Derecho y deber de la memoria, nuestro déficit democrático

Pepe Reig CruañesPepe Reig Cruañes

Esta democracia nuestra que tanto quisimos que se pareciera a Europa, nos ha salido un tanto anómala. ¿Qué se le va a hacer? Ya se ve que el molde no estaba disponible cuando al fin pudimos emprender la ingente tarea de su construcción.

La primera anomalía respecto al patrón europeo actual parece benéfica: por más que hoy sea cuestionado con más o menos razones, el régimen heredado de la transición ha supuesto el más largo período de convivencia democrática de nuestra historia. El sistema, además, parece aguantar bien el fin del bipartidismo y puede que estemos a punto de aprender, si no nos atascamos en las líneas rojas, el juego de transacción y principios que otros llevan años practicando. Más aún, la opinión pública de esta frágil democracia no ha dado aún –toco madera– señales de la peligrosa deriva populista y neonacionalista que recorre la Europa próspera como reacción a la crisis, la inmigración y la tragedia de los refugiados.

Se me dirá que los déficits de nuestra democracia son severos y las tentaciones autoritarias no andan nunca demasiado lejos del gran partido de la derecha conservadora de este país. Cierto es, no hay más que verle las orejas a la Ley Mordaza del ministro Fernández, o a las reformas del insigne Gallardón, pero la protesta contra la crisis y la irritación por los recortes no se han traducido en movimientos salvapatrias del tipo Le Pen o Alternativa para Alemania. Ni siquiera el populismo histriónico de Beppe Grillo ha tenido aquí su réplica. Nuestra variante local de populismo, encarnada en Podemos, resultó de un orden más intelectual y más traducible al eje izquierda-derecha, que suele ordenar los debates en las democracias. Ahí puede haber una anomalía cívica, si se compara con la bella Europa, pero bendita sea, de momento, la diferencia.

Del mito al logos … ¿o era al revés?

Lamentablemente hay otra anomalía que puede resultar a la larga mucho menos saludable: tenemos una democracia sin mitología fundacional.

La Revolución Francesa, la derrota del fascismo o la guerra de Independencia, no tienen aquí un correlato claro. Esto no sería grave –podría incluso ser mejor que las mitificaciones mentirosas del pasado en que se basan tantos orgullos nacionales– si no fuera acompañado de otras carencias. Nuestra democracia no se fundó, como las de nuestro entorno, en el antifascismo, sino en el “consenso” y la “superación del pasado”. Pese al carácter “pactado” de nuestra transición, que la privaría de perfiles épicos, el relato triunfal o “modélico” que se hizo de la misma había optado por un tiempo a constituirse en el mito fundacional de nuestra democracia. Hacia el año 2000, por ejemplo, un 86% de los ciudadanos se declaraba orgulloso del proceso de democratización.

La cosa sin embargo no prosperó, porque siempre olió a relato interesadamente elitista, con la participación estelar del Rey y Adolfo Suárez, y la notoria ausencia de actores colectivos, y porque fue exclusivamente un producto mediático hecho de fascículos de El País y documentales de la televisión pública. El apoyo institucional, que habría precisado para elevarse a relato canónico de nuestra conquista de las libertades, tampoco alcanzó siquiera a convertir el 6 de diciembre, fecha de aprobación en referéndum de la Constitución, en fiesta nacional. La idea de tener una fiesta patria ligada a la conquista de la libertad chocaba continuamente en la piedra del Día de la Hispanidad, de un carácter marcadamente distinto.

A la “modélica transición pactada” se le acabó pasando la vez en cuanto los revisionismos de izquierda y derecha socavaron su legitimidad. Aunque la visión académica nunca cayó en tales arrebatos y sigue ofreciendo una lectura crítica, pero también rigurosa, del tránsito a la democracia y sus dinámicas de movilización y pacto, de reforma y ruptura, el relato político y mediático va por otros derroteros. Ahora se estila más presentarla como una renuncia de la izquierda, una traición al pueblo o, incluso, como una “no-transición”, entregando así todas las bazas a los neofranquistas, convencidos de la verdad de aquello de que “todo estaba bien atado”.

El silencio no era para siempre

La falta de un mito fundacional no sería tampoco importante si no fuera síntoma de otra cosa: la ausencia de un relato pedagógico sobre la ilegitimidad del franquismo y su violencia criminal, así como el silencio sobre los legítimos precedentes de la Constitución, la República y el antifranquismo militante.

