Las sombras de Ecoembes: de las dudas sobre sus datos a los efectos de su posición de monopolio

Es muy difícil encontrar en España una empresa que tenga unos accionistas más poderosos que Ecoembes SA. Ahí están todas las grandes multinacionales del consumo, desde Coca-Cola a Mercadona pasando por El Corte Inglés, Danone, Nestlé o Colgate Palmolive (puedes consultar aquí quienes son todos sus socios). Y también es inusual que siendo una empresa con dueños tan poderosos, exista un desconocimiento generalizado sobre qué intereses defiende y a quién representa. “Ecoembes, esos son los del reciclaje, ¿no?”, es quizá la respuesta más común.

Que más de media España piense que “los de Ecoembes” son una especie de organización ecologista y no uno de los lobbies más poderosos del país es, sin duda, un éxito que hay que anotar en el haber de la propia compañía. Es cierto que también ayuda la simbiosis entre su política de comunicación y lo que se publica en muchos medios.

Ecoembes es la compañía que montaron las principales empresas del sector consumo para cumplir con lo que se llama “responsabilidad ampliada del productor” (RAP), que es una manifestación del principio “quien contamina, paga”. La idea de la RAP es que quien hace negocio vendiendo un producto no es solo responsable de lo que ocurra hasta que lo compra el consumidor, sino que esa responsabilidad se amplía hasta la fase en que se convierte en residuo. Por eso, tiene que encargarse de la gestión de los residuos de envases que ponen en el mercado.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza de los residuos de plástico en Europa, analizaron el funcionamiento de Ecoembes y de sus entidades homólogas europeas (puedes leer aquí el artículo centrado en Europa y aquí el resto de reportajes de nuestra investigación).

Hay que destacar que Ecoembes colaboró en todo momento a la hora de facilitar su versión. No solo respondió a las 55 preguntas escritas enviadas por infoLibre e Investigate Europe sobre el funcionamiento de la empresa, sino que tres de sus directivos mantuvieron una larga reunión presencial con un periodista para aclarar todas las dudas pendientes.

Los datos de Ecoembes

El primer asunto clave en torno a Ecoembes es la fiabilidad de sus datos. Y lo es porque esos datos no son una mera cuestión interna, sino que sirven para calcular la tasa oficial de reclaje de envases que España declara ante la Unión Europea o para determinar si en España hay que implantar un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para la recogida selectiva de botellas de plástico (puedes leer aquí, aquí y aquí las informaciones que hemos publicado sobre el SDDR).

Una de las principales polémicas se refiere a las cifras sobre producto puesto en el mercado, es decir, cuántas unidades pone en España a la venta Coca-Cola o cualquier otra empresa. La compañía productora o envasadora tiene que pagar a Ecoembes según sea ese volumen y, a su vez, Ecoembes debe retribuir a los ayuntamientos por recoger y transportar los residuos de envases. Además, el “denominador” de la tasa de reciclaje es el número de envases puestos en el mercado.

Por tanto, si la cifra de envases puestos en el mercado fuese menor que la real, eso produciría tres efectos directos: las empresas pagarían menos a Ecoembes al no declarar parte de sus envases, Ecoembes abonaría menos dinero a los ayuntamientos del que debería y la tasa de reciclaje aumentaría al dividirse la cifra de material reciclado por un denominador más bajo del real. Y también habría un efecto indirecto: como Ecoembes no pagaría nada por la gestión de los envases no declarados, serían los Ayuntamientos quienes tendrían que asumir ese coste. En otras palabras: las empresas estarían trasladando a los contribuyentes –vía Ayuntamientos– parte de los costes que tendrían que asumir ellas.

Ese potencial fraude puede tener dos orígenes: que las empresas adheridas a Ecoembes –12.890 en 2021– declarasen menos de lo que realmente venden o que existan compañías que ponen en el mercado envases sujetos a la RAP pero que no forman parte del sistema y por tanto no pagan nada a Ecoembes. Esta última práctica se conoce en el sector por el término inglés free-riders (gorrón, que va por libre).

