La ley de vivienda y los argumentarios

“Hay que crear un fondo con aportación de la banca y del Gobierno que ayude a las rentas medias y bajas para hacer frente a la subida de los intereses pagados en las hipotecas”.

A veces uno imagina un debate televisivo en el que todo gire en torno a una cita, declaración o compromiso de quien se desconoce el autor, de forma que las dos bancadas de costumbre, ya se trate de analistas o de políticos, opinen sin contaminación de argumentario, sin saber si están dando la razón a la opción partidista más afín, a quien gobierna o a quien encabeza la oposición. O a ninguno de los dos. Habría, obviamente, que afinar mucho con el planteamiento inicial para evitar que resultara fácilmente deducible su autoría, y por supuesto se prohibiría el uso de móviles o cualquier tipo de utensilio capaz de acceder a archivos, hemerotecas o inteligencias artificiales. Apuesto a que, más de una vez, quienes con más entusiasmo abrazan argumentos partidistas quedarían en evidencia al comprobar que la cita origen del debate pertenecería a su menos íntimo adversario.

Este jueves ha sido aprobada en el Congreso la primera ley estatal de vivienda de la democracia. Dan ganas de repetir esta última frase en negrita, porque sólo por eso ya debería merecer un respeto a cualquier opinador. Si en más de cuarenta años no ha sido posible sacar adelante una normativa común que al menos intente hacer realidad el derecho a una vivienda digna establecido en el artículo 47 de la sacrosanta Constitución de 1978 (ver aquí), será por algo. Cuando no ha habido mayoría absoluta, la excusa es obvia: falta de acuerdo (que valdría también para el retraso de casi cuatro años en el compromiso fijado en el pacto que dio origen al actual Gobierno de coalición); cuando sí la ha habido, tanto con el PSOE como con el PP, cabe pensar que los enormes intereses de actores económicos y financieros han pesado más que ese derecho constitucional.

A uno le parece que la ley de vivienda aprobada en el Congreso es por sí misma trascendente incluso contando con la probable imposibilidad de ejecutar parte de los elementos que contiene. El simple (o quizás demasiado complejo) hecho de colocar en la conversación pública el concepto ‘vivienda’ como un derecho y no tanto como una inversión ni mucho menos como una herramienta para la especulación ya bastaría para considerarla un hito político y legislativo. Si además contiene, por primera vez en la historia democrática, el establecimiento de un tope a la subida de precios del alquiler o una referencia concreta para la consideración de “gran tenedor inmobiliario” (figura clave para distinguir a cualquier ahorrador del especulador), entonces sobran motivos para aplaudir una iniciativa que al menos se esfuerza en atender la urgente necesidad de millones de personas, especialmente jóvenes, para poder habitar una vivienda mínimamente digna sin dejarse en el intento la mayor parte de sus ingresos laborales. España, como país, como sociedad que ambiciona ser justa, debería aspirar a no mantener secuestrada a toda una generación (o dos) por culpa de unos precios abusivos y de un mercado inmobiliario distorsionado por el oligopolio que practican megafondos de inversión y grandes propietarios (que no lo son por esporas, sino por herencia o por decisiones políticas tan injustas como las tomadas por administraciones como la del PP en Madrid, que decidió vender 3.000 viviendas públicas a fondos buitre. Sin complejos y sin pudor).

A uno le parece que la ley de vivienda aprobada en el Congreso es por sí misma trascendente incluso contando con la probable imposibilidad de ejecutar parte de los elementos que contiene

Y es trascendente que, ¡por una vez!, el debate público gire en torno a una de las preocupaciones prioritarias de la ciudadanía, y no siguiendo esas liebres mecánicas que sueltan las derechas mediáticas o políticas para entretener al personal discutiendo sobre la unidad de la patria o la supuesta genuflexión ante una ETA desaparecida hace doce años. Bienvenido sea el conocimiento de una propuesta del Gobierno de coalición y algunos de sus socios de investidura y la alternativa del PP de Núñez Feijóo. Por supuesto que importa conocer la “mochila” que carga cada cuál. Qué hizo Feijóo con la vivienda pública en Galicia durante diez años (ver aquí) o qué no ha hecho el actual Gobierno de coalición en estos casi cuatro años con las viviendas de la Sareb o con los terrenos propiedad de Defensa. Busque, compare y vote como considere oportuno, por este u otros motivos, siempre que no se guíe por bulos.

¿Era imaginable hace sólo un par de años la posibilidad de poner un tope a los precios del alquiler? Un simple repaso a la hemeroteca concluirá que esa propuesta era calificada, como poco, de bolivariana o comunista. Hoy no sólo no puede extrañar a nadie, más allá de sus efectos prácticos por comprobar, sino que se sabe que es una medida aplicada en grandes ciudades del mundo con gobiernos de diferentes signos ideológicos. ¿Apostar por un potente parque público de vivienda asequible para alquiler? Otra ocurrencia “socialcomunista”. Pero hoy ya ni siquiera las derechas se atreven a despreciar una apuesta tan obviamente necesaria como indica la brecha existente entre España y la media europea en ese terreno, absolutamente clave para facilitar el derecho a una vivienda digna (ver aquí). 

La primera reacción del líder del PP, Núñez Feijóo, al acuerdo para la ley de vivienda fue anunciar que la llevaría al Constitucional (¡sin conocer su contenido!) y recuperar como eje de su alternativa la construcción masiva de nuevas viviendas en el mercado libre. O sea, abrazó de nuevo el argumento que derivó en el estallido de la burbuja inmobiliaria cuyo coste aún hoy seguimos pagando. No ha insistido mucho más en esa disparatada línea, y sin embargo opta por competir en la defensa de la vivienda social o las ayudas a los jóvenes, aunque sigue fomentando (en competencia directa con Vox) el bulo de que la nueva ley va a disparar las okupaciones en España (ver aquí). 

Se apunta Feijóo incluso a reclamar a la banca que ponga dinero para ayudar a los más perjudicados por la galopante subida de intereses hipotecarios. Sí, la cita de arranque de este texto no tiene autoría socialista ni de Unidas Podemos, sino que fue pronunciada por Feijóo hace unos meses (ver aquí). Cabe objetar que, ya puestos, sería razonable exigir a la banca que, al menos, aplique a los ahorradores la misma subida de tipos que con absoluta celeridad ha ejecutado a los créditos (ver aquí), como le reprocha la propia Comisión Europea. Pero insisto, aunque uno aspire a que los anuncios más ilusionantes se hagan cuanto antes realidad, vivimos tiempos tan ruidosos que ya sería un avance escuchar argumentos razonados sin contaminación de autoría. Ahí lo dejo.