Conflictividad por las retribuciones del personal militar profesional

Desde hace tiempo, pero especialmente a lo largo de este año 2024, se viene incrementando el malestar de los militares profesionales españoles en relación con sus emolumentos y retribuciones y con la que consideran absoluta despreocupación e inhibición del Ministerio de Defensa (su “pagador”) por el tema y por sus consecuencias perjudiciales para el personal afectado. 

Un malestar que se está principalmente manifestando, como no podía ser de otra manera, dado el carácter jerárquico y disciplinario de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, a través de las Asociaciones profesionales de militares, cuyo foro de demanda y negociación es la Comisión de Retribuciones Militares del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas que, presidida por la ministra de Defensa, reúne a los representantes de las citadas Asociaciones profesionales (los demandantes) y a los representantes de las diferentes áreas del Ministerio de Defensa afectadas por los asuntos a tratar (los demandados). 

Cinco son las actuales asociaciones profesionales militares representadas en dicho organismo: La Asociación Profesional de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas (APROFAS), la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT). 

En este marco, las asociaciones argumentaron en la reunión ordinaria de la Comisión de Retribuciones de febrero de 2024, que desde la última subida en 2020/2022, se han revalorizado las retribuciones de los funcionarios y empleados públicos, de los pensionistas, de los policías autonómicos y el Salario Mínimo Interprofesional, sin que haya habido un incremento similar en las retribuciones del personal militar, ya que el 2,5% que les corresponde como funcionarios públicos es marcadamente insuficiente porque se parte de salarios ya bajos, especialmente en el caso del personal de Tropa y Marinería, la escala más numerosa, cuyos salarios son todavía inferiores al salario Mínimo Interprofesional, con lo que el incremento porcentual es también mínimo y apenas simbólico. En este sentido, se pidió un “incremento específico” para las Fuerzas Armadas, bien de carácter lineal o de carácter porcentual, siendo preferible el lineal, ya que éste compensaría también las diferencias salariales entre los diferentes empleos militares. 

Una petición que ha recibido el apoyo de la Comisión de Defensa del Congreso, que la calificó de “grave situación de las retribuciones del personal militar”

Uno de los argumentos utilizados para justificar este tipo de peticiones fueron las conclusiones/recomendaciones del Informe 2022 del Observatorio de la Vida Militar, órgano colegiado de las Cortes Generales, de carácter asesor y consultivo, responsable de llevar a cabo el análisis permanente de la condición de militar y de la forma con que el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas, creado en enero de 2014 en cumplimiento de la disposición final tercera de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005. En dicho informe se recomienda: “aumentar significativamente las retribuciones, retribuyendo servicios y guardias y las ayudas a la conciliación” y “acometer de forma definitiva una reforma del sistema retributivo de los miembros de las Fuerzas Armadas para adaptarlo a su cualificación profesional y a las especiales características de sus puestos de trabajo”, teniendo en cuenta que “los efectivos de Tropa y Marinería han disminuido en unos 10.000 efectivos desde 2010”. 

Ante la inacción y pasividad del Ministerio de Defensa frente a estas demandas, las reclamaciones de las asociaciones se repetirán en las reuniones ordinarias de abril y junio de la Comisión de Retribuciones, reclamando un pleno extraordinario con la presencia de la ministra, que según arguyen lleva más de dos años sin presidir la Comisión, que normalmente delega en la subsecretaria del Departamento, quien expresamente había informado a la Comisión de que “el Ministerio no había elevado al Ministerio de Hacienda ninguna propuesta de mejora de las retribuciones para la confección de los siguientes presupuestos”. Una petición que, sin embargo, ha recibido el apoyo de la Comisión de Defensa del Congreso, que la calificó de “grave situación de las retribuciones del personal militar”. 

Se repiten, por tanto, los argumentos: mientras el personal de otros ministerios (incluido el de Interior en referencia a la Guardia Civil y la Policía Nacional) ha ido obteniendo mejoras retributivas, el personal de las Fuerzas Armadas sigue quedando al margen, por lo que progresivamente sigue aumentado la brecha salarial con el resto del personal de la Administración, con la consecuencia de que la profesión militar, especialmente en sus empleos más bajos, es cada vez menos atractiva. El hecho, sin embargo, de que en las pruebas de la EBAU, las notas de corte para el ingreso en las Academias Militares sean de las más altas, refuta el argumento de que haya “carencia de vocaciones”. Si hay problemas de reclutamiento más bien parece que se deban a causas materiales (bajas retribuciones relativas) que a causas materialistas.  

