"Queremos descansar ya": familiares de víctimas del Yak acogen "con esperanza" la repatriación de nuevos restos

Cuando era presidente del Gobierno, el conservador Mariano Rajoy prometió a las víctimas del Yak-42 "satisfacción moral y jurídica". De esa frase hace ya casi tres años, y del accidente más de 16, pero esa "satisfacción" todavía no ha llegado. Ni la moral ni la política. Así al menos lo entienden las víctimas, que este miércoles tuvieron que ver cómo el Ministerio de Defensa informaba de que las autoridades españolas recibirán de manos de Turquía un fémur y 23 frascos con restos óseos que presuntamente pertenecen a víctimas del accidente y que permanecían en el país sin identificar. Casi 17 años después. "Esa satisfacción no se ha producido. Ni la vamos a ver", lamenta Francisco Cardona, el padre de uno de los militares fallecidos en el accidente.

Los restos llegarán este viernes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde los recibirá la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre, el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, y el embajador turco en España, Cihad Erginay. Aterrizarán en Madrid en valija y serán vigilados por el agregado de Defensa de la Embajada de España en Ankara, el coronel César Gutiérrez de la Cámara, quien los entregará en el Instituto Anatómico Forense. Todo este proceso está en manos del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dirigido por la magistrada María Tardón, que está previsto que ordene la realización de pruebas de ADN para su identificación. "Quien quiera recoger los restos una vez identificados, lo hará. Yo, desde luego, sí lo haré", confirma. 

Rosario Benítez, viuda de uno del comandante José Antonio Fernández Martínez, denuncia, por su parte, que nadie les ha informado de que los restos llegarán este viernes. "Esto aumenta otra vez nuestro dolor. Es revivirlo", lamenta. Y denuncia, además, que tampoco tienen "ni idea" de qué se hará con esos restos. Y tendrían que ser "los primeros" en estar informados. "Ya está bien, estamos muy cansados", insiste.

Pero la historia de los restos que se repatriarán este viernes, no obstante, no es nueva. En mayo de 2018, el Ministerio de Defensa, dirigido entonces por la conservadora María Dolores de Cospedal, informó de que Turquía había comunicado el hallazgo de una pierna de una víctima que había sido enterrada en el cementerio turco de la ciudad de Macka. Pero, según Carmona, no había sido "ningún descubrimiento". Según explica a infoLibre, ese resto había sido enterrado en aquel país poco tiempo después de producirse el accidente porque no había podido ser identificado. "Pero si se hubieran hecho las pruebas de ADN ya sabríamos de quién es", se queja. "¿Yo podría pensar que es de mi hijo?", se pregunta. Por eso acoge la noticia de la repatriación de los restos "con esperanza". "Llevamos muchos años con esto a cuestas y ya nos toca descansar", dice. Es, añade, el principio del fin porque, tal y como explica, lo único que le "ocupa y preocupa" es poder repatriar los restos de su hijo.

Todo comenzó el 26 de mayo del año 2003. Después de cuatro meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán, 62 militares españoles emprendieron su viaje de vuelta. Lo hacían a bordo de un Yakolev-42 y junto a 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso. Pero el avión tuvo un accidente en Turquía, cerca del monte Pilav. La rapidez para devolver los restos de los fallecidos a sus familiares provocó una cadena de errores que, a día de hoy, todavía perdura. Y eso que Javier Jiménez-Ugarte, el que era número tres de Federico Trillo en aquel momento, envió una carta a los familiares de los militares el 5 de febrero de 2004 en la que les aseguró que podían estar "seguros de que todos los restos de sus seres queridos retornaron a España debidamente identificados por sus compañeros militares enviados al efecto para llevar a cabo tan delicada tarea". No obstante, admitió también que algunos restos habían sido enterrados en Turquía pero, según dijo, tan sólo eran "pequeñísimos restos" y "tejidos". Una afirmación que, más de 16 años después, parece confirmarse como falsa.

La Administración, responsable por no haber ponderado el "riesgo"

Pero el problema no fueron sólo las prisas en la devolución de los restos a los familiares y los consiguientes fallos que eso produjo. El accidente, probablemente, se podría haber evitado. Según aseguró un informe del Consejo de Estado publicado en enero de 2017, el Ministerio de Defensa dirigido por Federico Trillo tenía conocimiento de los riesgos para la seguridad que suponían viajes como el que se iba a realizar. 

Según el documento, se reconocía la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente, aunque eso no fuera a tener consecuencias económicas para las familias de las 62 víctimas porque se consideró que las indemnizaciones suponían ya una reparación adecuada. "Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente", asegura el documento. "Dicho con otras palabras, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

El texto, de este modo, coincidió con la justicia en que la causa del accidente del Yak-42 fue el agotamiento y el estrés de los pilotos tras 22 horas de vuelo, además del hecho de que no hubieran recibido formación para afrontar ese tipo de situaciones, lo que les llevó a desorientarse. Sin embargo, el Consejo de Estado también señala que los entonces responsables de Defensa tenían responsabilidad sobre las condiciones en que volaban los soldados. Pretender que el Estado podía desentenderse de su obligación de garantizar la seguridad de los militares y trasladarla a un tercero "no parece compatible" con la ley, concluye el informe.

El Ministerio de Defensa, por su parte, expresó la misma idea. El expediente administrativo de la institución, al que tuvo acceso infoLibre, asumió la responsabilidad patrimonial del Estado. "El transporte aéreo que se efectuaba y que finalizó en el trágico accidente no pertenecía a un ámbito ajeno a la actuación de la Administración", afirmó el documento. Por ello, el ministerio dirigido por María Dolores de Cospedal —que prometió a las víctimas un "cambio de criterio" a nivel gubernamental— reconoció, asimismo, que en base a la constatación de "hechos anteriores a la fecha del siniestro", la Administración habría podido "ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en el que se produjo el accidente".

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"La gente está agotada"

Algunos de los familiares de las víctimas llevan años reclamando también una comisión de investigación parlamentaria para dirimir las responsabilidades políticas de lo ocurrido. Pero nunca se ha producido. Y por eso los familiares que la solicitaron han desistido en ese reclamo. "No se hizo justicia", dice Benítez, que recuerda que han intentado que se creara con "varios partidos", pero ninguno les ha escuchado. "La gente está agotada", admite. 

Y la investigación judicial que inició la Audiencia Nacional, por su parte, acabó archivada. Y lo hizo de manos, precisamente, del actual ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, que no advirtió responsabilidad del Ministerio de Defensa en lo ocurrido. Por eso, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le puso al frente de ese departamento, la acogida no fue buena. Según confesó María Paz Fernández, viuda de otro comandante, a Europa Press, el nombramiento fue "perverso y descorazonador".