De amnistía y democracia: aquí nadie se irá sin pagar

Les ocurrirá también a much@s de ustedes. No ha habido un solo día en las últimas semanas sin que alguien te lance la doble pregunta: ¿Crees que habrá investidura? y ¿Qué opinas de la amnistía? Ambas interrogantes están relacionadas, obviamente, y, como suele ocurrir en este país de sabios y capataces, quien pregunta mayormente ya tiene sus propias respuestas, de modo que mientras oye (no sé si escucha), arquea las cejas como diciéndote: “¡Qué me vas a contar!, en fin, deja que te explique…”. Así que me limito a trasladar unos apuntes que intentan reflejar lo que suelo responder a la luz de los (pocos) datos contrastados que uno recibe, con la esperanza de que al menos ayuden a desmentir los disparatados bulos que circulan. Muchos de ellos son absolutamente intencionados, y buscan elevar el nivel de crispación política hasta límites que pueden desembocar en la violencia. Cada cual será responsable de lo que siembre.

1.- Sí, creo que habrá investidura de Pedro Sánchez, y por tanto gobierno de coalición progresista apoyado en un complejísimo acuerdo de legislatura en el que participan partidos estatales de izquierda, nacionalistas de derechas, independentistas de izquierda y de derecha y algún que otro oportunista (como si no lo fueran a su manera todos ellos y también los que no están). Si me forzaran a apostar, lo dejaría en un 80-20. Quizás la ultraderecha y su nave nodriza, el PP político y mediático, no sean conscientes de ello, pero cuanto más exageran en la supuesta amenaza de ruptura de España, más fácil se lo ponen a Pedro Sánchez para, en el momento que considere conveniente o inevitable, ejercer la “responsabilidad de Estado” y apretar el botón de repetición de elecciones, con el viento de cola hacia un PSOE reforzado en un escenario muy similar en términos de bloques (es lo que predicen las encuestas más fiables, con permiso del ínclito Michavila).

2.- Habrá investidura con apoyos tan diversos porque ese es exactamente el mapa político que salió de las urnas el 23 de julio, no el que Feijóo y el PP se empeñan en impostar, sin respetar las reglas de la democracia representativa ni esa Constitución que utilizan como martillo de presuntos herejes. El PP no puede gobernar porque ningún otro partido de los que representan la realidad socio-política española acepta viajar a bordo de un vehículo cuyo copiloto es Abascal, máximo líder de una extrema derecha empeñada precisamente en meter la marcha atrás, en un retroceso que va atropellando derechos, libertades y avances de todo tipo, alejando a España de la modernidad y de un proyecto europeo en el que, de salir bien, no caben extremismos populistas ni tampoco separatismos sectarios.

3.- Esa probable investidura no puede consistir en un simple intercambio de cromos entre independentistas y Pedro Sánchez: alivio penal, perdón colectivo, "generosidad" democrática o pura y cruda amnistía a cambio de siete votos… Sería difícilmente asumible no ya para las propias filas del PSOE sino para cualquier demócrata convencido, incluso para quienes siempre hemos defendido las soluciones políticas para un conflicto netamente político como es el de Cataluña y España. Es evidente que el proceso negociador de esta investidura tiene un alto coste político, y ese precio debe repartirse al menos de modo proporcional. Que cada cual pague lo suyo, que cada palo aguante su vela.

4.- El desgaste que este proceso de investidura puede tener para Sánchez y para la izquierda está a la vista. Sin que aún se conozca un solo detalle del posible acuerdo, ya se ha instalado el ruido político-mediático permanente que alarma sobre una rendición ante las exigencias de Puigdemont que acarrearía nada menos que una autodestrucción del Estado de Derecho y un “golpe” a la democracia equivalente al 23F pero por la vía civil. Hasta el punto de que lo que circula por las redes incluye la supuesta “complicidad” o “traición” del rey, quien, según esa campaña de desinformación más o menos organizada podría (y debería) negarse a firmar la ley de amnistía (o como finalmente se llame). Saben perfectamente (los organizadores, quizás no tanto los necios que se apuntan al bombardeo) que el Jefe de Estado tiene la obligación constitucional de firmar todas las leyes que emanan del legislativo. Y punto. No hay debate. Lo que hay son ganas de incendiar, de desgastar la democracia y sus instituciones (incluso las no elegidas).

