Los viejos siguen sin importar

¿Los políticos que nos gobiernan llevarían a su madre a una residencia donde tuviera que compartir habitación con una desconocida? ¿Permitirían que a su padre lo levantasen a las seis de la mañana porque el escaso personal tiene que empezar a esa hora a asear y vestir a los residentes si quieren que todos estén listos para desayunar a las nueve? ¿Les parecería aceptable que sus padres estuvieran horas y horas con un pañal sucio?

Eso es exactamente lo que ocurre en muchísimas residencias de mayores de toda España. Una situación inhumana, que viola derechos fundamentales y la dignidad de esas personas.

Seamos claros: los viejos no importaban antes de la pandemia y siguen sin importar ahora. Parecía razonable pensar que después de la brutalidad de la primera ola, cuando más de diez mil residentes fallecieron sin recibir la atención hospitalaria a la que tenían derecho –especialmente en Madrid, Cataluña y las dos Castillas–, la sociedad se escandalizaría y obligaría a los políticos a poner en su agenda de prioridades el cambio de modelo residencial.

Pues no. La sociedad los ha enterrado sin mayor escándalo y, en casos como Madrid, la mayoría de los votantes incluso ha premiado la nefasta gestión de Isabel Díaz Ayuso. Entre la libertad (propia) de tomarse unas cañas y el derecho (ajeno) a la vida de unos ancianos, han optado por las cañas. Todo un ejemplo de solidaridad y empatía. La inmensa mayoría de jueces y fiscales no consideran ni siquiera que haya que investigar lo ocurrido, con mención especial a la indigna pasividad de la Fiscalía General del Estado que dirige Dolores Delgado. Y, a la vista del jolgorio general, los políticos han decidido que mejor seguir mirando hacia otro lado. Total, si los muertos no votan y a los vivos diez mil viejos más o menos no parecen importarles, por qué se van a preocupar ellos.

La última expresión de este panorama ha sido el acuerdo aprobado este martes en el Consejo Territorial, donde se sientan Gobierno central y comunidades autónomas, sobre el nuevo modelo de residencias.

¿Los políticos que nos gobiernan llevarían a su madre a una residencia donde tuviera que compartir habitación con una desconocida? Seamos claros: una sociedad donde los viejos no importan es una sociedad de mierda

De la Edad de Piedra a la Edad Media

El acuerdo tiene algunos aspectos positivos. Negarlo sería una insensatez. 

Para empezar, es necesario recordar que ahora ya existe un marco legal, vigente desde el año 2008 y que es completamente anacrónico. Pasar de la Edad de Piedra a la Edad Media es un avance, claro.

Es también un avance que se consagre el derecho de los residentes a recibir una atención libre de sujeciones, respetando así la dignidad de las personas mayores, aunque quizá se podría haber acortado el periodo de transición de tres años para implementar la medida.

Son un avance los nuevos requisitos en la contratación, de forma que al menos el 80% de los contratos tengan que ser indefinidos y el 66% a tiempo completo, lo que ayudará a mejorar la situación laboral marcada por la precariedad que viven miles de trabajadoras en un sector cuyo convenio lleva tres años bloqueado. Y donde no son pocas las empresas que se apoyan en los bajos salarios para apuntalar sus beneficios.

Y quizá el mayor avance de todos "era" la obligación de que todas las residencias se organizaran en pequeñas unidades de convivencia estables, con un máximo de 15 residentes y espacios comunes, de forma que los centros se parezcan lo máximo posible a un hogar. Que es lo que deben ser. Escribo “era”, en pasado, porque en el Consejo Territorial de este martes han decidido que esa obligación ya no afectará a todas las plazas, sino "al menos a un 80%". Fuentes de la negociación aseguran que el objetivo es dejar cierto espacio a otros modelos, como los miniapartamentos o el cohousing, siempre que se garantice la obligación de crear "un ambiente hogareño". Veremos si no termina convirtiéndose en un butrón por donde se cuelen los espabilados de siempre.

Y hasta aquí el vaso, no medio lleno ni mucho menos, pero sí con algunas gotas de agua que antes no estaban. Vamos a la parte vacía.

El acuerdo se pasa por el forro el derecho a la intimidad de los mayores. Establece que al menos el 65% de las habitaciones tendrán que ser individuales... pero solo en las residencias de nueva construcción. En la actualidad hay más de 5.200 centros operativos y, pese a que es un sector en plena expansión, será difícil que en las próximas décadas se abran cada año cien nuevas instalaciones. Así que, con algo de suerte, dentro de medio siglo habrá un parque residencial donde el 65% de las habitaciones tendrán que ser individuales. ¡El 65%! Parece una obviedad que todas las personas tienen derecho a la intimidad y que, por tanto, todos los residentes deberían tener el derecho a vivir en una habitación individual salvo que ellos voluntariamente decidiesen lo contrario –por ejemplo, por ser pareja– o por razones médicas que lo aconsejasen.

Pues esa obviedad al parecer no es tal para quienes este martes estaban reunidos en el Consejo Territorial que aprobó el acuerdo.

