremlin rehusaron este lunes valorar el arresto de Dúrov: "No sabemos exactamente de qué se le acusa. No nos consta ninguna declaración oficial a este respecto". El principal portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, abogó por esperar a que la situación "se aclare" y, a partir de ahí, "extraer conclusiones". Por su parte, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos —el empresario también tiene nacionalidad emiratí— solicitó a las autoridades galas permiso para ofrecer "de manera urgente" asistencia consular.

Desde Francia, Emmanuel Macron recordó que esta detención se enmarca "en una investigación judicial en curso" y, por tanto, "no es una decisión política", en un mensaje que el mandatario ha querido hacer público en respuesta a las "informaciones falsas" sobre el caso. "Es la justicia, con total independencia, la que debe hacer cumplir la ley", escribió el presidente francés en X. Tras afirmar que Francia defiende la libertad de expresión y alienta el "espíritu de empresa", añadió que "tanto en las redes sociales como en la vida real las libertades deben ejercerse en un marco establecido por la ley para proteger a los ciudadanos y respetar los derechos fundamentales".