Respecto a la primera opción, Ecoembes descarta que se produzca básicamente porque las declaraciones de las empresas están auditadas. “El 93% de las toneladas adheridas a Ecoembes están controladas a través de las auditorías de las empresas”, explican sus portavoces. No es que Ecoembes envíe personal propio a las multinacionales, sino que “existen procedimientos acordados, de forma que la firma de auditoría que controla las cuentas de una compañía tiene que revisar que es correcta la declaración sobre productos puestos en el mercado que ha enviado a Ecoembes. Es decir, tendría que falsear sus cuentas para engañarnos y eso no tiene sentido para una multinacional o un gran grupo”. Además, Ecoembes asegura que “realiza análisis de razonabilidad sobre los datos que recibe”. En cuanto al 7% restante, producido por empresas más pequeñas que no tienen la obligación legal de tener sus cuentas auditadas, Ecoembes sostiene que realiza “controles aleatorios” para controlar la calidad de los datos.

Respecto al segundo problema, los free-riders, Ecoembes sí admite que existe y le pone cifras por primera vez en público: “Durante los últimos cuatro años hemos trabajado en dimensionar este incumplimiento a través de dos aproximaciones distintas e independientes entre sí: el Instituto Cerdá (Observatorio de innovación en gran consumo) estimó una tasa de incumplimiento del 15,2% utilizando datos de puesta en el mercado, mientras que el grupo de trabajo constituido en 2020 por Ecoembes y que actualmente cuenta con representantes de siete CC.AA. (Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja) calculó un 15,4% a partir de los resultados de estudios de composición de residuos. En el caso de los envases de plástico llega al 20,6%”.

Los resultados de ese grupo de trabajo, que en Ecoembes conocen internamente como el G7, “encajan con lo que ocurre en otros lugares. En Bélgica es un 10% y en otros países también está en torno al 15%”.

¿Y quiénes son esos free-riders? Ecoembes explica que tanto el estudio del G7 como el del Instituto Cerdá coinciden en señalar como principales “nichos de incumplimiento de la norma” al pequeño comercio, por los envases tipo bolsas; al canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) por los envases para llevar; al comercio online, y a las importaciones. Sus portavoces ponen especial énfasis en distinguir entre “fraude consciente” e “incumplimiento involuntario”, y atribuyen este último a muchos pequeños comercios “que desconocen” que deben cumplir con la responsabilidad ampliada del productor.

Ecoembes asegura que cuando detecta casos de “fraude” los denuncia a las comunidades autónomas. A preguntas de los periodistas, señala que en 2022 tramitó en total 326 denuncias, de ellas 68 en Madrid, 51 en Cataluña, 44 en Canarias, 34 en Andalucía, 27 en la Comunidad Valenciana y 21 en Galicia.

“Llevamos años reclamando al Ministerio para la Transición Ecológica la creación de un órgano público y oficial con capacidad observadora, controladora y sancionadora que permita minimizar el riesgo de incumplimiento y fraude al sistema”, se queja Ecoembes, que en todo caso confía en que la obligación de crear un Registro de Productores a partir de este año “facilitará el conocimiento y cumplimiento de la ley en este aspecto”.

El Ministerio que dirige Teresa Ribera encargó a la consultora ENT, quizá la más prestigiosa en el sector de los residuos, un informe sobre el nivel de fraude existente. A preguntas de infoLibre e Investigate Europe, una portavoz del Ministerio indicó que “el estudio elaborado por ENT finalizó en diciembre de 2022, estando pendiente su publicación. La conclusión más importante del mismo es que a partir de los datos recopilados no es posible realizar una estimación del fraude para 2019 a escala estatal que cumpla estándares mínimos de representatividad estadística en los envases sujetos a RAP a través de caracterizaciones”. Por ello, añade la portavoz, “en los próximos meses se va encargar la realización de un nuevo Plan de caracterización de residuos a escala estatal, que actualice el realizado por este Ministerio en 2012”.

Los que cuestionan los datos

Sin embargo, el fraude atribuible a quienes están fuera del sistema no da completa respuesta a las dudas que existen entre expertos en el sector de los residuos. Esas dudas se llegaron a plasmar en un estudio encargado por el Gobierno de Baleares para contrastar con la realidad los datos que le facilitaba Ecoembes. La conclusión del informe era que en 2016 las empresas declararon que se habían puesto en el mercado 49.385 toneladas de envases ligeros en dicha comunidad, mientras que el análisis de los flujos de envases a lo largo de toda la cadena de valor situaba esa cifra en 91.965 toneladas. Es decir, el fraude se situaría en el 86%. 