El acuerdo se pasa por el forro la necesidad de terminar con las macro-residencias. Durante la pandemia, los contagios y la mortalidad fueron mayores en los centros de más de cien plazas –en términos proporcionales, obviamente–, como atestiguan dos estudios realizados por los Gobiernos autonómicos de Castilla y León (PP) y Navarra (PSOE). En este caso, el truco vuelve a ser el mismo que con las habitaciones individuales: las residencias no podrán tener más de 120 plazas... pero solo las de nueva construcción. Quizá cuando se jubilen quienes ahora están terminando la ESO haya un parque residencial con un tamaño razonable. ¿Y cuánto costaría reformar todos los centros ahora existentes, de forma que ninguno tuviera más de 120 plazas? Fuentes del Gobierno central aseguran que han hecho el cálculo y que la cifra estaría en torno a los 8.000 millones, menos del 1% del PIB. Este país va a incrementar el gasto en Defensa en un 1%, aumento que se consolidará año tras año en los Presupuestos, ¿pero no tiene 8.000 millones para reformar las casas donde viven varias decenas de miles de ancianos? Sería mejor que antes de gastar el dinero en misiles, lo gastásemos en garantizar unos cuidados dignos a la generación que levantó el Estado del bienestar en España (y a las que vengan detrás). Sí, ya sé que gastar en tanques genera empleo, como repite la ministra de Defensa, pero digo yo que invertir en servicios sociales no lo destruirá, ¿no?

Pero claro, el verdadero problema de reformar las residencias para que ninguna tenga más de 120 plazas no son solo los 8.000 millones. Es que los grandes grupos del sector, que son quienes explotan de forma mayoritaria las macro-residencias, verían reducido de repente su negocio de forma considerable. Y lo mismo ocurre por supuesto con la obligación de tener habitaciones individuales. Y ahí, amigos, ya estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de los que se embolsan millonadas a costa del malestar de las personas que deben cuidar.

El acuerdo, en fin, se pasa por el forro la necesidad de contar con unas ratios de personal que garanticen unos cuidados dignos a los mayores y una actividad laboral decente a las cuidadoras. Las ratios se mejoran, sin ninguna duda, pero, como denuncian las asociaciones de familiares de residentes, quedan aún lejísimos de lo que sería necesario. Y no hay probablemente ningún otro factor que influya tanto en la calidad de vida de los residentes como el número de personas que los atienden. Cuando los mayores permanecen todo el día ante un televisor sin que nadie les hable, cuando se pasan horas con un pañal sucio sin que nadie se lo cambie, cuando sufren una caída y tardan en atenderles... la responsabilidad esencial hay que buscarla en las bajas ratios de personal. No podemos pretender que una trabajadora cuide bien a 15 personas mayores, muchas de ellas dependientes.

¿Mejor un acuerdo malo que ninguno?

El Ministerio de Derechos Sociales ha hecho algunas cosas bien. Para empezar, crear dos mesas de diálogo donde escuchar a los actores implicados. Y sus responsables destacan que este acuerdo es un primer paso importante, que supone establecer un rumbo acertado a un barco que iba a la deriva y que debe servir para que todos tomemos conciencia de la necesidad de cambiar el modelo residencial. Ojalá tengan razón.

Pero si uno compara el primer borrador que puso sobre la mesa de negociación el Ministerio de Derechos Sociales y el que se ha aprobado este martes, encontrará la diferencia entre un cambio significativo de modelo y unos parches necesarios pero completamente insuficientes. 

Hay importantes entidades que han mostrado su apoyo público al acuerdo, entre ellas la Mesa Estatal de Personas Mayores. Sin embargo, el equipo del secretario de Estado que lleva meses negociando, Nacho Álvarez, no ha logrado ni siquiera un sí crítico de los principales sindicatos. Y las asociaciones de familiares de residentes hablan directamente de "decepción".

Las patronales están en contra, pero eso es lo de menos, lo relevante es que viven en otro planeta. Hace unas semanas llegaron a sacar una nota de prensa en la que directamente mentían sobre las obligaciones que fijaba el acuerdo. En el sector hay residencias que hacen bien su trabajo y es una pena que su voz esté secuestrada por los intereses de los grandes grupos en manos de fondos de inversión, multinacionales y millonarios patrios. Su obsesión por acumular beneficios gracias al dinero público, caiga quien caiga, les inhabilita como interlocutores serios. El respeto hay que ganárselo. Cuando sean capaces de redactar una nota de prensa o pronunciar un discurso donde se hable de los derechos de los mayores, y no de los euros que costaría garantizar esos derechos, podrán pretender que se les tome en serio. Mientras tanto deberían taparse un poquito, que estamos hablando de la dignidad de miles de personas.

En el Consejo Territorial el acuerdo se aprobó por la mínima, gracias a las comunidades gobernadas por los socialistas. Votaron que no Euskadi y Cataluña, por entender que invade competencias autonómicas. Votaron que no las comunidades gobernadas por el PP, en una muestra más de cómo entiende la política el moderadísimo y pulcrísimo Alberto Núñez Feijóo. Votó que no Castilla-La Mancha, porque dice Emiliano García Page que nadie garantiza la financiación para cumplir el acuerdo. Algo que desde el Ministerio de Derechos Sociales matizan (a medias), puesto que aseguran que con el dinero que aportará el Estado este año o el próximo será suficiente para cumplir los nuevos requisitos. ¿Y en 2024? Bueno, eso dependerá del Gobierno de turno. Una respuesta nada tranquilizadora, si tenemos en cuenta que Mariano Rajoy ganó en 2011 por mayoría absoluta unas elecciones tras anunciar que el gasto en Dependencia no era "viable" y había que recortarlo. Y esa promesa, mira tú por dónde, sí la cumplió. En lo de que el rescate bancario no costaría ni un euro a los ciudadanos tuvo una pequeña desviación de 50.000 millones de euros. Migajas.

¿Qué hacer? ¿Resignarse a vivir en la Edad Media el próximo medio siglo, felices porque hemos dado un salto importante desde la Edad de Piedra?

No parece un plan aceptable. Creo que hay que dar la batalla en todos los frentes. En los tribunales, en las instituciones y en la calle. La Plataforma que agrupa a la mayoría de asociaciones de familiares de España ya ha anunciado una manifestación para septiembre. Deberíamos empezar a trabajar, desde hoy mismo, para que esa marcha sea un gran éxito.

Una sociedad donde los viejos no importan es una sociedad de mierda.