La crisis política de Cataluña
El TC pide a la Fiscalía que actúe contra los miembros de la Mesa del Parlament que hicieron posible tramitar la Ley de Referéndum
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha acordado estimar dos nuevos incidentes de ejecución formulados por el Gobierno en relación con los acuerdos con los que, los días 6 y 7 de septiembre, la Mesa del Parlamento de Cataluña permitió la votación y posterior aprobación de las llamadas leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.
El Alto Tribunal ha decidido considerar inconstitucional la decisión de la Mesa de permitir la tramitación de las normas legales que permitieron a la Generalitat convocar e a las urnas a los catalanes el 1 de octubre. Y, como consecuencia de ello, ha acordado poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, para que, en su caso, proceda a “exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder” a la presidenta del Parlament de Cataluña así como al vicepresidente primero, a la secretaria primera, al secretario tercero y a la secretaria cuarta, todos ellos de la Mesa del Parlamento de Cataluña.
La actuación de todos ellos constituye “un incumplimiento objetivo de su deber de acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional y de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga eludir los pronunciamientos contenidos” en sus sucesivas resoluciones.
La decisión del TC tiene en cuenta que la decisión de la Mesa se tomó “pese a las expresas advertencias formuladas previamente, por escrito, por el secretario del Parlament y del letrado mayor” de la Cámara.
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Al adoptar los acuerdos impugnados, concluye el TC, el Parlament de Cataluña “se arroga atribuciones inherentes a la soberanía, superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución”.
El Alto tribunal precisa que aún siendo actos parlamentarios “de trámite”, tiene “efectos jurídicos propios e inmediatos” con el fin del dar cobertura jurídica a la celebración de un reférnedum de independencia.