Ecoembes defiende que ese estudio tiene “dos sesgos muy importantes”. El primero sería que no incorpora “la corrección por suciedad y humedad” a la caracterización que se realizó de la basura en las islas, que puede llegar a ser hasta el 30% del peso del producto. El segundo sería “que no diferencia los residuos domésticos, que son los adheridos a Ecoembes, de los residuos comerciales e industriales”. También atribuye la discrepancia en los datos a “los pocos muestreos que se hicieron” y mantiene que estudios posteriores desmintieron los datos de ese estudio del Gobierno balear.

La encargada de realizar el informe fue precisamente la consultora ENT. Uno de los autores del estudio fue Sergio Sastre, doctor en Ciencias Ambientales, que explica así aquel trabajo: “Lo primero que hay que tener en cuenta es que Ecoembes no dispone de datos de puesta en el mercado por comunidades autónomas, sólo el agregado a nivel estatal, y utiliza los datos de la consultora Nielsen. Por tanto, el propio dato de Ecoembes es una estimación. ¿Nosotros qué hicimos en Baleares? Ir a la basura y contar y pesar residuos, analizar las caracterizaciones de residuos municipales disponibles y calcular a partir de ella cuántos envases estaban sujetos a RAP”. Sastre sostiene que trabajaron “con los datos oficiales del Gobierno balear y eran los mejores datos disponibles en ese momento”.

En todo caso, destaca Sastre, “el factor central respecto a los datos de Ecoembes es el siguiente: da igual las caracterizaciones que hagas, da igual que en la metodología descuentes la humedad o los impropios de los materiales, en la fracción resto siempre nos encontramos más envases de los que debería haber si los datos de Ecoembes reflejasen la realidad de la puesta en el mercado de envases sujetos a RAP”.

Vicenç Vidal, ahora senador por la coalición Més per Mallorca, era el consejero de Medio Ambiente cuando decidió encargar el informe para contrastar los datos de Ecoembes y no tiene dudas sobre a quién creer: “Yo siempre le decía a Ecoembes que no estaban pagando lo que debían de acuerdo con la responsabilidad ampliada del productor. Y que, en consecuencia, los costes que no pagaba Ecoembes, lo pagaban los ciudadanos. El informe del Govern balear sobre los productos puestos en el mercado demuestra que Ecoembes nos estaba engañando con ese dato. Los datos que da Ecoembes son imposibles. No son en absoluto creíbles”.

Francisco Peula, presidente de la ONG Rethinking y con amplia experiencia laboral como técnico en el servicio de tratamiento de residuos de la Diputación de Granada, compara de forma sistemática los datos que ofrece Ecoembes con los de otras fuentes como Administraciones Públicas y asociaciones sectoriales. Y sus resultados suelen discrepar abismalmente de los de Ecoembes. Por ejemplo, Peula sostiene que en 2021 la producción de residuos de envases plásticos fue de 1.566.966 toneladas, en vez de las 775.454 declaradas oficialmente.

Pero, ¿por qué deberíamos creer sus datos? Peula responde: “Porque las cifras de Ecoembes no concuerdan con lo que se percibe a diario en las instalaciones de tratamiento de residuos. Tanto mi experiencia personal, de más de 25 años trabajando en gestión de residuos municipales, como los comentarios de compañeros del sector, cuando nos encontramos en congresos y conferencias relacionadas con los residuos municipales, van en la misma dirección: la cantidad de residuos de envases que gestionan las entidades locales es muy superior a la que admite Ecoembes como envases adheridos”.

Un extenso monopolio

El gran poder de Ecoembes no se deriva solo del hecho de quiénes son sus accionistas, sino de la posición dominante que tiene en los cuatro momentos de la cadena de reciclaje donde hay dinero en juego.

En primer lugar, Ecoembes fija las llamadas “tarifas del punto verde”, ese logotipo que encontramos en los envases y que lo único que indica es que está adherido al sistema. Como los accionistas de Ecoembes son los grandes productores, son ellos mismos los que deciden cuánto van a pagar por los envases que ponen en el mercado.

Después, está la negociación con las Administraciones. Los residuos son en España una competencia municipal. Ecoembes tiene la obligación de encargarse de los envases cuando se convierten en residuos, pero son los ayuntamientos quienes disponen de las infraestructuras de transporte y recogida de la basura. Por tanto, Ecoembes firma convenios con las distintas Administraciones por ese trabajo que realizan para la empresa: recoger los envases de la basura y llevarlos a las plantas de selección. Los convenios se renuevan cada cinco años. Personas que han participado en esas negociaciones explican que “como Ecoembes es un monopolio, tiene un enorme poder para decidir cuánto paga a cada Administración, lo que incluye tratar mejor a quienes protestan menos”. En 2021, Ecoembes abonó 560 millones a las diferentes Administraciones.

