"Las instituciones tienen una responsabilidad en haber dejado que Internet sea como el Salvaje Oeste". Simona Levi lo tiene claro: la culpa de la ola de desinformación actual, de que bulos y discursos de odio pululen a sus anchas sin límites o que no se cumplan a rajatabla las nuevas legislaciones digitales es única y exclusivamente de las instituciones. Y lo explica con un ejemplo: el semáforo en rojo. Todos sabemos que no se puede pasar. ¿Pero qué pasaría si las administraciones públicas o los Gobiernos comenzaran a ignorarlo? "Se crea una confusión e incluso se podría pensar que quizás lo correcto sea pasar con el semáforo en rojo", defiende esta activista que explica que "es difícil que la población sea consciente de sus derechos y de las buenas prácticas cuando las instituciones no lo hacen".
Sobre cómo las instituciones han cedido Internet para que las poderosas tecnológicas lo transformen en su propio latifundio privado y sobre conceptos como la digitalización democrática y la soberanía digital va su nuevo libro Digitalización democrática. Soberanía digital para las personas (Editorial Rayo Verde), que se publica este lunes 2 de septiembre. Dramaturga, estratega tecnopolítica y cofundadora de la plataforma especializada en derechos digitales Xnet, para Levi no es la primera vez que lleva sus conocimientos al papel. Ya lo hizo con las noticias falsas en #FakeYou. Fake news y desinformación o con el caso Bankia en Votar y cobrar junto Sergio Salgado. Lo importante en los tres es comprender y no repetir los errores.
Como experta en desinformación, ¿cómo afecta a la sociedad las olas de bulos como las que se vivieron con el crimen del niño Mateo en Toledo o en Reino Unido?
El problema es que las herramientas que utilizamos no son democráticas porque no podemos analizar el código. Estas plataformas son de grandes propietarios con los que hay que negociar si aceptan o no las leyes que proponen los gobiernos para evitar que esto no sea la ley de la jungla. Son cosas que evidentemente debemos cambiar y, en realidad, no hay ninguna dificultad en hacerlo si no fuera porque hay unos intereses compartidos entre instituciones y estas grandes big tech.
En el tema de la desinformación, defendemos que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa muy distinta es el negocio. Y aquí estamos hablando del negocio que es la desinformación. En el caso del niño Mateo aún no hay información sistematizada, pero sobre los incidentes ultraderechistas en Reino Unido tras el asesinato de tres niñas, sí. Por ejemplo, solo diez cuentas crearon todos los bulos y generaron 19 millones de visualizaciones. Esto es claramente un negocio y defendemos que, como negocio, se ha de regular ya que, una vez más, hay dejación de funciones por parte de las instituciones.
Otro debate que se ha generado últimamente es sobre el anonimato en las redes sociales. El fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación proponía identificar con DNI a los usuarios de redes, ¿cómo valora esta vía? ¿Cómo se debería abordar?
Depende de lo que entendamos cómo anonimato. Primero, el espacio digital debe ser como el espacio público y no puede haber reglas diferentes. Los que dicen que no puede haber cuentas anónimas es como si dijeran que debemos pasearnos por la calle con un enorme DNI para que todo el mundo pueda saber cómo nos llamamos o nuestra dirección.
Segundo, cuando uno se abre una cuenta en cualquier plataforma debe de haber una forma de contactar con esa persona. Y esto es algo que ya funciona en las redes sociales y por esto se ha podido juzgar ya a un montón de tuiteros y de blogueros. No se necesita una ley especial ahora que es un tema de la extrema derecha porque cuando era un tema de la izquierda era muy fácil identificar a los usuarios y mandarlos ante un juez.
No necesitamos nuevas leyes, necesitamos una legislación que regule todo lo que sea el negocio de la información, con reglas específicas para que se asuman responsabilidades. Estamos, una vez más, volviendo estas normativas contra la gente. Dejemos de culpar al pueblo y obliguemos a nuestras instituciones a asumir unas responsabilidades de las que se escapan constantemente.
"La desinformación es un negocio y hay que regularla como tal"
Le quería preguntar por un par de nombres propios. El primero, Elon Musk. Da la impresión de que, con la ley de servicios digitales en la mano, Bruselas está mirando hacia otro lado en el tema de la desinformación en X.
La Unión Europea sí que está teniendo en cuenta a Elon Musk. Para mí, el problema es que al final toda esta legislación son parches y no una visión global de arriba. No es ‘tengo un boquete aquí pues le pongo un parche, tengo un boquete allá y le pongo otro’, pero tampoco se trata de que si a Musk se le va la olla entonces pienso en cómo adecuar la ley. No. Lo que se debería hacer es pensar, mirando desde fuera, cómo queremos que sea la comunicación digital. Lo de Elon Musk es un negocio y como tal debe ser tratado y debe cumplir con toda una serie de requisitos y no creo que haya discusiones posibles. Lo que está claro es que es probable que Twitter se vaya de Europa porque realmente se le está pidiendo unos requerimientos que no piensa cumplir.
Sobre Pável Dúrov y su detención: ¿es un defensor de la libertad de expresión como defiende Telegram o es un delincuente?
