Tratar la historia en serio

La historia deber ser estudiada, investigada, analizada y, aunque la opinión en torno a ella es libre y gratis, conviene tratarla con respeto y conocimiento.

Algo que no hacen quienes se empeñan en difundir, por diferentes altavoces de medios de comunicación, que la historia de España está marcada por guerras civiles y que los españoles somos todavía en la actualidad un claro reflejo de eso: “guerracivilistas”, un término difícil de explicar y traducir a los extranjeros.

Si en otros lugares de Europa el fenómeno de la violencia en el siglo XX –marcado por el holocausto, las guerras mundiales, el fascismo o el comunismo– se explica como un producto de la modernidad, de la aplicación de la industria y de la tecnología al servicio del crimen y de la destrucción, entre nosotros sería una especie de pecado ancestral y primitivo que corre por nuestra sangre.

El interés de algunos historiadores por documentar, cuantificar y explicar la violencia durante la guerra civil y la dictadura de Franco ha servido de excusa a otros, que no son historiadores pero pasan muchas horas hablando de historia en los medios, para resucitar el espectro del “guerracivilismo”. Muerto Franco y desaparecida ETA, vivimos sin duda en el período de menor violencia política de nuestra historia contemporánea, pero hay que transmitir a la opinión pública la idea de que cualquier mirada libre a ese pasado de asesinatos, tortura y tiranía –en vez de mirar al futuro– es una muestra de la inclinación de los españoles a la guerra civil y a la destrucción fratricida inherente a ella.

Habría que dejar claras tres cosas que nada tienen que ver con esa supuesta obsesión:

1. La guerra civil dejó cicatrices duraderas en la sociedad española. El total de víctimas mortales se aproximó a 600.000, de las cuales 100.000 corresponden a la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 a la violencia en la zona republicana.

Tras el final oficial de la guerra civil, el 1 de abril de 1939, la destrucción del vencido se convirtió en prioridad absoluta. Comenzó en ese momento un nuevo período de ejecuciones masivas y de cárcel y tortura para miles de hombres y mujeres. Al menos 50.000 personas fueron ejecutadas entre 1939 y 1946.

De lo que se trata ahora es de conocer las circunstancias de la muerte y el paradero de miles de personas a las que nunca se registró, abandonadas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, en los ríos, en pozos y minas, o enterradas en fosas comunes. Asesinados sin procedimientos judiciales ni garantías previas hubo también miles en la zona republicana y aunque a casi todos ellos se les registró y rehabilitó después de la guerra, las excepciones a esa regla merecen también ser conocidas.

En vez de permitir que ese pasado de degradación y asesinato político se investigue, de intentar comprender y explicar por qué ocurrió, condenarlo y aprender de él, hay quienes prefieren hacer desaparecer el recuerdo, el verdadero rostro de esa dictadura asesina.

2. Es un alivio vivir sin Franco y su dictadura, pero algunos siguen actualizando sus mentiras sobre ese pasado, una mezcla de propaganda y justificaciones políticas. No es posible congelar esas cuatro décadas de nuestra historia, con muchos de sus actores todavía vivos, las víctimas sin compensar y con los apologetas de Franco y su dictadura vociferando a sus anchas en algunos medios de comunicación.

El Valle de los Caídos fue suyo en vida y continúa siéndolo tras su muerte, incapaces los Gobiernos democráticos de establecer una política coherente de gestión pública de esa historia. Las miradas libres a ese pasado traumático y la reparación política, jurídica y moral de las víctimas de la violencia franquista generan el rechazo y el bloqueo de poderosos grupos bien afincados en la judicatura, en la política y en los medios de comunicación. Por eso es tan importante sacar sus restos de allí y convertir el Valle de los Caídos, ideado por el dictador para inmortalizar su victoria en la guerra civil y honrar a los muertos de su bando, en un lugar de memoria de lo que significó la simbiosis entre la espada y la cruz, Franco y la Iglesia católica.

3. La lucha por la información, la verdad y el rechazo del olvido deberían ser señas de identidad de nuestra democracia. Pero además de difundir el horror que la guerra y la dictadura generaron y de reparar a las víctimas durante tanto tiempo olvidadas, hay que convertir los archivos, museos y la educación en los tres ejes básicos de la política pública de la memoria.

Guerra, victoria, dictadura

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Sin archivos, no hay historia. Sin embargo, los archivos no suelen aparecer en el debate sobre la memoria histórica. Y aunque los tiempos han cambiado, persisten algunos vicios en la gestión pública de los documentos escritos. Se le da más importancia a la propiedad que al valor de uso, de forma que algunas instituciones y personas consideran los documentos suyos, y bastantes archivos y hemerotecas, como bien saben y denuncian los profesionales que trabajan en ellos, poseen recursos y medios muy insuficientes.

Hay que recopilar y preservar todos los documentos y testimonios de ese pasado y ponerlos al servicio del investigador. Y los fondos documentales de la Fundación Nacional Francisco Franco, gestionados ahora por la ultraderecha y la familia del dictador, circunstancia que sería impensable en Alemania o Italia, deberían ser de uso público.

No hay una única visión del franquismo. La historia de la Segunda República, de la Guerra Civil y de la dictadura franquista se ha convertido en un campo de batalla de diferentes interpretaciones. La tarea de repensar continuamente esa historia la tenemos ahí, demandada por muchos ciudadanos. E ilustrar libremente a los ciudadanos sobre su pasado puede traer importantes beneficios en el futuro, siempre y cuando esa educación histórica no se base en la apología de la dictadura y del crimen organizado. _________Julián Casanova es miembro del Institute for Advanced Study de Princeton.