En las plantas de selección se separan las fracciones recuperables de los diferentes residuos para luego compactarlos y enviarlos a las plantas de reciclaje. Ecoembes ofrece dos tipos de acuerdo a esas plantas: pagarles por el trabajo que hacen para recuperar el material, o quedarse además con el propio material (lo que en el argot se llama “retoma”). De las 97 plantas que recuperan envases procedentes del contenedor amarillo, prácticamente en todas se produce la retoma por parte de Ecoembes, mientras que en las 96 que trabajan con la llamada “fracción resto” de la basura (lo que no se recoge de forma separada), se queda con el material en aproximadamente el 60%. Hay una parte significativa de envases que se siguen depositando en la fracción resto y no en el contenedor amarillo

Por último, Ecoembes vende el material adquirido a las empresas que se dedican al reciclaje. Para Ecoembes es la segunda principal vía de ingresos (104 millones en 2021), aunque lejos de lo que percibe por las tarifas del punto verde (650 millones en 2021). Pero, lógicamente, para muchas empresas de reciclaje es fundamental que Ecoembes les adjudique material ya que es la materia prima que necesitan para funcionar. “Si tienes una empresa de reciclaje, y Ecoembes no te da materia prima, pues puedes ir cerrando”, resume una persona conocedora del proceso.

Las prácticas de Ecoembes con las subastas de material le han costado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competenia (CNMC), presentada por la sociedad PET Compañía para su Reciclado. La CNMC inició un proceso de información reservada, que incluyó inspeccionar la sede de Ecoembes y requerir información a diferentes operadores del mercado, y concluyó que había indicios suficientes para abrirle un expediente sancionador “por supuestas conductas constitutivas de un posible abuso de posición de dominio”.

La CNMC investiga si, al menos desde 2004, existió en Ecoembes “un procedimiento de susbastas ejecutado de forma arbitaria, que no garantizaba su transparencia ni la trazabilidad e integridad de las ofertas presentadas”. Además, intenta averiguar si se establecieron “barreras de acceso para participar y resultar adjudicatario en dichas subastas, que no estarían justificadas por razones técnicas, medioambientales o económicas”.

Ecoembes niega, lógicamente, cualquier práctica irregular, pero admite que los procedimientos eran mejorables: “Estamos ya en proceso de implementar un nuevo sistema de adjudicación digital de los materiales para aportar al proceso una mayor transparencia y flexibilidad”. Es decir, hasta ahora Ecoembes recibía las ofertas para la subasta a la vieja usanza, en un sobre cerrado.

En cuanto al cuadro general, a su posición dominante en esos cuatro momentos donde hay negociación económica por medio, Ecoembes prefiere utilizar otra terminología: “Es verdad que tenemos un papel importante en la cadena de la gestión de los residuos, pero más que como poder Ecoembes lo ve como una responsabilidad. Responsabilidad compartida con otros agentes en la cadena, con el único objetivo de mejorar el reciclaje”. Y rechaza expresamente que tenga la capacidad de imponer a las Administraciones las condiciones de los convenios. “Existe mucha colaboración entre Ecoembes y las Administraciones”, resaltan sus portavoces.

Julio Barea, director de campañas de Greenpeace, no tiene ninguna duda sobre el cabildeo que practica Ecoembes. “Para concluir que Ecoembes es un lobby sólo hace falta ver quiénes son sus asociados: todas las grandes empresas productoras y envasadoras de este país. Lógicamente, Ecoembes lo que va a buscar es lo que genere más beneficio para sus miembros. Eso se traduce en que sus asociados paguen lo menos posible por las tarifas del punto verde y por la gestión de los residuos. Los socios de Ecoembes no quieren hacerse cargo del coste completo de sus residuos y hacen cualquier cosa para lograr ese objetivo”. Además, añade el ecologista, “tienen un aparato de propaganda tremendo. Pueden gastar hasta dos millones y medio de euros al mes en campañas de marketing y publicidad. Solo hace falta ver qué se publica sobre Ecoembes en la mayoría de los medios”.