Aquí hay dos problemas. Por una parte, la libertad de expresión de la que habla Elon Musk, en la que él es el dueño del castillo y sube y baja el volumen con los algoritmos dependiendo de si la opinión le gusta o no, no es libertad de expresión. Y, por otra parte, creo que Dúrov no ha aceptado las puertas traseras que pidió la justicia francesa a Telegram. Y digo creo porque una vez más no lo sabemos porque estamos hablando de un software centralizado y nos tenemos que creer lo que nos dicen porque no podemos verificar el código.
Lo que está claro es que si hay un mandato judicial se debe respetar y esto no afecta la libertad de expresión. Si hay un pedófilo y una investigación judicial llega a la conclusión de que es un pedófilo, se le tiene que cerrar el canal de comunicación porque hay indicios claros de delito. Perseguir a los pedófilos no es un recorte a la libertad de expresión, lo que sí que es un recorte es aplicar a rodillo las puertas traseras para vigilar a todo el mundo o estas leyes como la del DNI. Aplicar el rodillo es liberticida, investigar y perseguir delitos no.
Sam Altman y la inteligencia artificial: ¿la irrupción de esta tecnología de forma masiva cree que abre más posibilidades o, todo lo contrario, más riesgos?
Ni una cosa ni otra. Para mí, todas las tecnologías son fantásticas si nuestras instituciones no se las dan en mano a los dueños del Salvaje Oeste. Son fantásticas si las construyen de una manera democrática que podemos vigilar con códigos abiertos que nos permiten saber qué hacen o si son herramientas que nuestras instituciones no entregan cortando la posibilidad de innovar. Pero el problema no es la gente sino las instituciones.
Aplicar el rodillo es liberticida, investigar y perseguir delitos no
Ya sobre su libro, gira alrededor de una digitalización más democrática, ¿en qué se traduce esto para los ciudadanos?
Las instituciones lo que hacen es promover una digitalización no democrática, es decir, hacen una dejación de funciones, no se responsabilizan en cómo se lleva a cabo esta digitalización. Se ha abandonado la digitalización como si fuera una tierra del Salvaje Oeste y el primero que llega, ya sea el más listo o el que más recursos tenga, lo ocupa y pone su ley, su manera de funcionar, sus procedimientos y sus protocolos. Por ejemplo, si llega una big tech y digitaliza toda la educación, pues ya está hecho y no hay más criterios detrás.
En muchos casos, la gente no nota esta dejación de funciones porque en ciertos ámbitos es el único entorno digital que conoce. Y es muy difícil notar algo si no sabes que hay otras opciones. Debe ser una es una responsabilidad institucional poner las leyes.
Otro de los conceptos importantes del libro es la soberanía digital democrática.
Las instituciones transmiten una idea y una narrativa sobre soberanía digital referida a la soberanía de la macropolítica, a la del Estado. Pero la soberanía digital debe ser para los actores más pequeños de la arquitectura democrática que es cada persona. Para mí, en esta soberanía, las personas debemos ser soberanas de todo: de los datos, de los contenidos que generamos o que recibimos o que intercambiamos online. Por eso necesitamos que nuestra casa digital tenga todas las garantías de privacidad, que nosotros tengamos el control. Es como si al final del día llevamos todas nuestras fotos íntimas a casa de un señor que se llama Google y se las damos, y él cierra la puerta y ya no podemos volver entrar. Esto es lo que estamos haciendo con nuestros datos utilizando las herramientas que las instituciones promueven y que son las que más se utilizan.
"Los derechos digitales son para tenerlos y no tener que utilizarlos, pero deben estar ahí"
La privacidad es un eje central en el libro. Aunque la invasión en la privacidad es algo evidente, ¿qué le dices a aquellos que aseguran que si no has hecho nada malo no tienes de qué preocuparte?
Es lo mismo que se dice de la libertad de expresión: aunque no tengas nada que decir, es un derecho que los ciudadanos debemos saber que tenemos para así utilizarlo si queremos. Primero, por si lo quieres utilizar tú. Y segundo, como es un derecho colectivo, aunque tú no tengas nada que decir, igual hay alguien que sí quiere hacerlo.
Y con la privacidad pasa lo mismo. Si a ti te da igual que Google o las instituciones puedan leer tu correo, no pasa nada. Pero tienes que saber que estás comprometiendo también a la persona con la que te intercambias ese correo, y este interlocutor igual no quiere que accedan a esa conversación. Los derechos son para tenerlos y no necesitar utilizarlos, pero deben estar ahí por si los necesitamos. También por higiene y por garantía democrática.
"Las instituciones tienen una responsabilidad en haber dejado que Internet sea como el Salvaje Oeste". Simona Levi lo tiene claro: la culpa de la ola de desinformación actual, de que bulos y discursos de odio pululen a sus anchas sin límites o que no se cumplan a rajatabla las nuevas legislaciones digitales es única y exclusivamente de las instituciones. Y lo explica con un ejemplo: el semáforo en rojo. Todos sabemos que no se puede pasar. ¿Pero qué pasaría si las administraciones públicas o los Gobiernos comenzaran a ignorarlo? "Se crea una confusión e incluso se podría pensar que quizás lo correcto sea pasar con el semáforo en rojo", defiende esta activista que explica que "es difícil que la población sea consciente de sus derechos y de las buenas prácticas cuando las instituciones no lo hacen".