El blog del Foro Milicia y Democracia quiere ser un blog colectivo donde se planteen los temas de seguridad y defensa desde distintas perspectivas y abrirlos así a la participación y debate de los lectores. Está coordinado por Miguel López.
La policialización militar en México
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tomó posesión en 2018 con el compromiso de revertir el proceso de militarización emprendido una década atrás para enfrentarse al desafío permanente del crimen organizado. La consigna era retirar a los militares de la vida pública, con la desarticulación de cuerpos emblemáticos como el Estado Mayor Presidencial (EMP), tradicional encarnación del poder presidencial, y la vuelta de los uniformados a sus cuarteles para el desempeño de sus estrictas misiones de defensa nacional. La participación militar intensiva en el combate al poder del narco se evaluaba que había sido contraproducente, haciéndolo más letal y difícil de controlar por la autoridad civil.
La estrategia de seguridad de la nueva administración mexicana, resumida en el provocativo lema «abrazos, no balazos», consistiría en un enfoque social de las causas de la violencia, proyecto vagamente explicitado, y en un tratamiento policial de la seguridad pública. A este respecto, se anunció la creación de una nueva fuerza policial, la Guardia Nacional (GN), integrada por la refundición de los miembros de la desprestigiada Policía Federal y de las fuerzas militares de orden público del Ejército y de la Marina. Se buscaba cortar la penetración de los cárteles de la droga, con su capacidad corruptora, en las fuerzas desplegadas sobre el terreno, así como hacer un empleo técnico de la fuerza armada —equipamiento, proporcionalidad, entrenamiento—, más ajustado a las exigencias de un sistema democrático.
Este fenómeno de la policialización de los militares, que viene extendiéndose también por otros países de la región, fue criticado una vez que su desarrollo práctico demostró ser una vía encubierta para reforzar la militarización, precisamente aquello que se había esgrimido como justificación de la reforma. En efecto, los incidentes de excesos de la fuerza en operativos, conculcación de derechos, colusión de intereses, penetración de los grupos delincuenciales, denuncias internacionales, etc., no se hicieron esperar, ni disminuyeron con el cambio nominativo.
La influencia militar, lejos de reducirse, ha ido en aumento en el mandato de AMLO, ampliando la competencia de los uniformados en construcción, gestión, mantenimiento y vigilancia de infraestructuras estratégicas y otros servicios de apoyo a la comunidad. El manejo de recursos y la interacción con las autoridades civiles de distinto nivel suponen una fragmentación en la cadena de mando, debilitan la disciplina e incrementan la corrupción. El proceso culminó el pasado verano con la orden de dependencia formal de la GN de Defensa y el consiguiente aumento del presupuesto militar.
La cifra oficial de muertes relacionadas con el crimen organizado en el último año supera las 35.000, confirmando una evolución al alza desde el comienzo de la presidencia
La intervención militar en el combate al narcotráfico, ordenada por el presidente Felipe Calderón con una legislación extraordinaria, entrañaba los riesgos inherentes al empleo de los militares en tareas profesionalmente ajenas a su formación: el uso inadecuado de la fuerza, el desgaste de la institución, la exposición a la corrupción, la falta de transparencia en la ejecución de las operaciones, la impunidad de las acciones delictivas, etc. El impacto de la llamada guerra contra el narco extremó el conflicto y, a la vista de los resultados parciales obtenidos por los primeros operativos en Estados como Michoacán o Tamaulipas, su eficacia fue cuestionada. La intervención de los soldados volvió paulatinamente a limitarse a fuerzas especiales. No obstante, el protagonismo militar supuso la ruptura de la norma vigente en las décadas de gobierno priista de no participación en la política interna.
Cuando México entra en el final del sexenio presidencial, con una gran polarización en la sociedad mexicana, el balance en materia de seguridad sigue siendo demoledor. La cifra oficial de muertes relacionadas con el crimen organizado en el último año supera las 35.000, confirmando una evolución al alza desde el comienzo de la presidencia. La fragmentación del poder del narco, que actualmente se estima en doce organizaciones principales activas, provoca la disputa por el control del territorio, quedando la población sometida al fuego cruzado de los actores en el conflicto.
La policialización militar es una muestra de la retórica que ha caracterizado el sexenio presidencial. Otro de los ejes del discurso de López Obrador, no exento de psicodrama familiar si se considera su condición de nieto de españoles por línea paterna y materna, ha sido la confrontación con España, el pasado colonial y el supuesto carácter depredador de las inversiones empresariales. La relación bilateral se ha resentido y ha dañado también a la política iberoamericana, desautorizando las cumbres y tratando de articular una alternativa sin vínculo ibérico. Esta estela retórica, dados sus réditos en popularidad, se mantiene en la candidatura a la sucesión de la profesora Claudia Sheinbaum, un valor en alza por ser receptora de la continuidad oficialista y aportar el factor de renovación feminista a la política mexicana. Está por ver si el discurso va a ser convalidado por la ciudadanía.
