30 impuestos para incentivar el respeto al medio ambiente

Cada vez hay más desigualdad. Tanto en el reparto de la riqueza como en la responsabilidad hacia los principales problemas medioambientales. Y debe ser resuelta. ¿Cómo? La clave podría ser la puesta en práctica de la "fiscalidad ecológica", que consiste en "utilizar el sistema fiscal como medio para incentivar cambios de comportamiento que se consideran positivos desde el punto de vista ambiental". Así lo concluye un informe presentado este martes en Madrid por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.

Según sostienen en el documento Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible [que se puede consultar en este enlace], los "incentivos económicos deben ser parte de una política ambiental, económica y social más amplia que sirva para reducir" esa desigualdad, "facilitar los comportamientos sostenibles a las clases menos favorecidas y garantizar que los agentes económicos con mayor impacto en el medio ambiente sean los principales contribuyentes a las arcas de los impuestos verdes". Además, es "imprescindible" que lo recaudado se destine, de nuevo, al bienestar del planeta.

"Es necesario que la fiscalidad española se acerque a los países de nuestro entorno", critican las organizaciones. Y es que, en términos del porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), España ocupa el puesto 25 en el ránking de la ecofiscalidad de la Unión Europea. La finalidad, dicen, no es tanto recaudar, sino "cambiar las conductas que inciden negativamente sobre el medio ambiente", por lo que serán necesarias "medidas complementarias que garanticen que estos cambios se producen de manera justa", añaden los ecologistas. 

Pero, ¿en qué se concreta la ecofiscalidad propuesta? En 30 medidas que reformen impuestos existentes, que creen otros nuevos y que modifiquen la regulación sobre haciendas locales. infoLibre repasa algunas de las propuestas concretas presentadas este martes y que las organizaciones firmantes pretenden hacer llegar hasta el Gobierno. 

  Reforma de impuestos actuales 

Lo que pretenden los ecologistas, según el documento, es introducir criterios ambientales en impuestos ya existentes para que, de este modo, se comiencen a bonificar los comportamientos respetuosos con el planeta. Por ejemplo, equiparando el impuesto al diésel con el de la gasolina, que actualmente es entre un 23 y un 29% mayor a pesar de que, como combustible, es menos contaminante. En este mismo sentido, se pretende que los vehículos más contaminantes ni siquiera sean comprados. ¿Cómo? Dejando exentos del impuesto de matriculación a los vehículos de cero emisiones. 

Pero no todo tiene que ver con los vehículos. Se propone además que el Impuesto sobre Sociedades recupere la bonificación por inversiones medioambientales desaparecida en el año 2015. Igualmente, las organizaciones firmantes del informe desean que se modifique el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) teniendo en cuenta el impacto de los productos sobre el medio ambiente. 

Tampoco se salva el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). "Se proponen diversas reformas para la inclusión de varias deducciones con objetivos ambientales, relacionadas con incentivar la movilidad sostenible, favorecer la gestión forestal sostenible y la certificación forestal a nivel estatal", aclaran los ecologistas, que también pretenden que se reforme el Impuesto sobre la Electricidad. Concretamente, proponiendo que la factura deje de calcularse en función del precio de la electricidad y comience a calcularse en función de la electricidad consumida, lo que favorecería el ahorro. 

  Nacimiento de nuevos impuestos

No obstante, la simple reforma de lo existente no es suficiente. Por ello, las organizaciones también proponen que comiencen a gravarse actuaciones contra el medio ambiente que, hasta ahora, no lo hacen. Por ejemplo, que se encarezca el vertido y la incineración de residuos, "los dos métodos de eliminación de residuos más perjudiciales para la salud y el medio ambiente". Del mismo modo, se pretende que la conversión del suelo de no urbanizable a urbanizable se penalice. En este mismo sentido, el Impuesto sobre Actuaciones en Suelo Rural que pretenden crear desincentivaría las construcciones en suelo no urbanizable po el impacto ambiental que producen. 

Se pretende, además, gravar la producción de plaguicidas y fertilizantes de síntesis química, además de crear un impuesto sobre el daño medioambiental que puede provocar la práctica de esquí alpino y otro sobre los envases no reutilizables. Este último, aseguran, "supondría un incentivo a la economía circular, reduciría la elevada cantidad de envases de un solo uso consumidos cada día en España y fomentaría que los envasadores trasladaran su envasado a formatos reutilizables. 

Quieren crear, también, lo que han bautizado como el "Impuesto a la Pernoctación", cuyo objetivo sería "gravar el impacto que las actividades y los establecimientos turísticos tienen sobre el medio ambiente", aclara el documento. 

  Modificar la regulación sobre haciendas locales

Por último, las organizaciones que han elaborado las propuestas que dirigirán al Ejecutivo también plantean una serie de reformas en la regulación sobre haciendas locales. En primer lugar, introduciendo criterios ambientales en las tasas de residuos municipales. De este modo, explican, los costes soportados por la ciudadanía con respecto a los residuos serán proporcionales a los que genere. Es decir, a más residuos, más precio hay que pagar. Una tasa que, añaden, también sería "conveniente" de aplicar en las actividades comerciales e industriales.

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Por otro lado, plantean los ecologistas, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), deberá ser mayor cuanto peor certificación energética tenga la propiedad. "Así, la calificación energética incidiría sobre el rango de tipos mínimos y máximos que pueden aplicar los municipios", aclaran. 

Asimismo, pretenden que la recaudación resultante de las construcciones, instalaciones y obras se destinen a gastos de tipo extraordinario de los municipios para evitar que los ayuntamientos dependan de la construcción. Por último, sobre el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, los ecologistas proponen que el gravamen —que fija tipos dependientes de los caballos fiscales en función del tipo de vehículo— dependa de las emisiones de dióxido de carbono. 

"Las organizaciones ecologistas esperan que estas propuestas sean puestas en práctica y completadas por las distintas administraciones estatal, autonómicas y locales en sus respectivas competencias y territorios, de modo que avancemos de modo decidido hacia la sostenibilidad ambiental con una mayor equidad social", concluyen las organizaciones.