Imagine un programa de televisión en el que se insulte, se hagan afirmaciones xenófobas o negacionistas del cambio climático y en el que haya espacio para la desinformación propia de la extrema derecha. Ahora, fantasee también con que el canal que lo emite, ignorando todas las advertencias, acaba siendo castigado con la pérdida de la licencia para continuar en antena. ¿Sería posible?
La respuesta es sí. Acaba de pasar, pero no en España, sino en Francia. En nuestro país también existen formatos audiovisuales bien conocidos por prácticas semejantes, pero lo que no existen son mecanismos eficaces de supervisión y mucho menos un organismo independiente que pueda retirar la licencia a un canal similar.
Las diferencias entre Francia y España en esta materia son notables y dejan en evidencia el modelo elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez para regular la supervisión del sector audiovisual en la reforma legal que aprobó hace apenas dos años. En vez de seguir las recomendaciones de Bruselas y poner en marcha un organismo independiente como el que existe en Francia, el Ejecutivo prefirió encargar únicamente algunas tareas de vigilancia a la Comisión Nacional del Mercado y de Competencia (CNMC) y mantener bajo control propio algunas otras claves, como la decisión de qué canales obtienen licencias para emitir en abierto en las frecuencias disponibles de televisión digital terrestre (TDT).
La Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom), responsable de garantizar la libertad de comunicación y el cumplimiento de las leyes en el sector en Francia, está dirigida por un colegio de nueve personas cuyo mandato no coincide con las legislaturas: tres designados por el presidente del Senado, tres por el presidente de la Asamblea Nacional, dos respectivamente por el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación, y el último por el presidente de la República. La CNMC, en cambio, la dirige un consejo de diez miembros y un presidente que elige el Congreso por mayoría simple —el mandato tampoco coincide con las legislaturas— a propuesta del Gobierno de turno.
Objetivos dispares
Arcom se ocupa, entre otras cosas, de proteger el pluralismo político, vigilar el cumplimiento de las normas de ética y deontología, garantizar una representación diversa de la sociedad, vigilar los derechos de las mujeres y amparar a los menores. Lo hace a petición de cualquiera que presente un caso, pero también y sobre todo a iniciativa propia. En sus manos está la decisión de conceder licencias de emisión o, en su caso, de no renovarlas cuando se incumplen estas normas.
La CNMC, en cambio, solo actúa a petición de parte, lo que limita su labor de supervisión a lo que le piden los pocos actores que solicitan su intervención. Y sus competencias se centran en los derechos de los menores, el cumplimiento de las normas en materia de publicidad y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Su capacidad de sanción es meramente pecuniaria; no concede licencias ni puede, por tanto, negar una renovación (es el Gobierno el que conserva esa prerrogativa).
Este organismo es, en realidad, una entidad ómnibus a la que las diferentes administraciones han ido encomendando tareas que nada tienen que ver entre sí: garantizar una competencia efectiva en el mercado eléctrico y en el mercado de hidrocarburos líquidos y gaseosos; mejorar la regulación en todos los mercados y sectores económicos y difundir la cultura de competencia; asegurar la pluralidad en la prestación de los servicios ferroviarios; vigilar la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios; trabajar para preservar y promover el correcto funcionamiento del sector postal; regular y supervisar el correcto funcionamiento del mercado de las comunicaciones electrónicas y garantizar la unidad de mercado.
Por si esta variedad de funciones fuera poca, el presidente Sánchez ya ha anunciado su intención de encomendarle una más, tan delicada como la que tiene que ver con el sector audiovisual: la supervisión del cumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (RELM), en particular de las nuevas normas de transparencia de los medios y de la distribución y reparto de fondos públicos en el ecosistema mediático español. Un anuncio que pone bajo sospecha la verdadera ambición de la propuesta de regeneración del Gobierno a partir de la aplicación de la norma europea.
