Bajando los humos al señor Blesa

Después de pisar la cárcel de Soto del Real, Miguel Blesa se ha sentado dos veces en el banquillo. Una, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como testigo contra el juez que lo encerró, Elpidio José Silva; la otra, en la Audiencia Nacional como imputado por la planificación de preferentes que investiga el magistrado Fernando Andreu. En las dos ocasiones, el ex presidente de Caja Madrid actuó como si él fuera la víctima. Protestó por el "daño irreparable" que se le estaba causando a su "prestigio profesional" y se quejó por el "sufrimiento personal y familiar" que se le infligía. Sobre las preferentes, negó cualquier tipo de responsabilidad y hasta intentó trasladar la culpa a los engañados: "No se puede decir que un jubilado sea un ignorante financiero", proclamó el señor Blesa, y se quedó tan ancho. En todo momento, tanto en un caso como en el otro, Blesa ha intentado que no se admitan como prueba ninguno de los más de 8.700 correos electrónicos cruzados entre directivos de la caja con el argumento (asumido por la Fiscalía y por la Audiencia Provincial de Madrid) de que se estaría violando su intimidad personal. 

Fernando Andreu, titular del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, el mismo que escuchó el pasado 3 de marzo aquella declaración, ha dictado este miércoles un auto por el que ordena a la actual Bankia que le remita "a la mayor brevedad posible cuantos correos electrónicos consten en sus archivos, en cualquier formato, y que hayan sido emitidos o recibidos por D. Miguel Blesa de la Parra, a través del correo corporativo de Caja Madrid durante el año 2009". 

Las cinco páginas del auto de Andreu constituyen una magnífica herramienta para bajar los humos de los que ha venido haciendo gala el señor Blesa. Incluso podrían ser fundamentales para que termine haciéndose justicia sobre un asunto que clama al cielo. Por varias razones:

   1) La defensa de Blesa había aducido que no existían "indicios de criminalidad" en el caso de la comercialización de preferentes que justificaran la adopción de "una medida limitadora de los derechos fundamentales" como es la incautación de correos electrónicos supuestamente privados. Y el auto de Andreu explica que existen no solo indicios de criminalidad en el proceso que se investiga sino también "indicios suficientes que indican cómo los directivos y dirigentes de Caja Madrid sabrían, o deberían haber sabido, del grave deterioro que la entidad estaba sufriendo y (...) para hacer frente a dicha situación, tomaron decisiones en perjuicio de sus clientes con conocimiento del perjuicio que se les podría ocasionar". En román paladino: hay indicios acumulados que señalan la planificación de las preferentes como una pura estafa, y hay también indicios de que en la cúpula de Caja Madrid eran conscientes de que ponían en circulación una mercancía averiada.

   2) El auto explica que los hechos investigados (o sea la presunta estafa de las preferentes) son de tal "gravedad, trascendencia social y económica" que justifican dejar en segundo plano el derecho a la "privacidad del afectado, máxime teniendo en cuenta que nos encontramos ante un correo corporativo", y que las comunicaciones que interesan a la causa son las mantenidas entre los directivos de la cúpula del banco.

   3) Para proteger (todavía más) ese derecho a la intimidad, se establece que los correos, antes de ser incorporados a la causa, serán examinados exclusivamente por el propio juez instructor y por el Ministerio Fiscal, con la secretaria judicial como testigo y sin presencia de ninguna acusación, y se le permite a Blesa estar presente, junto a su abogado, para comprobar que se descartará "la incorporación a los autos de todos aquellos [correos] que no tengan relación con los hechos objeto de la presente causa".

   4) Desde que el pasado 2 de diciembre empezaron a publicarse en infoLibre (y más tarde en otros medios) decenas de emails cruzados por Blesa durante años con otros directivos del banco, era palmario que el interés de esos correos corporativos (al menos para infoLibre) radicaba en que sacaban a la luz prácticas irregulares y algunas de ellas presuntamente delictivas en la gestión de Caja Madrid, una gestión que es la causante principal del posterior rescate bancario que pesa ya sobre el bolsillo de todos los contribuyentes. De modo que desde el minuto uno de esta historia parecía clara la necesidad de distinguir entre la privacidad de un individuo y la ocultación de pruebas documentales que podrían ser imprescindibles en la investigación de graves delitos. Lo cual sirve para las preferentes y debería haber servido para la más que oscura operación de compra de un banco en Miami por la que el polémico juez Silva encarceló a Blesa un par de ratos. Los errores o las alharacas de Silva no justifican que la Fiscalía y la Audiencia de Madrid se enrocaran en la negación como prueba de esos correos.

   5) Andreu limita la exigencia a Bankia a los correos fechados durante el año 2009, sobre la base de que fue en ese ejercicio cuando se produjo la mayor operación de oferta de preferentes, por unos 3.000 millones de euros. Antes de terminar el año, Caja Madrid se vio obligada a informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que ese producto financiero se estaba degradando. Lo cual no fue ningún obstáculo para que las oficinas de Caja Madrid comercializaran preferentes a minoristas, la mayoría de ellos pequeños ahorradores de entre 10.000 y 30.000 euros, pensionistas, jubilados de esos que Blesa considera que entendían perfectamente que no invertían en renta fija ni a plazo fijo ni con garantías. Prácticamente ingenieros de las finanzas.

   6) Quizás Andreu considere que con los correos correspondientes a 2009 habrá pruebas suficientes para confirmar los indicios que ya apunta, y quizás esté centrando el foco en el ejercicio en que la situación de Caja Madrid ya era muy delicada y pudo llevar a sus directivos a intentar resolver el multimillonario entuerto con el dinero de los pequeños ahorradores. Si no, no se entiende que no se soliciten correos de años anteriores. Varios de los publicados por 'infoLibre' demuestran que desde 2006 ya se conocía en la cúpula de Caja Madrid que los inversores de las preferentes no recuperarían el cien por cien del dinero invertido. Lo cual no fue óbice para que siguieran adelante con sus planes y que lanzaran la gran operación de 2009 en la que quedaron atrapados decenas de miles de ahorradores. 

Las consecuencias del auto de Andreu en el proceso que sigue la Audiencia Nacional están por ver, pero lo que ya está visto (una vez más) es la paquidérmica lentitud de la maquinaria judicial. Aun así, los preferentistas (y también los contribuyentes que soportamos el rescate de las cajas) tenemos algún motivo más para la esperanza en la justicia. Y cierta satisfacción al imaginar que el señor Blesa, que en su última aparición judicial se declaró "indignado" por el trato recibido, estará hoy un poco más preocupado.

P.D. Por qué no dejarlo registrado (aunque sea en la letra pequeña): también es motivo de alegría que a veces se demuestre la utilidad de un periodismo independiente.