Pero también aparecerán nuevas argumentaciones de peso y de peso político. Efectivamente, en su Cumbre de septiembre de 2014, la OTAN acuerda incrementar los presupuestos de Defensa de sus países miembros hasta el 2% de su PIB (posteriormente se ha acordado a “un mínimo del 2%”). En función de ello, el presidente del Gobierno se compromete en sede parlamentaria (abril de 2024), a cumplir el requisito de forma progresiva de aquí a 2029, a pesar de lo cual, como ya se ha mencionado, la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, informa (junio de 2024) a la Comisión de Retribuciones que “el Ministerio no ha elevado al Ministerio de Hacienda ninguna propuesta de mejora de las retribuciones para la confección de los siguientes presupuestos”. Lo que sí aprueba el Consejo de Ministros (abril de 2024) es la creación de un acuerdo-marco para el “suministro de capacidades militares de refuerzo: armamento, equipamiento y munición por un valor de 1.130 millones de euros”.  

En palabras de un representante de las Asociaciones: “No es de recibo aumentar en miles de millones el gasto en Defensa y no dedicar ni un céntimo a dignificar las paupérrimas retribuciones del personal militar”. Si los militares no son Defensa, ¿qué es la Defensa? 

No creo que esta disfunción sea un problema a minimizar. Bien está que la alta tecnología esté reemplazando cada vez más a la actuación humana, pero todavía estamos lejos de esa situación ideal (¿ideal?). Una buena política de defensa no puede prescindir de una adecuada política de personal. La insuficiencia salarial no puede compensarse con el “salario emocional/sentimental” de las felicitaciones y condecoraciones, de los vistosos actos y desfiles y de las alabanzas verbales a las que tan aficionada es la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, especialmente en estos tiempos que ya dejaron atrás el ineficiente, pero barato, servicio militar obligatorio (que sin embargo algunos parecen querer recuperar ¡en estos tiempos de creciente alta tecnología y especialización!). 

No se puede estar presumiendo siempre de que el principal valor de nuestras Fuerzas Armadas son sus profesionales, de que nuestra superioridad militar debe descansar en un concepto del combate donde la iniciativa y capacidad de adaptación a la situación de cada momento de todos y cada uno de sus miembros a lo largo de toda la cadena de mando sea la guía de nuestra actuación, sin cuidar (mimar, diría incluso) a quien debe llevarlo a cabo y se le puede reglamentariamente exigir en cualquier momento y lugar que lo dé todo, su propia vida si es preciso, olvidando que la preparación física, la instrucción y el adiestramiento, si bien indispensables, no pueden ser los únicos parámetros a tener en cuenta, sin considerar también los factores psíquicos y anímicos. Los militares tienen derecho a tener vida social y familia a la que cuidar, proteger y facilitarles las mejores condiciones posibles para que puedan acceder al futuro que más les convenza.   

Las organizaciones multinacionales a las que pertenecemos pueden orientar nuestra política de defensa, pero no fijarla ni encadenarla. Hay que mantener siempre abierto el ventanal del criterio propio, especialmente cuando de política de personal se trata.

Desde hace tiempo, pero especialmente a lo largo de este año 2024, se viene incrementando el malestar de los militares profesionales españoles en relación con sus emolumentos y retribuciones y con la que consideran absoluta despreocupación e inhibición del Ministerio de Defensa (su “pagador”) por el tema y por sus consecuencias perjudiciales para el personal afectado. 

Un malestar que se está principalmente manifestando, como no podía ser de otra manera, dado el carácter jerárquico y disciplinario de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, a través de las Asociaciones profesionales de militares, cuyo foro de demanda y negociación es la Comisión de Retribuciones Militares del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas que, presidida por la ministra de Defensa, reúne a los representantes de las citadas Asociaciones profesionales (los demandantes) y a los representantes de las diferentes áreas del Ministerio de Defensa afectadas por los asuntos a tratar (los demandados).