A 24 horas de que se agote el plazo de acogida de refugiados, CEAR denuncia: "Ha sido un gran fraude a los derechos humanos"

"Tengo familia en Turquía y Líbano que quieren venir a España, pero no pueden". Así habla Nedal, refugiado sirio acogido en España con el programa de reubicación de la Unión Europea. Como él, han llegado a España 1.983 personas, aunque el compromiso adoptado era de 17.337, tanto por la vía de la reubicación –es decir, la acogida de personas procedentes de Grecia e Italia– como por la del reasentamiento –el traslado de personas de países externos a la Unión Europea, principalmente Turquía o Líbano–. Este martes se cumple el plazo y ningún país de los Veintiocho ha cumplido con las cuotas prometidas. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), denunció este lunes "el muro de mentiras y excusas" con las que la UE ha justificado este "gran fracaso". "Todo este proceso ha sido un gran fraude a la ciudadanía, a las personas refugiadas y a los derechos humanos", denunció Estrella Galán, secretaria general de CEAR, quien recuerda que la Comisión Europea no cierra el plazo este 26 de septiembre, sino que los Estados miembros que se comprometieron a acoger a una cifra concreta de personas refugiadas deberán continuar haciéndolo. 

Con este escenario, en el que toda la UE ha dado asilo a apenas un 25% de lo comprometido, CEAR hace una "petición desesperada" a las autoridades para que "se reimpulsen los programas de reubicación y reasentamiento con una revisión inmediata de los criterios para participar" en ellos, calificados de "discriminatorios" y considerados como una de las causas principales que explican el incumplimiento de las cuotas. 

La nacionalidad, la falta de voluntad política y la ausencia de sanciones, principales explicaciones

Para CEAR, hay nueve motivos principales que explican el incumplimiento de las promesas adoptadas en 2015, cuando la foto de Aylan Kurdi hizo comprometerse a los Estados –al menos sobre el papel– a frenar la crisis migratoria. 

El primero de ellos es el criterio de la nacionalidad. Según el programa, sólo son susceptibles de reubicación aquellas personas con una nacionalidad que supere una tasa de reconocimiento de protección internacional de un 75% en la media de los países de la UE. Esta condición, calificada de "discriminatoria", es contraria a la Convención de Ginebra, según denuncia el organismo, que critica que este criterio ha dejado fuera del proceso "a miles de personas" procedentes de "Afaganistán, Irak, Sudán o Nigeria". 

Este requisito explicaría que la Unidad de Reubicación griega informara a la Oficina de Asilo y Refugio española que, en estos momentos, no dispone de personas reubicables que puedan ser acogidas en nuestro país. Según CEAR, en cambio, hay 50.000 personas atrapadas en el país heleno esperando a ser reubicadas. "Según la Comisión Europea, hay 7.000 personas que pueden entrar en el programa en Italia. Hasta el momento, han sido registradas alrededor de 4.000", denuncia Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de CEAR. 

Además, hay otros requisitos que impiden la reubicación desde Grecia e Italia, como la fecha de llegada a suelo europeo. De esta manera, sólo pueden pedir protección internacional aquellas personas que han llegado al país antes de marzo de 2016, fecha en la que se aprobó el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que establece que todas las personas llegadas a Grecia serían devueltas a Turquía. Esto, según denunció Favieres, es una práctica común que los Estados han estado haciendo "de forma ilegal", puesto que el acuerdo incluye a todas las personas que lleguen "hasta el día 26 de septiembre" aunque, recuerda, pasado este día debe continuar la acogida. 

La falta de voluntad política es señalada como otra de las explicaciones principales de incumplimiento de los compromisos. Según el organismo, esto es una constante entre toda la Unión Europea, puesto que "no ha hecho falta que gobiernen partidos con discurso xenófobo, su discurso del miedo ha sido la excusa para enfriar más todavía la voluntad de acogida de los Estados y justificar sus incumplimientos". 

"Desde el inicio, la Comisión Europea tendría que haber sido menos tibia y más contundente con aquellos países que no cumplían los plazos e iniciar procedimientos de infracción con mayor rapidez", explican en CEAR. El incumplimiento no conlleva ningún tipo de sanción para los Estados, por lo que la falta de voluntad política no se castiga de ninguna manera, agravando sus consecuencias.

El programa de reubicación y asilo adoptado por la UE es vinculante y concierne a todos los países, aunque se trata de una medida "puntual" que permite saltarse los términos establecidos en la Conferencia de Berlín, la cual establece que el país que recibe a los solicitantes de asilo debe hacerse cargo de ellos, sin que estos puedan ser trasladados. "A pesar de ser vinculante, como este reglamento no tiene rango legal, se desconocen las consecuencias de su incumplimiento", explicó Favieres a infoLibre.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró la semana pasada en el Pleno del Congreso de los Diputados que el Gobierno ha puesto en marcha "todos los mecanismos" previstos en la Unión Europea para cumplir con el compromiso de asentamiento y reubicación pero España no ha podido cumplir con los objetivos marcados debido al "complejo funcionamiento del sistema" creado por la UE. 

"Orgullo de incumplir"

Ante este incumplimiento, nueve ONG han emprendido una campaña de denuncia. A través de un vídeo, Accem, Amnistía Internacional, Ayuda en Acción, CEAR, Coordinadora de ONGD, Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón y Red Acoge han criticado la actuación de la UE y el Gobierno español, según informó Europa Press.

En la pieza #OrgullodeIncumplir, de unos 50 segundos de duración, se ve a ciudadanos que relatan el grado de cumplimiento de sus compromisos diarios. "Mi nota media es un 1,1", dice una joven estudiante, mientras que un ejecutivo asegura que "en dos años" ha cubierto el 11% de sus objetivos y una médico cuenta que "una de cada diez operaciones" que realiza "acaba bien".

Oxfam Intermón ya interpuso una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno de España por el incumplimiento de sus compromisos. "Es una medida extrema y desesperada", afirmó José María Vera, director general de la ONG. "Es una forma de decirle al Gobierno que no puede incumplir sus compromisos. Por eso pedimos a la Comisión Europea que exija a España que adopte las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones".

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Un total de 17 municipios de los conocidos como "ciudades refugio", aquellas que se han ofrecido a acoger a refugiados de Grecia e Italia, denunciarán este martes 26 de septiembre en el Congreso el incumplimiento del Gobierno en esta materia y animarán a los grupos a presentar iniciativas conjuntas para exigir la llegada de estas personas a España y garantizarles una acogida digna, según informó este lunes Europa Press.

Según han explicado los ayuntamientos a través de un comunicado, en el encuentro también se expondrán los impactos que el sistema estatal de asilo tiene los servicios municipales y compartirán diferentes iniciativas propias para atender aquellas personas refugiadas que no están siendo acogidas por el programa estatal.

Esta iniciativa es el resultado del encuentro que, el pasado mes de junio, realizaron una veintena de ciudades de toda España en Barcelona para analizar el papel de los municipios en la crisis de refugiados. En dicha reunión, los municipios manifestaron "las dificultades de gestionar un fenómeno sin recursos suficientes y con una falta de coordinación y de información evidente por parte del Gobierno central".