Al españolismo machirulo del “¡a por ellos!” le importa una higa, pero lo cierto es que un acuerdo de legislatura también supone un coste y un riesgo para el independentismo

5.- Ya sé que al españolismo machirulo del “¡a por ellos!” le importa una higa, pero lo cierto es que un acuerdo de legislatura también supone un coste y un riesgo para el independentismo, y especialmente para Junts. Por muy hábilmente que se hilvane el relato que finalmente salga de este proceso (muerto el procés), los principales grupos independentistas tendrán que explicar a sus bases que la desjudicialización del conflicto obliga a renunciar a la autodeterminación y, explícita o implícitamente, a la unilateralidad. El pulso entre negociadores tendrá todo que ver con el lenguaje, los conceptos, la denominación del asunto y sus matices, pero será difícil ocultar que se acepta exactamente esto: cualquier aspiración de máxima autonomía para Cataluña ha de acordarse con el Estado y por vías democráticas establecidas o por explorar. ERC ya ha pagado un precio electoral clarísimo el 23-J. Junts tendrá que asumir el suyo, teniendo en cuenta que por debajo está la ola impulsada por la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), que amenaza incluso con organizar un movimiento político que se presente a las próximas elecciones catalanas para recoger el voto de quienes consideren “traidores” a los actuales dirigentes separatistas. 

6.- Unos y otros, unas y otras, izquierdas estatales y nacionalismos periféricos o históricos, afrontan la responsabilidad de articular un pacto de gobierno que no sólo dé una salida al embudo penal del conflicto político territorial sino que resulte útil para resistir ese coste político repartido y, en el medio y largo plazo (si es que es posible aún hablar de política, o de cualquier otra cosa, en esos términos), demostrar a una mayoría de la ciudadanía que el acuerdo permite adoptar soluciones a otros retos acuciantes como la desigualdad, la vivienda, el cambio climático, la despoblación, el sostenimiento del Estado del bienestar… Por poner ejemplos (creo) incontestables.

7.- Conviene, en lo personal y en lo colectivo, blindarnos ante el ruido, la provocación y la desinformación. Hace ya tiempo que esta batalla se inició (y en ella nos dejamos la piel en infoLibre), pero es obvio que va a arreciar, porque el principal partido de la oposición ha elegido como estrategia política (una vez más) la gota malaya de la crispación, de la utilización del bulo y hasta de la justificación de conatos violentos (ver aquí). Es fundamental que ningún demócrata caiga en esa provocación. Este mismo domingo, 8 de octubre, miles de ciudadanos catalanes y llegados de fuera se manifestarán libremente en las calles de Barcelona. Dirigentes del PP y de Vox lanzarán proclamas que van mucho más lejos de lo que realmente está sobre la mesa de la negociación de investidura. Ni España se rompió con el proceso de paz que llevó a la derrota de ETA ni la democracia se pondrá de rodillas ante las exigencias (legítimas o imposibles de aceptar) del independentismo. Que nadie (cabal) pierda los estribos. La gran virtud de la democracia consiste en su imperfecta capacidad para asimilar los ataques a sus cimientos. Es mucho más peligroso para la convivencia democrática cualquier populismo extremista (obsérvese lo que ocurre estos días en Estados Unidos) que la tensión provocada por un independentismo legítimo que afronta la anacronía de mantener sus objetivos en una comunidad europea que ya gestiona casi el 60% de los asuntos de cada Estado miembro.

8.- No entro a discutir en el plano jurídico-constitucional. Sólo ruego que no se caiga en el dogma que pretenden imponer voces del magma político-judicial conservador (desde PP-Vox hasta magistrados ultras en ejercicio o retirados y también nombres del viejo PSOE que se niegan a aceptar la realidad de España en el siglo XXI) y al menos se tengan en cuenta los datos y argumentos que aportan juristas y analistas que defienden la constitucionalidad y, desde luego, la legitimidad de una ley de amnistía (o como finalmente se defina). Aquí, y aquí, y aquí, y aquí y aquí y aquí dejo algunos enlaces para quien quiera informarse, contrastar y superar el griterío. En cualquier caso, baste con reclamar un mínimo respeto a la inteligencia: la separación de poderes es exigible en una doble dirección. Jueces independientes, sí, y fiscales con autonomía garantizada, sí. Pero unos y otros, unas y otras, tienen la obligación de respetar y aplicar las decisiones del poder legislativo. Es el Tribunal Constitucional el que decidirá, en su caso, la validez de lo aprobado. Nadie más. Guárdense ya esas tentaciones soberbias y prepotentes que tanto daño vienen haciendo al crédito democrático. 

Y, rememorando a Fraga –ese referente de quienes hoy tanto gritan sobre la amnistía y la Constitución– “no tengo más que decir” (de momento). Por más que pongan en marcha a su ejército de troles y calumniadores en las redes, de lo que se trata en estos próximos días y semanas es de exigir una negociación política que valore los beneficios para la ciudadanía y para España en su conjunto, no sólo para el independentismo y los centenares de cargos pendientes de un castigo penal a mi juicio excesivo. Se trata de mirar por encima de la pared de la necesidad inmediata (e innegable), para dar continuidad a un proyecto de modernización y progreso de España bajo el paraguas europeo. Lo demás es ruido.