Disculpen que no me levante (de momento) para aplaudir a la nueva presidenta del CGPJ

Es indiscutible que Isabel Perelló, flamante presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, representa un avance histórico absolutamente necesario: por fin una mujer al frente del Poder Judicial. Su nombre ya está en la historia de la evolución hacia la igualdad, aunque, como ella misma dijo en su solemne discurso de apertura del año judicial, “queda mucho camino por recorrer” (no hay más que ver esta fotografía de los miembros de la sala de gobierno del Tribunal Supremo con el rey). Más que romperse el techo de cristal, digamos que se le ha hecho un pequeño aunque relevante agujero.

Sin embargo, ese primer discurso de Perelló (ver aquí) contiene una laguna aún más relevante: ni una palabra sobre el lamentable espectáculo que poderosos sectores de la justicia y unos cuantos jueces vienen protagonizando al ejercer posicionamientos políticos claramente parciales e incompatibles con la separación de poderes. Sí expresó una obviedad que ha facilitado grandes titulares en la mayor parte de la prensa: “Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados…”, y añadió un llamamiento a los poderes políticos para que eviten “ataques injustificados” a los jueces. Se llama separación de poderes. Nada que objetar, más allá de lo que en democracia implica la libertad de expresión y el derecho a la crítica a actuaciones concretas de los togados.

¿No le parece a la señora Perelló que habría sido oportuna una referencia a las reiteradas violaciones de esa separación de poderes en el sentido contrario? ¿Nada que decir sobre los pronunciamientos netamente políticos de jueces, magistrados y hasta del mismísimo CGPJ anterior contra decisiones del poder legislativo o del ejecutivo? El Poder Judicial que ella preside llega después de cinco años y medio de bloqueo de una renovación exigida por la propia Constitución e impedida por el Partido Popular, que ha provocado el mayor desgaste institucional para la credibilidad de uno de los tres poderes del Estado. Pero además hemos asistido nada menos que a manifestaciones de jueces a las puertas de sus juzgados contra una ley de amnistía que ni siquiera había empezado a tramitarse en el Parlamento (ver aquí). Y el CGPJ citado no sólo no vio nada que reprochar ni expedientes disciplinarios que abrir, sino que lanzó comunicados oficiales forzados por sus vocales conservadores contra la ley de amnistía (ver aquí).

¿Nada que decir sobre los pronunciamientos netamente políticos de jueces, magistrados y hasta del mismísimo CGPJ anterior contra decisiones del poder legislativo o del ejecutivo?

Sostiene Perelló que es “esencial” que el Consejo que preside lleve a cabo cuanto antes la “ingente labor” de cubrir el centenar de plazas vacantes en la cúpula judicial (esas que la mayoría conservadora caducada durante años pretendía cubrir de todos modos hasta que el legislativo le paró los pies). La labor más “ingente” que tiene ante sí la primera mujer (y primer nombre de perfil teóricamente progresista en 28 años) al frente del CGPJ es a mi juicio recuperar el destrozado prestigio institucional y abordar de una vez la democratización de ese Poder que por muchos factores de endogamia y de formación ideologizada ha seguido mostrando una resistencia marmórea a respetar su papel constitucional y democrático.

A nadie se le escapa que el proceso de votaciones en el nuevo Consejo podría llevar a la conclusión de que finalmente se ha forzado la elección de la más conservadora de las progresistas, o dicho de otra forma, del perfil menos progresista o que menos incomoda a los diez vocales propuestos por el PP. Habrá que ver en los próximos días si el acuerdo que ha facilitado el nombramiento de Perelló (por 16 votos de los 20 vocales que forman el nuevo Consejo) incluye algún compromiso respecto a la comisión de nombramientos o, si cabe tan importantes o más, la comisión disciplinaria o el apodado "gran inquisidor" (ver aquí). ¿Dónde ha estado y a qué se dedica esa comisión a la vista de los disparates que hemos visto cometer una y otra vez a jueces concretos empeñados en cruzadas contra partidos políticos o en investigaciones prospectivas contra dirigentes concretos? La decisión más llamativa de esa comisión ha sido la de archivar el expediente abierto a un togado que en Twitter se permite calificar al presidente del Gobierno de “psicópata sin límites éticos” y al ministro de Justicia de “siervo mentiroso patológico” (ver aquí). Tabernario reincidente.

Bienvenida una mujer al frente del Poder Judicial. Bienvenida una magistrada que pertenece a la única asociación de perfil progresista cinco años y medio después de que correspondiera ese paso si el PP hubiera respetado lo que establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. No ha empezado, lo siento, con un buen discurso. Ojalá haya sido por las prisas y no porque considere que no hace falta mucho más que reivindicar una independencia del Poder Judicial cuyo mayor riesgo real consiste, desde hace algún tiempo, en que sectores de su cúpula pretendan ejercer de salvadores de España y látigos de rojos presuntamente peligrosos. Puestos a citar la Constitución española, conviene recordar lo que dice su primer artículo, apartado 2: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. El judicial también.

P.D. Parece una broma de mal gusto, pero es real: la ponencia del recurso de inconstitucionalidad presentado este jueves por el Partido Popular ha recaído en... (tambores)... José María Macías, magistrado propuesto precisamente por el PP para el Tribunal Constitucional después de haber realizado ímprobos servicios en el CGPJ caducado. Macías ha declarado reiteradamente que "nadie puede dudar que la ley de amnistía es inconstitucional" (ver aquí). Así que ya está tardando en abstenerse, antes de que sea (obviamente) recusado.