Esa fue la verdadera renuncia de la izquierda en aras de la “transitabilidad”, pero se paga hoy muy cara en términos de cultura cívica. Todavía en 2008, a un año de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica (LMH), el CIS encontraba que la atribución de responsabilidades por el estallido de la guerra civil seguía respondiendo al esquema pretendidamente “neutral” con que habíamos evitado el tema durante la transición, ya que eran más los que culpaban a ambos bandos (39,9%) que a las “derechas” (29,8%). La consideración sobre el régimen de Franco era aún lo bastante benévola para que el 58,2% de los entrevistados siguiera diciendo que “tuvo cosas buenas y cosas malas”.

El pacto de silencio de la transición, o amnesia autoinducida, explica sólo en parte ese déficit de cultura política. La ausencia durante los ochenta y noventa de lo que los estudiosos llaman “políticas de memoria” debería explicar el resto. No es un problema exclusivamente español, toda Europa se sumergió hace años en la Era de la memoria y en todas partes se han ido rellenando los huecos de olvido: los franceses y el régimen de Vichy, los alemanes y su ceguera voluntaria ante el holocausto, etc.

Entre nosotros, sin embargo, las cosas son un poco más lentas. En España, donde la memoria de los perdedores fue borrada de toda representación social del pasado y confinada al ámbito individual y familiar, la resistencia del establishment.

Ni siquiera después de aprobada la Ley de Memoria Histórica puede decirse que la democracia haya tenido una política propia de memoria. Y si la ha tenido, fue más bien orientada al olvido que a la restitución. Por un lado, algunas inconsistencias o timideces de la propia Ley (la mal resuelta cuestión de la reparación, la no anulación de las sentencias, falta de iniciativa oficial en el levantamiento de fosas, etc.); y por el otro, el desentendimiento de la derecha gobernante desde 2012. Ambas cosas, pero sobre todo el boicot fáctico de la derecha, que ha logrado un “segundo enterramiento de la memoria histórica” al reducir, primero en un 60% y luego a cero, el presupuesto de aplicación de la Ley, han echado a perder las posibilidades de un trabajo sostenido de reconocimiento y de pedagogía pública.

La Construcción de la agenda

Pero la historia del aterrizaje de la memoria en la agenda pública no es un capricho ni una moda, sino una corriente de fondo que no ha hecho más crecer desde mediados de los noventa. Aunque hay trabajos académicos anteriores (como los de Paloma Aguilar sobre la “memoria de la guerra” en el franquismo) el renacimiento de la memoria es, ante todo, un movimiento cívico, que arranca con la primera excavación de Emilio Silva en el Bierzo en el año 2000 y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que él mismo fundó.

Es posible recorrer el itinerario de la irrupción en el espacio público del tema de la memoria y comprobar que el asunto vino para quedarse. Seguir la pauta de la atención mediática al ítem, que se dispara a partir de 1995. Dibujar la línea descendente de las valoraciones positivas del régimen franquista en las encuestas del CIS, aunque también la consistencia pétrea de la “evaluación blanda” como régimen “con cosas buenas y malas”, que se mantiene en niveles muy altos, como indicio de las lagunas de memoria de nuestro espacio público. La curva de creación de asociaciones de memoria para la búsqueda de restos en fosas y cementerios, también en constante incremento desde el 2000. Y, por último, la gráfica de las iniciativas parlamentarias (preguntas, mociones, PNL, etc.) relacionadas con la memoria, que muestran una creciente sensibilización de la esfera política ante la nueva demanda social. El espacio público, sin duda, tiene sus propias dinámicas verticales, pero no siempre son de arriba abajo.

Todos los partidos han ido perfilando su discurso en torno al nuevo ítem y la derecha lo ha hecho conforme a su naturaleza, cerrando los ojos con la esperanza de que al volver a abrirlos el monstruo ya no esté allí.

No sólo va a seguir allí, sino que todo apunta a que se habrá movido aún un poco más para introducir en la agenda pública la necesidad de una Comisión de la Verdad que reúna toda la información y vehicule la necesaria catarsis en torno a nuestros fantasmas patrios. Porque la memoria no era sólo un derecho de las víctimas, sino un deber de la sociedad democrática.

Ilustraciones: 1. Eneko. 2. Españoles refugiados se dirigen al Campo de Bacares (Fr.), Robert Capa. 3. Universidad Complutense, 1965, EP. 4. El abrazo, Juan Genovés. 5. Plaza Arriba España, EP.