¡Birlibirloque! De sanidad universal a modelo de aseguramiento

Pepe Reig Cruañes

Birlibirloque es una expresión que remite a la magia, pero también, sin permiso de la RAE, a la habilidad de “birlar” o robar sin que nadie se percate. Se acaba de cumplir un año de vigencia del Real Decreto 16/2012 que excluía de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, para ahorrar 7000 millones de euros en el gasto sanitario. El efecto inmediato es la salida de 873.000 personas del sistema de salud (cifra oficial de tarjetas retiradas). En su primer mes de aplicación, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana ya documentó una “punta del iceberg” de más 78 denuncias por desatención sanitaria. En junio de 2013, Médicos del Mundo presentó ante el Congreso más de 700 casos.

Violentando la Constitución, que en su artículo 43 establece el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos las “medidas preventivas” y las “prestaciones y servicios necesarios”. Y entrando a saco en la Ley General de Sanidad, para excluir del sistema a una parte de la población. Desde el año 1986, año de la Ley que lleva la firma del ministro Ernest Lluch, existe en España un derecho universal a la sanidad: por el mero hecho de ser persona, de residir o transitar por el territorio nacional, se tiene acceso a la atención sanitaria. Un avance civilizatorio reconocido en todo el mundo. Pero hete aquí que, ¡Birlibirloque!, en un año se ha sustituido el concepto de derecho a la salud por el de “asegurado”. Los asegurados son trabajadores, pensionistas, parados con subsidio y demandantes de empleo. Sus familiares directos (hasta los 26 años), extranjeros comunitarios y los no comunitarios que tengan permiso de residencia, se consideran beneficiarios. Inmigrantes ilegales y mayores de 26 no cotizantes, quedan fuera. O estás en el sistema público o te buscas un seguro a quien se le pueda facturar, de lo contrario estás fuera. Lo que veíamos en las películas yanquis, lo tenemos ya ante nosotros, justo ahora que los norteamericanos empiezan a descubrir el derecho universal a la sanidad. Unos van y otros volvemos.

La estadística del empeoramiento de la salud del colectivo excluido no es aún muy conocida, pero va aflorando un goteo de casos: Mª Concepción (Honduras) a la que dieron un alta muy dudosa cuando se evidenció que carecía de papeles. Fátima (Marruecos) cuyo tumor hepático no será analizado, si no puede pagarlo. Mamadou (Senegal) murió de un cáncer de próstata e intestino mientras era atendido por Médicos del Mundo, ya que no podía sufragar su tratamiento. Alfa Pam (Senegal) que murió de tuberculosis tras negarle asistencia un Hospital de Baleares. Y tantos otros casos cuyo nombre y circunstancias no han llegado a la prensa. Para no asumir el coste de imagen pública de sus decisiones, el gobierno intenta cargar estos casos sobre las espaldas de los profesionales, con acusaciones de negligencia o errores médicos. Una estrategia que resulta consonante con el ataque de la caverna mediática a los supuestos privilegios de los funcionarios, que se viene utilizando para legitimar el recorte de derechos impuesto por la reforma laboral.

Los efectos a largo plazo se dejarán sentir pronto: para empezar, el propio sistema renuncia ahora a detectar enfermedades contagiosas y de declaración obligatoria que se puedan originar entre los excluidos, con el consiguiente peligro para la salud pública. Pero luego están las personas que retrasan su visita al médico, por miedo al rechazo y para no exponer su precaria situación legal. O aquellas que reducen o abandonan su medicación regular, porque ya no tienen acceso gratuito a ella y no pueden permitirse largos tratamientos contra el cáncer u otras enfermedades crónicas. Enfermos psiquiátricos sin seguimiento clínico. A todos estos se sumarán los damnificados del copago (por ejemplo ancianos que lograban mantenerse en forma mediante un combinado de fármacos que ahora no se subvencionan). Personas, en fin, que debido a los recortes en Dependencia, dejan de tener atención domiciliaria. Todos estos casos acabarán volviendo al sistema de salud, por la puerta de urgencias y en peores condiciones. Ellos tendrán menos salud y el sistema tendrá más gasto. Los expertos han sabido siempre que la atención en urgencias es mucho más costosa que la atención primaria. Para cualquiera resulta evidente que en este tema, la política de ahorro a corto plazo, resulta decididamente ciega en el plazo medio y largo. Sí, eso será evidente, pero aquí lo que cuenta es cuadrar el déficit, de los efectos ya se ocupará el que venga detrás.

Este modelo de aseguramiento se intenta legitimar, además, mediante una serie de clamorosas falacias: se dice que los inmigrantes sin permiso de trabajo no cotizan al Sistema de Salud y, por tanto, o bien se pagan un seguro que se encargue de la factura o deberán abonarla ellos mismos. La apariencia lógica –si pagas, te curan- es engañosa, porque oculta que todas las personas que transitan por el país contribuyen al Sistema de Sanitario mediante los impuestos indirectos. Una clase de fiscalidad que nadie puede eludir y que no es precisamente progresiva, sino que carga por igual sobre ricos y pobres.

Los propios datos oficiales desmienten otra de las falacias con que se intenta hacer pasar la exclusión de los inmigrantes, la de que abusan de los servicios sanitarios o, incluso, que vienen al país para ello. El uso de estos servicios por los inmigrantes –jóvenes y sanos en su mayoría- es claramente inferior al de los autóctonos, excepto en el caso de las mujeres embarazadas, y las encuestas sobre el “efecto llamada” dejan muy atrás la sanidad como motivo para la elección de destino migratorio.

La falacia del turismo sanitario es aún más insostenible. Quienes lo practican viven parte del año aquí y, desde 2011, son sus países de origen quienes pagan la atención que reciben.

Parte del arte de la magia radica en distraer al público con las palabras adecuadas. En el país del eufemismo, el Real Decreto de marras se presenta como un intento de “mejorar la calidad y seguridad” del Sistema Nacional de Salud y garantizar su “sostenibilidad”. Santo propósito que queda desmentido cuando se acompaña de las otras cargas de profundidad que, con motivo del déficit y la deuda, amenazan nuestro Sistema de Salud: copago farmacéutico, externalizaciones antieconómicas, privatización de la gestión de hospitales, recortes abusivos, etc. El intento es demasiado burdo y demasiado ideológico para engañar a nadie: se trata de una especie de juego en el que, deteriorando lo público, te aseguras de que un derecho se acaba convirtiendo, por arte de magia, en un negocio. En Estados unidos lo saben bien: allí tienen el sistema de salud más caro y menos eficiente del mundo desarrollado, con tasas de mortalidad y de morbilidad del doble del estándar europeo, pero, eso sí, más de la mitad del gasto sanitario corre a cargo de las familias y no del Estado, según la estadística mundial de la OMS. Alguien gana mucho, pero mucho dinero, con una sanidad inalcanzable para millones de personas.

A la derecha de este país no le gusta la realidad y por eso recurre tan frecuentemente a la magia y nos deja boquiabiertos. Sin emplear siquiera la palabra abolir, nos han robado un derecho y nos han dejado una factura. ¡Birlibirloque!