El monopolio de Ecoembes, sobre el papel, podría terminar pronto. Una empresa denominada Procircular está en proceso de conseguir las autorizaciones necesarias para operar, algo que espera poder hacer a lo largo de 2024. Cuando llegue ese momento, cualquier empresa sujeta a RAP podrá elegir si se adhiere a Ecoembes o a Procircular. Esta última pertenece al grupo alemán Reclay, que opera en diversos países europeos. La presidenta de Procircular, Carmen Sánchez, sostiene que su modelo se basará “en la transparencia y la participación de todos los productores, independientemente de su tamaño”, una indirecta clara al poder que ejercen las grandes multinacionales en Ecoembes. Y es que, a priori, parece claro que el campo para crecer de Procircular serán las empresas más pequeñas.

No paga por todo lo que contamina

Ecoembes defiende que paga lo que debe, ya que cumple escrupulosamente con la ley. Puede ser. Pero lo que no tiene duda es que, en su caso, no se cumple estrictamente el principio de que “quien contamina, paga”.

En todo caso, merece la pena fijarse un momento en la legislación, efectivamente. La Ley de Envases que estuvo vigente hasta el año pasado fue aprobada en 1997 por el Gobierno de José María Aznar, con Isabel Tocino como ministra de Medio Ambiente. Y era una ley especialmente considerada con los grandes productores y envasadores, de forma que sólo debían pagar “la diferencia de coste” entre el sistema ordinario de recogida de basura y el de recogida separada de determinados envases que se implantaba en esa norma. Eso sirvió a Ecoembes, que curiosamente se había constituido antes incluso de la aprobación de la ley, para defender que sólo debía pagar por la gestión de los envases depositados en el contenedor amarillo. En otro términos: si la botella de Coca-Cola estaba en el contenedor amarillo, Ecoembes entendía que ese coste corría de su cuenta, pero si el mismo envase aparecía en la fracción resto de un cubo o en un parque, consideraba que no era su responsabilidad.

La realidad es que muchos envases se tiran en los cubos de la fracción resto o se abandonan en un parque o en la playa, así que productores y envasadores se han ahorrado bastante dinero todos los años gracias a la ley del Gobierno Aznar, que no reformó ninguno de los posteriores hasta el actual. Con la nueva norma aprobada por el Gobierno de coalición, las empresas deberán abonar a partir de 2024 parcialmente los gastos asociados a la recuperación de envases de la fracción resto, de la limpieza viaria y de parques y playas, y los de sensibilización e información a los ciudadanos. Ese “parcialmente” va ligado a la obtención de determinados objetivos de reciclaje, que si no se alcanzan les obligarían a pagar la factura completa.

Desmontando Reciclos

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Un estudio de Rethinking y Greenpeace sobre los “costes ocultos” de la mala gestión de los residuos cifró en 1.033 millones lo que Ecoembes se ahorra cada año por el reciclaje de envases ligeros que se depositan en la fracción resto. O, planteado desde otro punto de vista, 1.033 millones que los contribuyentes pagan de más vía ayuntamientos. Ecoembes afirma que esa cifra “está muy alejada de la realidad”, pero ante la pregunta de los periodistas de qué cantidad es la que manejan ellos, la respuesta es que no dispone de un cálculo alternativo. Tampoco lo tiene de lo que se incrementarán los costes que tendrán que abonar a partir de 2024, para cumplir con la nueva ley: “Ecoembes está trabajando en una propuesta de pagos que presentará en un mes a las comunidades autónomas y con la que se iniciará el diálogo entre ambas partes para establecer el coste final”.

En 2021, Ecoembes pagó en total a 560 millones a las Administraciones públicas, a través de 58 convenios de ámbito autonómico o municipal. A petición de los reporteros, la empresa facilitó la distribución por comunidades, que se reproduce en el gráfico que figura más arriba. Las cuatro comunidades que percibieron más fondos fueron Cataluña (103,6 millones), Andalucía (101,6 millones), Madrid (70,5 millones) y Comunidad Valenciana (52,9 millones). Un experto al que infoLibre e Investigate Europe pidió que analizase las cifras globales concluyó que los “datos de unas comunidades con otras son congruentes atendiendo a los envases que recogen”.

Un año interesante, sin duda, el que espera a Ecoembes. Tiene que renegociar todos los convenios con las Administraciones, es probable que la CNMC decida si sanciona a la empresa por abuso de posición dominante, después de 25 años quizá tenga un competidor por pequeño que sea y en la batalla por la fiabilidad de los datos el círculo se estrechará un poco más cuando el Ministerio realice después de una década un nuevo plan de caracterización de residuos.