Ética periodística

Las quejas por el derecho al olvido y el plagio en Internet, las más numerosas remitidas a la FAPE

Nacho Villa cesará esta semana

El número de quejas sobre la mala praxis periodística recogidas durante el año 2015 ha aumentado en relación con las del anterior periodo. Según la Memoria de 2015 presentada en la mañana de este miércoles por la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, fueron 17 resoluciones las dictaminadas y referidas, en su mayoría, al derecho al olvido y el plagio en Internet.

El presidente del órgano de autoregulación de la profesión periodística, Rafael de Mendizabal, que enfatizó en el caracter declarativo y no sancionador de este, recordó que en el décimo aniversario de su fundación ya son más de 130 las resoluciones dictadas gracias al filtro de la "mesura en el enfoque y la prudencia en el método", enfatizó.

El año anterior se emitieron también 17 resoluciones, pero en este caso fueron referidas a la intimidad en el espacio público, el respeto a la propia imagen, el derecho a la cláusula de conciencia, información veraz y opinión libre.

Mendizabal dio cuenta de un aumento en el número de quejas que afectan a la prensa escrita, así como de un incremento significativo en el sector televisivo y de medios digitales, lo que, según indicó, denota claramente un cambio de tendencia. No obstante, hizo alusión a la ausencia de cadenas de televisión entre los adheridos a la Comisión y añadió que "las televisiones presentan resistencia poque reciben muchísimas quejas". Grupos como Vocento o Mediaset no están entre los medios ligados al organismo, pero la falta más notoria y cuestionada fue la de RTVE.

Aunque la Comisión considera positivo que los medios adheridos publiquen las resoluciones dictadas que les afectan, el presidente del organismo manifestó al respecto que "publican más cuando les son favorables que desfavorables".

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María Dolores Masana, vicepresidenta de la Comisión, resaltó el peligro de "los cambios en la legislación" que pueden afectar a la profesión y que pueden desembocar en la autocensura, como la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (ley mordaza) o elas nuevas normas de enjuiciamiento criminal. A este respecto, Masana destacó el caso del periodista vasco multado por publicar una foto de una operación policial, o los dos periodistas del diario Abc que podrían incurrir en una pena dos años de prisión por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La Comisión, vinculada a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), lamentó su "falta de visibilidad", escollo que intentan solucionar a través de diferentes vías como la participación en foros internacionales, la relación con organismos homólogos o una mayor difusión de sus resoluciones. En este sentido, la heterogeneidad de los reclamantes de las últimas temporadas, que incluye desde el organizaciones de defensa de la etnia gitana hasta la Casa Real, pasando por alcaldes o sindicatos, denotan, según Mendizabal, "la mejora de la difusión y la gran aceptación social".

Con el fin de evitar los largos y costosos procedimientos judiciales, y haciendo uso de la ética y la deontología, el presidente subrayó como una de las herramientas de prevención la realización de informes sobre el tratamiento informativo de diversa índole que pueden ser consultados en la web. Entre los más consultados por su asiduidad, destacó el documento que asesora en cuanto a la "violencia filio-parental", el solicitado por el Observatorio Internacional sobre Estudios de Terrorismo o el último requerido por la Organización Médica Colegial de España sobre la eutanasia.

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