Nada que ver
Mientras Arcom, el regulador francés, se esfuerza en vigilar y castigar las emisiones de contenidos xenófobos, misóginos, discriminatorios, negacionistas o de ideología de extrema derecha, con abundantes pronunciamientos a lo largo de los últimos años, la CNMC apenas se ha pronunciado más que sobre algunos casos de utilización indebida de la publicidad o de emisión de contenidos no aptos para menores.
En España sería impensable lo que ha sucedido en Francia. La decisión del regulador galo de expulsar a un canal de la TDT —C8— a partir del año que viene es aún más llamativa porque desafía a Vincent Bolloré, el multimillonario responsable del todopoderoso grupo Vivendi. Como señalaba Mediapart, socio editorial de infoLibre, hace apenas unos días, Arcom ha puesto fin a la inercia de las autoridades de regulación frente al proyecto ideológico del multimillonario bretón. Aunque no podrá impedir que Bolloré siga difundiendo en abierto CNews, otro de sus canales, y a través de él sus ideas ultrarreaccionarias.
La decisión de Arcom fue recibida como una consecuencia lógica, pero inesperada, porque es la primera vez que la autoridad audiovisual del país decide no renovar la autorización de emisión. La no renovación de C8 constituye una advertencia inédita frente al proyecto ideológico de Vincent Bolloré, que tiene como protagonista a Cyril Hanouna, presentador de su programa estrella: Touche pas à mon poste! (TPMP), que se ha convertido en el principal recurso del populismo en el país y que hasta ahora las autoridades de regulación no han podido frenar.
Bolloré, dueño del grupo Canal+ a través de la sociedad Vivendi, al que pertenecen C8 y CNews, y muy comprometido en abrir el camino hacia el poder de la extrema derecha, despreció las obligaciones legales que implica disponer gratuitamente de frecuencias públicas de emisión aunque tuviera que pagar hasta un total de 7,6 millones de euros en multas. Vivendi lleva tiempo queriendo ampliar su presencia en España. Ya posee un 11,8% de Prisa, la sociedad matriz de El País y la Cadena Ser, y no es ningún secreto que le gustaría hacerse con el control de ambos medios. Periódicamente, aparece citado, además, como un firme candidato a hacerse con el control de Mediaset, la compañía propietaria de Telecinco y Cuatro.
Sanciones
C8, uno de los canales más destacados de la TDT francesa, en poco más de diez años ha recibido treinta y dos recordatorios, avisos y otras sanciones pecuniarias, según un recuento publicado por el diario Le Monde, de los cuales la más severa ascendió a 3,5 millones de euros después de los insultos proferidos por Hanouna contra el diputado de Francia Insumisa Louis Boyard.
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Para evitar perder la licencia, los responsables del canal intentaron convencer a Arcom de su pluralismo e incluso ofrecieron emitir su programa estrella con un retraso de 15 a 45 minutos para, supuestamente, favorecer el control de sus contenidos. Después de años de incumplimientos, el supervisor francés no les creyó.
No obstante, y aunque C8 desaparecerá de la TDT en abierto, podrá seguir emitiendo por otros medios muy accesibles, como Internet, o a través de los descodificadores o plataformas. Además, el programa de Cyril Hanouna puede perfectamente migrar a uno de los otros seis canales de la TDT explotados por el grupo Canal+ y cuya renovación acaba de ser asegurada.
Aunque la decisión del regulador francés envía una señal clara a los editores sobre la necesidad de respetar sus obligaciones convencionales y parece poner fin a la impunidad de los medios de Bolloré, no priva al magnate de extrema derecha de su principal medio de propaganda, CNews. El canal de noticias, transformado en vehículo de opinión e incluso, durante la campaña legislativa, en un medio partidista al servicio de la victoria del RN de Marine Le Pen, podrá seguir beneficiándose de un bien público para verter un discurso de odio y ultraconservador.
Imagine un programa de televisión en el que se insulte, se hagan afirmaciones xenófobas o negacionistas del cambio climático y en el que haya espacio para la desinformación propia de la extrema derecha. Ahora, fantasee también con que el canal que lo emite, ignorando todas las advertencias, acaba siendo castigado con la pérdida de la licencia para continuar en antena. ¿Sería posible?