Desprivatizar es una decisión política

Vamos a comenzar con una frase que es un auténtico ejercicio genial de análisis antropológico. Claro está, es un sarcasmo en toda regla. “Si no hubiera paraísos fiscales, se dificultaría la inmensa evasión de capitales que deciden muchas grandes fortunas en el mundo y que perjudica extraordinariamente la consecución de objetivos sociales de primera necesidad, sobre todo, en aquellos países que tienen un Sistema Político que trata de financiar los pilares del Bienestar Social, es decir, la Educación Pública, la Sanidad Pública, las Pensiones Públicas y la Protección Social”.

Los nuevos papeles de Pandora vuelven a poner en evidencia una práctica masiva y habitual de muchas grandes fortunas mundiales que, para evitar pagar millones de euros en impuestos, ponen sus negocios y sus ganancias en manos de auténticos profesionales. El método tradicional es crear una empresa que se encarga de “gestionar” los dineros en una única dirección: el mayor beneficio de algunos en detrimento de las posibilidades económicas estatales de financiar los derechos humanos de sus poblaciones. A estas alturas, perdón por la deformación profesional, los consideramos “enfermos del dinero”, porque siendo multimillonarios, quieren más y más sin límite alguno. Esta enfermedad no les exime de sus responsabilidades, por supuesto, porque son plenamente conscientes de lo que hacen. Por lo tanto, cuando de nuevo nos digan que no hay economía que soporte el bienestar social pleno, les argumentaremos con la contundencia que nos permite el anterior párrafo, que no es cierto. Que existe dicho dinero pero está en paraísos fiscales.

Existen múltiples estudios, incluso datos oficiales, que reconocen la escandalosa cuantía del fraude fiscal en España. El estudio FEDEA señala que la economía sumergida en España alcanza el 20% del Producto Interior Bruto (PIB). Dado que la presión fiscal en nuestro país está en el 33%, se considera que si la actividad oculta tributara en las arcas del Estado ingresarían un 6,6% adicional. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) nos indica que la escandalosa cifra del fraude en España alcanza el 25% del PIB, o lo que es lo mismo, 250.000 millones de euros anuales. El Bienestar Social sería posible de forma sobrada.

Otra genialidad en nuestro análisis. Si no hubiera leyes que permitieran las privatizaciones de los recursos públicos, se dificultarían las mismas. Por lo tanto, aquellos partidos que permiten que existan estas leyes están siendo colaboradores imprescindibles de las estrategias privatizadoras.

Se ha celebrado una jornada en el Congreso de los Diputados, organizada por la Comisión de Sanidad de Unidas Podemos, que consideramos de gran trascendencia. En dicha jornada han participado las Organizaciones que han defendido históricamente y sin períodos de descanso la Sanidad Pública porque desde hace muchos años han valorado negativamente la cronología de hechos. Nos referimos a que desde el año 1997, se aprueba una Ley que permite las privatizaciones de los recursos hospitalarios. En la votación para aprobarla se mostraron a favor el Partido Popular y el PSOE.

En la jornada antes mencionada, se ha decidido de forma consensuada promover una Propuesta de Ley para derogar la 15/1997, como expresión rotunda de defensa de la Sanidad Pública. Ojalá se consigan los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso de los Diputados.

Las ponencias de los implicados en la desprivatización del Hospital Alcira en la Comunidad Autónoma Valenciana nos pareció la expresión de una odisea. Dificultades de todo tipo, legales, laborales, sindicales... incluso amenazas personales para los cargos directivos que han hecho posible la reversión de privado a público de ese hospital. Sólo el compromiso firme político del gobierno valenciano ha hecho posible que se consiguiera.

Hay una autopista para privatizar y no está diseñado el camino para desprivatizar, nos transmitieron los ponentes. Traducido resulta que las privatizaciones se generan de forma muy fácil y rápida y las desprivatizaciones exigen unos esfuerzos tremendos y lentos.

A estas alturas, estamos convencidas/os que cuando se plantea cualquier tipo de problema para paliar necesidades sociales de la población, las soluciones son imposibles o viables, sólo dependiendo de la voluntad política de la administración pública implicada. Así de sencillo. Los derechos humanos deben ser garantizados por los gobiernos correspondientes. Es la razón fundamental de existir de los políticos. Las iniciativas privadas, sobre todo las de mayor calado, tienen sobradamente recursos para sus estrategias. Otra cuestión son las pequeñas empresas que son habitualmente desfavorecidas por las decisiones políticas.

El bienestar social es posible. Sólo necesitamos voluntad en los gobernantes y medidas inflexibles para acabar con las evasiones de capitales.

Cuando lleguen las elecciones, habrá que plantear a los partidos que concurran, qué contemplan en sus programas sobre estas elementales necesidades de la población. La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, mientras tanto, seguirá a pleno pulmón con la Campaña para “Recuperar la Sanidad Pública Andaluza”, que ha sido desmantelada y crecientemente privatizada, y mantendremos nuestra antigua reivindicación de ir en contra de la Ley 15/1997, que lo está permitiendo. Es urgente derogar o modificar dicha trama legal.

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Antonio Vergara de Campos y José Antonio Brieva Romero son miembros de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas