Las sanciones por prácticas anticompetitivas alcanzaron los 1.277 millones en el último lustro

El pasado mes de noviembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció el desmantelamiento de cinco cárteles –en los que participaban 11 compañías y una asociación empresarial– que se distribuían el mercado de cables eléctricos de baja y media tensión para la construcción de hospitales, uso doméstico, telefonía o edificación de viviendas. Todas estas firmas, según detalló el organismo dirigido por José María Marín Quemada, se dedicaron durante años a amañar precios y condiciones comerciales, así como a repartirse los proyectos para asegurar sus ganancias encareciendo las obras, algo que quedó registrado en los mails y cuadernos de notas que Competencia fue recopilando durante toda la investigación. La multa impuesta ascendió a 44,7 millones de euros.

En los últimos cinco años de los que se tienen datos oficiales –es decir, entre 2012 y 2016–, las sanciones impuestas por la CNMC tras detectar prácticas anticompetitivas ascendieron a 1.458,7 millones de euros, según detalló el pasado mes de diciembre el Gobierno en respuesta a una pregunta escrita formulada por el diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez. De todos estos ejercicios, el de 2015 fue, con diferencia, el más relevante: las multas por incumplir la Ley de Defensa de la Competencia alcanzaron los 572,55 millones. Le siguen los años 2012, 2013 y 2016, con sanciones de 372,9 millones, 229,7 millones y 225 millones de euros, respectivamente. En 2014, sin embargo, se registró un pinchazo importante: 58,54 millones de euros, un 74,5% menos que en el ejercicio anterior.

Sin embargo, tras aplicar las reducciones por el programa de clemencia, el valor final de las multas impuestas por la CNMC durante el último lustro se rebaja hasta los 1.276,77 millones de euros. La normativa de defensa de la competencia establece, en su artículo 66, la posibilidad de que empresas o personas físicas puedan disminuir entre el 20% y el 50% el importe de las sanciones siempre y cuando "faciliten elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor añadido significativo con respecto a aquéllos de los que ya disponga la Comisión Nacional de la Competencia", cooperen "plena, continua y diligentemente", pongan fin "a su participación en la presunta infracción" y no hayan destruido elementos de prueba.

El papel de los cárteles

Los pactos para fijar precios, repartirse el mercado o intercambiar información comercialmente sensible –los conocidos como cárteles– han copado en los últimos años la práctica totalidad de las multas impuestas por el organismo regulador. Entre 2014 y 2016, ejercicios en los que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia desglosa claramente el volumen de sanción impuesto a los cárteles, las multas por este tipo de práctica anticompetitiva ascendieron a 725 millones de euros –218 millones en 2016, 492,5 millones en 2015 y 14,5 millones en 2014–. Sólo durante esos tres años, se destaparon en España 27 acuerdos secretos entre compañías para reducir al máximo la competencia, lo que viene acompañado de un incremento de los precios. Desde 1989, año en el que se dio luz verde a la Ley de Defensa de la Competencia, se han desmontado un total de 83.

Hasta la fecha, la mayor multa en esta materia se impuso en 2015. A finales del mes de julio, la CNMC anunció una sanción de 171 millones de euros a más de una veintena de empresas fabricantes de coches, distribuidoras, comercializadoras y prestadoras de servicios de postventa, así como a dos firmas consultoras, por conformar un cártel que intercambiaba de forma sistemática "información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y altamemente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas". Entre las empresas incluidas en el expediente, que controlaban más del 90% del mercado en España, se encontraban Citröen, Ford, General Motors o Renault, entre otras. 

Se libraron del varapalo de Competencia, sin embargo, Seat, Volkswagen Audi y Porsche. Aunque pertenecían al mismo grupo que las otra veinte firmas, las tres automovilísticas se acogieron al programa de clemencia. "Esto se debe a que aportaron elementos de pruebas suficientes para ordenar las inspecciones realizadas, así como posteriormente durante la instrucción de este expediente, que han posibilitado a la CNMC la detección y acreditación de este cártel", señaló el organismo regulatorio en una nota de prensa. En total, se libraron de abonar casi 40 millones de euros. Según los datos aportados por el Gobierno, un 30% de los cárteles destapados entre 2014 y 2016 fueron gracias a chivatazos a cambio de exención. 

Parasitando el sector público

Durante los últimos años, también se han descubierto acuerdos opacos de este tipo que han afectado de forma directa al sector público. Es el caso, por ejemplo, de los fabricantes de pañales para adultos, financiados por el Servicio Nacional de Salud y que se compran en las farmacias para pacientes no hospitalizados. En septiembre de 2016, la CNMC multó con 128,8 millones de euros a siete firmas de estos absorbentes de incontinencia urinaria por ponerse de acuerdo a través de la Federación Española de Fabricantes para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas. Además, bloqueaban con recursos administrativos los concursos públicos que convocaban las comunidades para que los centros sanitarios, por ejemplo, se vieran obligados a comprar los pañales a través de las farmacias, donde les proporcionaban ingresos tasados. Lo hicieron entre 1996 y 2014. 

Pero no es el único caso relacionado con las licitaciones públicas. El año pasado, Competencia también multó con 5,64 millones a un cártel formado por cuatro empresas que durante 15 años se presentaron siempre como una Unión Temporal de Trabajadores a los concursos de Adif para líneas de AVE: "Las empresas no competían a la hora de licitar, definían los precios, y luego ajustaban el suministro según los acuerdos a los que llegaban en diversas reuniones y encuentros", señalaba la CNMC, una práctica que hacía que los precios ofertados por las compañías en los expedientes de licitación fueran "más altos" que los que hubieran presentado compitiendo entre sí. Unos meses después, 15 compañías fueron sancionadas con 4,09 millones por repartirse el mercado de las mudanzas internacionales de los funcionarios de varios ministerios.

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El contexto europeo

A nivel europeo, el Ejecutivo comunitario desarticuló entre 2014 y 2016 un total de 19 cárteles en los que participaban 89 empresas y asociaciones. Fruto de esas actuaciones, el departamento que dirige la comisaria Margrethe Vestager impuso sanciones que ascendieron a 5.761,1 millones de euros –desde 1990, las multas por esta práctica anticompetitiva han sumado 23.311 millones–. De los tres últimos ejercicios, el año que menos se multó por pactos secretos para fijar precios, repartirse el mercado o intercambiar información confidencialmente sensible fue 2015, con 349,5 millones, casi cinco veces menos que el anterior (1684,7 millones). Por contra, 2016 fue el ejercicio en el que las sanciones fueron más elevadas: 3.726,9 millones.

De hecho, cuatro de las diez mayores multas a empresas por su participación en cárteles de toda la historia de la UE se registraron en ese último año. Así, durante ese ejercicio se sancionó con 1.000 millones de euros a Daimler, la propietaria de Mercedes-Benz; con 752,6 millones a DAF; con 670,4 millones a Volvo/Renault Trucks; y con 494,6 millones a Iveco. Las cuatro compañías formaron parte de un cártel de fabricantes de camiones que durante 14 años –entre 1997 y 2011– fijó "un baremo de precios en bruto" para los vehículos de peso medio y pesados. Además, según desveló la investigación de la Comisión, todas las firmas implicadas pactaron un calendario para retrasar la introducción en los camiones de la tecnología necesaria para cumplir con la normativa europea de emisiones contaminantes.