Y mientras tanto… el juez Hurtado fisga en todos los secretos del fiscal general

No es hora (aún) de buscar responsables, sino de encontrar desaparecidos, vivos o muertos. Dos días después de caer el diluvio (anunciado) sobre Valencia, se contabilizan al menos 158 fallecidos. Se trata ya de la catástrofe natural más mortífera de la historia reciente en España. Y de un anuncio dramático de lo que supone la crisis climática para un país ubicado geográficamente junto a un Mediterráneo que funciona como “gasolina” para la formación de danas devastadoras (ver aquí). Sigan proclamando disparates los negacionistas, pero no nos limitemos los demás a contabilizar víctimas, a anunciar ayudas millonarias o a presumir de solidaridad. Una vez concluya el luto debido, hacen falta respuestas: ¿por qué la primera alerta de emergencia al conjunto de la población valenciana no llegó hasta ocho horas después del gran desbordamiento, cuando la gente estaba agarrada a los barrotes de las ventanas o encaramada al techo de un camión o simplemente ahogada? (ver aquí) ¿Por qué el gobierno del PP en Valencia eliminó hace un año la Unidad de Emergencias, al considerarla uno de esos “chiringuitos” prescindibles? (ver aquí) ¿Por qué otros organismos, empresas e instituciones no hicieron lo que hizo la Universidad de Valencia (cerrar) al conocer los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología sobre el peligro que el martes se avecinaba? (ver aquí). Ya, ya sé que es fácil opinar a posteriori, pero no debería salir gratis el engaño descarado. ¿Cómo se atreve Feijóo a decir que Mazón le informó puntualmente y en tiempo real ¡desde el lunes! sobre la dana y sus efectos, cuando hay pruebas documentales de la ausencia de liderazgo de la Generalitat en la gestión de la crisis hasta bien entrada la noche del martes? (ver aquí). No seamos tan imbéciles como lo hemos sido ante las dramáticas lecciones de la pandemia. Crisis climática, zonas inundables, servicios de emergencia, prevención de catástrofes, educación de la ciudadanía sobre alertas meteorológicas… Asumamos la realidad, intentemos mejorarla, o la realidad seguirá dándonos enormes bofetadas (mortales). 

Y mientras tanto… en lo que llaman la burbuja interior de la M-30 madrileña, ocurría algo enormemente grave. El magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor del caso abierto por la Sala Penal del Supremo contra el fiscal general, envió a la Guardia Civil a registrar el despacho de Álvaro García Ortiz e intervenir sus ordenadores, teléfonos, tableta y cualquier otro utensilio donde se guarde su comunicación con terceros, en busca de alguna prueba o indicio del delito de revelación de secretos del que le acusa el novio de Isabel Díaz Ayuso, defraudador fiscal confeso. El juez Hurtado va incluso más lejos de lo que solicitaba el pobre Alberto González Amador, que debe a Hacienda algo menos que Argentina al FMI y que cobró comisiones millonarias del grupo Quirón, beneficiado por las adjudicaciones de la privatización sanitaria en Madrid (ver aquí). Este señor magistrado –el mismo que en su día se negó a citar como testigo a Mariano Rajoy en el proceso por la Gürtel y que discrepó de la condena del PP como partícipe a título lucrativo de esa trama– decide indagar en todos los buzones del fiscal general desde fechas anteriores hasta otras muy posteriores al día de autos, para extraer, dice, “la mayor información posible”, a ver si pesca algo, una costumbre que se va extendiendo desde que al juez Peinado se le consiente investigar “todas las acciones..." bla bla bla de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno.

Lo que está ocurriendo entre la sala presidida por Manuel Marchena y el fiscal general es absolutamente inaudito. Y está pasando por debajo de demasiados radares de control democrático

Lo que está ocurriendo entre la sala presidida por Manuel Marchena y el fiscal general es absolutamente inaudito. Y está pasando por debajo de demasiados radares de control democrático. En el ámbito judicial sólo hemos conocido la protesta de Juezas y Jueces por la Democracia, que invita cortésmente a “reflexionar sobre la proporcionalidad de las medidas que afectan a los derechos fundamentales en el ámbito de una instrucción penal”. Viene esta organización a advertir de un riesgo evidente: a ver si va a resultar que la protección del derecho de defensa de quien se presenta como víctima de una revelación de secretos –el novio de Ayuso defraudador fiscal– lleva a la vulneración de derechos fundamentales de otras personas. Llámese en este caso Álvaro García Ortiz.

Pero el registro inédito en la Fiscalía General, en plan los intocables de Eliot Ness durante diez horas, pone en riesgo mucho más que eso (que no es poco): el jefe del Ministerio Público tiene acceso a investigaciones reservadas, causas secretas nacionales e internacionales que pueden involucrar a todas las instituciones y poderes del Estado (ver aquí). Desde este mismo miércoles, los procesos de mayor relevancia política, económica e institucional tienen sus archivos clonados para el análisis de numerosos agentes policiales y judiciales. De modo que lo que empezó como una acusación a García Ortiz por haber divulgado una nota oficial desmontando un bulo soltado desde el entorno de Ayuso para proteger a su novio con los recursos de todos los madrileños desemboca (por obra y gracia de Marchena y sus mariachis) en un encausamiento que atropella no solo derechos fundamentales del fiscal general, sino el material más sensible en un montón de causas que incluyen documentos que afectan a la seguridad del Estado o a la lucha contra la delincuencia internacional. 

Sólo la Unión Progresista de Fiscales ha compartido la estupefacción de Juezas y Jueces por la Democracia. Las demás organizaciones profesionales, las mayoritarias en el ámbito judicial, silban (cuando no aplauden sin pudor) ante las interpretaciones creativas que la factoría Marchena estrena cada dos por tres. Y en este punto siempre aparece alguien que recuerda que tenemos un Estado de Derecho, y que hay instancias superiores que pueden corregir errores o negligencias. Hablamos del Tribunal Supremo, sólo por debajo de un Tribunal Constitucional que desde hace tiempo intentan deslegitimar las derechas políticas, mediáticas y judiciales. Así que quedarán los tribunales europeos, es verdad. Pasarán cinco o siete años hasta que comprobemos lo que opina el Tribunal de Derechos Humanos sobre todo esto.

Mientras tanto, siguen poniéndose a prueba la separación de poderes y la resistencia de los materiales que la sujetan. Todo el mundo atento a lo que ocurra en la Sala Penal, donde Marchena deja la presidencia el 5 de diciembre (saltándose ya en un mes los plazos previstos por ley), siempre que no se acuerde una prórroga (también inédita) hasta que se cubra la plaza con un nombramiento consensuado en un CGPJ indefinidamente empatado. Veremos.